Los obispos del tiempo de la revolución en la primera República de Colombia

Durante el año 1810, primero de la revolución política que conmocionó las jurisdicciones del Virreinato de Santafé de Bogotá y de la Capitanía general de Venezuela, la feligresía católica era administrada espiritualmente por diez entidades diocesanas, a saber: en la jurisdicción de la real audiencia pretoriana de Santafé, por la arquidiócesis de esta ciudad y sus tres diócesis sufragáneas, que eran las de las provincias de Popayán, Santa Marta y Cartagena. Pero también por la diócesis de la provincia de Panamá y por las dos diócesis de la jurisdicción de la real audiencia subordinada de Quito, que funcionaban en esta ciudad y en Cuenca. Al oriente, en la vecina Capitanía general de Venezuela, se reconocían en su jurisdicción tanto la arquidiócesis de Caracas como sus dos diócesis sufragáneas: Mérida de Maracaibo y Guayana.

La arquidiócesis de Santafé esperaba la llegada de su nuevo arzobispo, Juan Bautista Sacristán y Galeano, canónigo doctoral de Valladolid, a quien se le habían despachado sus bulas desde el 20 de septiembre de 1804. Como no pudo llegar a su sede por efecto del movimiento revolucionario, la gobernación de la arquidiócesis estuvo encargada —hasta la restauración monárquica de 1816— a dos eclesiásticos santafereños: el doctor José Domingo Duquesne, canónigo provisor, y el doctor Juan Bautista Pey y Andrade, arcediano. El primero era hijo de un inmigrante de Montpelier y el segundo de un oidor de la Real Audiencia. Ambos eran doctores en teología por la Universidad de Santo Tomás de Aquino, sita en el convento de Santo Domingo de Santafé.

La diócesis de la provincia de Popayán estaba vacante por la muerte del doctor Ángel de Velarde y Bustamante, acaecida el 6 de julio del año anterior. Era natural de Quevedo, en la diócesis de Santander, y había entrado a la ciudad de Popayán el 6 de julio de 1789. Preparó los trabajos de construcción de la tercera catedral, pues la segunda había sufrido graves daños durante el terremoto del 2 de febrero de 1736, y reconstruyó el Real Colegio Seminario. Su jurisdicción comprendía la extensa feligresía de las gobernaciones Popayán, Chocó y parte de la de Antioquia, una provincia que estaba en trance de contar con diócesis propia.

La diócesis de la provincia de Santa Marta era regida por fray Miguel Sánchez Cerrudo, O.F.M., natural de Béjar, en la diócesis de Placencia, quien se había posesionado de esta silla en 1808 pero falleció el 4 de agosto de 1810. La diócesis de Cartagena de Indias estaba presidida por fray Custodio Díaz Merino, O.P., a quien auxiliaba como provisor y vicario general el doctor Manuel Fernández de Sotomayor Benedetti. La diócesis de la provincia de Panamá era regentada por el doctor Joaquín González de Acuña Sanz Merino, natural de la ciudad de Panamá.

La diócesis de Quito era administrada por el doctor José Cuero y Caicedo, natural de Santiago de Cali, hijo de un capitán venido de Zelaya (Burgos) y de una señora caleña. Doctor en teología y licenciado en derecho canónico por el Real Colegio seminario de San Luis y la Universidad de San Gregorio Magno, era también abogado recibido en los estrados de la Audiencia de Quito. Tras la expulsión de la Compañía de Jesús fue por siete años rector del Real colegio seminario de San Luis. Había sido deán de Popayán y obispo de Cuenca, así como miembro de la Sociedad Patriótica de Amigos del País que había organizado en Quito el doctor Eugenio de Santacruz y Espejo.

La diócesis de Cuenca, que había sido erigida el 13 de junio de 1779 con autoridad sobre la feligresía de las provincias de Guayaquil, Loja, Portoviejo, Zaruma y Alausí, era administrada desde el 7 de noviembre de 1807 por el doctor Andrés Quintián Ponte y Andrade, nacido en La Coruña en 1751, quien había sido colegial del seminario de Santo Toribio de Lima y deán de la Concepción en Chile. Aunque los vasallos de Cuenca hacían parte de la jurisdicción de la Real Audiencia de Quito, esta era una diócesis sufragánea del arzobispo de Lima, y por eso este personaje firmaba como “obispo de Cuenca en el Perú”.

El arzobispado de Caracas comenzó a ser gobernado por Narciso Coll y Prat desde el 15 de julio de 1810, cuando llegó a La Guaira procedente de Cádiz. Era natural de Cornellá del Terri, cerca de Gerona, y contaba con el supuesto apoyo de un canónigo chileno de merced, José Cortés de Madariaga, en su cabildo catedral. La diócesis de Mérida de Maracaibo, originalmente sufragánea del arzobispo de Santafé de Bogotá, había sido erigida el 16 de febrero de 1778 por una bula del papa Pío VI, con lo cual se incorporó la feligresía de Pamplona y la de las dos villas de los valles de Cúcuta. Una bula del papa Pío VII la hizo sufragánea de la arquidiócesis de Caracas desde noviembre de 1803, y estaba regentada por Santiago Hernández Milanés, natural de la parroquia de Mier en la provincia de Salamanca, hasta su fallecimiento el 26 de marzo de 1812, durante el terremoto. La diócesis de Santo Tomás de Guayana, cuya bula de erección fue emitida el 20 de mayo de 1790, estaba gobernada por José Ventura Cabello, un gaditano que falleció el 21 de agosto de 1817 durante su emigración. Una bula del 24 de noviembre de 1803, dada por el papa Pío VII, la había separado de la arquidiócesis de Santo Domingo y la había hecho sufragánea de la arquidiócesis de Caracas.

De este modo, de las diez sillas diocesanas de los dos gobiernos superiores de Santafé y Caracas estaban tres vacantes (Santafé, Popayán y Santa Marta) y solamente dos (Panamá y Quito) eran gobernadas por americanos. Las otras contaban con un obispo de origen peninsular. La sede vacante de Santafé estaba gobernada por dos canónigos santafereños y la de Popayán por dos payaneses: el provisor y vicario general interino Mariano Pérez Valencia, y el canónigo magistral Manuel Mariano Urrutia. Las respuestas que todos ellos dieron a la crisis de la monarquía de los Borbones españoles que comenzó en 1808, con la irrupción de José I Bonaparte en el trono de España y las Indias, estuvieron determinadas por su origen.

Después de la crisis revolucionaria y de la restauración monárquica de 1816-1819, en el momento en que fue publicada la Ley Fundamental de la República de Colombia (17 de diciembre de 1819), estaban ocupando sus sillas catedralicias, en el territorio reclamando por la nueva nación colombiana, cinco obispos: Salvador Jiménez de Enciso (Popayán), fray Gregorio José Rodríguez OSB (Cartagena), Rafael Lasso de la Vega (Mérida de Maracaibo), Leonardo Santander y Villavicencio (Quito) y fray Higinio Durán O.M. (Panamá). Las diócesis de Santa Marta, Quito y Cuenca, así como la arquidiócesis de Santafé, estaban sin su prelado, y en esta última actuaba como provisor vicario capitular y gobernador el doctor Nicolás Cuervo, prebendado de la catedral metropolitana de Santafé. La cátedra de Caracas, ocupada por el arzobispo Narciso Coll y Prat hasta su remisión a España en 1816 por orden del general Pablo Morillo, había quedado vaca y en manos de un gobernador del arzobispado, que lo era el provisor Manuel Vicente Maya. El primer obispo de Antioquia —fray Fernando Cano—, quien recibió sus bulas de institución el 17 de junio de 1819, regresó desde las Antillas a España y nunca entró en posesión de su catedral. El doctor Calixto Miranda, maestrescuela de la catedral y gobernador de la diócesis de Quito, fue figura clave para la adhesión del clero de este antiguo reino a la causa colombiana, tarea bien recompensada por el Libertador presidente con la silla de la diócesis de Cuenca, gestionada en Roma por el enviado colombiano, Ignacio Sánchez de Tejada.

Durante esta transición a la primera República de Colombia fueron dos las gestas personales que llamaron la atención de los primeros colombianos por la rápida mutación política que hicieron de la fidelidad al rey a la obediencia a las nuevas autoridades republicanas: Rafael Lasso de la Vega, obispo de Mérida de Maracaibo, y Salvador Jiménez de Enciso, obispo de Popayán. Sus vidas fueron ejemplares, por las relaciones cercanas que construyeron con el presidente y el vicepresidente de la primera República de Colombia, como se verá.

La primera respuesta fidelista del obispo de Cuenca

Once días después de formada la primera junta patriótica de gobierno en Quito, el 10 de agosto de 1809, se apresuró su presidente Juan Pío Montúfar, marqués de Selva Alegre, a invitar a integrarla al obispo de Cuenca, don Andrés Quintián Ponte y Andrade, argumentando que por su posición sería un miembro nato de ella, con derecho a voto. La réplica del obispo fue inmediata:

Un obispo católico, romano, que ha jurado solemnemente al pie de los altares, en manos de su metropolitano (de Lima), y en el acto mismo de su consagración, reconocer y sostener la autoridad de su legítimo soberano, serle fiel, observar, y aún defender cuanto estuviese de su parte, su supremo patronato y regalías en las Indias, y contribuir a que los demás vasallos lo observen y respeten; este mismo, digo, no puede reconocer en ningún caso otra autoridad que no sea la que juró, y la que emane legítimamente de la misma soberanía.

