Una guía de forasteros del virreinato de Santa Fe para el año 1810

Durante la segunda mitad del siglo XVIII comenzaron a publicarse en el Nuevo Reino de Granada los almanaques o Kalendarios manuales de los años transcurridos desde la encarnación del Señor Jesucristo. En ellos se contabilizaban los años corridos desde la creación del mundo, la ocurrencia del diluvio universal, la fundación de Roma, España y Madrid, del descubrimiento de América y de la fundación de la ciudad de Santa Fe, del acto de la corrección gregoriana del calendario, del comienzo del pontificado del papa en funciones y del comienzo del reinado del católico monarca en vigencia, así como desde el comienzo de los gobiernos del virrey y del arzobispo que a la sazón administraban los gobiernos temporal y espiritual del Reino.

El Kalendario del año del Señor de 1780 circuló ampliamente en el Nuevo Reino en formato de medio pliego, suministrando información sobre los santos patrones de cada día, las fiestas movibles, témporas y de precepto que debían guardarse. Cada día de la semana se marcaba con su número y santo patrono, así como con un símbolo que señalaba los días de fiesta entera, los que podían ser trabajados con condición de oír misa antes o después de las labores, los feriados, así como los días en que se sacaban almas del Purgatorio o en que se podían ganar indulgencias plenarias si se visitaban cinco iglesias o altares, teniendo a la mano la bula de la Santa Cruzada. También se marcaban con cuatro signos los días en que empezaba una nueva fase de la luna (llena, menguante, nueva y creciente), una información muy pertinente para todos los campesinos que debían programar siembras, podas y cosechas.

Gracias a estos almanaques, que muy pronto incluyeron información sobre la ocurrencia de los eclipses y del movimiento administrativo de los tribunales de justicia, jubileos, bendiciones papales, besamanos del virrey y del arzobispo, cada día del año cobró personalidad propia entre la comunidad de los vasallos cristianos del Nuevo Reino de Granada, confiriéndole un sentido a la vida cotidiana y orientando las actividades campesinas y urbanas. Fijado en una de las paredes de la casa de habitación, o en las manos cautelosas del jefe del hogar, cada persona interesada podía consultar a discreción el sentido de cada día y organizar su asistencia a las misas y procesiones solemnes, cumplir con el deber de salvar su propia alma y la de sus familiares fallecidos, pero también calcular las labores del campo. Incluso podía contar con la seguridad cotidiana que daba el poder contar con el apoyo celestial que daba la intercesión del santo patrono del día, a quien se podía invocar desde el alba.

Al menos dos neogranadinos se ocuparon de complementar estos almanaques con una guía de forasteros. Querían ofrecer a quienes llegaban a la sede de la real corte virreinal información sobre todos los funcionarios civiles y eclesiásticos, sobre los abogados y procuradores de oficio que podían representarlos ante los estrados de la real audiencia o ante la curia arquidiocesana, y también sobre el estado administrativo y militar del reino. Don Joaquín Durán y Díaz publicó su guía sobre el Estado general de todo el Virreinato de Santa Fe de Bogotá en el presente año de 1794, y dando cumplimiento a la comisión dada por el virrey Amar, el Doctor Antonio José García de la Guardia publicó doce años después, en la real imprenta que administraba don Bruno Espinosa de los Monteros, su Guía de forasteros para el año de 1806. Como contador general de los diezmos y administrador de las rentas anuales del Arzobispado de Santa Fe, Durán y Díaz estaba en posición para conocer todos los curatos de su jurisdicción, los abogados y la administración política del reino, y de cumplir así satisfactoriamente la real orden dada en 1804 para que fuese escrita esta guía[1].

Sobre el esquema jerarquizado de distribución de los funcionarios, tanto del orden secular como del eclesiástico, pues el orden social del antiguo régimen político se fundaba en la distinción y en los privilegios jerarquizados de todos los grupos sociales, cinco historiadores colombianos -Daniel Gutiérrez Ardila, Roberto Luis Jaramillo Velásquez, María Teresa Ripoll, Zamira Díaz López y quien escribe- unieron sus esfuerzos para ofrecer una Guía de forasteros del Nuevo Reino de Granada para el año de 1810, una especie de quién es quién para este año revolucionario. Como se sabe, este fue un año especial en el reino por el rápido cambio que acaeció desde su mes de mayo, cuando comenzó a hablarse de una transformación política originada por la mayor crisis experimentada por la monarquía de los Borbones en España y sus dominios americanos. Para ilustrar a cualquier forastero de ese entonces, esta guía proporcionó en su primera parte una imagen burocrática general del Virreinato de Santa Fe hasta el mes de julio del año de la transformación política, dando a continuación y en su segunda parte la imagen institucional resultante de dicho cambio en la jurisdicción de la Real Audiencia de Santa Fe. En la primera parte se acumuló la información biográfica pertinente de cada funcionario identificado, y en la segunda parte solamente la que corresponde a los funcionarios que emergieron durante la crisis política de 1810. Se comprobó una vez más la caracterización de María Teresa Ripoll (2006), "revolución política sin renovación social", pero también se vio que existió la oportunidad para que abogados y oficiales jóvenes pudieran trepar con mayor rapidez a las posiciones burocráticas abiertas inicialmente por el proceso de la eclosión juntera y, después de 1811, por los estados provinciales que fueron erigidos en los congresos electorales y constituyentes.

Se trató de construir una fuente de consulta para la resolución de diversas inquietudes sobre la identidad de las personas que ejercían la autoridad durante el año del comienzo del proceso de la Independencia, conservando el vocabulario institucional y el tono respetuoso de los vasallos cuando hablaban de los funcionarios de los órdenes secular y espiritual en el Virreinato de Santa Fe. Los resultados, publicados durante el año 2010 en una coedición de las Universidades del Rosario e Industrial de Santander, se ofrecen a continuación en una versión resumida.

La corte virreinal

El virrey Antonio Amar y Borbón presidía toda la corte virreinal en Santa Fe. Natural de Zaragoza, era además gobernador y capitán general del Nuevo Reino de Granada, presidente de su real audiencia, superintendente general de la real hacienda y rentas estancadas, y subdelegado de la renta de correos. Nombrado por real decreto del 26 de julio de 1802, cuando desempeñaba la comandancia general de Guipúzcoa, el 17 de septiembre de 1803 se posesionó como el décimo tercer virrey. Estaba casado con la aragonesa María Francisca de Villanova, hija de un acaudalado comerciante.

El secretario de cámara del virreinato desde los tiempos del virrey Mendinueta era el teniente coronel de infantería José Ramón de Leyva, natural de Cartagena de Levante, quien había recibido este empleo por sus servicios en el sitio de Gibraltar y toma del castillo de San Felipe. El oficial mayor era el bachiller don Ignacio Sánchez de Tejada, quien estaba en la península y había asistido a las Cortes de Bayona como diputado de este reino, jugando un papel interesante en la ampliación del proyecto de estatuto constitucional que Napoleón Bonaparte había entregado a la discusión de esa reunión de españoles. Cuatro oficiales más y cuatro escribientes completaban este despacho de cámara, auxiliado por una escribanía mayor de gobierno y guerra. Desde 1797 el asesor general del virreinato era el oidor honorario de la Audiencia de Charcas don Anselmo de Bierna y Mazo, santanderino, quien años atrás había sido teniente de gobernador y auditor de guerra en Cartagena de Indias.

La Real Audiencia de Santa Fe, pretoriana desde su origen y ahora virreinal, era presidida por el virrey y contaba desde 1809 con Francisco Manuel de Herrera como regente. Los oidores eran solamente cuatro en este año: Juan Hernández de Alba (decano), Francisco Cortázar, Joaquín Carrión y Moreno, y Juan Jurado de Laínez. El fiscal de lo civil era Diego García de Frías y el fiscal del crimen (además de protector de indios) era Manuel Martínez Mancilla. Actuaba como alguacil mayor Juan José Gil Martínez Malo, y la nómina se completaba con dos agentes fiscales, uno de lo civil (Francisco Javier de Vergara Azcárate y Caicedo) y otro de lo criminal (Frutos Joaquín Gutiérrez de Caviedes), dos escribanos de cámara, un canciller, un tasador general, un padre de menores y dos porteros. Ante los estrados de la audiencia acudían los abogados titulados que habían sido recibidos en ella: la lista de los que estaban activos en la ciudad de Santa Fe este año ascendían a 83, a los que hay que agregar los 108 que residían en las demás provincias del reino. Estaban matriculados en la audiencia ocho procuradores de número, tres receptores, dos escribanos del número y seis escribanos reales. Los juzgados especiales eran tres: el de bienes de difuntos, el de censos y cajas de comunidades de indios, y el de tierras baldías. Cada uno de ellos contaba con un juez, fiscal, contador, defensor y escribanos. Una Real Junta del Monte Pío de Ministros era dirigida por el oidor Juan Hernández de Alba y se integraba por dos protectores vocales, un contador oficial real, el superintendente de la Real Casa de Moneda de la ciudad, un secretario contador, un tesorero y un oficial, tres vocales, un administrador y un escribano.

En Cartagena de Indias actuaba el Real Tribunal del Consulado de Comercio, cuyo juez de alzadas era el gobernador José Montes. Contaba con un prior y dos cónsules, cada uno con su respectivo teniente, un asesor, un escribano y dos porteros. Este cuerpo era regido por una Junta Económica de Gobierno que incorporaba además a ocho consiliarios y sus tenientes, un secretario, un contador, un tesorero, y sus respectivos oficiales. En Santa Fe actuaba un Juzgado de Alzadas para ella y las provincias interiores del virreinato, así como una diputación consular.

Las instituciones virreinales se completaban con la Real Expedición Botánica, originalmente dirigida por José Celestino Mutis pero después de su muerte codirigida por secciones: la de botánica por su sobrino Sinforoso Mutis Consuegra, la de astronomía por Francisco José de Caldas Tenorio y la de zoología por Jorge Tadeo Lozano. En calidad de meritorio estaba agregado Francisco Antonio Zea, quien se encontraba en la península y había participado en las Cortes de Bayona como diputado del Reino de Guatemala. Agregados en calidad de voluntarios estaban Enrique Umaña Barragán para la sección de Mineralogía y don Miguel de Pombo para la sección de Botánica. Dos oficiales de pluma y una oficina de pintores servían este cuerpo científico, que se completaba en las provincias con socios correspondientes.

