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Las declaraciones de independencia en Venezuela y la Nueva Granada

Armando Martínez Garnica

11.666 palabras · unos 58 minutos de lectura

El 2 de marzo de 1811 se instaló en Caracas el Congreso General de las provincias de Venezuela. El manifiesto que lo anunció al público lo presentó como la irrevocable sanción del nuevo destino venezolano, ya que se trataría de la apertura de "las primeras Cortes que ha visto la América, más libres, más legítimas y más populares que las que se han fraguado en el otro hemisferio para alucinar y seguir encadenando la América.[1] Estuvo presente un grupo representativo de los hombres que habían firmado el acta caraqueña del 19 de abril del año anterior y que había hecho parte de la Junta de gobierno. Siete de los diputados eran miembros de la Iglesia, y estaban representadas las provincias de Cumaná, Margarita, Barinas y Valencia, así como San Felipe, Barquisimeto, Guanarito, Cura, San Carlos y la villa de Ospino. Con la excepción del único diputado pardo (Gabriel Pérez Pagola) todos hacían parte de los grupos distinguidos de las sociedades provinciales que habían desempeñado oficios capitulares, eran propietarios de haciendas u obtenían beneficios de la actividad comercial, que habían estudiado en la Universidad de Caracas y que ocupaban altos rangos en la oficialidad del ejército o eran miembros prominentes del estamento eclesiástico.

La instalación del Congreso y el nombramiento del Poder Ejecutivo significaron la disolución de la Junta Suprema de Caracas, con lo cual pudo este Congreso convertirse en el "depositario legítimo de la soberanía" en la antigua jurisdicción de la Capitanía General de Venezuela. Al comenzar la primera semana de julio, el diputado de Guanarito propuso la moción que abrió el debate sobre el tema de la declaración de independencia. Fue así como en los días 3 y 5 de julio casi todos los diputados presentes expusieron sus argumentos en favor de la independencia respecto de la monarquía: dado que ya se había reasumido la soberanía y que una comisión especial se ocupaba de redactar una constitución "bajo los principios democráticos", era insostenible el mantenimiento de la fidelidad al rey Fernando VII, en especial porque estaba en ciernes el establecimiento de una república sancionada constitucionalmente.

El día 4 de julio asistieron al Congreso los miembros de la Sociedad Patriótica y convocaron a los diputados a resolver, de una vez por todas, el asunto de la independencia absoluta, y algunos de sus voceros más radicales exigieron la declaratoria inmediata "contra la tiranía y opresión españolas". El Congreso consultó con el Poder Ejecutivo la compatibilidad de la declaración solicitada con la seguridad pública, y el parecer aprobatorio de éste fue leído al comenzar la sesión del día 5 de julio. Plenos de confianza, todos los grupos sociales representados estaban dispuestos a asumir la audaz decisión, con la única excepción del diputado de La Grita, el presbítero Manuel Vicente Maya, quien tenía una muy buena razón en contra: ningún diputado tenía instrucciones de sus comitentes para tomar esa decisión puesto que el Congreso había sido convocado como un cuerpo conservador de los derechos de Fernando VII, tal como lo habían jurado al posesionarse. Fue así como, al terminar la sesión de este día, el presidente del Congreso consideró suficientemente debatido el tema y lo sometió a votación. Con el único voto en contra del diputado Maya, unánimemente los diputados votaron por la declaración inmediata de la Independencia. Pudo así el presidente proceder a declarar solemnemente la Independencia absoluta de Venezuela, "cuyo anuncio fue seguido de vivas y aclamaciones del pueblo, espectador tranquilo y respetuoso de esta augusta y memorable controversia". Eran las tres de la tarde del 5 de julio de 1811 y antes de ponerse el sol dirigió el Poder Ejecutivo una proclama a los habitantes de Caracas para informar sobre esta gran novedad política en el continente suramericano.

Ya en la sesión vespertina, el Congreso comisionó a Juan Germán Roscio y al secretario Francisco Isnardi para que redactaran un manifiesto que explicara al público las causas y los poderosos motivos que habían obligado a dar tan atrevido paso. El día 8 de julio una comisión hizo entrega formal al Ejecutivo del documento que los venezolanos consideran como el "fundador de la nacionalidad". Francisco de Miranda, Lino de Clemente y José de Sata y Bussy fueron entonces designados para diseñar la bandera y la escarapela de la nueva nación, y Felipe Fermín Paúl para redactar la fórmula del juramento que debían prestar los ciudadanos al aceptar el nuevo estatuto político de Venezuela.