El obispo de Cuenca le recordó que cuando las gacetas ministeriales habían informado sobre la retención del rey Fernando VII en Bayona, y sobre la constitución de la Suprema Junta Central gubernativa de España y las Indias, había procedido a jurar obediencia en la iglesia catedral inter pontificalia, recibiendo en sus manos y sobre los santos evangelios el juramento de los miembros de los cabildos secular y eclesiástico de Cuenca. Era imposible, con estos antecedentes, reconocer la autoridad de la junta formada el 10 de agosto de 1809 en Quito con pretensiones de “suprema”. En su opinión, el pueblo de Quito había faltado abiertamente a sus obligaciones de fidelidad con Dios, el rey y la patria; así como con las leyes más sagradas del cristianismo, al declarar que la espuria junta era “suprema con título de majestad”, y que su presidente debía ser tratado como “alteza serenísima”. La revolución de Quito le había partido el corazón, porque sería la fuente de infinitos males e infortunios, de la cual correría mucha sangre. Cumpliendo con sus deberes pastorales, instó al marqués de Selva Alegre a desistir de su empeño político, por la memoria de la fidelidad de sus antepasados, los ilustres Montúfares y los fidelísimos Guerreros, y por sus dos hijos, que estaban combatiendo en España por los derechos de Fernando VII y de la madre patria contra el invasor francés.

Consecuente con su defensa del rey Fernando VII, este obispo puso a disposición de la campaña militar que organizó Melchor de Aymerich contra la Junta de Quito unos 51.000 pesos de los fondos de la fábrica de iglesia y de su seminario, así como sus propias rentas. Este decidido apoyo a Aymerich le valió las insignias de caballero gran cruz de la orden de Carlos III, y hubiera podido recoger más recompensas si no lo hubiera alcanzado la muerte el 24 de junio de 1813.

Los obispos peninsulares emigrados

Juan Bautista Sacristán y Galeano, quien había recibido las bulas para la silla de la Arquidiócesis de Santafé de Bogotá, fue el primero en emigrar con tal de no jurar obediencia a las juntas de gobierno provinciales que se erigieron en 1810. Esa emigración fue seguida por fray Custodio Díaz Merino, O.P., el obispo de Cartagena de Indias. Igual procedimiento siguieron varios obispos que habían llegado con la restauración monárquica de 1816, cuando tras la batalla del Boyacá se pasó a la constitución de la primera República de Colombia. El primer obispo de Antioquia —fray Fernando Cano—, quien había recibido sus bulas de institución el 17 de junio de 1819, regresó desde las Antillas a España y nunca entró en posesión de su catedral. Leonardo Santander y Villavicencio, quien fue nombrado nuevo obispo de Quito, regresó a la península cuando las tropas colombianas conquistaron en 1822 su provincia. Su exhortación pastoral, dirigida a los pastusos realistas, llegó a las manos del general Antonio José de Sucre, quien la guardó en su archivo personal. Lo mismo hicieron fray Gregorio José Rodríguez, OSB, obispo de Cartagena de Indias, cuando cayó el último fortín neogranadino del Ejército Expedicionario español, y José Ventura Cabello, obispo de Guayana, quien salió de la ciudad de Santo Tomás de Angostura el 17 de julio de 1817, acompañando a las fuerzas realistas que la abandonaron, y falleció el siguiente 21 de agosto en un islote del delta del río Orinoco.

Así que solo los obispos Rafael Lasso de la Vega (Mérida de Maracaibo), fray Higinio Durán O.M. (Panamá) y Salvador Jiménez de Enciso (Popayán) fueron seducidos por el general Bolívar para la causa colombiana, al punto que el primero se convirtió en constituyente de Colombia. El gobernador de la arquidiócesis de Santafé, Nicolás Cuervo, fue seducido por el general Francisco de Paula Santander, vicepresidente de Cundinamarca, y se convirtió en un importante defensor de la causa republicana. El obispo de Panamá se incorporó a Colombia con la serenidad con que lo hicieron los militares de esa provincia. Esta diferenciación de los prelados diocesanos respecto de la construcción de la nación colombiana fue la misma que habían tenido los dos cleros durante el proceso revolucionario, pues mientras algunos de sus miembros abrazaron esta causa, otros se mantuvieron fieles a la Regencia y al rey Fernando VII.

La conducta de todos los nuevos prelados estaba regida desde 1816 por el breve Etsi Longissimo, dirigido por el Papa Pío VII a todos los arzobispos, obispos y clero de las provincias españolas de América, para excitarlos “a no perdonar esfuerzo para desarraigar y destruir completamente la funesta cizaña de alborotos y sediciones que el hombre enemigo sembró en esos países”. Este santo objeto sería logrado “si cada uno de vosotros demuestra a sus ovejas, con todo el celo que pueda, los terribles y gravísimos perjuicios de la rebelión, si presenta las ilustres y singulares virtudes de nuestro carísimo hijo en Jesucristo, Fernando, vuestro Rey Católico, para quien nada hay más precioso que la religión y la felicidad de sus súbditos”. Los españoles que en Europa habían despreciado su vida y sus bienes para demostrar su adhesión a la fe y su lealtad hacia el soberano debían ponerse de ejemplo, recomendando a todos los fieles “con el mayor ahínco la fidelidad y obediencia debidas a vuestro monarca”.

Narciso Coll y Prat, arzobispo de Caracas

El 19 de abril de 1810, Jueves Santo, ocurrió un hecho inusitado en Caracas: el gobernador y capitán general, don Vicente de Emparán, fue obligado —cuando salía de la catedral— a reunirse en la casa del cabildo con un grupo de “diputados del pueblo”. Uno de ellos era un chileno, canónigo de merced del cabildo catedral, llamado José Cortés de Madariaga, quien firmó ese día el acta de instalación de la Junta suprema de Venezuela con el título de “diputado del clero y del pueblo”. Directamente, este canónigo le dijo al gobernador que el pueblo le pedía que dejase el mando. Admirado por tal audacia, Emparán le replicó que “ni él era diputado del pueblo, ni creía que el pueblo pedía tal cosa”. Para comprobarlo, salió al balcón de la casa consistorial y preguntó a voces a la multitud reunida si quería que dejase el mando. Los más próximos dijeron que no, pero los más alejados dijeron que sí, gracias a las señas que les hacía el canónigo y demás diputados. Así comenzó la revolución en la Capitanía de Caracas. El canónigo chileno había hablado “con un estilo decisivo, imperioso e insultante, diciendo en sustancia que España estaba perdida; que el Consejo de Regencia era nulo e ilegal; que Cádiz, único punto que poseíamos, no era la nación española; que el pueblo le había conferido poder para crear en Caracas un gobierno independiente respecto a que España estaba en orfandad, y sin quien la gobernase”.

Lo que sucedió después es bien conocido: el 25 de abril siguiente se formó en Caracas un gobierno autónomo provisional, integrado por 25 diputados; el 5 de julio de 1811 el Congreso Constituyente de Venezuela declaró solemnemente la independencia y adoptó el pabellón republicano (amarillo, azul y rojo), y el 21 de diciembre siguiente fue aprobada la primera constitución republicana de Venezuela.

Por su parte, el canónigo José Cortés de Madariaga, enviado del gobierno republicano de Caracas, entró el 13 de marzo de 1811 a Santafé de Bogotá y tres días después fue recibido en Palacio. Don José Acevedo y Gómez, secretario de Gracia y Justicia de la Suprema Junta de Santafé, lo recibió complacido por la posibilidad de una “unión del poder y de los recursos de los dos estados de Venezuela y la Nueva Granada”, entendiendo que “la confederación de los dos estados será un muro donde se estrellarán los esfuerzos impotentes que todavía hace el despotismo”. Le anunció un gran recibimiento en Santafé, como correspondía al momento histórico en que “dos pueblos dignos de la libertad” se darían por primera vez “los ósculos de la fraternidad americana”. Después de varios días de conversaciones entre las partes, el 28 de mayo fue firmado un Tratado de alianza y federación entre los estados de Cundinamarca y Venezuela, de tal suerte que la misión de Cortés de Madariaga pudo darse por terminada felizmente.

Ante la precocidad del movimiento revolucionario venezolano (primera declaración de independencia nacional y primera constitución nacional en Hispanoamérica), el gobernador de la Arquidiócesis de Caracas, el doctor Santiago de Zuloaga, tesorero del cabildo catedral, emitió un comunicado, el 28 de abril de 1810, ordenando a todo el clero predicar respeto y obediencia a la autoridad de la Suprema Junta de Caracas. El 31 de julio de 1810 hizo su entrada a Caracas el nuevo arzobispo, Narciso Coll y Prat, quien había desembarcado en La Guaira el 15 de julio anterior. Fiel a Fernando VII, tenía ante sí un reto político enorme. Su primera carta pastoral, dirigida al clero de la arquidiócesis, fue leída el 15 de agosto de 1810:

… encargamos vuestra vigilancia sobre la parte del rebaño que inmediatamente cuidáis, del continuo pasto espiritual en la administración de los santos sacramentos y explicación del Santo Evangelio y doctrina cristiana… y del respeto y sumisión debidos a la Suprema Junta Conservadora de esta provincia de Venezuela de los derechos de nuestro muy amado monarca el señor don Fernando VII, coadyuvando con vuestros saludables ejemplos y doctrina a la ejecución y cumplimiento de sus órdenes para la defensa de nuestra sagrada religión, y el estado de la patria…

Adicionalmente, este arzobispo distribuyó, el 7 de octubre de 1810, un edicto en el que se llamaba al orden, la tranquilidad y la subordinación, como respuesta a la conspiración descubierta contra la autoridad de la Junta suprema de Venezuela, encabezada por los hermanos Francisco y Manuel González de Linares, en el que participaron algunos eclesiásticos, militares y empleados de la administración. El 5 de diciembre siguiente, el arzobispo comunicó la real orden emitida por las Cortes de Cádiz en la que se excitaba a los obispos y demás prelados a exhortar a los pueblos a tomar las armas en defensa de la nación y la religión, a la reforma de las costumbres, y a explicar la encíclica del 12 de diciembre de 1779 en la que el papa Clemente XIV mandaba enseñar la obediencia, fidelidad y amor a los reyes como patronos de la iglesia, y como naturales señores de sus vasallos.