La ciudad de Santa Fe

Cabecera del Nuevo Reino de Granada y sede del virreinato, la ciudad de Santa Fe contaba con un cabildo justicia y regimiento que en este año era presidido por José Miguel Pey (alcalde ordinario de primer voto) y Juan Antonio Gómez Pascual (alcalde ordinario de segundo voto). El regidor alférez real era Bernardo Gutiérrez, el regidor decano y perpetuo era Fernando Benjumea, también regidor perpetuo era Juan Nepomuceno Rodríguez del Lago, y ocupaban sus sillas nueve regidores anuales: José Acevedo y Gómez, Francisco Suescún, José Joaquín de Urdaneta, Jerónimo Gutiérrez de Mendoza y Galavís, Ramón de la Infiesta Valdés, Juan Manuel Torrijos, Vicente Rojo, José Joaquín Álvarez y Lorenzo de Marroquín. Era regidor alcalde mayor provincial José María Domínguez del Castillo, regidor fiel ejecutor José Vicente de Ortega y síndico procurador general Ignacio de Herrera y Vergara. Actuaba como asesor José Joaquín Camacho y Lago, como capellán Juan Agustín Estévez Ruiz de Cote, como mayordomo de propios Juan Laviña y como secretario Eugenio Martín Melendro. Este cabildo nombraba alcaldes de campo para los barrios de Santa Bárbara, Egipto, San Victorino y San Diego; un corregidor para Bogotá y alcaldes partidarios para Facatativá, Usaquén, Tabio, Chía, Sesquilé, Chocontá, Suesca, Bojacá, Zipaquirá, Gachetá y Machetá. Una Junta municipal del ramo de Propios completaba la nómina de este cuerpo.

Funcionaba en esta ciudad la única universidad de todo el Nuevo Reino, privilegio ganado por la Orden de Predicadores desde el siglo XVII, que era la Real y Pontificia Universidad en el Colegio de Santo Tomás de Aquino. Era rector y regente fray Mariano Garnica y vicerrector fray José de Jesús Saavedra. El director de la Academia de Santo Domingo era fray Pablo Lobatón y los consiliarios eran cuatro: fray Juan Antonio de Buenaventura, fray Luis María Téllez, el Dr. Eustaquio Galavís y el Dr. Tomás Tenorio y Carvajal. Se ofrecían allí las cátedras de Teología, Moral, Metafísica, Física, Latinidad, Lógica y Retórica.

Operaban también dos colegios mayores: el de Nuestra Señora del Rosario y el de San Bartolomé. El primero, del real patronato, era regentado por Antonio Ignacio Gallardo y Guerrero, nativo de la ciudad de nueva Pamplona. Los consiliarios eran Pedro José Jiménez y Barrera, José Joaquín Camacho y Diego Fernando Gómez Durán. Se ofrecían allí las cátedras de Teología, Derecho Canónico, Derecho Civil, Matemáticas, Medicina, Filosofía, Gramática y Latinidad. En el segundo era rector Nicolás Cuervo y Rojas, vicerrector Nicolás de Castro y consiliarios José Antonio Amaya Plata, Custodio García Rovira, Juan Antonio de Uribe y Estanislao Gómez. Se ofrecían las cátedras de Teología escolástica y moral, Instituta, Derecho Canónico, Filosofía, Matemáticas, Latinidad y Retórica. En este reino solamente existían dos colegios más: el Real Colegio de San Pedro Apóstol de Mompox, regentado por José María Gutiérrez de Caviedes y José María Salazar, y el Real Colegio Seminario San Francisco de Asís de Popayán. Este último se había originado en un decreto dado por el quinto obispo de Popayán, fray Juan González de Mendoza (1608-1618), quien murió sin poner en obra su proyecto. Su sucesor en este obispado, fray Ambrosio Vallejo (1620-1630), inició su existencia al dotar el seminario con doce becas y al nombrar como maestro de gramática al licenciado don Pedro Sánchez Trigueros. Pero fue el obispo fray Francisco de la Serna y Rimaga (1640-1638) quien en 1642 fundó el Real Colegio Seminario, dedicándolo a San Francisco de Asís. En 1810 lo regentaba Manuel María Arboleda y Arrechea, era vicerrector Mariano Pérez de Valencia, y contaba con cuatro eminentes catedráticos: Félix José de Restrepo, José María Grueso, Juan Mariano de Grijalva y Mariano del Campo Larraondo.

En Santa Fe actuaba una Real Diputación Médica integrada por tres profesores públicos: Honorato de Vila, Ignacio Durán y Vicente Gil de Tejada. El Batallón Auxiliar contaba con un cirujano propio, Jaime Serra, y la cátedra de medicina en el Colegio Mayor del Rosario ya había producido una docena de médicos graduados que operaban en el reino. La Real Biblioteca, formada con los libros de los jesuitas expulsados, contaba con un bibliotecario, Manuel del Socorro Rodríguez (Bayamo, isla de Cuba), quien había publicado el Papel Periódico de Santa Fe de Bogotá entre 1791 y comienzos de 1797 y por petición del virrey Amar publicó El Redactor Americano entre diciembre de 1806 y noviembre de 1809.

Reino de Quito

La Real Audiencia del Reino de Quito, subordinada al Virreinato de Santa Fe desde 1739, comprendía los corregimientos de Quito, Guaranda, Latacunga, Ambato, Ibarra, Riobamba, Otavalo y Loja, así como los gobiernos de Quijos, Macas y Jaén de Bracamoros. Desde 1803 fue obligada a ceder la jurisdicción militar sobre la provincia de Guayaquil al virrey del Perú, responsable de la seguridad en el océano Pacífico. Un centenar de empleados dependían directamente de este cuerpo, ante el que acudían cuarenta abogados recibidos ante los reales estrados. Era presidido por Manuel Urriez, conde Ruiz de Castilla, y actuaba como regente José Fuentes González Bustillo. Los oidores eran cinco en este año: Antonio Suárez Rodríguez (decano y suspendido por haber suplantado una providencia), Baltasar Miñano de las Casas (subdecano), José Merchante de Contreras, Felipe Fuertes Amar y José Ignacio Tenorio. El fiscal interino era Tomás de Aréchaga y el asesor general Francisco Javier Manzanos. Se contaba con dos relatores, dos agentes fiscales (uno de lo civil y otro de lo criminal), un defensor general de menores y escribano de cámara, un juzgado mayor de bienes de difuntos y un juzgado de tierras baldías.

La ciudad de Quito contaba con su cabildo justicia y regimiento, cinco parroquias y casi cuatro decenas de pueblos de indios. También con la Universidad de Santo Tomás, regida por Joaquín de Sotomayor, que ofrecía cátedras de Cánones, Leyes, Instituta, Filosofía y Artes. También tenía el Real Colegio Seminario de San Luis, regido por José Manuel Flórez, y el Real Colegio de San Fernando. Los cuerpos capitulares de la jurisdicción de esta audiencia subordinada eran, además de Quito, los de Ibarra y Riobamba.

Gobernaciones y corregimientos

La jurisdicción del Virreinato de Santa Fe incluía un gran número de gobiernos provinciales y de cabildos de ciudades y villas. Para empezar, estaba la gobernación y capitanía general de Santa Fe, en cabeza del virrey, que comprendía los corregimientos de indios de Bogotá, Ubaque, Bosa, Zipaquirá, Chocontá, Guaduas y Cáqueza, así como el teniente de corregidor de Ubaté y el teniente letrado de La Mesa, todos de provisión del virrey. El corregimiento de Guaduas comprendía a la villa de Guaduas, el pueblo de Villeta y las viceparroquias de Villeta, Nocaima, Quebradanegra, La Vega, Sasaima, Nimaima, Pinzaima y Manda.

La gobernación y comandancia general de Cartagena de Indias comprendía dos tenientes de gobernador (ciudad de Cartagena y villa de Mompox) y las capitanías a guerra de las montañas de María, Mahates, Pantanos, Santo Tomás de Villanueva, Loba, Barranquilla, Ayapel, María la Baja, Simití, Barranca del Rey, Corozal, San Benito Abad, Lorica, Santo Tomás, San Juan Nepomuceno, El Retiro y Magangué. La presidía el brigadier Francisco de Montes, nombrado por la Suprema Junta de Sevilla a comienzos de abril de 1809. La ciudad de Cartagena de Indias estaba dividida en cuatro barrios (La Merced, San Sebastián, Santo Toribio, Santa Catalina y arrabal de Getsemaní), contaba con catedral, tres parroquias (San Lázaro, Bocachica-Barú, Arjona) y dos pueblos de indios (Turbaco y Turbana). La villa de Mompox y la ciudad de San Antonio de Toro de Simití tenían sus respectivos cabildos, como Cartagena.

La gobernación y comandancia general de Panamá comprendía la ciudad de Panamá y su gobierno capitular, la alcaldía mayor de Natá, y los partidos de la villa de Los Santos, ciudad de Natá de los Caballeros, Penonomé, Parita, Las Cruces, Góngora y el Castillo de Chagres. Esta jurisdicción comprendía 56 pilas bautismales en otras tantas poblaciones. El distrito de toda la provincia, conocida anteriormente con el nombre de Reino de Tierra Firme, incluía los gobiernos de Panamá, Portobelo y Darién, Veragua y la alcaldía mayor de Natá. Tendría unas 100.000 almas, de las cuales sólo 9.000 vivían en la ciudad de Panamá. Su gobernador era un aragonés, Juan Antonio de la Mata.

