La Convención de Ocaña

Ninguna otra convención constituyente de Colombia generó tantas expectativas y esperanzas como la que se organizó durante el año 1828 en Ocaña, al punto que fue denominada como “la gran convención”. Pero todo indica que fue, por el contrario, un gran fracaso. Así que la pregunta de hoy es la siguiente: ¿Se justifica tanto orgullo ocañero por un gran fracaso político de la nación colombiana?

Mi respuesta es la siguiente:

Para empezar, legalmente no era posible convocar la convención de Ocaña porque el artículo 191 de la Constitución de 1821 prescribió que esa carta solo podía ser reformada hasta “después de una práctica de diez o más años”. Pero el acontecimiento de la Cosiata de 1826 y la presión de los departamentos del Sur por reformarla antes de tiempo forzaron al Libertador presidente a prometer que convocaría una convención constituyente para atender esas demandas.

La Legislatura de 1827 preparó un proyecto de ley que justificaba la convocatoria a la gran convención de Ocaña antes de 1831 con un argumento circunstancial: “con la afluencia y precipitación de los acontecimientos políticos que han tenido lugar en la República pueden haberse obtenido ya las lecciones de aquella experiencia que el congreso constituyente esperaba del transcursos de diez años, puesto que la opinión pública se ha dividido sobre la conveniencia de las actuales instituciones, se han emitido votos por su reforma, se han manifestado grandes agitaciones con síntomas de disociación y perturbación del orden público, el imperio de las leyes y la acción del gobierno han sufrido mengua en la fuerza necesaria para restablecerlo y consolidarlo”.

Experimentado jurista, el vicepresidente Santander tuvo que objetar este proyecto de ley el 27 de julio de 1827, pese a que su opinión privada era favorable a la realización de una “asamblea reorganizadora que haga en el sistema político las variaciones que estime convenientes”. Su razón era legal: la Legislatura mencionada no podía, “lisa y llanamente”, anticipar la reunión de la convención constituyente sin violar el precepto constitucional. Pero ofreció una solución legal que extrajo del artículo 189 de la misma carta: una interpretación legal y no arbitraria del artículo 191 por parte del congreso podría anticipar la reunión de la convención, “si al interpretarlo se franquea este poder”. Animado por el derecho de interpretación que el artículo 189 daba al congreso, propuso que el considerando debería decir lo siguiente: “El transcurso de los diez o más años prefijados en el artículo 191 de la constitución para que se convocara la gran convención, que debe reformarla, debe ser un transcurso pacífico en que el entorpecimiento de la marcha del sistema y de la acción del gobierno no comprometa en manera alguna la suerte de la nación; mas no cuando las agitaciones pueden comprometerla, como sucede al presente”.

Este artilugio legal, que bien le vale el mote de “hombre de las leyes”, permitió convocar la gran convención y conjurar una probable guerra civil entre constitucionalistas y reformistas. El vicepresidente, pese a que no dejaba de calificar los pronunciamientos de 1826 como “obra de la insubordinación, de la violencia y de asonadas de la milicia”, y a la demanda de reformas constitucionales como un medio para “cohonestar los levantamientos y disminuir la gravedad de las faltas”, llegó al convencimiento de que había que ceder ante los deseos de convención, porque “la prudencia y el bien nacional aconsejan ceder”. Fue así como el 3 de agosto siguiente fue aprobada la ley que convocó a la gran convención de Ocaña, justificándola legalmente en la interpretación de que “la experiencia ya obtenida basta y llena el espíritu del artículo 191” que exigía una práctica constitucional de diez o más años, pero “en el curso ordinario y regular de los acontecimientos”, y no “en las críticas circunstancias en que se halla la República”. El vicepresidente procedió a sancionarla el 7 de agosto siguiente.

El 23 de abril de 1828 ya estaba convencido el general Santander de que el sistema federal no lograría aprobarse en esta convención, pues ni la propuesta de su “campeón nato”, Mariano Echezuría, ni su modificación por Vicente Azuero —dividir el territorio en los tres antiguos departamentos (Nueva Granada, Venezuela y Quito— tuvieron éxito en el primer debate. En cambio, la comisión de reformas logró hacer aprobar sus dos bases: la conservación de la estructura del gobierno nacional conforme a la constitución de 1821 y la concesión de administraciones económicas subalternas de los poderes supremos a las divisiones territoriales”. Pese a estas bases moderadas, Santander anunció públicamente en ese momento que el sistema que adoptaría la convención no duraría más allá de la vida y fortuna del general Bolívar, “porque requiere hacer gobierno de personas y no de principios y cosas para Colombia”. Había concluido ya que “nuestras pobres provincias granadinas serán siempre víctimas de las pretensiones de las del norte [Venezuela]”.