Este obispo había llegado a Caracas cuando apenas comenzaba el proceso revolucionario venezolano y decidió quedarse para proteger, en la medida de sus escasas fuerzas, a su grey espiritual. Presenció la sucesión de todos los actos espurios de la revolución: la Junta conservadora de los derechos del rey Fernando VII, la declaración de independencia y la primera república, la dictadura de Miranda, el terremoto de 1812 en Caracas, la caída del régimen republicano, la dictadura de Domingo Monteverde, la segunda república instaurada por la campaña admirable del general Bolívar, la declaración de guerra a muerte, la emigración de 1814 y la llegada del Ejército expedicionario del general Pablo Morillo. Fue acusado de infidencia, pero fue completamente vindicado en Madrid. Autorizado a regresar a su diócesis, fue detenido por la batalla de Carabobo y prefirió quedarse en la Península para regir la diócesis de Palencia. Como recuerdo de su experiencia legó a la posteridad tres testimonios documentales: la Memoria sobre su conducta pública y privada, dirigida al Consejo de Regencia desde Caracas (25 de agosto de 1812); la Exposición histórica escrita en Sevilla (23 de junio de 1818) y dirigida al rey por intermedio del Consejo de Indias; y el Informe enviado al papa desde Madrid (11 de noviembre de 1822). Todos ellos pretendían su exculpación ante los críticos realistas.

El obispo Coll y Prat criticó los atrevimientos de la Junta conservadora, orientada por Juan Germán Roscio, y los del canónigo Cortés de Madariaga, justificando el edicto que dio para que el clero contemporizara con la autoridad de la Junta, en procura de la defensa de los derechos de Fernando VII al trono español. Reconoció su propia flaqueza, la de “un obispo español abandonado de la metrópoli”, para defender la iglesia de Dios. Argumentó que sus edictos solo pretendían apaciguar los tumultos y hacer renacer el orden, censurar las publicaciones sediciosas y retardar el progreso de la impiedad.

Se había esforzado por “sacar de los males presentes el mayor bien posible”, manteniendo en todas las misas la oración votiva de Nuestra Señora del Carmen, a cuya protección confió la anulación de la naciente república y la continuidad de la lealtad de los pueblos al rey. La declaración de independencia lo había desconcertado, porque fue acompañada por una declaración de libertad de cultos religiosos y levantamientos de pardos, anuncio de una anarquía social. Tuvo que defender el derecho de patronato que la Junta de gobierno intentó desconocer, pretendiendo hacer las presentaciones de los beneficiados o, al menos, el derecho para conceder los pases para el ejercicio de las funciones eclesiásticas.

La gran prueba de su fidelidad fue la exigencia de jurar, en conciencia, el acta de independencia. Reunió a su clero para consultar tan grave responsabilidad y decidió realizar el juramento, pues “había casos en que la necesidad obligaba a los súbditos a dar la obediencia temporal y forzada a otro poder extraño usurpador o invasor, sin que por eso faltasen a la debida fidelidad ni obligaciones de buenos ciudadanos”. Estaba seguro de que el rey le disculparía “el forzoso vasallaje que se veían obligados a prestar, a causa de no poder hacer una vigorosa defensa”, pues se evitaría la emigración de los eclesiásticos en aras del cuidado de la grey. Fue así como este obispo prestó el juramento el 15 de julio de 1811, “sin perder de vista sus obligaciones de pastor y de fiel vasallo”, diciendo en público que la iglesia era dependiente de la Santa Sede Romana y que este principio prevendría los cismas que había favorecido la revolución, como los que se propusieron durante el año 1810 en la provincia neogranadina del Socorro y en la diócesis de Guayana a finales de 1812. Como fue el único arzobispo que prestó juramento en toda la América del tiempo de la revolución, vale la pena conocer el texto del juramento que le presentaron:

Juro reconocer la soberanía y absoluta independencia que en el orden de la Divina Providencia ha restituido a las Provincias Unidas de Venezuela, libres y exentas para siempre de toda sumisión y dependencia de la Monarquía española, y de cualquiera corporación o jefe que la represente o la representase en adelante; obedecer y respetar los magistrados constituidos y que se constituyan, y las leyes que fuesen legítimamente sancionadas y promulgadas… y defender los Estados de la Confederación… además de conservar pura e ilesa la religión católica, apostólica, romana, única y exclusiva de estos países, y defender el misterio de la concepción inmaculada de la Virgen María.

El Jueves Santo 26 de marzo de 1812 ocurrió el gran terremoto de Caracas. Casi todos los templos y una tercera parte de las edificaciones se desplomaron, y cerca de 10.000 personas murieron bajo los escombros. El celo del arzobispo se aplicó para conjurar los riesgos de celebración de dobles matrimonios y de falseamiento de los registros sacramentales en las parroquias. Unas 30.000 personas se dispersaron por los campos, en medio de los saqueos. El arzobispo gastó su caudal en la alimentación de los hambrientos y cura de los heridos, legitimando su papel de buen pastor de su grey. Su palabra volvió a tronar en los improvisados púlpitos, difundiendo su pastoral contra los errores y los vicios. Vinieron las dictaduras de Francisco de Miranda y de Domingo Monteverde, con la amenaza de desterrar al arzobispo. El canónigo chileno fue comisionado para capturar al obispo en la noche del 4 de julio de 1812, pero la protección de José Félix Ribas lo impidió.

Vino luego la experiencia de la segunda república venezolana, al mando del general Simón Bolívar, con todos sus pillajes. Ayudado por su clero, impidió una masacre el 4 de agosto de 1813, dado el decreto de guerra a muerte dictado por el general Bolívar, “el nuevo Atila”. Con impotencia presenció la concentración de todos los poderes en este general republicano y su corte ambulante. Su voluntad imperiosa era ley irresistible y la muerte la primera pena contra los infractores. ¿Quién se atrevía a resistirle? El 11 de agosto de 1813 ordenó este caudillo celebrar misas para dar gracias a Dios por sus “triunfos sanguinarios”. El arzobispo no tuvo más remedio que obedecer, “alabando al Señor de los ejércitos”, así como la orden de que todo el clero debía portar la escarapela nacional. Lo peor llegó: la prohibición de casar jóvenes solteros europeos o canarios, pues estaban en trance de expulsión. Solo pudo resistir manteniendo las preces a la virgen del Carmen. El general Bolívar pidió una lista del clero para poder ordenar la inhabilitación de muchos eclesiásticos para las funciones religiosas, incluyendo al provisor y vicario general, Rafael de Escalona. Así que su trabajo se concentró en la protección de su clero, “enseñándoles la prudente sagacidad con que debían conducirse en tiempo de aquel rigorismo escandaloso”.

Finalmente, desde 11 de mayo de 1815, llegó la experiencia bajo el general Pablo Murillo, jefe del Ejército Expedicionario enviado a restaurar el antiguo régimen político. Le habló cuanto pudo, relatándole lo acontecido desde 1810, aconsejando medidas para una reorganización política y moral. Su nueva carta pastoral llamó a la feligresía a la tranquilidad y a la reconciliación, e impuso al clero la obligación de darle informes mensuales sobre el fruto de sus exhortaciones entre sus feligreses. Contribuyó con donativos y empréstitos, y colaboró en todo lo que estuvo a su alcance con el proceso de restauración monárquica.

Llamado por el Real Consejo de las Indias a dar explicaciones, se separó de su feligresía y se embarcó hacia España, el 8 de diciembre de 1816, en el bergantín Arrogante Barcelonés, por la ruta de la isla La Española. Dejó al provisor general Manuel Vicente Maya como gobernador del Arzobispado y desembarcó en Cádiz el 4 de marzo de 1817, marchando de inmediato hacia Sevilla para ofrecer las explicaciones necesarias al Real Consejo de Indias. En el Informe que envió al papa desde Madrid, el 11 de noviembre de 1822, mostró el estado en que entonces se encontraban los distritos de las arquidiócesis de Caracas y Santafé: el obispo de Guayana había fallecido durante su emigración en un islote desierto del delta del río Orinoco, la arquidiócesis de Caracas seguía sin su nuevo titular, habían fallecido los obispos nombrados para Santafé de Bogotá, y su sucesor nombrado en 1815, así como el de Santa Marta. Seguía sin ser consagrado el obispo de la provincia de Antioquia, y el de Cartagena de Indias había emigrado a una colonia británica. Solo quedaba en los extensos territorios neogranadinos el nuevo obispo de Popayán, Salvador Jiménez de Enciso, quien había emigrado con las tropas realistas que salieron hacia el sur y establecieron su cuartel en Pasto. En la Capitanía general de Venezuela solo quedaba el obispo sufragáneo de Mérida de Maracaibo, Rafael Lasso de la Vega, emigrado y, según las pasmosas noticias, constituyente de Colombia en la Villa del Rosario de Cúcuta.

