Los obispos y Colombia

En el momento en que se publicó la Ley Fundamental de la República de Colombia ocupaban —en el territorio reclamando por esta nueva nación— sus cátedras cinco obispos: Salvador Jiménez de Enciso (Popayán), fray Gregorio José Rodríguez OSB (Cartagena), Rafael Lasso de la Vega (Mérida de Maracaibo), Leonardo Santander y Villavicencio (Quito) y fray Higinio Durán OM (Panamá). Las diócesis de Santa Marta, Quito y Cuenca, así como la arquidiócesis de Santafé, estaban vacantes de su prelado, y en esta última actuaba como provisor vicario capitular y gobernador el doctor Nicolás Cuervo, prebendado de la catedral metropolitana de Santa Fe. La cátedra de Caracas, ocupada por el arzobispo Narciso Coll y Pradt hasta su remisión a España en 1816 por orden del general Pablo Morillo, había quedado vaca y en manos de un gobernador del arzobispado, que lo era el provisor Manuel Vicente Maya. El primer obispo de Antioquia (fray Fernando Cano), quien recibió sus bulas de institución el 17 de junio de 1819, regresó desde las Antillas a España y nunca tomó posesión en su cátedra.

La pregunta de hoy es entonces la siguiente: ¿Cuál fue la conducta de esos obispos españoles ante la emergencia de la República de Colombia independiente de la Monarquía de los reyes españoles?

Mi respuesta es la siguiente:

La conducta de todos estos prelados estaba regida desde 1816 por el breve Etsi Longissimo, dirigido por el Papa Pío VII a todos los arzobispos, obispos y clero de Hispanoamérica para excitarlos “a no perdonar esfuerzo para desarraigar y destruir completamente la funesta cizaña de alborotos y sediciones que el hombre enemigo sembró en esos países”. Este objeto sería alcanzado “si cada uno de vosotros demuestra a sus ovejas con todo el celo que pueda los terribles y gravísimos perjuicios de la rebelión, si presenta las ilustres y singulares virtudes de nuestro carísimo hijo en Jesucristo, Fernando, vuestro Rey Católico, para quien nada hay más precioso que la religión y la felicidad de sus súbditos”. Los españoles que en Europa habían despreciado su vida y sus bienes para demostrar su adhesión a la fe y su lealtad hacia el soberano debían ponerse de ejemplo, recomendando a todos los fieles “con el mayor ahínco la fidelidad y obediencia debidas a vuestro monarca”.

No debe entonces extrañar que tres de estos obispos —Santander, Cano y Rodríguez— se marchasen a España porque no podían aceptar la separación de Colombia respecto de la monarquía. Pero los obispos Rafael Lasso de la Vega (Mérida) y Salvador Jiménez de Enciso (Popayán) fueron seducidos por el Libertador para la causa colombiana, al punto que el primero se convirtió en constituyente de Colombia. El gobernador de la arquidiócesis de Santafé, Nicolás Cuervo, fue seducido por el vicepresidente de Cundinamarca y se convirtió en un importante defensor de la causa republicana. El obispo de Panamá se incorporó a Colombia con la serenidad con que lo hicieron los militares de esa provincia.

Esta diferenciación de los prelados diocesanos respecto de la construcción de la nación colombiana fue la misma que habían tenido los dos cleros durante el proceso revolucionario, pues mientras muchos de sus miembros abrazaron esta causa, otros se mantuvieron fieles a la Regencia y después al rey Fernando VII. No es posible entonces hablar del clero en estos procesos como un cuerpo único guiado por una sola postura y una decisión concertada, sino que hay que examinar a cada individuo en particular, pues las falsas reconciliaciones debieron ser frecuentes en el tiempo de la restauración del virreinato, como lo ejemplifica el cura Juan Fernández de Sotomayor, quien después de haber perdido el curato de Mompós por la publicación de un catecismo político (1814) y de haber huido a Jamaica logró obtener la absolución de las censuras eclesiásticas y la administración del curato de indios de Chimá, gracias a un juramento de fidelidad al rey, para luego ser presentado en la curia romana por el gobierno colombiano para la diócesis de Cartagena, reemplazando a fray Gregorio José Rodríguez.

