Santander ante “la maldita insurrección de Venezuela”

Vuelvo a pedir a usted, mi general, perdone la exaltación de mis pasiones, cuando escribo sobre esta maldita insurrección de Venezuela, que solo la llamaría bendita si todos los colombianos, militares, empleados y ciudadanos privados hubiesen acertado a purificarse en este crisol, dando honra a su patria y a su propio carácter. No puedo transigir con facciosos tan devorados de ambición como llenos de ignorancia.

“La suerte futura de Colombia ocupa tanto mi espíritu que puedo asegurar a vuestra excelencia que no pasa instante alguno que no piense en ella”. Esta confesión del vicepresidente Francisco de Paula Santander al presidente del Senado y autor de una Fe política de un colombiano (1827), Luis Andrés Baralt, revela el supuesto moral de la molestia que le produjo la acusación admitida por la Cámara de Representantes contra el general Páez. En la posdata de la comunicación que envió al Libertador presidente diez días después le dio la primera noticia del suceso: “Ayer (22 de marzo de 1826) ha admitido el Senado (encabezado por Luis Andrés Baralt) la acusación contra Páez por la Cámara de Representantes, por frioleras cometidas por él en Caracas en el arreglo de la milicia. Me tiene muy molesto esta cosa”.

Origen de la acusación contra el general Páez

Se conoce muy bien el origen de esta acusación: el Ayuntamiento de Caracas. Se pueden recordar los antecedentes: el poder ejecutivo de Colombia había dado el 31 de agosto de 1824 un decreto que ordenaba un alistamiento general de milicias auxiliares regladas en Caracas, congruente con el espíritu que hizo posible posteriormente la redacción y aprobación de la primera Ley orgánica de la Milicia Nacional (1º de abril de 1826). Esta orden fue recibida “con repugnancia” por el ayuntamiento de Caracas, quien convenció al comandante general del departamento de Venezuela para que concediera una espera mientras se regulaba su cumplimiento. Fue formada entonces una comisión nombrada por los electores cívicos, que redactó los 62 artículos del Reglamento provisional para la Guardia Cívica de Caracas, en vez de la milicia auxiliar reglada prescrita: sus oficiales serían escogidos por un cuerpo electoral (3 electores por cada compañía), las penas asignadas, suaves, podían ser reclamadas, y otras invenciones inéditas en la cultura castrense. Como el intendente del departamento de Venezuela lo aprobó, así como las 12 compañías alistadas, sin que hubiera ejemplo de ello en ninguna otra provincia, ni que la ley de intendentes le hubiese asignado esa función, apareció publicado en la tercera entrega del periódico semanal El Constitucional Caraqueño, fundado por Francisco Javier Yanes y Tomás Lander.

En cuanto fue leído este reglamento caraqueño en Bogotá, hubo conmoción en la Secretaría de Guerra y Marina. La respuesta fue contundente, en una comunicación que el general Pedro Briceño Méndez, venezolano y secretario de este ramo, dirigió al general Páez, comandante general del departamento de Venezuela. Se le dijo que este reglamento era “una verdadera usurpación de las atribuciones de la Legislatura, que la constitución le defiere en los parágrafos 15 y 26 del artículo 55, y de las que el poder ejecutivo solo puede ejercer en virtud de las leyes vigentes en la organización de la milicia”. En consecuencia, el poder ejecutivo no aprobaba la creación de esa Guardia Cívica de Caracas bajo ese reglamento, y le encomendó al general Páez la tarea de impedir su formación, desconociendo los oficiales nombrados de esa manera electoral, pues era reserva del poder ejecutivo nacional. Esta orden también fue circulada a los comandantes generales de los departamentos del Orinoco, Zulia, Istmo, Ecuador y Guayaquil.