Rafael Lasso de la Vega, obispo de Mérida de Maracaibo

Hilario José Rafael Lasso de la Vega nació en Santiago de Veraguas, Istmo de Panamá, el 26 de octubre de 1764. Su padre lo envió a estudiar en el Colegio mayor de Nuestra Señora del Rosario en Santafé de Bogotá, donde vistió la beca el 30 de marzo de 1783. En 1790 ya era doctor en teología y cánones y fue ordenado presbítero el 7 de abril de 1792 por el arzobispo Baltasar Jaime Martínez de Compañón. Fue cura de Funza y desde 1803 se le concedió ser canónigo doctoral de la catedral de Santafé. En julio de 1810 se negó a jurar la obediencia a la Junta suprema de gobierno que se formó tumultuariamente en Santafé y enfrentó a Antonio Nariño cuando se declaró dictador del Estado provincial de Cundinamarca.

A las 11 de la mañana del 10 de septiembre de 1812 se produjo un gran tumulto en la plaza de Santafé, provocado por la noticia que atribuía al comandante Antonio Baraya el designio de tomar la ciudad y subordinarla a la autoridad del Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Los soldados en armas y la chusma gritaban que no se calmarían hasta no ver el gobierno en manos de Antonio Nariño, en quien fundaban sus esperanzas de defensa de la plaza. El presidente de Cundinamarca, Manuel Benito de Castro, accedió a renunciar a su cargo. El Senado llamó a Nariño a la ciudad, quien entró a la plaza en medio de vivas, cohetes, tambores y demostraciones de júbilo. Al día siguiente el Senado, sin el quórum necesario, examinó la petición de todos los cuerpos militares para que los mandase Nariño.

El problema legal era la legitimidad de su mando, pues los chisperos pedían que se le entregara el mando absoluto del Estado, quedando el ex oidor Juan Jurado solo como su asesor legal, “sin sujeción a las ritualidades de constitución”. En la práctica, los chisperos pedían la dictadura de Nariño y el olvido de la constitución, e incluso otros llegaron a pedir la supresión inmediata de todas las corporaciones de “la representación nacional”. El líder más antiguo de los chisperos santafereños, José María Carbonell, pidió la abolición del cuerpo representativo con el argumento de su “tamaño monstruoso respecto del pueblo representado”. Finalmente, el expresidente Castro encontró la solución en una frase latina extraída de un libro de Santo Tomás de Aquino: “Es mejor estar bajo el imperio de uno solo, que bajo el de muchos”. Todos aplaudieron esta fórmula, originalmente concedida por Santo Tomás al rey de Chipre. Las vueltas que da la historia: el llamado “colombiano de todos los tiempos” asumía el imperio de un Estado bajo la fórmula según la cual “el gobierno de un príncipe es mejor que el del pueblo”. Para que no quedase duda alguna, se puso a votación la siguiente moción: “¿Si suspendida la constitución se entrega el gobierno íntegro del Estado al señor don Antonio Nariño, en atención a las circunstancias, el peligro de la patria y la espontánea reclamación y voluntad de la guarnición y del pueblo?”. Todos los votos fueron afirmativos. Traído Nariño a la sala, se le recibió el juramento que lo retornó a la silla de presidente del Estado de Cundinamarca, pero ahora con mando absoluto y sin otros poderes paralelos. En ese momento pudo decir, como un rey absoluto de la Francia del antiguo régimen, “el Estado soy yo”. La administración pública quedó reducida a tres secretarios del despacho (Estado y Guerra, Gracia y Justicia, Hacienda), tres oficiales mayores, seis oficiales, tres archiveros-escribientes y dos porteros. Se conservaron dos tribunales (Justicia y Supremo de Guerra y Seguridad Pública), la Casa de moneda, la tesorería de hacienda, la aduana, la administración de tabacos y el tribunal mayor de hacienda. El antiguo cabildo de la ciudad se convirtió en un cuerpo cívico ordinario con funciones de policía bajo un corregidor-presidente.

Al día siguiente Nariño hizo pregonar en las esquinas su primer bando, integrado por nueve disposiciones dictatoriales: todos los funcionarios de todas las corporaciones y tribunales debían presentarse a jurar obediencia al gobierno el día 16 de septiembre, todo ciudadano comprendido entre 15 y 60 años debía inscribir su nombre en libros parroquiales y estar listo a tomar las armas en cuanto se le diese la orden, quedaba prohibida toda conversación o escrito que respaldase “el sistema de insurrección de don Antonio Baraya” o las Cortes de Cádiz, so pena de destierro y confiscación de bienes, y si llegara a poner en acto lo anterior se le castigaría con la pena de muerte. Los ciudadanos a quienes no les “acomodare vivir en el Estado bajo el actual gobierno” debían pedir pasaporte para irse dentro de los siguientes 5 días, después de lo cual tendían que jurar obediencia al gobierno, o serían castigados con la pena correspondiente. El tribunal supremo de guerra y seguridad pública fue dotado de instrucciones precisas para reprimir los delitos contra la seguridad, que eran “los más frecuentes en la transformación de los gobiernos, como la experiencia siempre lo ha acreditado”. El artículo 7º de Los derechos del hombre fue visto ahora como fuente de “abusos” de los ciudadanos, y por ello se ordenó ignorarlo a la hora de juzgar a quienes usaran la violencia para lograr sus pretensiones, “aunque sean legítimas”. Embargos de bienes, apertura de correspondencia privada, represión de congregaciones ilícitas y de porte de armas prohibidas fueron autorizadas. Los juicios de este tribunal serían “a estilo militar”, sin permitir dilaciones, “porque el pronto castigo hace más impresión, para la contención y público ejemplo, que el remiso o retardado”. El objeto básico de este tribunal era entonces el castigo y destierro de “los enemigos pérfidos y ocultos que abrigamos en nuestro seno, y nos amenazan e inquietan con sus acechanzas e insidiosos manejos”.

La mutación de la forma de gobierno adoptada en Cundinamarca desde el 11 de septiembre de 1812 fue recibida con horror en la Villa de Leiva, sede del Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, y en las provincias, pues violaba tajantemente el Acta de Federación que prevenía expresamente en su artículo 7º la forma que deberían tener los gobiernos de las provincias de la confederación: “popular, representativo, con división de los poderes públicos”. Los diputados de Cundinamarca en el Congreso general eran insultados todos los días, tal como comunicaron a Nariño en los siguientes términos: “… en los oficios de plácemes, en las arengas de cumplimiento, en la mayor parte de las contestaciones, no se oye otra cosa que improperios contra el presidente de Santafé y proclamas contra su vida; los vivas del congreso se mezclan con la detestación de Nariño y a pedir a voces su muerte; así lo practicó ayer al frente de este palacio la tropa que ha entrado del Socorro, solemnizando así los vivas como el muera con la ceremonia militar de una descarga.

Advirtieron que, a despecho de la nueva forma de gobierno adoptada en Santafé y de la autoridad absoluta otorgada a Nariño, él era obedecido en la provincia de Cundinamarca y por ello debía ser respetado. Solo por su buena educación y moderación podían sufrir en silencio los insultos que las tropas les hacían cada día. En su opinión, la guerra contra Santafé, “bajo el nombre de Nariño y pretexto de su tiranía”, era inminente. Los ánimos encendidos de los santafereños contribuían a ello, pues no era una facción la que sostenía a Nariño, sino “la capital entera”. Para Nariño ya estaba también muy claro que “una guerra civil, la más funesta, va a romper entre esta provincia y Tunja”, y por ello el 2 de noviembre siguiente ordenó a sus dos diputados ante la confederación que se despidieran y regresaran a Santafé.

El 8 de octubre anterior había decretado el Congreso que Cundinamarca debía ser intimada a reducirse a la forma de gobierno republicana (popular, representativa y dividida en poderes), conforme al artículo 7º del Acta de Federación. Al recibir la comunicación de dicho decreto, Nariño convocó a un cabildo abierto para el jueves 22 de octubre, al cual concurrieron los dos cleros, todas las autoridades, empleados y padres de familia residentes. En el edificio de las Aulas del Colegio de San Bartolomé fue efectivamente realizado, con una concurrencia que la gaceta oficial calculó en 1.500 personas, y allí se leyeron varios documentos enviados por los diputados que permanecían en la Villa de Leiva, hasta que llegó el momento de someter a votación la siguiente moción: “¿queda el gobierno como está en el señor Nariño, o no queda?”.

Nadie se atrevió a marcar la opción negativa. Pero fue entonces cuando el canónigo Rafael Lasso de la Vega se plantó en la raya, negándose a emitir el voto. Enterado del atrevimiento, Nariño hizo venir al canónigo ante su presencia y le exigió que marcara una de las dos opciones en su voto, pero este se resistió, “excusándose con el temor de la irregularidad”, y se negó absolutamente a votar. Exasperado, Nariño “le previno o que diese el voto por uno de los dos extremos de la moción o que desocupase la provincia en el término de 24 horas”. Lasso de la Vega se despidió entonces, salió de la sala, y antes de 24 horas estaba camino al destierro. Su recorrido es conocido: Tunja, Girón, Pamplona y San José de Cúcuta. Aunque quería seguir a Maracaibo, la invasión de Bolívar a Venezuela lo obligó a regresar a Girón. Alegando achaques de salud, obtuvo del gobierno de Cartagena la licencia para embarcarse en su puerto con rumbo a Jamaica. Después de permanecer allí 40 días se embarcó hacia su tierra natal. Ya instalado en la ciudad de Panamá, después de 20 meses de peregrinación, su hermano José Antonio le tenía una sorpresa: los reales despachos que le concedían el empleo de chantre de la catedral de Panamá.