El obispo de Popayán, quien escribió en 1818 una carta pastoral “Sobre la obcecación y extravíos de los partidarios de la rebelión”, huyó hacia Pasto con los ejércitos del rey comandados por Sebastián de la Calzada. En el momento de su huída dio otra cédula de excomunión contra quienes auxiliaran a las tropas republicanas, declaró a Popayán en entredicho general y amenazó con suspensión a los clérigos que no emigraran. El sitio puesto a Pasto por los ejércitos libertadores rindió sus frutos el 8 de junio de 1822, día en que los defensores de esa ciudad firmaron las capitulaciones ofrecidas por Bolívar. La undécima capitulación ofreció al obispo, a su provisor y a su secretario las mismas prerrogativas ofrecidas a los pastusos, respetando sus altas dignidades. Fue entonces cuando el obispo le rindió a Bolívar su obediencia y sumisión, solicitando pasaporte para regresar a España. Pero con francas palabras el Libertador se ganó el corazón de un obispo “de mucho talento” pero dotado de “una lógica muy militar”. En su informe al vicepresidente Santander, le confió que el obispo se había rendido a sus instancias, a la razón y sobre todo al bien propio y general. En su opinión, sería muy útil en adelante, “porque es hombre susceptible de todo lo que se puede desear a favor de Colombia”, y con su entusiasmo natural y locuacidad sería capaz de “predicar nuestra causa con el mismo fervor que lo hizo en favor de Fernando VII”.

No se engañaba el Libertador en su apreciación, pues en la carta que el obispo de Popayán escribió al Papa Pío VII para relatarle todos los cambios políticos ocurridos en Colombia, desde el “desastre de Boyacá”, justificó su permanencia en una nueva república erigida “si no de derecho, al menos de hecho por las insignes y repetidas victorias”, con el argumento de que no quería hacerse reo ante Dios por “una merma de la universalidad de la Iglesia Romana”, y en el ejemplo dado por los obispos de Mérida y Panamá, quienes también se habían sometido a la República de Colombia para no dejar abandonadas sus respectivas feligresías. Relató que al regresar a la sede de su diócesis, el 2 de julio de 1822, había sido recibido con gozo y reverencia por su clero y sus ovejas, con lo cual pudo dictar las medidas oportunas para remediar los males que se habían introducido entre las ovejas por su ausencia, contando con la ayuda de los jefes republicanos, con lo cual podía concluir que “en la historia de las revoluciones del género humano no se encontrará otra que haya infligido menos heridas a la sacrosanta religión de Nuestro Señor Jesucristo”. Fue así como el 22 de septiembre de 1822 juró el obispo Jiménez en Popayán, ante el cabildo, su obediencia a la constitución colombiana. El doctor Nicolás Cuervo, quien era el provisor vicario capitular y gobernador del arzobispado de Bogotá desde septiembre de 1819, jugó un papel determinante en la consolidación de Colombia no solo por sus dos cartas pastorales sino por la entrega de dineros de las cofradías y obras pías, más otras rentas eclesiásticas, para el servicio de los ejércitos libertadores. Por sus servicios republicanos concurrió al Senado de 1823 como legislador. Su carta pastoral del 17 de marzo de 1820 fue una defensa, contra los obispos de Popayán y Cartagena, de la creación de la República de Colombia: “Las bases sobre que reposa este nuevo edificio son un esfuerzo de la sabiduría de nuestros magistrados, un triunfo de vuestra lucha intelectual y una visible protección del Cielo. Aunque las virtudes combatidas en el corazón del americano han tenido su crisol depuratorio en la terrible adversidad, ni se ha eclipsado nuestra fe, ni corrompido vuestras costumbres.”

Rafael Lasso de la Vega, obispo de Mérida de Maracaibo, escribió al Papa Pío VII una carta el 20 de octubre de 1821 para justificar su permanencia en su diócesis, cuando ya había participado en el congreso constituyente de Colombia como diputado. La respuesta de este, datada en Roma el 7 de septiembre de 1822, fue importante para el entendimiento de las dos primeras legislaturas colombianas (1823 y 1824) con el Vaticano, en las cuales participó este obispo como senador. Como en el caso del obispo de Popayán, a este lo encontró el triunfo de los ejércitos libertadores en un refugio de las tropas reales, la ciudad de Maracaibo. Era el 28 de enero de 1821, y algunos días después se entrevistó en Trujillo con el Libertador. Reconoció, dado su origen americano, que había llegado la hora de la existencia independiente de Colombia, con mayor razón cuanto las noticias de la restauración de la constitución española se acompañaban de algunas persecuciones de las nuevas Cortes contra la religión. Fue nombrado diputado por la provincia de Maracaibo y se incorporó a las sesiones del Congreso Constituyente de Colombia, donde ofreció explicaciones sobre su conducta realista desde diciembre de 1816, cuando fue consagrado por el entonces arzobispo de Santafé, Juan Bautista Sacristán. En las legislaturas se opuso a la continuidad del derecho de patronato estatal sobre la Iglesia colombiana que había ejercido la Monarquía española, pues había sido concedida por los pontífices solamente a los reyes, y por derivación resistió la intervención estatal en la administración de los diezmos eclesiásticos.