Con este doble antecedente, descalificación de la Guardia Cívica apoyada por el ayuntamiento y el intendente, y obligación de crear una Milicia Auxiliar reglada, la decisión de hacerlo recayó en el general Páez, comandante general del departamento de Venezuela. Fue así como solo hasta el 6 de enero de 1826, mediante la publicación de dos bandos, fueron citados todos los varones a las 9 de la mañana en el convento de San Francisco de Caracas —a la sazón cuartel de los batallones Apure y Anzoátegui— para dar cumplimiento a la orden del alistamiento general de una milicia reglada. Pero como resultó que el número de los congregados a esa hora fue muy inferior respecto de los citados, el general Páez dispuso que salieran varias patrullas de tropa a las calles para conducir por la fuerza a cuantos hombres encontrasen, sin distinción de edad ni empleo. La orden fue cumplida, entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, con lo cual “todo el mundo fue a parar a San Francisco, sin valerle excepción”. Las quejas de muchos padres de familia al intendente obtuvieron que este convenciera al general Páez de suspender su orden, prometiendo que al día siguiente daría un bando general convocando a todos los hombres a San Francisco, a las 9 de la mañana del día 9 de enero. Fue así como a las 4 de la tarde fueron liberados todos los hombres reunidos en el convento y se restableció la calma en la ciudad. Efectivamente, el día previsto concurrieron todos los hombres aptos, según las listas que preparó el ayuntamiento, y pudo así cumplirse la conscripción de la milicia reglada.

Pese a ello, la municipalidad de Caracas acordó dirigir un informe del suceso a la Cámara de Representantes de Colombia, insistiendo en su idea de que la milicia reglada era “un recuerdo de la dominación monárquica, y de todas las injusticias que se cometían, bien para eximirse de ella, bien para hacerla un instrumento de sordideces y venganzas”. En consecuencia, pidieron que en el debate de la ley orgánica de la milicia nacional se incorporase una milicia cívica “para llenar el deber sagrado que todos reconocen de servir y defender a la patria”. Lo ocurrido “en los aciagos días seis y nueve (de enero de 1826)” podría conjurarse en el futuro gracias a “la sabia previsión de los legisladores”, si estos optaban por la milicia cívica, la única que podría mostrar al pueblo de Caracas corriendo espontánea y alegremente “a colocarse en las filas de las falanges patrióticas”. Por su parte, el intendente informó directamente al vicepresidente de Colombia sobre lo acaecido, quien resolvió pedirle al general Páez un informe documentado sobre los cargos que se le hacían, “para dictar la providencia que prefijaran las leyes”.

Cuando el memorial de la municipalidad de Caracas llegó a la Cámara de Representantes ya se habían posesionado los representantes del departamento de Venezuela: Cayetano Arvelo, Juan José Osío, Pedro Herrera, Vicente del Castillo, José Miguel de Unda, Santos Michelena, Mariano Echeverría, el presbítero José Antonio Pérez y José Ignacio Maitín. Esta cámara legislativa se ocupó del informe y resolvió, por una mayoría de 41 votos contra 16, acusar formalmente al general Páez ante el Senado por “las medidas que tomó el día 6 de enero de este año [1826] para verificar el alistamiento de milicias en la ciudad de Caracas”. Los diputados de Caracas y los de Cartagena, encabezados por Santos Michelena, José Ignacio Maitín, Francisco Trespalacios y Juan de Francisco Martín fueron quienes promovieron la acusación. Santander informó al general Páez que fueron los representantes venezolanos los que “armaron un escándalo terrible en la cámara”.

El Senado debatió la acusación y, considerando que el artículo 9º de la Constitución le concedía facultades suficientes para juzgar “el mal desempeño de las funciones de un empleado público”, resolvió —el 30 de marzo de 1826— acoger la acusación y declararlo suspendido de su empleo, llamándolo a comparecer ante una comisión especial del Senado que sería nombrada para instruirle el proceso y para que respondiese “sobre los cargos que le resultan”. El venezolano Luis A. Baralt, presidente del Senado, firmó en Bogotá esta resolución, pues la acusación fue votada favorablemente por 15 senadores contra 6. El vicepresidente del poder ejecutivo, “no teniendo derecho alguno a objetar, suspender o reclamar” esta resolución del poder legislativo, ordenó su cumplimiento y proveyó un sustituto interino en la comandancia de Venezuela.