Pudo así entrar en comunicación directa, desde junio de 1814, con don Francisco de Montalvo, el capitán general que sería nombrado nuevo virrey de Santafé de Bogotá. El fallecimiento del obispo de Mérida de Maracaibo. Santiago Hernández Milanés, fue la oportunidad para que el rey Fernando VII lo presentara, el 19 de octubre de 1814, ante la Curia romana para sustituirlo. Fue así como la real cédula del 4 de febrero de 1815 le participó su nombramiento, en virtud de su “persona, virtud y literatura”, como nuevo obispo de Mérida de Maracaibo por el papa Pío VII. El 3 de mayo siguiente, este nuevo obispo remitió copia de los despachos recibidos al deán de la catedral de Mérida, Francisco Javier Irastorza, con un poder para que tomara posesión de la diócesis en su nombre. Preconizado el 8 de marzo de 1815, entró bajo palio a la ciudad de Maracaibo el 19 de octubre siguiente.

Gracias a la restauración del régimen monárquico realizó en 1815 y 1816 una visita pastoral a todos los pueblos de su jurisdicción, marchando hacia el suroeste por las provincias de Trujillo, Mérida, San Cristóbal, San José de Cúcuta y Pamplona. Siguió hacia Santafé de Bogotá para encontrarse con el arzobispo Juan Bautista Sacristán, quien gracias a la restauración había podido llegar finalmente a su sede vacante. Fue allí, en la iglesia de San Carlos que había sido de los jesuitas, donde recibió su consagración de manos del arzobispo Sacristán. Regresó a Maracaibo —fortín realista— a finales de mayo de 1817, donde fijó su residencia transitoria, iniciando a las obras de la catedral y del colegio seminario. Realizó una segunda visita pastoral a su feligresía en 1818 y durante su gobierno organizó tres sínodos diocesanos: el del 30 de junio de 1817, el del 11 de enero de 1819 y el del 24 de noviembre de 1822.

El obispo Lasso de la Vega fue un ardiente divulgador del breve pontificial Etsi longissimo, tal como lo demuestra su carta pastoral publicada el 3 de abril de 1817, en la que exhortó a su clero y feligresía a contribuir eficazmente a la pacificación, “por medio de la observancia de la ley santa del Señor y cumplimiento de los preceptos de la Iglesia, con la obediencia, fidelidad y lealtad debida a nuestro rey y señor natural, el católico monarca de España e Indias en la actualidad, nuestro amable don Fernando séptimo”.

Los acontecimientos del Nuevo Reino de Granada en el segundo semestre de 1819 y en España en enero de 1820 cambiaron significativamente la situación política. La batalla del campo de Boyacá produjo el abandono del palacio santafereño por el virrey Juan Sámano y los oidores de la real audiencia, quienes debieron emigrar precipitadamente por el camino al puerto de Honda y embarcarse hacia Cartagena de Indias, mientras el general Bolívar ingresaba el 10 de agosto de 1819 al palacio, desde donde organizó la conquista de todas las provincias dependientes de la real audiencia de Santafé. Como resultado de la batalla de Boyacá, el general Bolívar regresó a Santo Tomás de Angostura para convencer al Congreso de Venezuela que aprobara la Ley fundamental de la nueva república de Colombia, el 17 de diciembre de 1819. Al otro lado del océano, el primer día de enero de 1820 se produjo el levantamiento militar de Cabezas de San Juan, cuyo resultado fue el movimiento que forzó al rey Fernando VI a jurar la constitución española de 1812. Como consecuencia, el obispo Lasso de la Vega publicó, el 16 de julio de 1820, una carta pastoral en la que informaba que, cumpliendo las reales órdenes, había procedido a jurar la constitución política de la monarquía.

La restauración del ordenamiento constitucional español condujo al general Morillo a proponer al general Bolívar un armisticio para suspender las acciones militares durante seis meses. Como consecuencia, el obispo de Maracaibo tuvo que suspender la pena de suspensión que había impuesto a los clérigos que no habían emigrado. El 28 de enero de 1821 se pronunció el ayuntamiento de Maracaibo por la república, acto que fue seguido por la ocupación de esa ciudad por un cuerpo de infantería republicana. Como el obispo no aceptó el pasaporte que se le ofrecía para que emigrara, se le ordenó presentarse ante el Congreso constituyente de Colombia que se instalaría en la villa del Rosario de Cúcuta. Estando en camino hacia esta villa, entró a Trujillo para visitar al general Rafael Urdaneta y fue informado que el día siguiente llegaría a este lugar el general Bolívar. Fue entonces, el primero de marzo de 1821 a las 5 de la tarde, cuando se produjo la entrevista entre el obispo de Maracaibo y el general Bolívar.

Empleando sus dotes de seducción, el general Bolívar fue hasta el atrio de la iglesia de Trujillo, donde lo esperaba el obispo y su séquito con los ritos del Pontificial. La escena complació mucho al obispo, pues tuvo el gusto de ver al general arrodillándose a besar la cruz y después acompañándolo hasta las gradas del presbiterio donde, una vez concluidas las preces, pudo darle solemnemente la bendición. Ese mismo día, a las 5 de la tarde, el obispo fue hasta la casa del general Urdaneta, donde fue recibido con “urbanidad y demostraciones de aprecio y cariño”, tras lo cual se extendieron los dos generales y el obispo en una conversación sobre patriotismo, independencia y gobierno. Las declaraciones del obispo abrieron el camino hacia su conciliación con el proyecto colombiano, es decir, la unión de la Nueva Granada con Venezuela, pues él “siempre se había gozado de haber nacido en la América, y que en donde quiera que había vivido, había demostrado con las obras mi gratitud”.

El general Bolívar calculó bien la utilidad de este obispo criollo para el futuro de las relaciones de Colombia con la Santa Sede Romana, y por eso lo animó a seguir su camino hacia el Congreso constituyente de la Villa del Rosario de Cúcuta, mientras lo recomendaba a Fernando de Peñalver, uno de los diputados venezolanos que también marchaba hacia el Congreso. La mutación política del obispo fue registrada por el vicepresidente de Cundinamarca, Francisco de Paula Santander, en carta dirigida a su secretario del Interior y Justicia: “El obispo (Lasso de la Vega) está más patriota que Bolívar. Ha tenido cuatro conferencias conmigo. Es una fortuna loca tenerlo en la república. Este señor será senador por el departamento de Zulia, que es Maracaibo”.

Lasso de la Vega reflexionó largamente sobre su conducta y su mutación política, sobre las cartas pastorales que había publicado antes de conocer al general Bolívar y sobre la protección del clero bajo el nuevo régimen republicano. Después de visitar a su feligresía de la provincia de Pamplona llegó a la Villa del Rosario de Cúcuta para participar en el Congreso constituyente de Colombia como diputado electo de la provincia de Maracaibo. Su habilidad oratoria le permitió actuar como vicepresidente del Congreso entre el 28 de agosto y el 11 de septiembre de 1821, justo en los días en que fue aprobada la primera constitución de la República de Colombia.

Una de las sorpresas que dio el obispo Lasso de la Vega en el Congreso constituyente fue su oposición a que se aprobara algún artículo constitucional que estableciera la religión católica, apostólica y romana como “la religión de la República” (artículo 6° de la segunda constitución colombiana de 1830), o el deber gubernamental de “proteger a los granadinos en el ejercicio de la religión católica, apostólica y romana” (artículo 15 de la constitución del Estado de la Nueva Granada de 1832). La sorpresa es mayúscula si se considera que eran trece los diputados que eran presbíteros, uno de ellos obispo, y que cinco diputados —Manuel Baños, el presbítero Francisco José Otero, Juan Bautista Estévez, Nicolás Ballén de Guzmán y José María Hinestroza— eran católicos intransigentes. A muchos diputados les asustaba cualquier mención sobre tolerancia de otros cultos, o alguna reforma de la distribución de la masa de los diezmos eclesiásticos o de los conventos, así como algunos juzgaban que “la soberanía del pueblo” era un disparate. ¿Qué pudo haber ocurrido en la Villa del Rosario? El secreto se lo contaron los diputados José Manuel Restrepo y Alejandro Osorio al vicepresidente Francisco de Paula Santander. El primero temió la adopción de la “religión del Estado”, sin que fuese exclusiva, porque había mucho fanatismo religioso, pero el segundo le dio una buena noticia final:

El punto terrible que parecía iba a dividirnos era el artículo de religión que debía ponerse en la constitución, y los términos. Admírese usted. Nada se trató con más dignidad y calma, y la despreocupación del obispo [Rafael Lasso de la Vega] decidió el punto, a pesar de Baños, Otero, Cáceres, Hinestroza, etc. La opinión del obispo fue abrazada por todos: “No se ponga en la constitución artículo ninguno de religión; hágase en la alocución con que se presenta a los pueblos ese código la manifestación de nuestra sublime y sagrada religión; no autoricemos el tolerantismo, pero sí toleremos el tolerantismo, como medida política y dictada por la caridad”.