La gobernación de Popayán comprendía a un teniente asesor y los tenientes de gobernador de Cartago, Micay, Pastos, Barbacoas, Almaguer, Iscuandé, Cali, Buga, El Raposo, Pasto, Túquerres y Caloto. También a los dos corregimientos de la Vega de Supía y de Páez. Era gobernador el teniente coronel Miguel Tacón y Rosique. Cada año se nombraban los funcionarios de los cabildos de las ciudades de Popayán, Cali, Buga, Pasto, Toro, Anserma y Barbacoas. La gobernación de Cuenca tenía jurisdicción sobre la capital, los asientos de Cañar y Alausí, y los pueblos de Azogues, Gualaceo, Oña, Airón, Canaribamba, Pacha, Deleg, San Bartolomé, Baños, Sayaussir, Paute y Molleturo. Era gobernador el coronel de infantería Melchor Aymerich. La gobernación de Guayaquil había trasferido su jurisdicción militar, por la real orden del 7 de julio de 1803, al virrey del Perú, pero continuó subordinada en asuntos de justicia superior, gobierno y hacienda al distrito de la Audiencia de Quito. En 1806 los asuntos mercantiles que dependían del Consulado de Comercio de Cartagena también fueron transferidos a Lima, y su feligresado estaba adscrito al obispo de Cuenca. Era gobernador Felipe Bartolomé Cucalón, y en su ausencia ejercía el mando en interinidad el coronel Luis Rico.

La gobernación de Santa Marta comprendía las ciudades de Santa Marta, Tamalameque, Ocaña, Valencia de Jesús y Valledupar, y también la villa de Tenerife. La ciudad de Santa Marta tiene agregados los pueblos de indios de Bonda, Mazinga, Mamatoco, Taganga, Gaira y Ciénega, y también a las parroquias de Santa Cruz y San José, La Concepción del Remolino, Victoria del Guáimaro y El Piñón. La ciudad de Tamalameque tenía en su jurisdicción los pueblos de San Bernardo, Simaña, El Banco, Guamal, San Sebastián, San Zenón, San Fernando, Santa Ana, Saloa y Chimichagua. A la ciudad de Ocaña estaban agregados los pueblos de Río del Oro, San Jacinto y Aguachica; y a la ciudad de Valencia de Jesús los de San Marcos del Paso y San Sebastián de la Nevada. La ciudad de Valledupar tenía en su jurisdicción los pueblos de Badillo, San Juan, Fonseca, Barrancas, El Lobo, Becerril, Tupes, Villanueva, Molino, Atánquez, El Rosario, Tucuy, Catacara, Fernambuco, El Tuerto, Puntagorda, Ariguaní, Garupal, La Divina Pastora y Las Pavas, que fue abandonado por los indios. La villa de Tenerife tenía los pueblos de Pinto, San Antonio, El Plato, Zambrano y El Fetón. Se nombraban tenientes de gobernador en Santa Marta y en Valledupar, y capitanías a guerra para Chiriguaná, Guáimaro, San Pedro Mártir del Peñón y Remolino. También corregidores para El Tetón y Zambrano, Ocaña, y Ciénaga. Era gobernador el brigadier don Víctor de Salcedo y Somodevilla, sobrino del marqués de la Ensenada.

La gobernación de Antioquia comprendía en su jurisdicción ocho departamentos, con cuatro cabildos y cuatro capitanías a guerra. Las cinco ciudades eran Santa Fe de Antioquia y Santiago de Arma de Rionegro, con las antiguas de Remedios, Zaragoza y Cáceres que carecían de cabildo por el estado decadente en que se encontraban. Las dos villas eran Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín y Marinilla. Se nombraban capitanes a guerra para San Bartolomé, Espíritu Santo o Valle de San Andrés de Cauca, Yolombó y Cancán, Zaragoza y Cáceres. El cabildo de Zaragoza había sido suspendido por falta de vecinos e incluía al sitio de San José de Nechí. Existían 27 parroquias, 9 pueblos de indios y 6 caseríos, para un total de 106.950 habitantes. Era gobernador el teniente coronel de infantería Francisco de Ayala.

La gobernación de Portobelo era ejercida en interinidad por el coronel de infantería Carlos Meyner, quien tenía jurisdicción sobre Portobelo, Palenque y las minas de Santa Rita. La gobernación de Riohacha era ejercida en interinidad por el teniente coronel de infantería don Juan Sámano, quien estaba ausente desde septiembre de 1809 por haberse ido a Santa Fe, llamado por el virrey. Comprendía a su capital, las ciudades de Bahíahonda y Sabana del Valle, la villa de Pedraza, la parroquia de Moreno y los pueblos de Arroyo Cardón, Baroncita, Camarones y San Pedro de Cototama. La gobernación del Darién del Sur también era desempeñada en interinidad por el capitán Isidro Bastida, con jurisdicción sobre los pueblos de San Francisco Javier de Yavisa, Santa María, Santa Cruz de Cana, San Antonio de Zeutí, Tucuty, Chapigana, Jesús María de Pinugana, San José de Molineca y Santo Domingo de Fichichi. La gobernación de las provincias de Veraguas y de Alange comprendía a la ciudad de Santiago de Veragua, la ciudad de Nuestra Señora de los Remedios de Pueblo Nuevo y los pueblos de San Miguel de Atalaya, San Marcelo de la Meta, San Francisco de la Montaña, San Francisco Javier de Cañazas, San Francisco de Paula del Río de Jesús, San José del Montijo, San Luis de Ponuga, San Lorenzo, San Buenaventura de las Palmas (misiones), San Félix del Guaymi, San Antonio del Guaymi (misiones) y San José de Tolé (misiones). La provincia de Alanje comprendía a su capital Santiago de Alanje, los pueblos de San Miguel de Boquerón, San José Davil, San Pablo, San Rafael y las misiones de Nuestra Señora de los Ángeles de Guanaca, San Francisco Dolega, Jesús de las Maravillas del Chanquita y La Concepción de Guadalupe de los Chirilues. La Junta Central había nombrado a Juan Rodríguez Valcárcel, quien tomó posesión de este gobierno el 18 de marzo de 1810.

La gobernación del Chocó tenía jurisdicción sobre las provincias de Nóvita y Citará. La de Nóvita comprendía los pueblos de Nóvita, Tadó, Noanamá, Los Brazos, Sipí, Las Juntas, Baudó y Cajón. La provincia del Citará comprendía los pueblos de Quibdó, Lloró, San Juan de Chamí, Beté, Bebará, Murrí y Pavarandó. Los corregimientos eran Noanamá, Tadó, Bebará y Bete, Chamí, Sipí, Lloró, Murrí y Baudó. Era gobernador interino el capitán Juan de Aguirre, sobrino de la virreina. La gobernación de los Llanos comprendía las ciudades de Santiago de Casanare, Chire y Pore, la parroquia de Nunchía y los pueblos de indios de San Guillermo de Arimena, Chámeza, San Luis Gonzaga Casimena, San Juan Francisco Regis Surimena, Macaguane, Tame, Betoyes, Patute, Manare, Ten, Piñal, Támara, Morcote, Cravo, Paya, Pisba, Labranzagrande, San Agustín Guanapalo, San Miguel de Macuco, Santa Rosa de Cabapuna, San Pablo de Guacacía, San José de Caviuna, San Nicolás de Buenavista, Puerto y Aguaviva. El virrey proveía al gobernador y se nombraban corregidores para el Meta, Casanare, Medina y Cuiloto. Era gobernador político y militar, proveído por la Suprema Junta Central, Luis Lasqueti, teniente de navío de la real armada.

Los corregimientos del Nuevo Reino eran cuatro: Tunja, Pamplona, El Socorro y Mariquita. El corregimiento de Tunja incluía las ciudades de Tunja y Muzo, la Villa de Leiva y ocho corregimientos de naturales (Sogamoso, Paipa, Chita, Turmequé, Gámeza, Sáchica, Tenza y Chivatá), con un total de treinta y dos parroquias de libres y cincuenta pueblos de indios. Era corregidor y justicia mayor el santafereño Andrés Pinzón y Saylorda. El corregimiento de Pamplona incluía a las ciudades de Pamplona y Girón, y las parroquias de Los Cerritos de Servitá, El Gallinazo de Servitá, Nuestra Señora de la Concepción de Servitá, Bochalema, Cepitá, San Andrés, Cácota de Suratá, La Matanza, el real de minas de La Baja y Vetas, Carcasí, los valles de Labateca y Arboledas, así como los distritos de las villas de San José de los Guasimales y El Rosario de Cúcuta. También se incluían los pueblos de indios de Servitá, Guaca, Labateca, Cácota de Velasco, Cúcuta, Silos, Arboledas, Chopo y Chinácota. Era corregidor de Pamplona y gobernador de Girón Juan Bastús y Falla, natural de la Villa de Tremp, en el Obispado de Urgel en Cataluña.

El corregimiento del Socorro comprendía a los cabildos de la ciudad de Vélez y de las villas de San Gil y El Socorro, con todas sus parroquias anexas. Era corregidor José Valdés y Posada, natural del principado de Asturias. El corregimiento de Mariquita comprendía cuatro ciudades (la capital Mariquita, Tocaima, Ibagué y La Palma), la villa de Honda, los reales mineros de Santa Ana y muchas parroquias y pueblos. A la ciudad de Mariquita estaban agregados los reales mineros de Santa Ana y las parroquias de Guayabal y Bocaneme. A la ciudad de Tocaima estaba agregado el partido de Ambalema y las viceparroquias de Beltrán, Bituima, Anolaima, Melgar, Llanogrande, Piedras, Anopoima y Coloya, así como los pueblos de Venadillo, Santa Rosa, Cuello, Viotá y Mesagrande. La ciudad de Ibagué tenía jurisdicción sobre las parroquias de Santa Bárbara de la Mina de la Esmeralda, Valle de San Juan, San Juan Bautista del Chaparral, Santa Ana del Guamo, Santa Gertrudis de Miraflores y San Luis, así como sobre el partido de Chagualá. La ciudad de La Palma tenía agregadas las parroquias de La Peña, Caparrapí, Terama Alta y Nilo, así como las viceparroquias de Topaipí y Guachipay. Y la villa de Honda tenía agregados a Purmo y al pueblo de Rioseco. Se nombraba un teniente de corregidor en Ibagué y un corregidor de naturales (panches). Era corregidor desde julio de 1806 Juan Salvador Rodríguez de Lago, quien lo había sido antes del corregimiento de El Socorro (1797 a 1806).