La reacción del vicepresidente Santander

Hasta este momento, todos los actores de la acusación del general Páez ante las dos cámaras legislativas de Colombia eran venezolanos: el ayuntamiento de Caracas, el intendente, los representantes venezolanos en la Cámara y el doctor Baralt en el Senado. Si está claro que el vicepresidente Francisco de Paula Santander no tuvo nada que ver con esta cosa que le puso “muy molesto”, ¿cómo es que los venezolanos terminaron culpándolo de la “maldita revolución” acaecida?

Conociendo el carácter y el poder del general Páez desde 1818, Santander temió su reacción ante su suspensión del cargo de comandante general y su obligación de acudir a Bogotá para ser juzgado por una comisión del Senado. Por ello, el mismo día en que produjo la decisión del Senado le escribió una larga carta para anunciarle “el disgusto” que tenía por ello y para ofrecerle sus servicios personales para “coadyuvar a dejar bien puesto su honor y reputación, salvos los derechos del pueblo”, y “cuantos medios legales estén a mi alcance para que usted logre la más solemne y completa vindicación”. Le pidió no acongojarse por el suceso y tener confianza en que “la verdad al fin triunfará”. Obsequioso, le citó ejemplos de la antigüedad clásica a imitar: “otros inocentes han sido en las repúblicas antiguas víctimas ilustres de un partido o de sus enemigos. Milcíades fue sepultado en prisiones. Temístocles vencedor en Salamina tuvo que refugiarse donde el enemigo de su patria. Foción muere, Camilo sufre diversas expatriaciones: Scipión es acusado ante el senado… Innumerables son los ejemplos de la historia. Venga usted oportunamente y venga con la confianza de que en Bogotá tiene amigos entre quienes no soy el último, y de que el tribunal ante quien ha de presentarse es íntegro e ilustrado.

En ese momento nadie quiso acudir a la Ley de fuero militar (11 de agosto de 1824) que garantizaba a todos los oficiales, “hasta la clase de general”, un juicio de primera instancia por un consejo de guerra integrado por “el comandante general del ejército, que será su presidente, y de seis generales más” (artículo 2º). Pero también el general Páez podía haber sido juzgado por la Alta Corte de Justicia, actuando en calidad de corte marcial (artículo 17), como había ocurrido en 1825 con el coronel Leonardo Infante. La admisión de la acusación de un general por los cuerpos legislativos tenía un antecedente problemático en el caso del doctor Miguel Peña, suspendido por el Senado de su empleo de juez de la Alta Corte, quien seguramente aconsejó al general Páez no exponerse a un juicio de los “demagogos liberales”, como el senador Francisco Soto, quien le habían amargado su vida en la Legislatura de 1825. Como lección de esta crisis, la Legislatura de 1827 aprobó la ley (8 de agosto) que asignaba a las cortes superiores, en calidad de marciales, la facultad para suspender a los comandantes generales de los departamentos en los casos de delitos comunes, comisionando al jefe militar que lo reemplazara para que formase la causa judicial. Como ya era tarde para acudir al fuero militar, el vicepresidente “no tenía derecho alguno a objetar, suspender o reclamar” la resolución del Senado, con cual ordenó su cumplimiento y proveyó un sustituto interino en la comandancia de Venezuela, el general de brigada Juan de Escalona.