Aprobada por unanimidad la proposición del obispo Lasso de la Vega, efectivamente la alocución que presentó a los colombianos la primera carta constitucional colombiana contenía el siguiente párrafo: “Pero lo que vuestros representantes han tenido siempre a la vista, y lo que ha sido el objeto de sus más serias meditaciones, es que esas mismas leyes fuesen enteramente conformes con las máximas y los dogmas de la Religión Católica, Apostólica, Romana, que todos profesamos y nos gloriamos de profesar. Ella ha sido la religión de nuestros padres, y es la religión del Estado; sus ministros son los únicos que están en libre ejercicio de sus funciones, y el Gobierno autoriza las contribuciones necesarias para el culto sagrado”.

Esta alocución fue firmada por el obispo Lasso de la Vega como vicepresidente del Congreso, por el doctor Miguel Peña, presidente, y por los tres diputados secretarios: Francisco Soto, Miguel Santa María y Antonio José Caro. Pese a este acuerdo unánime, el intransigente diputado de Mariquita, el diputado Manuel Baños Rangel, se opuso con tozudez a la propuesta del obispo, respaldada mayoritariamente por el Congreso. Ya desde el debate del artículo 3º de la constitución sobre los deberes de la Nación (“proteger por leyes sabias y equitativas la libertad, la seguridad, la propiedad y la igualdad de todos los colombianos”) había pretendido que este artículo dijera que era deber de la Nación, “proteger por leyes sabias y equitativas la religión del Estado, la libertad, la propiedad y la seguridad”. Dos veces fue negada su propuesta en el Congreso, por 38 votos contra 5. Luego este diputado se negó a firmar la constitución el día 30 de agosto, argumentando que su conciencia se lo impedía, porque no fue insertado un artículo en el que expresamente se consignara el deber del gobierno con la protección de la religión católica, apostólica y romana. Por negarse a firmar fue expulsado del Congreso. Este diputado había presentado otra protesta el 4 de junio, cuando se debatió la Ley fundamental, porque no se aceptó su propuesta la forma de gobierno para el Reino Granadino” “un principado constitucional y teocrático”. Una vez aprobada la constitución, el obispo de Mérida escribió una carta al vicepresidente Santander, datada en la Villa del Rosario el 12 de septiembre de 1821, encareciéndole la protección de la Iglesia “con decoro y decidida adhesión”.

El debate por el lugar del reconocimiento de la religión católica en la carta constitucional se libró durante la sesión del 4 de agosto. Los diputados Pedro Gual, Joaquín Borrero, Miguel Santa María, José Manuel Restrepo, Miguel Peña y Miguel de Zárraga llevaron la voz cantante en la posición de no incluir la tuición de la religión en un artículo constitucional, por razones de “impropiedad e impolítica”. Los partidarios de su inclusión constitucional estuvieron encabezados por los diputados Manuel Baños, presbítero Francisco José Otero y Juan Bautista Estévez, convencidos de que se trataba de “la primera y más sagrada propiedad del colombiano”. Al final definió el asunto el obispo de Mérida: no debía mezclarse la religión con las leyes civiles, pero sí encareció la necesidad de manifestar “que somos y queremos ser católicos, apostólicos y romanos”. El diputado Gual le tomó la palabra: “que se reserve la manifestación de nuestros principios religiosos para consignarlos en la alocución que debe dirigir el Congreso cuando se sancione la constitución”. La votación giró alrededor de la siguiente pregunta: “¿La constitución política de la República de Colombia debe contener algún artículo que hable de religión?”. Exceptuando a los diputados Francisco José Otero y Juan Bautista Estévez, todos los demás votaron negativamente.

El mismo obispo de Mérida de Maracaibo, que tan discretamente había actuado en la determinación constitucional de la religión de la nación, en cambio intentó dar un zarpazo a la soberanía del Estado republicano en el sensible tema del legado del derecho de Patronato. Durante los dos primeros años del gobierno militar de Cundinamarca, Santander había obtenido la colaboración del gobernador de la Arquidiócesis de Santafé, así como de todos los curas párrocos que cumplieron su orden de predicar sermones patrióticos. Los abogados republicanos suponían que el derecho de Patronato que habían ejercido los reyes de España sobre el clero de las Indias se transfería automáticamente al nuevo gobierno republicano, “como un derecho propio e inherente” del Estado, así como se había transferido la obligación estatal de proteger el culto, la Iglesia católica y los privilegios de sus ministros. Para ellos no debía introducirse innovación alguna en esta tradicional relación subordinada de la Iglesia al Estado soberano, mediante el derecho de Patronato de este sobre aquella: nombramientos de párrocos escogidos por los vicarios, pase de los obispos nombrados por el Pontífice de Roma, participación en una fracción de la mitad de la masa de los diezmos, aprobación de las nuevas parroquias, etc. En su opinión, los deberes de protección y de tuición del culto religioso pertenecían a la potestad suprema del Estado, pero en los primeros años el Estado republicano no declaró estar en posesión de este derecho, dada la necesidad de mantener la armonía con el clero que eligió la opción de la independencia respecto del dominio de los reyes de España.

Pero, en el Congreso constituyente de la Villa del Rosario, el obispo y diputado de Mérida de Maracaibo expuso su convicción sobre el cese del derecho de Patronato, argumentando que solo pertenecía a los reyes de España, pero no al Estado de Colombia, con lo cual había que pasar a un convenio entre la Santa Sede y el nuevo Estado. En la práctica, se trataba de despojar del “precioso derecho” de Patronato al nuevo Estado republicano, liberando al Clero de toda dependencia respecto de la autoridad civil. El vicepresidente interino de Colombia, el diputado José María del Castillo, contradijo esta pretensión y le pidió al Congreso constituyente declarar que el derecho de Patronato residía “naturalmente en el Gobierno” de la República. El Congreso se abstuvo de pronunciarse sobre este derecho, y se limitó a expedir el decreto del 15 de octubre de 1821: enterado de la respuesta que el vicepresidente interino de la República había dado al obispo de Mérida, solo ordenó que se mantuviera la observancia de las leyes que regían el cobro de los diezmos eclesiásticos, “hasta tanto que se celebre con la Silla Apostólica un concordato sobre este grave negocio”.

El debate por el derecho del Patronato bajo el nuevo régimen de Estado republicano se dio durante los siguientes años mediante pareceres publicados, entre los cuales estuvo el de José María del Castillo y Rada, nombrado secretario de Hacienda de Colombia. Finalmente, la Legislatura de 1824 aprobó la ley del 28 de julio que decretó la continuidad del derecho de patronato de los reyes de España sobre las iglesias americanas en la República de Colombia, reclamando a la Silla Apostólica que no se introdujera innovación alguna, para lo cual el Poder Ejecutivo debía celebrar con el Papa un concordato que asegurara esta prerrogativa de la República.

Durante la sesión del 22 de agosto de 1821 se dio en el Congreso el tercer debate al proyecto de ley sobre asuntos de la fe católica, resistido por los diputados Francisco José Otero y Antonio María Briceño, presbíteros, apoyados por los doctores Juan Bautista Estévez y José María Hinestroza. Pero resultó aprobado por mayoría de votos, con lo cual quedó extinguido para siempre el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, aplicando sus bienes y rentas al Tesoro Nacional. La jurisdicción eclesiástica que ejercía hasta entonces retornó a los obispos, quienes al reasumirla fueron facultados para conocer las causas de fe con arreglo a los cánones y a derecho común eclesiástico, pudiendo imponer a los reos las penas establecidas por la potestad de la Iglesia, pero garantizando a estos los recursos de fuerza ante los tribunales civiles. Se entendía que la jurisdicción eclesiástica simplemente era reasumida por los obispos y vicarios, mas no extinguida, y que el seguimiento de esas causas solo comprendía a los católicos romanos nacidos en Colombia, y a sus hijos, pero no a los extranjeros que inmigraran al territorio nacional, pues estos no podían ser molestados sobre los temas de sus creencias personales. En lo relativo a prohibición de libros, se respetarían las prerrogativas de la potestad civil.

En este debate, el obispo Lasso de la Vega había sostenido, durante la sesión nocturna del 31 de julio de 1821, que no era verdad que el Tribunal de la Inquisición había usurpado atribuciones episcopales, pues históricamente se había establecido por solicitud de los mismos obispos como un instrumento para su auxilio. El doctor Félix Restrepo lo controvirtió, sosteniendo que sí había sido una suplantación de la autoridad de los obispos, y además un instrumento de violencia contra la razón humana pues quería obligarla a creer, desconociendo que la fe era “un don del Cielo que no podía inspirarse con la fuerza”.

El Congreso constituyente examinó el reclamo del ayuntamiento de Mérida para que se le restituyera a esta ciudad la sede de la diócesis, de la catedral, del seminario y del convento de monjas clarisas, que accidentalmente habían sido establecidos por el obispo Lasso de la Vega en Maracaibo. Los diputados pidieron un informe sobre al asunto al obispo, quien tenía su residencia en la vecina población de San Antonio del Táchira porque no había podido conseguir alojamiento en la Villa del Rosario. En este informe expuso su posición de mantener su sede en Maracaibo, pero el Congreso decretó, el 29 de septiembre de 1821, la restitución de la catedral, el seminario y el convento a Mérida. Obediente a esta decisión, el obispo ordenó el traslado de todas las instituciones diocesanas a Mérida, donde recomenzaron sus funciones desde el 7 de diciembre siguiente, y donde se mantienen hasta nuestros días.