La gobernación de Neiva comprendía en su jurisdicción a las ciudades de Neiva y La Plata, así como las villas de Timaná y La Purificación. La ciudad de Neiva tenía en su jurisdicción las parroquias de Aipe, Yaguará, Carnicerías y Guagua, y las viceparroquias del Caguán, San Antonio, Otaz, El Hobo, Nataga, Iquira y El Retiro. A la ciudad de la Plata estaba agregado el pueblo del Pedregal y las parroquias de Santa Bárbara y San Andrés. A la villa de Timaná las viceparroquias de Honda y Paicol, así como los pueblos de Naranjal, Pital y La Jagua. A la villa de La Purificación pertenecían las parroquias de San Antonio Abad de los Dolores, Prado, Alpujarra y San José de Ataco. Era gobernador el licenciado Anastasio Ladrón de Guevara. La casi extinta gobernación de San Faustino de los Ríos tenía en interinidad como gobernador a Venancio Asencio, y la alcaldía mayor de Salazar de las Palmas tenía a Francisco Ramírez como su alcalde, con jurisdicción sobre la ciudad de Salazar de Las Palmas, las parroquias de San Cayetano y Santiago, y sobre el sitio de San Buenaventura.

Gobernación espiritual

El arzobispo Juan Bautista Sacristán, canónigo doctoral de Valladolid, nombrado por bulas despachadas el 20 de septiembre de 1804 y quien aún no había llegado de España, era la cabeza de la gobernación espiritual del Virreinato de Santa Fe. En su ausencia despachaban dos gobernadores del arzobispado, los canónigos José Domingo Duquesne y Juan Bautista Pey y Andrade. Cuatro obispos más actuaban entre el feligresado de todo el virreinato: el de Quito, José Cuero y Caicedo; el de Cartagena, fray Custodio Díaz Merino O.P.; el de Panamá, Manuel Joaquín González de Acuña Sanz Merino, y el de Cuenca, Andrés Quintián Ponce de Andrade. Las dos sillas de Santa Marta y Popayán estaban vacantes por la muerte de sus respectivos prelados: fray Miguel Sánchez Cerrudo O.F.M (fallecido el 4 de agosto de 1808) y Ángel de Velarde y Bustamante (muerto el 6 de julio de 1809). Solamente eran sufragáneos del arzobispado de Santa Fe los obispos de Cartagena, Popayán y Santa Marta.

En cada una de las iglesias catedrales despachaban los cabildos eclesiásticos, integrados por las dignidades (deán, arcediano, chantre, maestrescuela y tesorero), los canónigos (magistral, provisor, doctoral y penitenciario y los simples) y los prebendados o racioneros (completos o medios). El cabildo de la iglesia metropolitana de Santa Fe estaba sin su deán porque a finales de 1809 había muerto el doctor Francisco Tobar y Pastrana, pero contaba con sus demás dignidades: Juan Bautista Pey (arcediano y gobernador del arzobispado), Ignacio de Moya Portela (chantre), Manuel de Andrade Insinillas (maestrescuela) y José Rafael Torrijos (tesorero). El canónigo magistral era Andrés Rosillo, el canónigo provisor José Domingo Duquesne (también gobernador del arzobispado), el canónigo doctoral Rafael Hilarión Lasso de la Vega y el canónigo penitenciario Fernando Caicedo y Flórez. Dos canónigos más, dos racioneros, tres medios racioneros, el secretario y el maestro de ceremonias completaban la nómina de este cabildo.

El cabildo catedral de la diócesis de Quito también tenía su deán (Joaquín de Sotomayor), su arcediano (Maximiliano Coronel), su chantre (Joaquín Pérez de Anda), su maestrescuela (Calixto de Miranda) y su tesorero. Contaba con seis canónigos, de los cuales el provisor (Manuel José de Caicedo y Cuero) era sobrino del obispo. La ciudad de Quito tenía siete parroquias (El Sagrario, Santa Bárbara, San Blas, San Roque, San Sebastián, San Marcos y Santa Prisca), 26 curatos de su partido de cinco leguas y un centenar de curas foráneos en Yumbos, Latacunga, Ambato, Riobamba, Macas, Guaranda, Otavalo, Ibarra y la provincia de Los Pastos. El cabildo catedral de la diócesis de Cartagena de Indias tenía a Benito José Lambi de Funes como deán, a José Vicente de las Bárcenas como arcediano, a José Sebastián de Puyana como chantre, a Luis José Pimienta de Fajardo como maestrescuela y a Ildefonso Blanco de Hermosilla como tesorero. Brillaba en este cabildo por sus luces el canónigo penitenciario, Juan Vicente Marimón. En el cabildo catedral de la diócesis de Panamá era deán Tomás Antolín Baxo, arcediano Pedro José Casis de la Torre, chantre Juan José Martínez y maestrescuela Juan José Cabarcas.

En el cabildo catedral de Popayán estaba vacante la dignidad del deán, había sido suprimida la de arcediano desde 1774, era chantre Jerónimo de Bonilla y maestrescuela Andrés Marcelino Pérez de Arroyo y Valencia. El tesorero era Manuel Santos de Escobar y el provisor Mariano Pérez Valencia. En el cabildo catedral de Cuenca era deán Manuel Esteban de Vivanco, arcediano Pedro Antonio Fernández de Córdoba y maestrescuela Tomás Landívar y Centeno. En el cabildo catedral de Santa Marta era deán Domingo José Díaz Granados y Pérez, arcediano Pedro Gabriel Díaz Granados y Pérez, chantre José Vicente Troitiño y tesorero José Gregorio de la Bastida. El provisor y vicario era Plácido Hernández Domínguez.

Además del clero secular jerarquizado, buena parte de la gobernación espiritual dependía desde el siglo XVI de las órdenes de frailes regulares. En Santa Fe las precedía por antigüedad la de Santo Domingo (provincia de San Antonino de la Orden de Predicadores), cuyo provincial era un gaditano, fray Francisco de Paula Ley. El prior del convento santafereño era un ibaguereño, fray Juan Antonio de Buenaventura y Castillo. Esta orden tenía además 17 conventos, cada uno con su prior: Las Aguas (Santa Fe), Cartagena, Tunja, Chiquinquirá, Santo Ecce Homo, Mérida, Ibagué, Mariquita, Tocaima, Mompós, Santa Marta, Tolú, Pueblo Nuevo, Valledupar, Riohacha, Pamplona y Muzo. En todos ellos había unos 160 frailes. El convento de Chiquinquirá era especial por su administración de la devoción a la advocación mariana de su nombre que hizo carrera en este reino.

La segunda orden de regulares era la de San Francisco, cuyo provincial era fray Nicolás Bermón. El guardián del convento santafereño era fray Antonio González Martínez, y esta orden tenía en este reino 15 conventos, algunos hospicios, dos curatos y misiones en los Llanos. En todos ellos habría unos doscientos religiosos, sin incluir los de los colegios de misiones de Popayán y Cali. Los conventos franciscanos, además del santafereño, estaban situados en Tunja, Cartagena de Indias, Cartago, Mompox, Ocaña, Vélez, Mariquita, Pamplona, Santa Marta, Villa de Leyva y Monguí. Los conventos de recoletos eran tres: San Diego en Santa Fe, Nuestra Señora de los Ángeles en Guaduas y San Diego en Cartagena.

La tercera orden era la de San Agustín (provincia de Nuestra Señora de Gracia), cuyo provincial era fray Diego Padilla. El prior del convento santafereño era fray José Antonio Cavaría y en Chámeza tenía esta orden un convento, cuyo prior era fray Isidro Leyva. Los ermitaños descalzos de San Agustín formaban la Recolección de la Candelaria, cuyo provincial era fray Miguel de San Eugenio Blanco. La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios tenía como provincial y prior del convento santafereño a fray Juan José Merchán, y como enfermero mayor a fray Francisco Javier Romero. De España venían todos sus prelados con título de comisarios generales, pero los hospitales que servían estaban subordinados al vicepatronato real por lo tocante a su inspección y visita, para el examen de la asistencia que se da a los enfermos, administración e inversión de sus rentas y limosnas. La Orden Seráfica de Capuchinos servía en Santa Fe un hospicio, presidido por fray Antonio de Benafer, y un convento en la villa del Socorro. Todos los frailes de esta orden eran españoles y miembros de su provincia de Valencia, porque no tenían licencia para admitir novicios en este reino. Cumplidos los diez años de residencia en este reino regresaban a España, y mientras tanto se encargaban de las misiones circulares que había tenido la Compañía de Jesús, expulsada de todos los dominios de la monarquía de los Borbones.

En la gobernación de Popayán y en el reino de Quito también los frailes de San Francisco, Santo Domingo y San Agustín mantenían sus conventos. El nombre de San Francisco de Quito indica que allí tenían preeminencia por antigüedad los franciscanos. Los hospitalarios de San Juan de Dios, los carmelitas y los de la religión de San Camilo hacían presencia en esas provincias. Hay que agregar las congregaciones de monjas agustinas de La Encarnación, las de Santa Clara y las betlehemitas a la lista de estos operarios de la gobernación espiritual.

Institución especial para el gobierno espiritual de los vasallos cristianos era el Tribunal de la Fe que residía en Cartagena de Indias. El decano de los inquisidores era desde 1806 Juan José Oderiz y actuaba como inquisidor fiscal Pedro Álvarez y Morales. El alguacil mayor era Lázaro María de Herrera y los familiares eran Gabriel Guerra, Miguel Martínez de Aparicio y Julio Ponce. Un grupo de secretarios del secreto y honorarios, el receptor general, tesoreros, calificadores, notarios y consultores completaban la nómina de un cuerpo que contaba en Santa Fe con una comisaría diocesana, con sus propios comisarios, calificadores, consultores (juristas y teólogos), notarios y familiares. En buena parte de las ciudades y villas del reino alguno de sus vecinos notables ostentaba el honor de ser familiar de este Santo Oficio.