El acta de la declaración de la independencia de las provincias de Venezuela[2] fue firmada el 5 de julio de 1811 por los 37 representantes del Congreso de las provincias unidas de Caracas, Cumaná, Barinas, Margarita, Barcelona, Mérida y Trujillo, quienes afirmaban integrar una Confederación Americana de Venezuela en el Continente Meridional. Consideraron en ella que estaban en absoluta posesión de sus derechos, recobrados "justa y legítimamente desde el 19 de abril de 1810, en consecuencia de la jornada de Bayona y la ocupación del trono español por la conquista y sucesión de otra nueva dinastía, constituida sin nuestro consentimiento". Acordaron, en representación del "virtuoso pueblo de Venezuela", declarar solemnemente que en adelante esas provincias unidas serían, de hecho y de derecho, "Estados libres, soberanos e independientes". No reconocerían entonces sumisión respecto de la Corona de España, ni de los gobiernos que la representasen, y por lo tanto se darían la forma de gobierno "conforme a la voluntad general de sus pueblos", y ejecutarían todos los actos propios de "las naciones libres e independientes", empeñando para ello sus vidas, fortunas y el "honor nacional".

La razón que escogieron para justificar tal decisión fueron las abdicaciones de los reyes hechas en Bayona que, según la retórica del Congreso, había restablecido todos los derechos a los americanos: América había tomado a su cargo "su propia conservación" en la circunstancia en la que un rey "había apreciado más su existencia que la dignidad de la nación que gobernaba". En efecto, los reyes Borbones habían faltado en Bayona al deber sagrado que habían contraído con los españoles de dos mundos, incapacitándose a sí mismos para gobernar "a un pueblo libre, a quien entregaron como un rebaño de esclavos". También los gobiernos "intrusos" que se habían abrogado la representación nacional se habían aprovechado "pérfidamente" de la buena fe de los americanos, sosteniendo "la ilusión a favor de Fernando" para "encubrir el lazo de una representación amañada, inútil y degradante". Una vez disueltos esos gobiernos, "la ley imperiosa de la necesidad dictó a Venezuela el conservarse a sí misma" para conservar los derechos de su rey y ofrecer asilo a sus hermanos europeos, obteniendo con ello el calificativo de insurrectos y rebeldes. Después de haber permanecido tres años "en una indecisión y ambigüedad política tan funesta y peligrosa", la conducta "hostil y desnaturalizada de los gobiernos de España" los había relevado del juramento condicional que habían prestado. Había llegado el momento de disolver los lazos que los ligaban al Gobierno de España. Como todos los pueblos del mundo, estaban "autorizados para no depender de otra autoridad que la nuestra, y tomar entre las potencies de la Tierra el puesto igual que el Ser Supremo y la naturaleza nos asignan, ya que nos llama la sucesión de los acontecimientos humanos y nuestro propio bien y utilidad".

A diferencia de la conducta seguida por la Junta Suprema de Santa Fe -capital del vecino Virreinato de su nombre- en enero de 1811, que no quiso ceder al Congreso General de los diputados de las juntas de gobierno provinciales la soberanía que dijo haber "reasumido", la Junta Suprema de Caracas sí lo hizo, con lo cual el congreso pudo formar un triunvirato semanalmente rotatorio integrado por dos abogados y un coronel de milicias. Se formaron tres Secretarías del Despacho (Estado, Guerra y Marina; Gracia, Justicia y Hacienda; y Relaciones Exteriores), apoyadas por una Secretaría de Decretos. Una Alta Corte de Justicia fue integrada con cuatro magistrados, un fiscal, un relator y un secretario; y un Tribunal de Apelaciones completó el nuevo poder judicial que sustituyó a la real audiencia. El Manifiesto al Mundo,[3] fechado el 30 de julio de 1811, ratificó las razones aducidas por el Congreso para declarar la independencia. Así fue posible que el 21 de diciembre de ese mismo año pudiera el Congreso General de Venezuela sancionar la primera Constitución republicana, en la cual se incorporaron el principio de la igualdad de los ciudadanos, la erección de un gobierno representativo y la división de los poderes públicos.