Tal como había prometido al primer presidente electo de la primera República de Colombia, el Libertador Simón Bolívar, el 20 de octubre de 1821 procedió el obispo Lasso de la Vega a dirigir una carta al papa Pío VII sobre el asunto de la erección constitucional del gobierno republicano colombiano. Por solicitud del vicepresidente, Francisco de Paula Santander, envió una carta pastoral a la feligresía realista de Coro para invitarla a obedecer al nuevo gobierno colombiano, pues era testigo de que esta nueva república anteponía siempre la religión católica a “todas sus glorias y felicidades”. El tercer sínodo diocesano que convocó en Mérida, entre el 23 y el 28 de noviembre de 1822, reunió a 137 presbíteros ya dispuestos a trabajar bajo el régimen republicano colombiano. El compromiso del obispo de Mérida con la república se confirmó con su asistencia de las legislaturas colombianas de los años 1823 y 1824 como senador por el departamento del Zulia.

Cuando el secretario colombiano del Interior, José Manuel Restrepo, solicitó al obispo organizar en todas sus parroquias un homenaje al Dios de los ejércitos por el resultado de la batalla de Ayacucho (9 de diciembre de 1824), complementada por otra carta dirigida por el vicepresidente Santander respecto de las cosas “tan extraordinarias acaecidas que, humildemente, debemos decir Digitus Dei est hic (“El dedo de Dios está ahí”). Lasso de la Vega publicó una carta pastoral, el 6 de marzo de 1825, expresando que su obligación era “cooperar con nuestra gratitud y con las mayores demostraciones de júbilo”, celebrando misas, Te Deum y preces en todas las iglesias parroquiales por los triunfos de los ejércitos republicanos.

Después de trece años de ministerio episcopal, el 15 de agosto de 1829 se despidió Lasso de la Vega de su feligresía de Mérida de Maracaibo, pues la Curia Romana lo había nombrado obispo de Quito. Bendiciendo al Dios que lo había protegido en unos tiempos tan turbulentos, exhortó a sus feligreses a vivir la vida con obediencia a la Silla Apostólica y al Sumo Pontífice, “padre universal de todos los fieles”. Dejó en su silla al doctor Buenaventura Arias, cuyo vicariato como obispo auxiliar había gestionado ante las autoridades romanas. En Quito lo esperaban nuevos tiempos turbulentos, pues el 13 de mayo de 1830 se pronunció el general Juan José Flores por la separación de Colombia, instaurando una nueva república que comenzó llamándose el Estado del Sur en Colombia, y finalmente Estado del Ecuador.

Salvador Jiménez de Enciso, obispo de Popayán

Natural de Málaga (26 de noviembre de 1765), Salvador Jiménez de Enciso Cobos y Padilla pasó, a los 20 años, a Montevideo. Fue oficial de la administración de alcabalas, pero, bajo la influencia de los franciscanos, renunció en 1790 a sus funciones de la Real Hacienda para ingresar, como becario, al Real Convictorio de San Carlos en Buenos Aires. En 1793, fray José Antonio de San Alberto, arzobispo de Charcas, le confirió las órdenes sagradas. Prosiguió sus estudios en la Real Academia Carolina de Practicantes de Juristas de La Plata y en 1794 en la Real Universidad de La Plata, donde obtuvo el título de doctor en leyes y cánones. En 1796, cuando tenía 31 años, obtuvo el título de doctor en sagrada teología y un año después era canónigo doctoral en la catedral de Charcas, ejerciendo como cura de los indios de Copacabana y Santiago en la villa de Potosí, hasta 1802, cuando se posesionó del curato rectoral.

Después de su estadía de 20 años en Suramérica, regresó a Málaga para ocupar una de las canonjías del capítulo catedral. En la cuaresma de 1808 arengó a sus feligreses contra los invasores franceses y se alistó como capellán de las guerrillas que se formaron. Después de la derrota del 4 de febrero de 1810 huyó a Cádiz, donde polemizó en el Diario Mercantil con varios escritores liberales. Con el fin de la guerra de España y el regreso del rey Fernando VII a su trono fue ascendido a visitador de la diócesis de Málaga y calificador del Santo Oficio de la Inquisición. Fue presentado por el rey para la diócesis de Popayán y el 26 de julio de 1816 recibió la consagración episcopal de manos del obispo de Ceuta en la iglesia del monasterio de las Salesas de Madrid. Fue preconizado en Roma el 13 de marzo de 1816 por el papa Pío VII. Despachó un poder al canónigo magistral Manuel Mariano Urrutia y Quijano para que tomara posesión, en su nombre, de la diócesis de Popayán. En enero de 1818 desembarcó en Cartagena de Indias y el 18 de marzo siguiente entró a Santafé de Bogotá, a tiempo para participar en las funciones de la Semana Santa. Después de permanecer tres meses allí se puso en camino hacia Popayán, a donde entró el 5 de agosto de 1818, en medio de los festejos populares organizados por su llegada.

El 21 de noviembre de 1818 publicó su primera excomunión “contra toda suerte de papeles y libros heréticos y revolucionarios proscritos” por el tribunal de la Santa Inquisición. Un año después de ocupar su silla diocesana ya había publicado una carta pastoral titulada Sobre la obcecación y extravíos de los partidarios de la rebelión, pero el resultado de la batalla de Boyacá lo obligó a emigrar hacia Pasto con los ejércitos del rey comandados por Sebastián de la Calzada. Antes había escrito una carta pastoral desde Santafé, en 1818, aconsejando a sus feligreses amar a sus reyes, y una cédula de excomunión (21 noviembre de 1818) contra las obras de los enciclopedistas franceses. En el momento de su huida dio otra cédula de excomunión dirigida a quienes auxiliaran a las tropas republicanas, declaró a Popayán en entredicho general y amenazó con suspensión a los clérigos que no emigraran.

El vicepresidente de Cundinamarca, Francisco de Paula Santander, fue obligado a expedir un decreto, el 11 de enero de 1820, declarando vacante la diócesis de Popayán “y, en su consecuencia, quedan sin efecto las órdenes que dictare aquel prelado, a quien se le ocupan los bienes de temporalidades”. Esta decisión estaba respaldada en el parecer de una junta de canonistas y teólogos (Pablo Plata, Juan Rocha, José Luis de Azuola, Tomás Tenorio, José Ignacio San Miguel e Ignacio Herrera), que no solo declaró que las excomuniones fulminadas por el obispo Jiménez de Enciso eran “injustas, atentadas, de ningún valor y efecto”, sino que además señaló su conducta como irresponsable con su feligresía, pues la había abandonado sin nombrar previamente un provisor encargado. El vicepresidente nombró entonces para este cargo al doctor Manuel María Urrutia, pero este resistió el nombramiento por escrúpulos de conciencia, dado que el obispo ya había nombrado para el mismo cargo al doctor José María Rodríguez.

El obispo de Popayán escogió a Pasto como refugio, entre finales de octubre de 1819 y 1821, pues allí se acuartelaron las tropas españolas tras su victoria en Jenoy. Durante ese tiempo fulminó excomunión contra los feligreses que auxiliaran a las tropas colombianas y “reanimó el entusiasmo” de los fieles pastusos, financiando con su dinero la fortificación del paso del Juanambú. Cuando se restauró la vigencia de la constitución española de 1812 fue el primero en jurar su obediencia en Pasto, y ese día “pontificó y predicó tres cuartos de hora sobre su utilidad y necesidad de jurarla… y el que no lo hiciera sería declarado pícaro, pues trataba de fomentar una guerra civil y un derramamiento de sangre que nos atraerá la ruina de toda la nación en la parte libre”. Mandó jurar esa carta en toda su diócesis, “y el que lo repugne en lo más mínimo, que me lo traigan preso para castigarlo”. Pero la seducción del Libertador cambió la postura del obispo, pues su esfuerzo de concertación, una vez que el triunfo de sus ejércitos en el sur cerró las posibilidades de una restauración del dominio monárquico, tuvo éxito.

El sitio puesto a Pasto por los ejércitos libertadores rindió sus frutos el 8 de junio de 1822, día en que los defensores de esa ciudad firmaron las capitulaciones ofrecidas por el general Bolívar. La undécima capitulación ofreció al obispo, a su provisor y a su secretario las mismas prerrogativas ofrecidas a los pastusos, respetando sus altas dignidades. Fue entonces cuando el obispo le rindió a Bolívar su obediencia y sumisión, solicitando pasaporte para regresar a España. Pero el Libertador le recordó que “el mundo es uno, la religión otra”, reconviniéndole el abandono de su deber pastoral y de “la iglesia que el Cielo le ha confiado, por causas políticas y de ningún modo conexas con la viña del Señor”. Le aconsejó escuchar “el balido de aquellas ovejas afligidas, y la voz del gobierno de Colombia que suplica a V.S.I. que sea uno de sus conductores en la carrera del Cielo”. Y agregó una sólida razón para convencerlo de que se quedara en Popayán como pastor:

V.S.I. sabe que los pueblos de Colombia necesitan de curadores y que la guerra les ha privado de estos divinos auxilios por la escasez de sacerdotes. Mientras Su Santidad no reconozca la existencia política y religiosa de la nación colombiana, nuestra iglesia ha menester de los ilustrísimos obispos que ahora la consuelan de esta orfandad, para que llenen en parte esta mortal carencia. Sepa V.S.I. que una separación tan violenta en este hemisferio no puede sino disminuir la universalidad de la Iglesia Romana, y que la responsabilidad de esta terrible separación recaerá muy particularmente sobre aquellos que, pudiendo mantener la unidad de la Iglesia de Roma, hayan contribuido, por su conducta negativa, a acelerar el mayor de los males, que es la ruina de la Iglesia y la muerte de los espíritus en la eternidad.