El sostenimiento de la gobernación espiritual dependía en las parroquias de las congruas y de las contribuciones por la administración de los sacramentos y devociones de los santos patrones o de las advocaciones marianas, y en las doctrinas de indios de los tributos, pero en las diócesis dependía de los diezmos y las primicias. Intervenida su administración por el patronato regio, funcionaba una Real Junta de Diezmos presidida por el oidor decano Juan Hernández de Alba, con la fiscalización del oidor Diego de Frías. El contador general de diezmos y colector de anualidades del arzobispado era Antonio José García de la Guardia, natural de Panamá. La Contaduría General de Diezmos que dirigía contaba con oficiales, tesorero y defensor del ramo. Los administradores particulares de diezmos que le rendían cuentas eran los de los partidos del ramo en todas las provincias del Nuevo Reino, casi treinta. Existía también la notaría mayor de diezmos y el tribunal del ramo de la bula de santa cruzada (con su contador y tesorero). La curia eclesiástica del arzobispado contaba con su provisor y vicario capitular, el canónigo Duquesne, el promotor fiscal Nicolás Mauricio de Omaña y Rodríguez, los notarios (mayor y receptores). En Cartagena de Indias funcionaba un Tribunal Apostólico de Apelaciones encabezado por el obispo fray Custodio Díaz Merino, actuando como provisor y vicario general Manuel Fernández de Sotomayor.

Provisores y vicarios diocesanos o provinciales administraban los nombramientos de los curas para las parroquias, cuyo número creció notablemente durante el siglo XVIII. Comenzando por al arzobispado hay que decir que la ciudad de Santa Fe contaba con cuatro parroquias (El Sagrario, Las Nieves, Santa Bárbara, San Victorino), la parroquia castrense y el santuario de Nuestra Señora de la Peña. Para el corregimiento de naturales de Bogotá se nombraban 9 curas, para el de Bosa 11, para el de Cáqueza 8, para el de Zipaquirá 18 y para el de Chocontá 9. La ciudad de Tunja contaba con tres parroquias (Santiago de Tunja, Las Nieves y Santa Bárbara) y se nombraban en su corregimiento curas para las jurisdicciones de Muzo (7), la Villa de Leiva (5), Sáchica (6), Turmequé (11), Chivatá (7), Paipa (8), Chita (12), Gámeza (8), Tensa (9) y Sogamoso (27). En el corregimiento de la villa de Nuestra Señora del Socorro se proveían 37 curas párrocos y en el de la ciudad de Pamplona 18, a los que se agregaban los 8 del corregimiento de naturales de Servitá. Curas párrocos también se nombraban para las jurisdicciones de la alcaldía mayor de Salazar de las Palmas (3) y de la gobernación de Los Llanos (20), a los que hay que agregar las doctrinas de las misiones de los agustinos descalzos, de los dominicos y de los franciscanos. En la gobernación de Neiva se nombraban 33 párrocos, en el corregimiento de Mariquita 27 y en el corregimiento de Guaduas 9.

Pasando a la diócesis de Popayán, se nombraban allí solamente 32 párrocos para la jurisdicción de la provincia de la cuidad capital, a los hay que agregar los capellanes de sus conventos de los dos sexos. Sobre los curatos de la extensa provincia de Antioquia, que pugnaba por contar con diócesis propia desde 1796, ejercían jurisdicción eclesiástica los obispos de Popayán y de Cartagena, pero también el arzobispo de Santa Fe: a la diócesis de Popayán pertenecían los feligreses de la villa de Medellín y de las ciudades de Santa Fe de Antioquia y Arma de Rionegro; a la diócesis de Cartagena los feligreses de Cáceres y Zaragoza, y al arzobispado de Santa Fe los de la ciudad de Remedios y de la villa de Marinilla. Los curas que se nombraban para la provincia de Antioquia eran 36, y en la gobernación del Chocó seis.

El feligresado de la diócesis de Cartagena incluía 93 curatos que comenzaban con los de las tres ciudades: Cartagena (con las viceparroquias de Santo Toribio, Santísima Trinidad y San Lázaro, y con las iglesias y conventos de Santa Clara y Santa Teresa), Simití y Cáceres (jurisdicción de Antioquia en lo temporal). Las villas eran cuatro: Mompox, Ayapel, San Benito Abad y Santiago de Tolú. Los pueblos de indios eran 25, los sitios de toda clase de gentes (libres, hacendados, negros) eran 49 y las nuevas poblaciones 16. Los feligresados de las diócesis de Quito, Cuenca, Panamá y Santa Marta incluían más de un centenar de doctrinas de pueblos de indios y las parroquias de sus ciudades y villas.

La real hacienda

Los reinos de Quito y de la Nueva Granada eran dominios de la familia de los Borbones españoles desde 1701. Las contribuciones personales de los vasallos iban en buena parte a ingresar la hacienda real, cuyo ministerio correspondía al virrey como superintendente general. Una Real Junta Superior de Real Hacienda era presidida por el virrey y se integraba por cuatro vocales: el regente de la audiencia, el fiscal de lo civil, el ministro más antiguo del tribunal de la contaduría mayor de cuentas y el ministro más antiguo de la contaduría de ejército y real hacienda. En Quito se integraba otra real junta superior de real hacienda con el presidente de su audiencia, el regente, el fiscal, el contador mayor del tribunal de cuentas y el tesorero. Y en los demás gobiernos y comandancias generales del virreinato se integraban juntas particulares de real hacienda presididas por sus respectivos gobernadores e integradas por los oficiales de real hacienda y abogados fiscales defensores de ella. El tribunal de la Contaduría mayor de cuentas era presidido en Santa Fe por el virrey y tenía en su nómina tres contadores mayores, dos contadores de resultas, tres contadores ordenadores y seis oficiales. La Contaduría mayor de cuentas de Quito disponía de un contador mayor y de cuatro oficiales. La Junta superior subdelegada de la Comisión gubernativa de consolidación de vales reales se integraba por el virrey, el arzobispo, un diputado (Sebastián Ramón Díaz Granados) y un contador.

Existían 16 cajas reales en el virreinato (Santa Fe, Quito, Panamá, Popayán, Santa Marta, Cuenca, Antioquia, Portobelo, Mompox, Valledupar, Ocaña, Citará, Cartago, Pamplona, Honda y Riohacha), todas con sus contadores, tesoreros, asesores, fiscales, escribanos, fundidores y oficiales. Las casas reales de moneda no eran sino dos, la de Santa Fe y la de Popayán. La real renta de correos dependía de un subdelegado general, que era el mismo virrey, y contaba con tres administraciones principales (Santa Fe, Quito y Cartagena) de las que dependían las subalternas (Tunja, Popayán, Neiva, Honda, Medellín, Zipaquirá, Socorro, Girón, Tunja, Pamplona, Pore, Cáqueza, Cuenca, Panamá, Mompox, Santa Marta, Riohacha, Valledupar). También de ellas dependían todas las demás que hacían parte de las tres carreras de correos (Cartagena, Quito y Girón-Cúcuta-Los Llanos).

El ramo de almonedas contaba con su real junta, presidida por los oidores en turnos de seis meses. A los remates de alcabalas concurría el administrador de esta renta y al de las administraciones de aguardientes el contador general de este ramo. La renta de alcabalas y aduanas dependía de los administradores principales de Santa Fe, Cartagena, Cuenca, Popayán, Mompox, Cartago, Honda y Panamá, y de los administradores de sus respectivos partidos foráneos. Las contadurías o administraciones generales de tabacos, aguardientes, pólvora o naipes estaban situadas en Santa Fe, Quito, Honda, Mompox, Cartagena, Santa Marta, Panamá, Popayán, Pore, Villa de Leiva, Quito, Socorro, Neiva, Quito, Cuenca, Cali, Medellín y Santa Fe de Antioquia; y en Latacunga estaba situada la real fábrica de pólvora. En Zipaquirá operaba la administración de sus salinas, y la del ramo de bienes de temporalidades (bienes expropiados a la Compañía de Jesús) operaba en Santa Fe y en Quito, con sus subalternas en Popayán y en Pasto. En Quito actuaba una contaduría general de tributos de indios de su jurisdicción, una señal de la importancia fiscal de esta contribución en ella. El control de la evasión fiscal contaba con los oficiales del Resguardo unido de rentas reales generales. Sus guardas mayores visitadores tenían asiento en Santa Fe, Honda, Cartagena, Panamá, Mompox, Popayán, Cali, Pore, Quito, Ibarra, Otavalo, Latacunga, Ambato, Guaranda, Riobamba, Alausí, Loja, Cuenca y Malbucho.

Estado militar del reino

En todo el Nuevo Reino de Granada actuaban cuatro batallones, un cuerpo de cuatro compañías de ordenanza (medio batallón), tres compañías sueltas (incluida la de alabarderos), unas partidas sueltas y un piquete. En total, 3.253 plazas de infantería. La artillería ocupaba 322 plazas, en tres compañías y una brigada, y apenas existía una compañía de caballería con 34 plazas, que era la de guardia. En total, 3.609 plazas de tropa veterana. El virrey Amar y Borbón ejercía la función de capitán general, con la secretaría del teniente coronel de infantería José Ramón de Leyva. Se nombraba un subinspector general y subinspectores particulares para las comandancias generales de Panamá y de Quito. Los oficiales generales de los Reales Ejércitos que existían en este reino no eran sino cuatro: el mariscal de campo Antonio de Narváez y La Torre, los brigadieres Domingo Esquiaqui y Juan Antonio de la Mata, y el coronel Juan Sámano. Se nombraban auditores de guerra para la capitanía general de Santa Fe y para las comandancias generales de Cartagena de Indias, Panamá y Quito.

En Santa Fe las tropas veteranas incluían a la compañía de caballería y a la compañía de alabarderos de la guardia del cuerpo del virrey, y al Batallón de Infantería Auxiliar del Nuevo Reino de Granada. Este cuerpo tenía su cuartel en la plaza de San Agustín y se integraba por cinco compañías de infantería, comandadas por el teniente coronel Juan Sámano y Uribarri, natural de la villa de Selaye (montañas de Santander). Contaba con un sargento mayor, cinco capitanes, cuatro tenientes primeros, cuatro tenientes segundos, cinco subtenientes, cinco sargentos primeros, diez cadetes y un maestro armero.

