Las provincias que mantuvieron su fidelidad a las autoridades metropolitanas

Las provincias neogranadinas que se mantuvieron fieles a las autoridades metropolitanas y al virrey que estableció su sede en Panamá fueron ocho (Panamá, Portobelo, Veraguas, Santa Marta, Riohacha, Darién, San Faustino de los Ríos, Salazar de las Palmas), así como algunas ciudades (Pasto, Girón, Barbacoas) que resistían a las nuevas autoridades independientes de sus respectivas provincias. Los virreyes Benito Pérez y Francisco Montalvo coordinaron en ellas los esfuerzos de restauración de la autoridad del rey cautivo y la resistencia militar contra las tropas de Cundinamarca y del Congreso de las Provincias Unidas.

El gobernador y el Cabildo de Panamá representaron al Consejo de Regencia, respectivamente el primero y el 10 de septiembre de 1810, su condena de "las escandalosas ocurrencias de la ciudad de Santafé" y su fidelidad al rey. El 16 de septiembre siguiente también representaron lo mismo el gobernador y cabildo de Portobelo. Desde Cádiz, el Consejo de Regencia expidió una real cédula (9 de abril de 1811) ordenando al nuevo virrey del Nuevo Reino que ya se encontraba en La Habana fijar su residencia en la ciudad de Panamá, desde donde debía realizar todos los esfuerzos posibles para atraer a todas las provincias del Nuevo Reino a su obediencia, "por todos los medios suaves que os dicte vuestra prudencia y política, usando de la fuerza sólo en un caso extraordinario". Allí deberían reunirse los oidores de la Real Audiencia (Francisco Cortázar, Joaquín Carrión, Juan Jurado, Manuel García) y su fiscal, Manuel Martínez Mansilla.

En la ciudad de Santa Marta fue organizada una Junta Provisional de Gobierno el 10 de agosto de 1810 por la influencia del teniente de gobernador (Antonio Viana) y del síndico procurador (Basilio del Toro), la cual declaró su adhesión a la Junta Suprema de Santafé. Fue elegido presidente de ella el exgobernador español Víctor Salcedo y Somodevilla, con la vicepresidencia del diputado provincial ante la Junta Suprema de España, José Munive. Como secretario fue nombrado el santafereño Agustín Gutiérrez Moreno. Tres secciones fueron establecidas en la Junta (Política, Guerra y Hacienda) y se organizó una milicia. Cuando se puso a votación la elección del diputado ante el Congreso General del Reino convocado por la Junta de Santafé, las opiniones de la Junta se dividieron respecto de la obediencia al Consejo de Regencia. Un motín de pardos, protagonizado el 20 de octubre siguiente, presionó la jura pública de todos los miembros de la Junta al Consejo de Regencia. Dos días después, Antonio Viana prestó el juramento, pese a sus dudas sobre la legitimidad de la autoridad del Consejo. La recepción del documento titulado "Motivos que han obligado al Nuevo Reino de Granada a reasumir los derechos de la soberanía... e instalar una Suprema Junta bajo la sola denominación y en nombre de nuestro soberano Fernando VII y con independencia del Consejo de Regencia", firmado por Camilo Torres y Frutos Joaquín Gutiérrez el 25 de septiembre anterior en Santafé, provocó un fortalecimiento de quienes apoyaban al Consejo de Regencia. Fue así como en el siguiente mes de diciembre, contra ese "inicuo sistema que han establecido algunos abogados díscolos y ambiciosos" se produjo el movimiento de ruptura con la Junta Suprema de Santafé, encabezado por el presidente Salcedo y el diputado José Munive.

El 7 de mayo de 1811 desembarcó en Santa Marta el nuevo gobernador y comandante general que había designado el Consejo de Regencia, don Tomás de Acosta. Gracias a su habilidad, logró la disolución de la Junta provisional. En adelante, el antiguo cabildo y él mismo se convirtieron en las únicas autoridades reconocidas, de tal suerte que esta ciudad se convirtió en refugio seguro de todos los españoles y realistas.

