Proyectos para la Formación del Segundo Congreso General del Reino

Fuentes:

Documentos importantes sobre las negociaciones que tiene pendientes el Estado de Cundinamarca para que se divida el Reyno en Departamentos. Bogotá: Imprenta Real, por don Bruno Espinosa de los Monteros, 1811. BNC, Pineda 244, no. 299. VFDU1-367, no. 3.

El 6 de febrero de 1811 se instaló el Colegio Electoral y Constitucional del Estado de Cundinamarca, una clara señal del fracaso del primer Congreso General del Reino que se había estado reuniendo desde el 22 de diciembre del año anterior. Sin embargo, la Carta constitucional del Estado de Cundinamarca (30 de abril de 1811) acogió (artículo 19 del titulo I) el propósito de unir todas las provincias que habían conformado el Virreinato, "comprendidas entre el mar del Sur y el Océano Atlántico, el río Amazonas y el Istmo de Panamá". Quedaba entonces aclarado que la actitud de Cundinamarca sería la de participar en un "Congreso Nacional" compuesto por todos los representantes que enviaran las provincias, "adoptando para su justa proporción la base, o de territorio o de populación", siempre y cuando no resultase alguna provincia oprimida para favorecer a otras. A favor de este Congreso Nacional se podía ceder una parte de las soberanías de las provincias, "según el plan general que se adopte" y los convenios que éstas acordaran, pero advirtiendo que cada provincia se reservaría "la soberanía en toda su plenitud para las cosas y casos propios" de ella en particular, así como "el derecho de negociar o tratar con las otras provincias o con otros estados".

El problema original para la transición del Estado Indiano al Estado Republicano en el Nuevo Reino de Granada fue entonces la reasunción de soberanía por las provincias en la circunstancia producida por los sucesos de Bayona. Dado que cada una proclamó su soberanía, obtener consenso entre ellas para la cesión de una parte, o de toda ella, a favor de un cuerpo nacional (Estado o Congreso) era difícil. El primer Congreso General de las provincias, por ejemplo, produjo un motín de la plebe de los barrios de Santafé en cuanto se rumoró que el diputado provincial estaba a punto de ceder la soberanía a favor de ese cuerpo, obligando a la Junta Suprema de esa ciudad a realizar unos ejercicios militares en los alrededores del Congreso.

Los sucesos políticos de 1812 - llamamiento de Antioquia a formar una Liga para la defensa del Reino, la ratificación del acta federal por el Colegio Revisor, el pacto suscrito por Antioquia, Cundinamarca y Cartagena para combatir a Santa Marta, la defección de las tropas provinciales de Cundinamarca en Tunja, la rebelión de Pasto contra Popayán y las negociaciones entre Cundinamarca, Tunja y el comandante Baraya - llevaron a la firma del Tratado preparatorio del Segundo Congreso General del Reino para su "defensa común y seguridad"[1].

Organizado por una parte el Estado de Cundinamarca y por la otra el Congreso de las Provincias Unidas, solamente hasta el 18 de mayo de 1812 los diputados de estas dos corporaciones firmaron unos tratados dirigidos a la realización de un segundo congreso general del Reino, el cual se encargaría inmediatamente de obrar en la defensa común y seguridad del Reino, así como de convocar a una gran convención del Reino, según una base demográfica determinada. El Congreso reconocería las anexiones territoriales de Cundinamarca (las provincias de Mariquita, Neiva y Socorro, así como los pueblos de Muzo, Sogamoso, Chiquinquirá y la villa de Leiva), y se dejaría en suspenso el asunto de las casas de moneda de Santafé y Popayán.