En Cartagena de Indias estaba acuartelado el Regimiento de Infantería Fijo, integrado por dos batallones con 1.381 plazas. Estaba comandado por el coronel graduado José del Castillo, natural de España. Cuatro de sus compañías estaban Santa Fe desde el año anterior, acuarteladas en la calle de la Armería, bajo el comando del sargento mayor Gómez de Coz. En Cartagena también existían dos compañías de milicias disciplinadas de blancos, a las órdenes del sargento mayor José María Berrueco y de José del Villar, y una compañía de milicias de pardos a órdenes del teniente coronel F. Santana. En Panamá existía un Batallón de Infantería Fijo, integrado por ocho compañías de fusileros y una de granaderos, para un total de 516 plazas, de las cuales 18 eran sargentos, 16 tambores, un tambor mayor, dos pífanos, 6 gaitadores, 56 cabos y el resto soldados. Su oficialidad se componía de 32 plazas: 9 capitanes, 9 tenientes, 9 subtenientes, un comandante graduado de coronel, un sargento mayor (don Juan Andrete), un ayudante mayor y 2 subtenientes abanderados. Este cuerpo era responsable de la seguridad de las plazas de Panamá, Portobelo y del Puerto de San Lorenzo en Chagres.

En la ciudad de Quito se estacionaban dos compañías de infantería veteranas, comandadas por el capitán Joaquín Villapesa, y en la ciudad de Popayán otra compañía de infantería veterana, comandada por el capitán Antonio Alaix. En el castillo de Chagres se mantenía un piquete de infantería, con 29 plazas y bajo la autoridad de la Comandancia General de Panamá. En la provincia de Darién del Sur se mantenía una compañía de infantería ligera, con 109 plazas, y en Chimen se mantenían dos partidas sueltas y 82 plazas, comandadas por un oficial subalterno del Batallón Fijo de Panamá.

El Real Cuerpo de Artillería se componía en todo el reino de tres compañías y una brigada. Con excepción de una compañía, todo este cuerpo estaba estacionado en Cartagena. El subinspector comandante era el brigadier Esquiaqui, hijo de un coronel del Regimiento de Sicilia en el puerto de Cádiz. El Real Cuerpo de Ingenieros Militares solamente tenía presencia en las plazas de Cartagena y de Panamá, bajo las respectivas comandancias del coronel Manuel Anguiano y del coronel graduado Antonio Bocarro.

Los cuerpos de infantería de milicias voluntarias disciplinadas, conforme al Reglamento dado por el virrey Ezpeleta y aprobado por el rey en 1794, eran siete batallones de milicianos blancos disciplinados. En la plaza de Cartagena permanecían dos, con la fuerza total de 1.615 plazas; en las plazas de Panamá y Natá otros dos, con la fuerza total de 808 plazas; en la plaza de Santa Marta permanecían nueve 9 compañías, (una de ellas de artillería), con la fuerza total de 808 plazas. En la plaza de Riohacha permanecía un Cuerpo de Cazadores de Infantería, con cuatro compañías (dos de ellas de caballería), con la fuerza total de 400 plazas. En la plaza de Portobelo y en las márgenes del río Chagre permanecía un Cuerpo de Cazadores con cuatro compañías y la fuerza total de 400 plazas. Compañías sueltas de milicias actuaban en San Bernardo y San Jerónimo, Jaén de Bracamoros, Loja y Barbacoas:

Los batallones de milicias de pardos libres estaban organizados en la plaza de Cartagena de Indias y estaban integrados por nueve compañías y una fuerza total de 807 plazas. En 1810 estaban en Santa Fe, acuartelados en el convento de las Aguas, llamados por el virrey para enfrentar los sucesos acaecidos en Quito el año anterior. Su comandante era el teniente coronel don Eduardo Llamas. En la plaza de Panamá existía otro batallón con nueve compañías y una fuerza total de 807 plazas, comandada por Pedro Aguilar. En la ciudad de Pasto, también como respuesta a la erección de la Junta de Quito el año anterior, se había organizado una milicia de infantería. En las sabanas de Corozal existía desde 1784 un escuadrón de dragones de milicias disciplinadas con cuatro compañías y 200 plazas, y en Valledupar existía un Regimiento de Infantería y Dragones de Milicias Disciplinadas 1799, con 400 plazas en 4 compañías de Infantería y otras 4 compañías de dragones de caballería, con la fuerza total de 600 plazas. Los pardos libres mantenían en las plazas de Cartagena y de Panamá compañías de artillería. Finalmente, en las plazas de Veraguas y Mompox, y en algunos puertos del río Magdalena, se mantenían milicias urbanas de infantería y de caballería. En cada plaza actuaba su respectivo estado mayor, integrado por el gobernador y comandante general, el teniente de rey, el sargento mayor, el secretario y algunos oficiales. En Cartagena de Indias existía el apostadero marítimo, bajo el comandante principal de marina (capitán de fragata de la Real Armada Andrés Orive), el capitán de puerto, el tesorero y el auditor de marina, y el ministro principal de real hacienda.

La eclosión juntera

Hasta terminar el mes de junio de 1810, el cuadro institucional y político sintetizado anteriormente para el Virreinato de Santa Fe era el típico de los reinos indianos del patrimonio de la casa monárquica de las Españas. No se trataba de colonias, como tradicionalmente afirma la historiografía derivada de la obra de un escocés del siglo XVIII, William Robertson, sino de un conjunto de instituciones provinciales puestas bajo los gobiernos superiores de una audiencia pretoriana y de una audiencia subordinada, con los pequeños cambios que había traído la erección del virreinato. El presidente Carondelet había intentando convertir a Quito en una capitanía general, como lo era Caracas, pero no pudo lograrlo, con lo cual Guayaquil había consolidado su giro hacia la jurisdicción militar y fiscal del virrey del Perú. Los sorprendentes sucesos acaecidos en la península ibérica durante el año 1808, puestos en marcha por las decisiones del emperador de los franceses, trajeron un rápido cambio institucional al Virreinato de Santa Fe durante el segundo semestre de 1810. Ese proceso es el que se identifica enseguida.

El 22 de mayo de este año el comisionado regio Antonio de Villavicencio había logrado impedir la formación de una junta de gobierno autónoma en Cartagena de Indias al concertar al gobernador Francisco de Montes con el cabido para observar provisionalmente la Ley 2ª del título séptimo del libro cuarto de la Recopilación de leyes de Indias que autorizaba, en casos de crisis política grave, la administración pública a los gobernadores y cabildos en común. Con excepción de los asuntos del real vicepatronato y de sus funciones como juez entre partes, el gobernador se comprometió a proceder en todos sus actos oficiales en compañía de los dos diputados escogidos por el cabildo: el mariscal de campo Antonio de Narváez y La Torre, quien el año anterior había sido escogido como diputado del virreinato ante la Junta Central, y el regidor añal Tomás de Andrés Torres, comerciante español y miembro del Consulado de Comercio. Los dos coadministradores nombrados por el cabildo pronto se quejaron porque el gobernador expedía órdenes sin consultar con ellos, o porque se negaba a firmar providencias propuestas por los coadministradores. Recordaron que Montes desempeñaba la gobernación de modo ilegal pues su título no le había sido despachado por el Consejo de Indias ni por el Ministerio de Gracia y Justicia, ni se había tomado razón de su nombramiento en la Contaduría General de Indias. El alcalde ordinario García de Toledo pidió su destitución durante la sesión del 14 de junio y el cabildo llamó para reemplazarlo al teniente de gobernador y de rey Blas de Soria. El comisionado Villavicencio se vio obligado a aprobar este acuerdo "para no exponer a este fiel pueblo a una revolución y preservarlo de mil desastres". Una compañía del Regimiento Fijo, a órdenes del capitán Miguel Caraballo, fue llamada al cabildo para asegurar el acto de deposición del gobernador. Una vez consumada esta acción, el cabildo emitió un edicto el 19 de junio siguiente para ordenar la creación de dos nuevos batallones de milicias, uno de blancos (alistados por el alcalde de primer voto José María García de Toledo) y otro de pardos (alistados por el alcalde de segundo voto Miguel Díaz Granados), bajo el título de Voluntarios patriotas conservadores de los augustos derechos de Fernando VII.

La eclosión juntera comenzó en la villa del Socorro el 10 de julio siguiente, y fue desde entonces que se precipitaron los rápidos cambios revolucionarios que habrían sorprendido a todos los forasteros que hubieran podido leer una guía escrita para orientarlos. Un tumulto popular convocado por el cabildo depuso de su mando al corregidor José Valdés, con lo cual fue "restituido el Pueblo del Socorro a los derechos sagrados e imprescriptibles del hombre". Por medio de un acta firmada al día siguiente fue depositado provisionalmente el gobierno en el cabildo, pero ampliado con seis beneméritos "para que le ayuden al desempeño de la multitud de asuntos y negocios en que debe ocuparse para defender la Patria de las medidas hostiles que tomará el señor virrey de Santa Fe contra nosotros, como lo hizo contra los habitantes de la ilustre ciudad de Quito". Quedó entonces integrada esta primera junta provisional de gobierno, mientras los cabildos de la ciudad de Vélez y de la villa de San Gil enviaban sus diputados para establecer un gobierno provincial en regla. Efectivamente, el 15 de agosto siguiente fue instalada la junta gubernativa provincial con dos diputados de cada uno de los tres cabildos asociados.

La noticia de lo sucedido en el Socorro presionó a los santafereños a formar una junta suprema del reino durante la noche del siguiente 20 de julio. La presión popular terminó por forzar la prisión y el destierro del virrey y de los oidores, de tal modo que el 27 de julio esta junta distribuyó a sus diputados en seis secciones administrativas: Negocios diplomáticos interiores y exteriores, Negocios eclesiásticos, Gracia, Justicia y Gobierno, Guerra, Hacienda, Policía y Comercio. El 23 de agosto fue establecido un Tribunal de Apelación con dos salas: Gobierno y Hacienda, y Justicia. El 22 de noviembre fueron reorganizadas las secciones administrativas, que en adelante fueron: Estado, Gracia y Justicia, Hacienda, Negocios Eclesiásticos y Guerra. Las fuerzas militares que fueron puestas a disposición de esta junta suprema se reorganizaron en dos batallones de milicias de infantería, un regimiento de milicias de caballería con cuatro escuadrones, un batallón de infantería de guardias nacionales, un batallón provincial y un cuerpo veterano de artillería. La organización de una academia militar fue encomendada al teniente coronel José Ramón de Leiva, exsecretario general del virreinato.