El 28 de abril siguiente y desde Valencia, el general Páez comunicó al secretario de Guerra que había recibido su oficio del 30 de marzo anterior en el que se le ordenaba entregar la comandancia al general Escalona. Agregó que “en su cumplimiento he comunicado la orden para que se le reconozca en todos los cuerpos, y le entregaré la autoridad, secretaría y demás corres­pondiente al destino luego que se presente a recibirlo”. El día anterior, en la reunión extraordinaria de la municipalidad de Valencia, se había considerado “el estado de tristeza y consternación en que se hallaba la ciudad y tropas de la guarnición por el sensible acontecimiento de que la honorable cámara del senado, habiendo admitido la acusación contra el benemérito general en jefe José Antonio Páez, le hubiese suspendido de la comandancia general”. Todos los valencianos “estaban persuadidos de que la seguridad del departamento depende de la presencia de S. E., que vale solo por un ejército para la seguridad interior y exterior”. Como temían que la separación del mando ordenada por el Senado traería “el desaliento en las tropas y podrían sobrevenir algunos males y desórdenes”, se consideró “si estaban dentro de la facultad de la municipalidad algunas medidas para que se suspendiese la orden de suspensión de S. E. el general Páez”. Consultados los mejores abogados de la ciudad —Miguel Peña, José Antonio Bohórquez y Jerónimo Windivoel—, expusieron su opinión “de que no hay ninguna medida legal que pudiera suspender la ejecución de la orden”, y que ni siquiera “el poder ejecutivo de la República podía hacerlo sin infringir abiertamente la constitución”. Escuchada esta opinión, el ayuntamiento acordó que se manifestase al general Páez “el profundo sentimiento que tiene toda la población de que la acusación contra S. E. haya sido admitida”. Agregaron que estaban seguros de que este general justificaría su inocencia ante el Senado y en ese cuerpo hallaría “la más completa indemnización”. Finalizaron el acta de esta reunión agregando “que solo la necesidad de obedecer las leyes y a las instituciones establecidas les harían pasar por el dolor amargo que experimentan al ver a S. E. dejar el mando de la comandancia general y salir de este departamento, al que esperan volverá para su consuelo”.

El 30 de abril volvió a reunirse este ayuntamiento en cabildo extraordinario para examinar “la inquietud y movimiento en que se halla el pueblo con motivo de la suspensión de S. E. el general en jefe de la comandancia general”, quien ya había sido sustituido por el general Juan Escalona. Desde el momento en que se conoció el decreto de suspensión emitido por el Senado, “todo el vecindario, hombres y mujeres, paisanos y soldados, han manifestado un disgusto en extremo y un deseo de conseguir por cualquier medio la reposición de S. E. al mando”. Dos veces fue un grupo de vecinos a pedirle al ayuntamiento que suplicase al gobierno la suspensión del decreto, y en la noche del 26 de mayo se presentaron varias partidas armadas que dieron muerte a dos vecinos, saqueando además el estanco de aguardiente de Mucuruparo. Acordaron entonces llamar al gobernador para tomar las medidas necesarias para mantener la tranquilidad y el orden “en las circunstancias peligrosas en que se encuentra la seguridad pública”. Presentado el gobernador en el ayuntamiento, se le informó “que todo el pueblo estaba amotinado y aclamando a S. E. el general en jefe José Antonio Páez, pidiendo su reposición al mando y el ejercicio de sus funciones”, como “único remedio para evitar los desastres de este departamento y la ruina cierta y segura en que irá a envolverse”. El gobernador replicó que no estaba dentro de sus facultades suspender el decreto del Senado y reponer al general Páez en su puesto. Fue entonces cuando una multitud de “más de dos mil almas” pasó a aclamar al general Páez como jefe del departamento y envió una partida de hombres a traerlo a la reunión. Llegado este al sitio, fue sentado en una de las sillas, y luego varios ciudadanos le instaron a asumir el mando del departamento. “Encontrando inevitable el suceso y conviniendo con la voluntad general del pueblo”, el ayuntamiento se determinó a pedir al general Páez que “reasumiese el mando, conforme con las dichas exclamaciones”. En medio de “una suma perplejidad”, el general Páez aceptó el mando militar al no poder “resistir el deseo general”. Llamado el estado mayor y las tropas, éstas reconocieron la jefatura del general Páez “con golpe de artillería”. Consultado el gobernador, accedió a continuar en su oficio. Para cerrar la reunión, el ayuntamiento acordó dirigir un informe de lo ocurrido a todas las municipalidades y autoridades de “la provincia y departamentos del territorio que formaba la antigua Venezuela”. Se había consumado la Cosiata.