Los diputados de las provincias, que hasta entonces habían permanecido en Ibagué, decidieron trasladarse a la Villa de Leiva para organizar el segundo intento de realización del congreso general del Reino. Allí firmaron, el 25 de septiembre de 1812, el acta de instalación de la junta preparatoria del Congreso los diputados del Estado de Cundinamarca (Manuel Bernardo Álvarez y Luis Eduardo Azuola) y los de las provincias de Antioquia (Joaquín de Hoyos y José María Dávila), Casanare (Juan José de León), Pamplona (Camilo Torres y Frutos Joaquín Gutiérrez), Popayán (presbítero Andrés Ordoñez y Cifuentes) y Tunja (Joaquín Camacho y José María del Castillo). Echaron de menos a los diputados de las provincias de Quito y Cartagena, obstáculo para la instalación del Congreso General del Reino, pero se acordó hacerlo el día 4 de octubre siguiente, cuando se esperaba la llegada del diputado de Cartagena, Juan Marimón y Enríquez. Efectivamente, este día se declaró instalado el Congreso General de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, con la secretaría de Crisanto Valenzuela, depositario de los papeles de la diputación general desde la firma del acta de federación (27 de noviembre de 1811). El juramento que cada uno de los diputados prestó ese día dio cuenta del espíritu "federativo" de este Congreso. Por votación, el doctor Camilo Torres fue elegido presidente del Congreso; Juan Marimón, vicepresidente, y Crisanto Valenzuela, secretario.

El espíritu de unión que animaba a todos los diputados que juraron obedecer el acta de federación permitía augurar éxito al proyecto de integración de la nueva nación que construiría el nuevo Estado republicano que encabezaría este Congreso Federal. Pero el primer obstáculo se fijó cuatro días después, cuando fue aprobado el decreto que intimaba al gobierno de Cundinamarca a adoptar de inmediato la forma "popular, representativa y dividida en poderes" que exigía el artículo 7 del acta de federación. El 12 de octubre siguiente se realizó en Santafé un cabildo abierto, "con asistencia de todos los tribunales y empleados, y los padres de familia del alto y bajo pueblo", en el que por unanimidad se votó que el presidente Antonio Nariño continuase "con el mando absoluto del Estado". Al no adherir al sistema republicano y representativo, con división tripartita del poder público, se acordó que Cundinamarca "no debe federar ahora con las demás provincias"[2]. Este Estado tampoco aportaría sus hombres y armas para la defensa militar de la provincia de Pamplona, asediada por tropas de Correa, ni la imprenta que había donado Francisco José de Caldas. En consecuencia, se ordenó a sus diputados abandonar el Congreso instalado en la Villa de Leiva y la insubsistencia del tratado del 18 de mayo anterior.

La posición de los santafereños hizo que el Congreso decretara, el 24 de noviembre de 1812:

- la declaratoria de Antonio Nariño como "usurpador y tirano... refractario y enemigo de la unión y la libertad de la Nueva Granada".

- La expulsión y retención de los diputados de Cundinamarca.

- El desconocimiento de las agregaciones de provincias y pueblos efectuadas por Cundinamarca.

- La supresión del "intruso gobierno y la facción que afligen a la provincias de Cundinamarca", empleando la fuerza armada para "dejarla en libertad".

- La suspensión de los correos con "los pueblos dependientes del intruso gobierno"

El fracaso del Congreso General del Reino era inminente: la "voluntad popular" santafereña y la expulsión de los dos diputados del Estado de Cundinamarca abrió un abismo entre éste y las provincias dispuestas a confederarse. La formación de una única autoridad pública nacional estaba paralizada, con riesgo de abrir paso a las acciones armadas entre las dos entidades políticas que pretendía reemplazar al virrey y la Real Audiencia. Un suceso militar, la derrota propinada a las tropas de Cundinamarca por las del Estado de Tunja, comandadas por los dos generales santafereños que cambiaron de bando, Antonio Baraya y Joaquín de Ricaurte, abrió paso a los Tratados de Santa Rosa de Viterbo (30 de julio de 1812), cuyos aspectos fundamentales fueron[3]:

Cundinamarca suscribiría "a la más pronta formación del congreso", conforme al acta de federación y al Tratado del 18 de mayo anterior, pero reconociendo el derecho del Estado de Tunja a los pueblos que se le habían separado. Solamente los vecinos de Villa de Leiva tendrían derecho a expresar su opinión sobre su adhesión a cualquiera de los dos estados.