El reconocimiento de la Junta de Cartagena a los pueblos que se separaron de la jurisdicción de Santa Marta (Chiriguaná, El Banco, Guaimaro, Remolinos y Sitio Nuevo) distanció a los samarios de los cartageneros y atizó sus enfrentamientos armados. Mientras Cartagena se reforzaba militarmente con los militares venezolanos exilados (Simón Bolívar, Manuel Cortes Campomanes, Miguel y Fernando Carabaño, Labatut), Santa Marta recibió dos batallones de Albuera enviados por el Consejo de Regencia. El puerto de Tenerife fue el punto principal de la disputa militar, finalmente recobrado por Cartagena. El 6 de enero de 1813 el general Labatut logró tomar Santa Marta. En ese momento, un destacado dirigente momposino, Pantaleón de Germán Ribón, informaba al Congreso de las Provincias Unidas que las tropas de Mompóx habían logrado infringir una derrota a las de la provincia de Santa Marta, "enemigo de eterna ignominia", en octubre del año anterior. Anunciaba que "los bárbaros catalanes" no hallarían en adelante "ni camino, ni misericordia". Frente a esos excesos verbales contra una provincia neogranadina, Frutos Joaquín Gutiérrez giró instrucciones[1] al gobernador de Cartagena para que en adelante fuese usado un lenguaje conciliador con el cabildo samario, pues en vez de hablar de una "conquista" de Santa Marta debería hablarse de una "liberación". Por otra parte, desaprobó el procedimiento de obligar a los samarios a obedecer la Constitución de Cartagena, en vez de haberles propuesto una adopción provisional de ella mientras la propia provincia de Santa Marta organizaba un gobierno local propio. Recordó que "los pueblos no sufren hoy ninguna idea de subyugación ni de conquista de sus mismos hermanos y, antes bien, padecerían gustosos un yugo extranjero por no sufrir otro doméstico". En consecuencia, estaba bien poner en Santa Marta un comandante militar prudente, pero el gobierno político tendría que recaer en un samario adherido a la causa republicana.

Camilo Torres envió una comunicación[2], el 25 de abril de 1913, al ayuntamiento de Santa Marta, sobre las desaveniencias de esta provincia con la de Cartagena. Recriminó al cabildo samario su adhesión al Consejo de Regencia, chocando con el sistema general que se había impuesto en casi todas las provincias de la Nueva Granada. Acompañándoles una alocución dirigida a los habitantes de la provincia, y ejemplares impresos del acta federal, pidió comprensión para "la voluntad general" y "los principios liberales sobre que está formado el nuevo gobierno", invitándolos a ingresar a la unión federal. Estas instrucciones conciliatorias trataban de reparar los excesos de los soldados que tomaron Santa Marta. Fueron los indios de Bonda, Gaira, Masingo y Mamatoco, siempre fieles a Fernando VII, quienes echaron a las tropas de Labatut de la ciudad. El Congreso instruyó[3] entonces al gobernador de Cartagena sobre las medidas urgentes que debería tomar. en primer lugar, había que borrar la impresión de los samarios respecto a una anexión de su provincia a la de Cartagena, publicando entre ellos que "jamás pensó en enseñorearse de ella ni defraudarla en sus derechos: que es y debe ser tan libre como cualquiera de las demás de la Nueva Granada, para darse sus leyes, su gobierno y su constitución particular". Por otra parte, advirtió que la defección de Santa Marta respecto de la causa nacional "parece que han vuelto a despertar en el ánimo del presidente de Cundinamarca (Antonio Nariño) ideas adormecidas".