El 14 de mayo siguiente el general Páez juró ante el ayuntamiento de Valencia “guardar y hacer guardar las leyes establecidas, con condición de no obedecer las nuevas órdenes de Bogotá, según la voluntad de este pueblo y el de Caracas, por el órgano de sus comisionados, José Núñez Cáceres y Pedro Pablo Díaz”. Luego juraron ante él lo mismo el gobernador político, los miembros del ayuntamiento y el cura vicario. Ya en su cuartel general de Caracas, el 19 de mayo, el general Páez hizo publicar su Proclama a los habitantes de Venezuela: por “el voto libre de los pueblos”, que le había encargado el mando en jefe de las armas y la administración civil, asumió el poder contra los enemigos exteriores y “las maquinaciones del egoísmo”, pues “los pueblos estaban afligidos por la mala administración”. El remedio de esta situación, proveniente de “la suprema ley de la propia conservación”, sería una nueva convención que reformara la constitución, donde el Libertador presidente actuaría como “árbitro y mediador”, pues él no era “sordo a los clamores de sus compatriotas”.

En la carta que el general Páez remitió al Libertador presidente el 24 de mayo de 1826 se introdujo la acusación contra “el carácter insidioso del general Santander”, haciéndolo responsable de haber “envenenado la fuente de la administración en su mismo origen”, de tal modo que el cuerpo legislativo habría “seguido ciegamente sus caprichos”. En opinión del general Páez, la acusación presentada en la Cámara de Representantes ya no provenía del ayuntamiento de Caracas, sino que, “en mi concepto, fue sugerida y atizada por el general Santander”. Mencionó que el vecindario de Valencia “detesta” al “gobierno de Bogotá”, y urgió al Libertador a regresar para “serenar la tempestad que amenaza sobre nuestras cabezas”, pues sin él no habría paz y “la guerra civil es inevitable”. Incluso advirtió que, si esta comenzara, “el genio de este país dice a mi corazón que no terminará hasta que no quede reducido todo a pavesas”. Contra esa acusación gratuita contra el general Santander conviene recordar la precisión de la carta remitida por el general Rafael Urdaneta al general Páez desde Maracaibo, el 27 de junio de 1826: “Supe con mucha antelación la acusación del Cabildo de Caracas contra U. ante la Cámara de Representantes; esto fue el móvil de todo; yo no fui de opinión de que se admitiese tal acusación, y aún de Bogotá varios amigos míos y suyos, me aseguraron que era infundada; sin embargo, la Cámara dio este paso y el Senado no hizo más de lo que estaba en la esfera de sus atribuciones; su procedimiento estaba marcado en nuestra carta; por lo tanto el primer eslabón de esa gran cadena de males fue buscado en Caracas por aquellos mismos que ahora aparentan amistad y subordinación a U. No podemos prescindir de los hechos”.

Santander leyó la acusación que le hizo Páez “con la mayor indignación” e informó al Libertador presidente que había sido un resultado “de la venganza y el resentimiento”. En su opinión, ni Páez ni Carabaño podrían ocupar en algún momento los primeros puestos de Colombia, y habían apelado a otro sistema “para ver si un día pueden reemplazarnos”. Páez se había dejado guiar por cuatro facciosos y, aunque tenía buen corazón y sanas intenciones, era “muy propenso al halago y lisonja”, con lo cual sus consejeros habían sabido tocarle esta fibra” y le habían hecho cometer “absurdos y extravíos inconstitucionales”. Él no había sido de la opinión de que se acusara al general Páez, “porque no creía bien documentado el expediente, y porque tampoco era oportuno”. Le dijo al Libertador que guardaría la carta de Páez como un tesoro, por cuanto sus enemigos de Caracas “empiezan a hacerme a mí autor de tan inicuo proyecto”.

En una nueva carta que Santander le dirigió al general Páez le aseguró que la acusación llevada a la Cámara de Representantes por los venezolanos era “ligera”, y por eso propuso esperar mientras llegaban las pruebas. Pero Luis A. Baralt y el coronel Piñango estaban “muy pronunciados” contra Páez, y aunque cuatro senadores se esforzaron por diferir el negocio, la acusación se admitió. Los senadores que admitieron la acusación no eran hombres malévolos que deseaban su perdición, sino que habían procedido en parte instigados por “las vivas declaraciones de casi todos los diputados de Caracas, y un hombre de bien es fácil de ser engañado y prevenido”. Le propuso entonces la siguiente estrategia: “traer muchos documentos para desmentir las imputaciones de la acusación, preparar una victoriosa defensa y, después de obtenida la absolución, hacer un enérgico pero moderado manifiesto de su conducta bajo el régimen constitucional, el origen de esta persecución, la sumisión a las leyes que había defendido con su espada y todo lo demás”. Estos pasos lo honrarían más que sus glorias, que había sabido ganarse combatiendo contra los enemigos”. Un acto de desobediencia al Senado le perdería para siempre, pues sería “un borrón que mancharía eternamente su reputación”.