La Declaración de Cartagena de Indias[4]

A las ocho y media de la mañana del lunes 11 de noviembre de 1811 comenzaron las gentes de la ciudad de Cartagena de Indias a correr por las calles y a cerrar las puertas de las casas y de las tiendas. El motivo de esta alarma eran los pardos del arrabal de Getsemaní, que después de congregarse en la plazuela de San Francisco entraban por la puerta de la muralla con la intención de presentarse con ánimo turbulento en la plaza del Gobierno. Al rato se oyeron cañonazos en las murallas y se dijo que ya los pardos se habían apoderado de la Artillería, que habían ocupado los principales baluartes, y que unidos a los Batallones de Patriotas Pardos, Milicias Pardas y Artillería, habían dirigido los cañones hacia el cuartel del Regimiento Fijo y de los Patriotas Blancos, para impedir que sus efectivos salieran a la calle.

Mientras tanto, la Junta de Gobierno provincial se reunió en el lugar acostumbrado para atender las demandas de los amotinados, que designaron como sus diputados al doctor Ignacio Muñoz, abogado sincelejano casado con una mulata hija del matancero Pedro Romero, y al doctor Nicolás Omaña, cura del Sagrario de la Catedral de Santa Fe, quien se encontraba entonces en la ciudad. Los dos fueron conducidos por entre la multitud por "muchos de los pardos". Con suma atención, la Junta recibió a los dos diputados, quienes portaban un pliego con las demandas de los amotinados. El primer artículo de ellas "era pedir que se declarase expresamente que Cartagena era absolutamente independiente de todo gobierno de España, y de toda nación extranjera.[5] Esta demanda fue debatida acaloradamente, pues el presidente de la Junta, doctor José María García de Toledo, argumentó que los doce miembros de ella eran provisionales y no tenían facultad legal alguna para tomar tan grave decisión. Aconsejó esperar hasta el próximo mes de enero, cuando se reuniría el Colegio Constituyente del Estado de Cartagena, el cuerpo que podría legítimamente aprobar esta demanda. Pero la presión de los insultos y de las amenazas que se profirieron sobre él hicieron que la Junta cediera, y fue otorgada. De inmediato fue publicado por un bando, con la escolta de todos los cuerpos militares reunidos, "declarando a la provincia de Cartagena por Estado soberano independiente de España".

Concluida esta ceremonia volvió el tumulto a presentarse ante la Junta para tratar sobre las demás solicitudes del pliego: devolver al Estado de Cundinamarca los fusiles importados que habían sido retenidos en el puerto, extinguir de inmediato el Tribunal de la Inquisición, desterrando a los dos inquisidores que allí se encontraban; reservar los empleos del Consulado de Comercio a los americanos, al igual que los del Regimiento Fijo debían darse a los americanos "que se hubiesen distinguido por su patriotismo". Algunas medidas competían a la villa de Mompox, invadida desde enero de este año por las tropas que fueron enviadas por la Junta cartagenera, bajo las órdenes del comisionado Ayos, para destruir la junta de gobierno local que se había erigido para independizarse de su autoridad. El comisionado había sometido a los vecinos a pesquisas, embargos y destierros, y había cambiado a todas las personas que desempañaban los empleos del cabildo. Los levantados pidieron entonces el cese de todas esas medidas, permitir a todos los emigrados regresar a sus casas para gozar de todas sus propiedades y honores, y reformar de nuevo el cabildo para que los más idóneos pudieran ocupar empleos de república, con lo cual podrían olvidarse "eternamente las pasadas desavenencias de Cartagena y Mompox". Todas las peticiones fueron concedidas por la Junta Provincial, excepto la devolución de los 400 fusiles decomisados a la Junta de Santa Fe. Se informó también que "el Pueblo" había clamado por que la Junta cartagenera no sostuviese jamás rivalidad alguna con la Junta de Santa Fe, pues de esta ciudad recibía "Cartagena todo socorro". En los lugares públicos fue fijada la providencia de la Junta en la que otorgó todas estas peticiones, al igual que la declaración de independencia que fue redactada de inmediato.

Esta declaración, fechada el mismo 11 de noviembre de 1811, afirmó que los representantes del "buen pueblo de la Provincia de Cartagena de Indias" querían exponer ante "los ojos del mundo imparcial el cúmulo de motivos poderosos" que los habían conducido a declarar solemnemente su separación, "para siempre", de la Monarquía española. Apartando "con horror... trescientos años de vejaciones, de miserias y de sufrimientos de todo género", identificaron los motivos recientes que, desde la crisis de 1808, los habían llevado a adoptar tan drástica decisión: en primer lugar, la renuncia al trono que habían hecho los reyes Borbones en Bayona, pues con ello se habían roto "los vínculos que unían al Rey con sus pueblos", de tal suerte que éstos habían quedado "en el pleno goce de su soberanía, y autorizados para darse la forma de gobierno que más les acomodase". Entendían que las juntas "populares" de gobierno que se habían erigido en todas las provincias y en muchas ciudades subalternas debían su poder "al verdadero origen de él, que es el Pueblo".