Con tan seductoras palabras, el Libertador se ganó el corazón de un obispo “de mucho talento” pero dotado de “una lógica muy militar”. En su informe al vicepresidente Santander, Bolívar le confió que el obispo se había rendido a sus instancias, a la razón y sobre todo al bien propio y general. En su opinión, sería un hombre muy útil en adelante, “porque es hombre susceptible de todo lo que se puede desear a favor de Colombia”, y con su entusiasmo natural y locuacidad sería capaz de “predicar nuestra causa con el mismo fervor que lo hizo en favor de Fernando VII”. Satisfecho por haber convertido al obispo en “muy buen colombiano”, agregó que “yo soy el protector neto de mis conquistas, y veo al obispo de Popayán como una de ellas”. El provisor de la diócesis de Popayán, José María Gruesso, uno de los eclesiásticos que acompañaron al obispo en Pasto, también se rindió ante la seducción del Libertador. Una estrofa de su poesía dedicada al creador de Colombia así lo prueba: “Bendición y alabanza,/ honor, salud y gloria/ al inmortal Bolívar/ creador de Colombia,/ que al fin con sus fatigas/ con su firmeza heroica/ entronizó en su templo/ a la paz cariñosa.”

No se engañaba el Libertador en su apreciación, pues en la carta que el obispo de Popayán escribió al Papa Pío VII para relatarle todos los cambios políticos ocurridos en Colombia, desde el “desastre de Boyacá”, justificó su permanencia en una nueva república erigida “si no de derecho, al menos de hecho por las insignes y repetidas victorias”, con el argumento de que no quería hacerse reo ante Dios por “una merma de la universalidad de la Iglesia Romana”, y en el ejemplo dado por los obispos de Mérida y Panamá, quienes también se habían sometido a la República de Colombia para no dejar abandonadas sus respectivas feligresías. Relató que al regresar a la sede de su diócesis, el 2 de julio de 1822, había sido recibido con gozo y reverencia por su clero y sus ovejas, con lo cual pudo dictar las medidas oportunas para remediar los males que se habían introducido entre las ovejas por su ausencia, contando con la ayuda de los jefes republicanos, con lo cual podía concluir que “en la historia de las revoluciones del género humano no se encontrará otra que haya infligido menos heridas a la sacrosanta religión de Nuestro Señor Jesucristo”. Todavía en 1828 recordaba este obispo de Popayán que el general Bolívar había sido un protector de la religión, de lo cual podía dar su testimonio personal:

Usted sabe que en Pasto, sin embargo de haberle hecho yo la mayor guerra, en el modo que mi estado me lo permitía, olvidando todos sus resentimientos conmigo, hizo los mayores esfuerzos para que me quedase en Colombia, aun después de haberle pedido por dos veces mi pasaporte para retirarme a España, y que para que accediese yo a quedarme me manifestó varios motivos, todos de religión. Ahora bien, un hombre que hace poco aprecio de esta, no se somete a rogar a un vencido y enemigo que lo había sido declarado de sus principios, para que no abandonase su grey como lo hizo conmigo, no habiendo jamás tenido que quejarme por mal trato que me hubiese dado.

El 22 de septiembre de 1822 juró el obispo Jiménez en Popayán, ante el cabildo, su obediencia a la constitución colombiana. A cambio, el vicepresidente Santander ya había dado, el 2 de septiembre anterior, un decreto que suspendía los que habían declarado vacante esta cátedra y le ordenaba prestar el juramento prescrito por la ley del 20 de septiembre de 1821. El obispo escribió al vicepresidente una carta llena de entusiasmo:

Puede V. E. vivir seguro de que seré un obispo perfectamente colombiano, decidido a sostener la unión y la prosperidad de la república a que ya pertenezco, y que promoveré con el mayor gusto todo cuanto me parezca útil y conveniente para llenar tan sagrados objetos. Por esto es que, aunque no me conceptúo por grande orador, como V.E. lo ha creído, inmediatamente me pondré a escribir la pastoral que me encarga, en la que, con el decoro propio de mi dignidad, procuraré a hacer ver las obligaciones que los verdaderos colombianos deben llenar con respecto a Dios, a la sociedad en que viven y con respecto a sí mismos, que es el plan que me he propuesto para llenar los justos deseos que animan a V.E.

Después de haber estado inmerso en las agitaciones de la guerra durante 14 años, desde 1808, cuando comenzó la guerra de España contra los invasores franceses, le había llegado el momento de contribuir a la conservación de la paz. La utilidad del obispo —pronosticada por el general Bolívar— para la causa de Colombia se expresó en muchas ocasiones, como en la pacificación de las milicias realistas pastusas que siguieron al teniente coronel Benito Remigio Boves y en las ceremonias de consagración de los primeros dos obispos que nombró la Santa Sede para Colombia, gracias a las gestiones adelantadas en Roma por el enviado Ignacio Sánchez de Tejada: José María Estévez, obispo de Santa Marta, consagrado en Buga en 1827, y Calixto Miranda Suárez, obispo de Cuenca, quien prestó el juramento constitucional en Quito, el 8 de septiembre de 1827. A su turno, el obispo Estévez consagró en Bogotá, el 19 de marzo de 1828, al primero de los arzobispos colombianos, Fernando Caicedo y Flórez, quien había sido arcediano de la catedral de Bogotá. Un canónigo de Mérida que servía de obispo auxiliar, Buenaventura Arias, fue nombrado obispo de Jericó in partibus infidelium, y el maestrescuela Ramón Ignacio Méndez obispo de Caracas. Para primer obispo de Antioquia fue nombrado fray Mariano Garnica, ex provincial de la Orden de Predicadores. Al comenzar el mes de julio de 1827 el vicepresidente Santander nombró a José Antonio Marcos maestrescuela de la catedral de Cuenca, como premio por “sus servicios importantes servicios en las agitaciones políticas del sur”.

Consolidadas las instituciones de la primera República de Colombia, el obispo Jiménez siguió prestando sus servicios al ordenamiento republicano. En 1831 apoyó a los ejércitos de los generales Obando y López que marcharon hacia Bogotá para destruir la dictadura del general venezolano Rafael Urdaneta, defendió la provincia de Pasto contra las pretensiones del general Juan José Flores que quería anexarla al Estado del Ecuador, y en 1840 actuó decididamente en Pasto para conjurar los motines de los campesinos indios contra una ley que pretendía suprimir varios antiguos conventos de la ciudad, aplicando sus rentas a las misiones de Mocoa. Fue así como falleció en Popayán, el 13 de febrero de 1841, rodeado por el afecto de su feligresía.

Colofón

La Iglesia católica romana estuvo íntimamente ligada a la monarquía española durante los tres siglos de la experiencia indiana, no solo porque los dos Reyes Católicos incorporaron a sus dominios las islas y tierras firmes descubiertas durante los viajes atlánticos del período 1492-1510, sino porque el siglo XVII pudo ser llamado sin equívocos como el siglo de la Monarquía católica. Cuando sobrevino la crisis monárquica del período 1808-1813, un resultado de la retención de los Borbones españoles en Francia y de la administración de José I Bonaparte, los vasallos americanos confrontaron todas las opciones posibles de su existencia política. Casi unánimemente rechazaron la administración josefinista y las pretensiones de Carlota Joaquina de Borbón, la reina consorte de Portugal. Abandonada la opción gaditana de integrar una nación de ciudadanos españoles de ambos hemisferios, por la restauración de Fernando VII en el trono de España y las Indias, sus vasallos americanos redujeron sus expectativas al retorno del absolutismo ministerial o a la independencia respecto de la monarquía, para formar nuevos estados nacionales.

Ante esta alternativa, el clero católico encabezado por sus pastores diocesanos experimentó con mayor angustia las alternativas. No se produjo la adopción unánime de una de las dos alternativas, pues una parte del clero abrazó la causa autonómica de las juntas de gobierno y de los estados provinciales que hicieron la revolución y terminaron declarando la independencia respecto de Fernando VII, mientras otra parte juró la constitución de Cádiz y mantuvo su fidelidad al rey “deseado”. Esta parte del clero experimentó la emigración hacia las plazas americanas que se mantuvieron fieles o hacia la Península, colaboró con la restauración monárquica de 1816-1819 y volvió a jurar la carta gaditana durante el año 1820. Pero la batalla de Boyacá, por su contundente impacto político en las provincias de la Nueva Granada y de Venezuela, dado que el Ejército libertador conducido por el general Simón Bolívar impuso la opción de la primera República de Colombia, lo puso en su situación extrema: emigrar o contemporizar con el ordenamiento republicano independiente de la monarquía española.

Este artículo ha examinado dos casos ejemplares: el de unos obispos fieles al rey, Salvador Jiménez de Enciso (Popayán) y Rafael Lasso de la Vega (Mérida de Maracaibo), que alentados por el Libertador decidieron no abandonar a las feligresías que esperaban su acción pastoral en tiempos muy difíciles y violentos y terminaron sirviendo notablemente el proyecto republicano. Uno era peninsular y el otro americano, pero ambos habían recibido una sólida formación en teología y en letras. Sus gestas terminaron incorporándolos a la historia de sus provincias como “hombres del momento”, pues desplegaron toda su inteligencia para preservar lo que les era más caro: la religión sagrada de Jesucristo que practicaban sus respectivas feligresías.

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