En su carta del 9 de junio de 1826 al general Bolívar ya el tono de Santander era dramático ante la evidencia de la consumación de la maldita revolución: “Las precipitaciones del Congreso nos han dado un golpe mortal. La acusación contra Páez, a la cual me opuse con todas mis fuerzas, ha producido una conmoción en Venezuela, conmoción que quisiera borrar con mi sangre para salvar el crédito de la república”. En su opinión, el doctor Peña y “los antiguos facciosos de Caracas fueron los motores del movimiento, y los generales Páez y Nariño solo hicieron el papel de instrumentos”. Tres días después, Santander escribió otra carta al general Páez “con la verdad, franqueza y amistad con que lo he hecho siempre”. Por supuesto, desaprobaba su continuidad en la comandancia militar del departamento de Venezuela porque la reunión tumultuaria del pueblo, el procedimiento de la municipalidad y su contemporización, que lo hicieron posible, eran inconstitucionales. ¿Cómo era posible que hubiera representado el papel de espectador ante “tantos actos indebidos e ilegales? ¿Cómo pudo prestarse a las maquinaciones de los enemigos del orden? Había rechazado la prueba más fuerte y delicada de su vida: “someterse ciegamente al juicio de un tribunal creado por la nación, y hacer brillar ante él su inocencia y su conducta”. El curso de los acontecimientos pudo haber sido diferente: si le hubiera enviado un oficial por la posta para hacerle saber los males que iban a producirse por la decisión del Senado e indicándole las providencias que convenía dictar, se habría podido aplicar el plan que tenía preparado: el general Bermúdez o el general Mariño podrían haberlo reemplazado en la comandancia departamental si le hubiera representado que podría acudir ante el Senado, permaneciendo en Caracas hasta noviembre, por si los enemigos hacían algún amago de invasión, y le habría dado el mando del ejército de operaciones, satisfaciendo al Senado, que solo lo había suspendido del mando departamental. Él le había asegurado a todo el mundo que vendría obediente al juicio en Bogotá, porque tenía confianza en su carácter y principios, pero el golpe del 30 de abril lo había avergonzado y no había podido responder a quienes lo habían reconvenido.

En esas fatales circunstancias, había llegado el momento de hablar claro: “los amigos de la federación y los enemigos del gobierno y de Santander se habían valido de la ocasión “para poner en planta sus miras” y se habían servido del general Páez como instrumento. Ningún interés había tenido la Nueva Granada en hacerse la república central de Colombia. Fueron hombres ilustres de Caracas, desde 1812, quien propusieron unir a Venezuela y la Nueva Granada en una sola república, y esa “hermosa idea” se propagó cuando la experiencia mostró a esos dos países que solos no podían defenderse, pues Venezuela necesitó de los auxilios de la Nueva Granada y después esta de aquella. Las desgracias de la restauración monárquica unieron los ánimos, hasta que, en el Congreso de Guayana, con solos dos diputados granadinos, decretó la Ley fundamental de Colombia, obra que había que atribuir al general Bolívar. Aunque era claro para los granadinos que esa ley era ilegítima, decidieron obedecerla con gusto porque comprendieron la fuerza que le daría a la nación y a la capacidad para conseguir la independencia y la libertad. Cundinamarca solo se prestó al proyecto por las poderosas razones que se expusieron, por la veneración que merecían las palabras del Libertador y por los artilugios legales que se hicieron en ese departamento para adoptarla. Felizmente, la Ley fundamental fue legitimada en la Villa del Rosario, y los granadinos que defendieron la organización federal cedieron ante el proyecto de organización central que defendieron los diputados venezolanos. Este relato aclaraba que la institución de la República de Colombia había sido una iniciativa de venezolanos, interesados en contar con mayores recursos para la guerra, y el cálculo les salió bien, porque la Nueva Granada llevó las cargas más pesadas en las campañas de Carabobo y del Zulia. Fueron miles de hombres de las provincias de Bogotá, Tunja, Socorro, Antioquia, Mariquita y Neiva los que murieron en la campaña del Apure y en Carabobo, y muchos los cargamentos de dinero y vestuarios que suministraron esas provincias para la campaña de Venezuela. Por ello no se entendía cómo fue que los valencianos hubieran procedido “a deshacer lo que se hizo después de muchas meditaciones y desgracias”. La reputación internacional de Colombia se perdería, el crédito público se destruiría, se despertaría la ambición de los revoltosos y se animaría la obstinación de España. Le ofreció en ese momento la única salida política viable que podría salvar la existencia de la república: que el general Mariño se encargara de la comandancia general, mientras Páez emitía una proclama diciendo que obedecía al gobierno y que estaba listo para vindicar su conducta ante el Senado.