El día 26 de julio se realizó en la ciudad de Tunja un cabildo abierto, pedido por el procurador general, y se acordó instalar una junta superior gubernativa provincial, presidida por el corregidor Andrés Pinzón e integrada por los capitulares, diputados de los dos cleros, algunos oficiales reales y diputados de los cabildos de la Villa de Leiva y de Muzo. La autoridad de esta junta provincial fue desconocida por los demás cabildos y localidades, por lo que fue necesario convocar una junta electoral para proceder a la designación del diputado provincial ante el primer Congreso General del Reino. Ésta fue instalada el 18 de diciembre siguiente con el título de Superior Gubernativa, y declaró que "reasume en sí el gobierno económico y absoluto del Departamento, sin otra dependencia del Supremo Congreso Nacional con el pacto federativo y de unión con todas las provincias que lo componen". Fue integrada por los diputados de Tunja, la Villa de Leiva y 20 poblaciones más, y fue elegido para presidirla Juan Agustín de la Rocha, con la vicepresidencia de Juan Nepomuceno Niño.

El 27 de julio, el procurador general del cabildo de la ciudad de Neiva pidió la destitución del corregidor, Anastasio Ladrón de Guevara, argumentando que así convenía por la transformación política acaecida en la capital del virreinato. El cabildo accedió a su petición y separó al corregidor de su mando político y de la administración de los reales tributos, sometiéndolo a arresto y embargo de sus bienes. En este mismo día fue constituida una Junta en la ciudad de Neiva, la cual convocó a los cabildos de la ciudad de La Plata y de las villas de Timaná y Purificación a enviar sus diputados para la organización de una Junta provincial. Mientras ello ocurría, instalaron una junta provincial provisional. Una vez que los diputados de los cabildos de la ciudad de La Plata y de las villas de Timaná y Purificación se reunieron, el 22 de diciembre siguiente, para elegir al diputado provincial ante el Congreso General del Reino, la junta electoral integró la junta provincial definitiva, instalada con la vicepresidencia de José Antonio Falla González y con los diputados de las ciudades de Neiva y La Plata, y de las villas de Timaná y Purificación.

El 31 de julio, recibido un despacho del cabildo de la villa de San Gil en el que se convocaba a elegir diputados para un congreso general de todas las provincias que se realizaría en Santa Fe, acordó el cabildo de Pamplona convocar una sesión abierta para integrar una junta provisional "que inmediatamente representase al legítimo soberano, el señor don Fernando VII, ejerciese la autoridad suprema, quedase subordinada al Consejo de Regencia que reside en la Península, en los términos que tuviese por conveniente". Se encontró allí la solución al violento suceso del día 4 de julio anterior, en el que los familiares de doña Águeda Gallardo de Villamizar y los capitulares depusieron y apresaron al corregidor Juan Bastús. Esta junta provincial fue presidida interinamente por el vicario eclesiástico Domingo Tomás de Burgos y Villamizar, con la vicepresidencia de Raimundo Rodríguez Valencia, cura de la iglesia parroquial.

El 5 de agosto se recibió en la ciudad de Popayán, por el correo proveniente de Santa Fe, la noticia de los sucesos acaecidos el 20 de julio en la capital del virreinato, y el 11 de agosto siguiente la invitación que hizo la Junta Suprema de Santa Fe para el envío de diputados. El gobernador Miguel Tacón convocó este mismo día al cabildo de la ciudad, y con la asistencia del comisionado del Consejo de Regencia, don Carlos Montúfar, se formó una Junta Provisional de Salud y Seguridad Pública presidida por el mismo gobernador e integrada por los representantes del cabildo, del clero, de "la nobleza" y del pueblo. Fue acordado que el gobernador convocaría a los diputados de todas las ciudades de la gobernación para integrar una junta provincial representativa, y mientras tanto debería velar por el orden y la tranquilidad pública. Fueron enviados varios comisionados ante los cabildos de Cali, Buga, Cartago, Toro y Anserma para promover la formación de la junta provincial. Pero ocurrió que estos cabildos, aconsejados por el doctor Ignacio de Herrera, se negaron a enviar sus diputados, pues estaban más interesados en formar una junta autónoma de la cabecera de la gobernación. Durante la sesión de cabildo abierto realizada el 30 de octubre en Popayán se deliberó "sobre el modo que fuese de adoptarse para suplir la falta de autoridades". Se decidió entonces que la Junta de Seguridad continuara con la autoridad que ejercía el virrey en lo gubernativo y en la real hacienda, así como en lo que tocaba a la capitanía general. En consecuencia, "por los muchos y graves asuntos ocurrentes", se nombraron ocho vocales más y los cuatro regidores del ayuntamiento. Durante la sesión de cabildo abierto realizada el 2 de noviembre siguiente se trató de nuevo el punto de la instalación de la Junta Provincial, por haberla contradicho las principales corporaciones. Las opiniones se dividieron y, sometida a votación la cuestión, más de 140 votos se dieron por la formación de la junta, contra 43 que preferían que el gobernador Tacón continuara con su autoridad. Tres días después, y gracias a las defecciones y temores, el cabildo publicó que no sería establecida en la ciudad una junta de gobierno, pues era "atentatoria del poder monárquico, revolucionaria y anticatólica", y que en consecuencia debía continuar con su autoridad el gobernador.

El 10 de agosto "varios del pueblo" visitaron al gobernador de Santa Marta en su casa y le solicitaron la formación de una junta. Éste convocó al cabildo y todos los capitulares convinieron en erigirla. Se comenzó entonces la votación de vocales "por todo el pueblo, y con la mayor quietud quedaron electos los que tuvieron mayor número de votos, instalándose la junta provincial a las 2 de la mañana, porque el cabildo comenzó a las seis de la tarde". El gobernador Víctor de Salcedo la presidió, con la vicepresidencia del coronel José Francisco Munive. Se incorporaron a esta junta provincial los diputados de la ciudad de Ocaña y de la villa de Tenerife. El 22 de diciembre se produjo en Santa Marta un movimiento contra esta junta porque se negaba a desconocer la autoridad de la Regencia. Después de la expulsión de algunos de sus vocales fue entonces erigida una nueva Junta Superior Gubernativa provincial, presidida por el mismo gobernador y con la vicepresidencia de Francisco Pérez Dávila.

Cuando se recibieron las noticias sobre la erección de la junta suprema de Santa Fe, el cabildo de Cartagena de Indias convocó a una reunión extraordinaria para el 13 de agosto, en la cual cesó sus funciones y se refundió en la nueva Junta Suprema Provincial Gubernativa que fue instalada en esta sesión, en la cual se recibieron los juramentos de sus miembros y se eligieron los nuevos dignatarios, bajo la presidencia de José María García de Toledo y la vicepresidencia de Blas de Soria, el gobernador encargado tras la expulsión de Francisco Montes. Esta junta provincial acogió a los diputados elegidos por la villa de Mompox, Simití, San Benito Abad y Tolú. Cinco días después distribuyó las funciones de la junta en las siguientes secciones: Guerra, Hacienda, Justicia, Policía, Comandancia y Subinspección General de las Tropas, y Subdelegación de Rentas y Correos. El 10 de diciembre resolvió darle una forma representativa al gobierno. Se determinó el nombramiento de un diputado por cada veinte mil habitantes y la representación de los distritos de Cartagena (cinco representantes), Tolú (dos), San Benito (dos), Mompox (dos) y Simití (uno).

El pueblo de Quibdó se dirigió en la noche del 31 de agosto a la casa del gobernador Juan de Aguirre y expuso por medio de su cura, Manuel Borrero, su voluntad de adherir al sistema de Santa Fe estableciendo una junta en los mismos términos. Se convocó el vecindario para el día siguiente, 1º de septiembre, a las nueve de la mañana. Allí se formó la junta provincial bajo la presidencia de José María Valencia y la vicepresidencia de Tomás Santacruz y Barona. El gobernador Juan Aguirre entregó voluntariamente el mando a esta junta que proclamó su adhesión a la suprema de Santa Fe, "sin innovar en las relaciones de comercio y rentas de la Corona, que se mandaron subsistir como hasta allí mientras no se dispusiese otra cosa por el Congreso General de las Provincias del Reino".

Entre el 30 de agosto y el 10 de septiembre se realizaron las sesiones del congreso de los diputados de los cabildos (Santa Fe de Antioquia, Medellín, Rionegro y Marinilla) que integraban la provincia de Antioquia. Se formó allí la junta superior de esta provincia bajo la presidencia del gobernador Francisco Ayala y la vicepresidencia de Juan Elías López Tagle y Madariaga. El 28 de octubre esta junta fue renovada con diputados elegidos por los padres de familia de cada distrito capitular, si bien continuaron en sus cargos tanto el presidente como el vicepresidente.

El 13 de septiembre se erigió la junta de Pore, capital de la provincia de los llanos del Casanare, bajo la presidencia de Juan José de Molina. Al comienzo los cabildos de Chire y Santiago de las Atalayas se negaron a someterse a esta nueva autoridad, pero finalmente lo hicieron, al igual que los pueblos de Arauca y Labranzagrande. Con el fin de legitimar esta junta y para atraer a los pueblos resistentes a su autoridad convocaron a la instalación de una nueva en Pore, que fue instalada el 26 de noviembre siguiente. Fue entonces cuando se "adoptó al pie de la letra" el esquema administrativo de la Junta Suprema del Socorro. Por votación unánime continuó en su presidencia Juan José Molina, con la vicepresidencia del cura de Támara, Luis Nepomuceno de Uribe. El 27 de septiembre se erigió la junta provincial de Nóvita bajo la presidencia de Miguel Antonio Moreno y la vicepresidencia de Francisco Antonio Caicedo. En la província de Mariquita también se formó una junta de gobierno, con sede en la villa de Honda y a pesar de la resistência inicial de algunos de sus cabildos subordinados, como el de Ibagué. A finales del año estaba presidida por Francisco de Mesa y Armero, y tenían asiento en ella los diputados de Mariquita, Ambalema y Honda.