El hecho es que la defensa de los fueros provinciales samarios contra la pretensión cartagenera de anexar esa provincia antigua a su autoridad optó por el camino de mantenerse adherida a la Corona, garantía plena de su autonomía frente a las ambiciones de los cartageneros. Fue así como la provincia de Santa Marta se convirtió en el fortín de la resistencia realista contra la autoridad de Cartagena y del Congreso de la Unión. Allí estableció su sede don Benito Pérez, "pretendido virrey", y "bandadas de los malcontentos que han emigrado de todas las provincias del interior". De allí se enviaban mensajes y emisarios a la Habana, Puerto Rico y Maracaibo solicitando ayuda militar contra el Congreso. El Congreso decidió bloquear desde 1811 la introducción de mercancías por ese puerto, ordenando a las demás provincias el decomiso de las que por allí entraran. Una segunda expedición militar enviada desde Cartagena por Manuel Rodríguez Torices, bajo el comando de Luis Bernardo Chantillon, también fracasó ante la resistencia de los mulatos y los indios de Mamatoco, Taganga, Bonda y Masinga.

Una vez tomada Santafé por las tropas del Congreso de las Provincias Unidas, Bolívar fue enviado a la campaña contra Santa Marta, Riohacha y Maracaibo, en la idea de liberar toda la costa atlántica para repeler cualquier expedición enviada desde España. El Congreso ordenó a Cartagena contribuir con hombres y pertrechos a este objetivo. Como se sabe, las pugnas de Cartagena con Bolívar y los momposinos frustró toda colaboración para lograrlo, permaneciendo Santa Marta como bastión realista hasta el fin de la Primera República.

El realismo a ultranza de la ciudad de Pasto, celosa de que las tropas de Cundinamarca exterminaran su soberanía reasumida, en favor de las pretensiones de Popayán, es uno de los sucesos que los centralistas de todos los tiempos no le perdonan a los pastusos[4]. Una muestra de dicho realismo es la orden dada por don Toribio Montes, presidente de Quito, para que el tesorero del Ejército Real entregara al cabildo de Pasto unos cabos de bayeta que una señora Vicuña, de Quito, había donado a las mujeres de Pasto, "en premio de la defensa que hicieron contra el rebelde don Antonio Nariño". Una vez recibidos, el cabildo de Pasto ordenó -el 9 de noviembre de 1815- a su procurador y mayordomo que hicieran una lista completa de "las mujeres viudas de los milicianos y paisanos que rindieron sus vidas en la gloriosa defensa que ha ocasionado esta remuneración, digna de la mayor gratitud y que labra una de las mayores distinciones de honor a esta fidelísima ciudad"[5], informando de tal cosa al rey, con el fin de que quedase como "monumento" capaz de esclarecer el mérito de la ciudad de Pasto desde el año 1809, pues en opinión de los capitulares, esta ciudad se convirtió en "el refugio y el asilo, tanto de nuestras tropas derrotadas", como de las del rey.

La posición realista de Pasto puede ser interpretada como una defensa a ultranza de su aspiración a la autonomía de su "patria", frente al proyecto de las tropas de Cundinamarca a reanexarla por la fuerza a la provincia "suprema" de Popayán, en manos de los republicanos. La intensidad de la defensa de sus fueros locales fue una consecuencia de su posición de honor, enfrentada a la "tiranía" de quienes intentaron invadir su territorio. El duelo de honor que el cabildo de Pasto ofreció a Antonio Nariño, "a lo largo del río Juananbú", fue ganado en franca lid. Al enviarlo preso a Quito, los pastusos estaban convencidos de haber cumplido los deberes con su patria provincial.

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[1]Comunicación de Frutos Joaquín Gutiérrez al gobernador de Cartagena. Tunja, 26 de abril de 1813. En: Ibid, I, pp. 153-154.

[2]Comunicación de Camilo Torres al ayuntamiento de Santa Marta. Tunja, 25 abril de 1813. En: Congreso de..., 1989, I. p. 152.

[3]Comunicación de Francisco Javier Cuevas al gobernador de Cartagena. Tunja, 14 de junio de 1813. En: Ibid, I, pp. 154-156.

[4]La provincia de Pasto sufre hasta hoy el castigo presidencial de llevar el nombre de "Nariño", es decir, del general cundinamarqués que capturaron y entregaron a los oficiales españoles.

[5]Cfr. Archivo Histórico de Pasto, fondo cabildo de Pasto, Independencia, caja 10, ff. 94-95. Agradezco a Dora María Chamorro su colaboración para localizar este documento.