Las respuestas del general Páez al general Santander solo le produjeron desánimo. Por ello, el 20 de septiembre de 1826 le confió al general Bolívar que su deseo ya era radical: “O lo que somos, o nada”. Si ya no existía una fuerza moral ni física para frenar a los perturbadores y sostener el sistema constitucional, entonces “debe disolverse la unión colombiana y “formarse estados independientes en Venezuela, Nueva Granada y el Sur. Un régimen federal no haría posible la unión, porque todos los años habría una conmoción en Quito o en Venezuela. La situación era desalentadora: “Los de Caracas querrán que sus hijos sean siempre altos gobernantes, y esto no es justo solo porque ellos lo quieran; los pardos querrán otra cosa y Páez querrá también su parte. Los del sur son inconstantes, quejumbrosos y fanáticos. Cundinamarca, Boyacá, Magdalena y Cauca forman una población de cerca de millón y medio, son pueblos patriotas, pacíficos, obedientes, industriosos y tienen pocas castas; los extranjeros se amañan por acá y nos aumentarán la población y la riqueza nacional”. Este desencanto con la unión colombiana también la expuso Santander ante el general Mariano Montilla: “si el régimen actual no se sostiene y se toca a reformas prematuras, soy de opinión que Venezuela recobre su independencia absoluta, Nueva Granada lo mismo, y hagamos tratados como los hacemos con Perú y Méjico. Esta es la opinión más pronunciada en el Cauca, Boyacá y Cundinamarca, que tienen una población de un millón de habitantes”.

En la carta siguiente al Libertador, al volver sobre las presiones que se hacían para reunir una gran convención que reformara la constitución, le anunció que ya “no hay Unión colombiana, y que se trabajará por restablecer la República de la Nueva Granada de 1815”. Todos los granadinos de influencia ya pensaban en este proyecto, y él mismo ya era de la opinión “de que más vale solos que mal acompañados”. Todo el interés que había empeñado por la unión y la centralización de Colombia se había disipado ante “el modo infame como los perturbadores de Venezuela y los versátiles promovedores de las actas de Guayaquil y Quito” habían atacado las leyes fundamentales. Había sido calumniado atrozmente antes de las elecciones para presidente y vicepresidente, después por los rebeldes de Venezuela y finalmente, de un modo tácito, por los autores de las actas de Guayaquil y Quito. Ya estaba acostumbrado a oír calumnias.

Todas las esperanzas de Santander fueron entonces puestas en el regreso del Libertador a Bogotá, pues había sido reelegido presidente de Colombia. Pero un nuevo desengaño lo esperaba, dado que este llegó con un proyecto de Confederación de los Andes, al cual debían adherir Bolivia, Perú y Colombia, basado en la adopción colectiva de la carta constitucional de Bolivia, es decir, en una presidencia y un senado vitalicios, un elemento inaceptable para los liberales granadinos y venezolanos. Y por allí se abriría el camino hacia las desavenencias definitivas entre los dos grandes hombres, que tan malos resultados les trajo a ambos, y la disolución definitiva de la primera República de Colombia.