Las tropas de Cundinamarca y Tunja serían puestas a disposición del Congreso, bajo el comando del general Baraya.

Los diputados de las provincias se trasladaron entonces a la ciudad de Tunja, donde se estableció desde entonces la sede del Congreso, actuando como presidente Camilo Torres. Pronto el Ejército del Congreso, comandado por Antonio Baraya, se puso en marcha contra el de Cundinamarca. En su Aviso a los defensores de la patria, Baraya proclamó que al "tirano de Cundinamarca" (Antonio Nariño) no le gustaba el Congreso

porque no quiere tener un superior que lo haga entrar en sus deberes, porque no quiere que exista quien le castigue sus crímenes, porque él solo quiere mandar y dominar a todo el Reino contra la voluntad de todos los pueblos[4].

El Ejército del Congreso fue presentado entonces como "el salvador del Socorro, Pamplona y Tunja", el vencedor de Paloblanco (contra las tropas de Nariño, en 1811), el retador del "tirano de Santafé". Mientras el Congreso trasladaba su sede a Tunja, Nariño marchaba hacia él al frente 1.500 soldados. Los combates entre los Ejércitos de Cundinamarca y del Congreso se iniciaron el 2 de diciembre en el alto de la Virgen, cerca a la aldea de Ventaquemada. Derrotadas las tropas de Cundinamarca, Nariño regresó a Santafé a mantener el orden público y fortificarla.

El Congreso de las Provincias Unidas comenzó el año 1813 en campaña militar contra el Estado de Cundinamarca. El 9 de enero sus tropas fueron derrotadas a la entrada de Santafé, obligándolo a entrar en negociaciones con los representantes de Cundinamarca (Jorge Tadeo Lozano y Antonio María Palacio), realizadas en la villa de Zipaquirá, a donde fueron enviados sus representantes, José Fernández Madrid y José María del Castillo, en la esperanza de salvar "el Reino". Los Tratados de Zipaquirá/Santafé (30 de marzo de 1813) establecieron que[5]:

Los ministros plenipotenciarios del gobierno de Cundinamarca (Jorge Tadeo Lozano y Antonio Palacio) declararon que éste no tenía facultades para entrar a la federación, pero prometía al Congreso "una amistad sincera", para lo cual evitaría ofenderlo o fomentar la división. Los ministros plenipotenciarios del Congreso (José Fernández Madrid y José María del Castillo), que sólo podían tratar de cosas de la federación, prometieron lo mismo.

El gobierno de Cundinamarca ofreció reforzar con tropas y armas la expedición militar que el Congreso envió, bajo el comando de Bolívar, contra los enemigos comunes, y enviar una expedición a Popayán.

Esta declaración de amistad, paz y concierto contra los enemigos comunes dejó claro que las dos entidades políticas distintas seguirían existiendo de modo independiente: de un lado, el "Supremo Gobierno del Estado de Cundinamarca", y del otro, el "Soberano Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada". Dos soberanías provinciales distintas en el antiguo territorio jurisdiccional del Nuevo Reino de Granada. El presidente de Cundinamarca, Antonio Nariño, hizo saber a su contraparte el valor de esta observación, "que a primera vista parece nimia, (pero que) no lo es en sus consecuencias": antes de ratificar los tratados del 30 de marzo, exigió la declaración formal "de que por la palabra Gobierno de Santafé se entiende lo mismo que por Gobierno de Cundinamarca"[6]. El Congreso lo complació de inmediato, reconociendo la existencia del Gobierno de Cundinamarca "y no el limitado de Santafé", es decir, la soberanía de Cundinamarca sobre las provincias de Mariquita y Los Llanos.

El fracaso del segundo congreso general del Reino consolidó entonces dos gobiernos soberanos, y en adelante la palabra congreso sirvió para designar la autoridad soberana de la entidad política que federó las provincias de Tunja, Antioquia, Popayán, Cartagena, Pamplona, Neiva y Casanare. El acta de federación del 27 de noviembre de 1811 fue la carta fundadora de este poder soberano.