El diputado Francisco Aranda había sido el primero en proponerle a la bancada bolivariana — la diputación de los departamentos del Sur, Cartagena y la mitad de Venezuela— un retiro de la convención “antes que sancionar la ruina de la república”. Cuando ya estaba avanzada la lectura del proyecto preparado por los liberales, juzgó el Libertador que aunque en el prospecto estaba “lleno de miras sabias y saludables”, por haber sido hecho por sus enemigos se deducía que “debe contener algún veneno oculto”. Era preciso entonces rechazarlo y proponer otro que habían formado sus amigos, “más conforme a las necesidades de Colombia”, y en caso de que no lograsen hacerlo pasar, “estaban resueltos a abandonar las sesiones y de este modo anular el campo y la convención”. La contradicción del Libertador presidente era evidente: “El hecho es que los enemigos han formado un proyecto sobre mi mensaje y los amigos quieren un gobierno más fuerte y vigoroso”. Y aunque ambos partidos estaban de acuerdo en continuarlo en el mando, “yo no lo acepto si no es útil y conveniente al pueblo, pues no quiero comprometerme de nuevo para salir mal, como ha sucedido en esta última época”.

El 1º de junio ya el general Bolívar estaba enterado de la inminente salida de sus partidarios: “no esperan para efectuar su retirada sino hacer el último esfuerzo, proponiendo un proyecto de constitución con ideas más vigorosas que las presentadas por Soto y Azuero”, que juzgaba “federales moderadas” y favorables a la anulación del poder ejecutivo. El “escándalo” era inminente y aún no sabía cual camino tomar, pero en todo caso no estaba dispuesto a “abandonar la patria en peligro”. Por lo pronto regresaba a Bogotá, pues ya había sido informado que la convención se disolvería “pronto y mal, para que la constitución propuesta no se pueda admitir”. El siguiente día, un grupo de 20 diputados bolivarianos firmó una exposición de las razones que les habían obligado a abandonar la convención y regresar a sus respectivas provincias, “para devolver al pueblo los poderes con que hemos sido honrados, y que creemos que no nos es posible desempeñar”. La denuncia que hicieron fue drástica: “La convención ha sido desde sus primeros días un campo de batalla en donde los enemigos se ven para combatirse y en donde ninguna arma, ningún ardid, ningún medio, por prohibido que fuese a los ojos de la razón y el patriotismo, ha dejado de usarse para obtener el triunfo.

La “escandalosa resolución” que la comisión preparatoria de calificación aprobó el 17 de marzo para apoyar la sublevación del general Padilla, la anulación de la credencial de algunos diputados elegidos por algunas provincias, los discursos del diputado Francisco Soto, el desorden con que terminó la sesión del 22 de abril, la disolución de la primera comisión de redacción de la constitución y otros hechos fueron muestras del modo como “un espíritu ciego de partido ha obtenido el triunfo sobre la justicia y la conveniencia pública”. La corrección del acta de la sesión del 29 de mayo por el secretario Vargas Tejada produjo un acalorado debate sobre su extralimitación de funciones y se generalizó el “delirio de la desconfianza”. En resumen, una convención que se había reunido “para salvar la patria ha encendido el fuego devorador que consumirá a la desventurada Colombia”.

Después del retiro de los 20 diputados, en la sesión del 6 de junio fue presentado un proyecto de acto adicional a la constitución vigente, preparado por Diego Fernando Gómez y firmado originalmente con él por los líderes del grupo liberal, Francisco de Paula Santander y Francisco Soto, y después por 28 diputados. Se intentaba así salvar algo y ofrecerle al pueblo colombiano “el bien que apenas permiten proporcionarle las circunstancias actuales” y también “ahorrar a Colombia la vergüenza de un nuevo escándalo”. Este proyecto contenía 19 artículos, el último de los cuales apenas declaraba en toda su fuerza y vigor la constitución vigente, excepto los artículos que se reformarían o se suprimirían. Pese a los esfuerzos, la gran convención se suspendió durante la sesión del 11 de junio. Solo quedaban en ella 54 diputados, un número insuficiente para completar el quórum legal. Pese a tantas esperanzas que había despertado entre los pueblos que eligieron sus diputados, la gran convención había terminado en un estruendoso fiasco político para la sobrevivencia del proyecto colombiano.