La eclosión juntera inesperada

Las provincias eran las unidades jurisdiccionales más antiguas y básicas del Nuevo Reino de Granada y del Reino de Quito. La eclosión juntera empezó en las cabeceras de las provincias y en la capital del virreinato, con lo cual las juntas de gobierno eran provinciales y sus creadores se esforzaron por legitimarlas ante los cabildos subordinados pidiendo el envío de sus diputados. Pero ocurrió lo inesperado: buena parte de los cabildos se separaron de la autoridad de las cabeceras provinciales y formaron juntas de gobierno propias e independientes. La ciudad de Girón, que había sido cabecera de gobernación hasta que al crearse en 1795 el corregimiento de Pamplona fue subordinada a la ciudad cabecera de Pamplona, aprovechó el proceso para erigir una junta gubernativa el 30 de julio. Este día se juntó el cabildo con el vecindario de la ciudad y las parroquias de su jurisdicción. Todos fueron informados "de los acontecimientos políticos que en nuestra Nación han restituido al Pueblo en el goce de sus derechos", tras lo cual acordaron depositar el gobierno de la provincia en el Dr. Juan Eloy Valenzuela, ilustrado cura de la vecina parroquia de Bucaramanga. Para el desempeño de su cargo, el doctor Valenzuela procedió a nombrar a los dos alcaldes ordinarios como sus acompañantes, y la secretaría de la junta le fue dada a su hermano, el Dr. Miguel Valenzuela.

Lo mismo sucedió en la villa de Mompox, subordinada a Cartagena de Indias, cabecera de la gobernación de su nombre. Al conocerse allí las noticias de la formación de la Junta suprema de Santa Fe, los dos catedráticos del Colegio de San Pedro Apóstol convocaron a separarse de la dependencia cartagenera y a enviar sus diputados a Santa Fe. Pero la junta de Cartagena logró que esta villa enviara finalmente sus diputados ante ella. No obstante, el 14 de octubre los momposinos formaron su junta provincial gubernativa y asumieron el control sobre la administración de los ramos fiscales de su jurisdicción. Pantaleón Germán Ribón, el presbítero Juan Fernández de Sotomayor, Cipriano Sarceda de Bustamante y los hermanos Gutiérrez de Piñeres fueron los dirigentes de este proceso autonomista.

El corregimiento de naturales de Sogamoso se separó de su dependencia de la provincia de Tunja y formó su propia junta provincial gubernativa, presidida por Domingo José Benítez, y envió su diputado ante el primer congreso general del reino. El mismo procedimiento fue usado por el cabildo de la villa de Timaná, subordinado al gobernador de Neiva. El síndico procurador de este cabildo representó, el 27 de agosto, que su vecindario tenía "los mismos derechos que han tenido aquellos pueblos para instalar sus juntas y establecer un nuevo plan de gobierno", de tal suerte que para uniformizar a este vecindario con todos sus "compatriotas" del Reino era preciso instalar una junta gubernativa, "para que en ella deposite el pueblo sus derechos y confianzas", quedando abolido "el antiguo gobierno". Dado que había dejado de existir un gobierno superior de todas las provincias del Reino, este vecindario era libre "para proceder por nosotros mismos a todo aquello que sea conveniente al beneficio de la patria, bien y utilidad de la república". Propuso también el traslado de la villa al sitio de la parroquia de Garzón, "como centro de la jurisdicción". Efectivamente fue congregada esta junta el5 de septiembre en la parroquia de Garzón, y se decidió que el nuevo gobierno mixto se integraría con el cabildo y nueve vocales más, encargado de "sancionar leyes municipales, ordenanzas, constituciones y reformaciones... imponer pechos y derechos que exija la necesidad". El traslado de la cabecera de la villa fue aprobado el 9 de septiembre, quedando con el nombre de Villanueva de Timaná. En la parroquia de Soatá, del corregimiento de Tunja, también se erigió una junta de gobierno el 7 de septiembre bajo la presidencia de Fernando Pabón.

La segunda junta de Quito

El 19 de septiembre se reunieron en el palacio de gobierno de Quito el presidente Conde Ruiz de Castilla, el obispo José Cuero y Caicedo, el comisionado del Consejo de Regencia -Carlos Montúfar-, el provisor general del obispado y otros altos funcionarios de la real audiencia para tratar sobre los medios y arbitrios que podrían sosegar la provincia y afianzar la tranquilidad pública después de los asesinatos cometidos por las tropas de Lima en las personas de la primera junta el 2 de agosto de este año. Se acordó reconocer la autoridad del Consejo de Regencia y crear inmediatamente una Junta Superior de Gobierno, reservándole al presidente de la Audiencia el ejercicio del real vicepatronato y el juzgado de Real Hacienda. El día siguiente se realizó un cabildo abierto en la Universidad con el fin de debatir el tema de la organización de la mencionada Junta, proyecto que fue aprobado por unanimidad. El 22 de septiembre se reunieron en la Sala del Cabildo de la ciudad de Quito los electores, los cuales nombraron los vocales de la nueva Junta Superior de Gobierno: presidente Manuel Urriez, conde Ruiz de Castilla; vicepresidente Juan Pío Montúfar, marqués de Selva Alegre; vocales el obispo José Cuero y Caicedo, Carlos Montúfar y Larrea (comisionado del Consejo de Regencia), Manuel Zambrano (por el cabildo de Quito), el canónigo magistral Francisco Rodríguez Soto (por el cabildo catedral), y los vocales del clero, la nobleza y los barrios de Quito. Se nombraron secretarios de Estado, Guerra y Patronato (Luis Quijano) y de Gracia, Justicia y Hacienda (Salvador Murgueitio). Durante la sesión del 9 de octubre esta Junta Superior Gubernativa declaró que no debía obediencia alguna a la Junta de Santa Fe, sino únicamente al Real Consejo de Regencia. Fue entonces cuando realizó el proyecto que no pudo lograr el presidente Carondelet: declaró que asumía todas las facultades de una capitanía general.

Los nuevos cabildos

Proceso más inesperado en este año fue el de la erección de nuevas villas separadas de sus antiguas cabeceras, con el consiguiente proceso de formación de nuevos cabildos. La Junta Suprema de Santa Fe decretó, el 6 de agosto 1810, la erección de villas en los antiguos pueblos o parroquias de Zipaquirá, Ubaté, Chocontá, Bogotá, La Mesa, Guaduas, Cáqueza, Tenza, Sogamoso, Turmequé y Chiquinquirá. En la jurisdicción de Tunja se erigieron en villas, además algunas de las anteriores, las parroquias de Santa Rosa y Soatá. En el corregimiento del Socorro se erigieron las nuevas villas del Puente Real de Vélez y Varaflorida (Barichara), y en la jurisdicción del corregimiento de Pamplona las villas de San Laureano de Bucaramanga, Matanza y Piedecuesta. En la provincia de Neiva se erigieron las villas de Garzón (Nueva Timaná), Yaguará y Nepomuch (Villavieja). La geografía política del Reino sufrió una considerable alteración, pues bajo el anterior gobierno tenían los vecindarios que hacer gastos inmensos para conseguir el privilegio de erigirse en villas. En palabras de uno de los defensores de este inesperado movimiento, "ya no era necesario hacer un recurso difícil y penoso hasta la Corte de Madrid para saciar la avaricia de sus agentes con el fin de obtener una real cédula que permitiese a los lugares tener dentro de sí los recursos de la justicia. Ya no se necesitaba surcar los mares ni permanecer en expectación diez o veinte años para conseguir de gracia lo que no es sino un derecho natural de los pueblos".

Conclusión

La reconstrucción de esta guía de forasteros para el año de 1810 permitió observar el abigarrado conjunto de instituciones y de funcionarios que cada día formaban estado en los dominios indianos del patrimonio familiar de la casa monárquica de los Borbones españoles. Tal como dijo Maquiavelo, todos los estados son dominios que ejercen imperio sobre los hombres, obligándolos a obedecer. Lo que se vio en este año revolucionario fue el rápido proceso de la transformación de su antigua forma monárquica por la republicana, una consecuencia imprevista de la retención de la persona del soberano en el castillo de Valençay. Cuando los vasallos neogranadinos y quiteños se negaron a aceptar la persona de un nuevo soberano -José Bonaparte o Carlota Joaquina de Borbón- formaron juntas de gobierno que "reasumieron en sí la soberanía" mientras se esperaban las noticias sobre la suerte del soberano "deseado". Este "depósito provisional" de la soberanía en las juntas, por la presión de muchos actores sociales se convirtió en la formación de estados soberanos dotados de cartas constitucionales aprobadas por colegios electorales y constituyentes del orden provincial. Esta revolución de la soberanía abrió el camino hacia la etapa siguiente: la declaración pública de su independencia respecto de la familia monárquica. El 11 de noviembre de 1811 se produjo la primera de éstas en la Junta de Cartagena de Indias, presionada por un tumulto popular. Desde entonces, la revolución buscó al nuevo titular de la soberanía estatal, hasta que pudo encontrarla: la nación. Y ésta fue encontrada al tiempo en Cádiz y en el Nuevo Reino de Granada. La corta experiencia colombiana (1819-1830), sostenida por los ejércitos libertadores y la voluntad del general Bolívar, finalmente dio paso a las dos naciones que reclamaron el poder soberano para sus respectivos estados: el de la Nueva Granada y el del Ecuador.

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[1] Durante el año 1838 se publicó en Bogotá un Almanaque político y mercantil de la Nueva Granada para el año de 1838 (Imprenta de Lleras y compañía, 1838. BNC, Pineda 37, Nº 2) y durante el año anterior un Almanaque nacional o guía de forasteros de la Nueva Granada (Impreso por J. A. Cualla, 1837).