El camino de construcción de la nación neogranadina a partir de la cesión de soberanías provinciales en favor de un Congreso de la Unión reprimió la propuesta original de los cabildos que intentaron alcanzar soberanía provincial en contra de las jurisdicciones de los corregimientos o gobernaciones que los sujetaban antes de la independencia. Ya se ha examinado la lucha que dieron los cabildos de Vélez, San Gil, Sogamoso o Mompóx para sentar sus diputados propios en el "congreso de canapé" de finales de 1810, así como las pretensiones del Cabildo de Cali al nombrar a Camilo Torres como su representante en la Junta Suprema de Santafé. Pero el caso de los lejanos cabildos de las ciudades de San Martín y San Juan de Los Llanos puede ilustrar mejor el deseo de los vecindarios locales por participar activamente en el Congreso federal y, en consecuencia, en la construcción de la nación. Inicialmente, los cabildos de dichas ciudades eligieron, por solicitud de la Junta Suprema de Santafé, como su diputado propio a don Ramón Gómez, cura de la primera ciudad. Pero, como ya sabemos, la Junta mudó de parecer, advirtiendo que sólo las provincias superiores tenían derecho a conformar el Congreso del Reino. Fue entonces cuando se le dijo al cura Gómez que los territorios de San Martín y San Juan de los Llanos eran parte de la provincia de Santafé, cuyo gobierno tenía su legítima representación ante la federación. En consecuencia, pidieron a sus vecindarios sufragar ante el Colegio Electoral y Constituyente de Cundinamarca.

La argumentación de los cundinamarqueses, que trataban de convencer al cura Gómez para que actuara como apoderado en la tarea de poner las dos ciudades que representaba bajo la obediencia del Supremo gobierno de Cundinamarca, consideraba que al comienzo de la revolución se había pensado en entregar la soberanía nacional a una Junta Suprema del Reino, integrada por los diputados de todos los cabildos locales. Por ello se había solicitado a estos dos cabildos de San Martín y San Juan de los Llanos el envío del suyo. Pero que luego se había cambiado de ideas, adoptándose el proyecto de constituir la nación mediante una federación de grandes provincias legales y soberanas y, en consecuencia, debían extinguir las pretendidas provincias que habían intentado formarse alrededor de cada cabildo. Por tanto, el presidente Lozano ordenó al cura Gómez que jurase obediencia a la constitución de Cundinamarca, regresándose a su "pueblo" de San Martín, donde debía proceder a esfumar las expectativas de su vecindario respecto a una supuesta invitación a formar en torno a sí una nueva provincia autónoma. Este ejemplo indica que los dirigentes de las grandes provincias "supremas", y de las provincias-corregimiento, actuaron rápidamente para cerrarle el camino a los cabildos locales que intentaron erigirse en cabeceras de provincias autónomas, en la idea de constituir una federación de cabildos como camino hacia la nación.

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[1]Tratados firmados entre Antonio Nariño, presidente del Estado de Cundinamarca, y la comisión de diputados (Frutos Joaquín Gutiérrez y José María del Castillo) del Congreso de las Provincias Unidas. Santafé, 18 de mayo de 1812. En: Congreso de las Provincias Unidas, 1989, I, pp. 41-43.

[2] Acta celebrada en Santafé de Bogotá, en cabildo abierto..., 12 de octubre de 1812. BNC, Quijano Otero. Reeditada en: Congreso de las Provincias Unidas, 1989, I, p. 55.

[3] Tratados de Santa Rosa, 30 de julio de 1812. En: Congreso de las Provincias Unidas, 1989, I, pp. 95-98.

[4]Antonio Baraya: Aviso a los defensores de la patria. Tunja, 11 de noviembre de 1812. En: AR, rollo 2, vol. 2, f. 589-590.

[5] Tratados de Zipaquirá/Santafé, 30 de marzo de 1813. En: Ibid, 1989, I, pp.102-104.

[6] Oficio de Antonio Nariño al presidente del Congreso de las Provincias Unidas. Santafé, 5 de abril de 1813. En: Ibidem, 1989, I, p. 105.