El legado de la primera experiencia colombiana

Con la constitución de las repúblicas independientes de Venezuela y Ecuador se puede decir que en 1830 terminó la primera experiencia colombiana. Los “restos de Colombia” se convirtieron en el Estado de la Nueva Granada al comenzar el año 1832 y nadie quería en ese momento heredar el nombre de Colombia. Pero la década de 1820, tan intensa en acciones militares e invenciones militares, tuvo que dejar huella en las tres naciones que comenzaron su andar en la década de 1830. Así que la pregunta de hoy es la siguiente: ¿Cuáles fueron los principales legados de la fallida experiencia colombiana de la década de 1820?

Mi respuesta es la siguiente:

Fueron tres los principales legados que se pueden enumerar de esa experiencia: la deuda externa que había que repartir y nacionalizar, la nacionalización de la instrucción pública, y el aplazamiento de las innovaciones en el régimen fiscal del Estado. Registremos esos legados con algún detalle:

La disolución de la República de Colombia obligó a los tres estados nacionales que le sucedieron a tomar la obligación de pagar una parte de la deuda colombiana y a fundar con ella su respectiva deuda nacional. La convención que firmaron en Bogotá, el 23 de diciembre de 1834, los plenipotenciarios de la Nueva Granada (Lino de Pombo) y Venezuela (Santos Michelena), aceptada en febrero de 1838 por el plenipotenciario del Ecuador (Francisco de Marcos), dividió esa deuda inglesa de 9.806.406 libras en 100 unidades distribuidas en las siguientes proporciones:

Distribución de la deuda de los dos empréstitos ingleses de Colombia en 1834

Cada uno de estos tres estados se obligó a pagar a los tenedores de los vales de los dos empréstitos la suma pactada y reconocida, más los intereses vencidos y no pagados, y los que en lo venidero se fuesen venciendo, conforme a los contratos o a los nuevos arreglos que celebrasen con los acreedores.

Nacionalización de la instrucción

La experiencia colombiana enseñó que el ciudadano deber ser instruido por el Estado para que adquiera el atributo que lo capacita para desempeñarse como elector en los comicios primarios, o para aspirar a ser elegido para los diferentes empleos en los poderes públicos como reconocimiento a su ilustración y virtud republicana. En la Nueva Granada, el presidente Santander continuó la acción educativa que había dirigido en la extinta Colombia presentando ante la Legislatura de 1833 un nuevo plan de enseñanza e instrucción pública, argumentado con el argumento de que “la nación debe cumplir con el deber que tiene de proporcionar a todos los ciudadanos que aprendan a leer, escribir y contar” en las escuelas de los distritos parroquiales, gracias al apoyo de las rentas nacionales. Los informes que presentaron los gobernadores de las provincias granadinas el año anterior habían mostrado los retrasos que se habían producido en el fomento de la enseñanza primaria, esa tarea de la agenda estatal desde 1821, pues existían muchos distritos parroquiales sin escuela de primeras letras.

Aplazar la innovación fiscal

La experiencia colombiana demostró la irresponsabilidad fiscal de los generales que se metieron a hacendistas, pues cada innovación organizativa, supresión o introducción de rubros, fue pagada con grandes “chascos”. En los departamentos del sur, donde algunas instituciones fiscales provenientes de la constitución española alcanzaron a ser introducidas, tuvo el general Antonio José de Sucre que sufrir algunos chascos cuando decidió abolir los tributos que pagaban los indios, cuando ya estaba en vigencia tal disposición, lo que unido a su orden de abolir el cobro de las alcabalas y el estanco de aguardiente dejó sin liquidez alguna al departamento de Quito, quedando obligado a cargar el pago de las tropas estacionadas en Quito con los recursos venidos de la caja de Guayaquil. Enterado de estos chascos, el Libertador presidente ordenó no introducir innovaciones fiscales en el Sur, una medida que llegó tarde para evitar los estragos de los contrabandos de aguardientes. Pero el mayor fiasco fiscal de Colombia resultó ser la contribución directa sobre las rentas de ganancias de los ciudadanos, introducida por la ley del 30 de septiembre de 1821, pese a que este arbitrio representa la fiscalidad moderna en un cuerpo de ciudadanos libres e iguales ante la ley. La tarea que se les impuso a los jueces políticos era ardua: integrar en cada parroquia juntas calificadoras y nombrar colectores, formar listas de contribuyentes, y después convocar a los ciudadanos “para que manifiesten en Dios y en conciencia cuánto es el valor de los capitales de cada uno y cuál es la ganancia que anualmente les producen”. Después había que fijar en lugares públicos las listas de contribuyentes de cada parroquia con su respectiva contribución. Aunque el secretario de Hacienda creía que la ley era “extremadamente moderada y sencilla”, pues suponía que todo capital producía un 5% de ganancia anual y de esta cifra la carga del impuesto apenas ascendía al décimo, su aplicación en todas las parroquias de Colombia era una tarea casi imposible. Fue así como el primer intento de establecer la contribución directa resultó problemático.

Los innovadores pedían una supresión de todas las contribuciones indirectas y su reemplazo por una única contribución directa, aplicable sobre las ganancias o rentas netas de las personas, sobre el patrimonio (capital o tierra) o sobre la industria. Pero, como advirtió Soto, ello requería la previa existencia de un catastro exacto de todas las propiedades particulares y un conocimiento del gasto de los individuos y sus familias, base del cálculo de las presuntas ganancias anuales, y además del establecimiento de oficinas de recaudación de la contribución directa. Después de ello, se requería un sistema de cobranza de las deudas atrasadas de impuestos en favor de la República, que podría ser asociado a una suspensión de los derechos de ciudadano, con los males que traería tal medida. En fin, Soto estaba convencido de que los males de la introducción de la contribución directa eran superiores a los de la conservación del sistema tributario heredado del Estado Indiano. Contra todas las presiones de los reformadores fiscales, la política tributaria de las administraciones Santander y Márquez fue conservadora porque se temía la bancarrota que ya había experimentado Colombia.

Para remediar el desorden contable y hacendístico que había dejado la disolución de Colombia, la convención constituyente de la Nueva Granada aprobó la ley del 20 de marzo de 1832, llamada general de la Hacienda Nacional, de la cual el vicepresidente Márquez derivó el decreto orgánico del 30 de abril de 1832 que rigió a la Tesorería General y demás oficinas de hacienda, las funciones y deberes de cada dependencia, los libros a ser llevados y el orden de la recaudación y distribución de las rentas.