Agregaron que se habían agotado "todos los medios de una decorosa conciliación, y no teniendo nada que esperar de la nación española", habían resuelto usar "los derechos imprescriptibles" recobrados con las renuncias de Bayona, y "la facultad que tiene todo pueblo de separarse de un gobierno que lo hace desgraciado". En consecuencia, declararon solemnemente "a la faz de todo el mundo", que la Provincia de Cartagena de Indias sería en adelante, "de hecho y por derecho Estado libre, soberano e independiente". Cualquier vínculo que anteriormente la hubiera ligado con la Corona y los gobiernos de España quedaría disuelto, pues como "Estado libre y absolutamente independiente puede hacer todo lo que hacen y pueden hacer las naciones libres e independientes". Las vidas y haciendas de los veinte firmantes, miembros de la Junta de Gobierno, fueron empeñadas para darle validez a esta declaración, junto con la promesa de "derramar hasta la última gota de nuestra sangre antes que faltar a tan sagrado compromiso".

La noticia de esta "absoluta independencia de Cartagena de Indias" fue publicada en el suplemento del periódico Argos Americano correspondiente al lunes 18 de noviembre de 1811, presentada en términos de que a partir del día 11 de ese mes había comenzado "la época de nuestra existencia política como Estado". Premeditada por la Junta Suprema para la reunión del Colegio Constituyente que se abriría el 8 de enero del año siguiente, la declaración sólo se había anticipado por la presión de los ciudadanos. La extinción del Tribunal de la Inquisición fue la primera solicitud del pueblo que fue atendida por el nuevo Estado.

La Declaración de Cundinamarca[6]

Fue don Antonio Nariño, presidente de Cundinamarca, quien urgió en varios oficios al recién instalado Colegio Revisor de la Constitución de ese Estado, a aprobar el acto de "la independencia de Fernando VII". Durante las sesiones de los días 15 y 16 de julio de 1813, el propio Nariño ingresó al Colegio Revisor para animar el debate interno que llevó finalmente a la decisión. Como afortunadamente se conserva el acta de ese debate podemos identificar los argumentos esgrimidos por los dos bandos que se enfrentaron alrededor de esta decisión.[7] Comenzó relatando la historia de los acontecimientos peninsulares ocurridos entre 1808 y 1813, recordando la posición de los santafereños en este tiempo, que había sido mantenerse fieles a Fernando VII, pese al dominio militar francés en la Península y al ejercicio práctico del reinado de José I Bonaparte. Dada la división de los peninsulares en partidos opuestos, y la amenaza que se cernía sobre el Nuevo Reino de Granada proveniente de la provincia de Popayán, donde bajo la sombra de Fernando VII se movían los enemigos "con las armas fratricidas a acometernos", aconsejó proceder de inmediato a declarar la independencia para poder hacer "una masa de la sociedad, un cuerpo robusto y consistente a los ataques de estos mismos que han reducido a la España a la dominación extranjera". Su argumento fue apoyado por el presidente del Colegio, quien confirmó que todas las provincias de la Nueva Granada hacían "una sola masa, una misma Nación", y por tanto tenían derecho a independizarse. Todas ellas deberían concordar en encaminarse hacia "la regeneración política", partiendo "desde el punto cardinal de la Independencia". El interés común de todas ellas así lo dictaba, y así lo aconsejaba la "armonía y coherencia que debe existir entre habitantes de un mismo continente".

Contra la oposición "en conciencia" que sostuvo el presbítero José Antonio Torres y Peña, Nariño presentó el argumento de la emancipación necesaria cuando un Pueblo llegaba a su madurez: "Si: los Pueblos son como los hombres, que nacen y crecen, que numeran períodos en el transcurso de su vida en que debe gobernarse a sí mismos, con más razón los de América, que jamás serán dichosos sino con su gobierno interior que repare en sus necesidades". Después de cinco años de expectativa, había llegado el momento en que la América podía decir a España que había llegado "la época de su emancipación". En la siguiente sesión del 16 de julio, y después de un intenso debate, finalmente llegó el momento de votar la moción de declarar la independencia. Exceptuando al irreducible presbítero Torres y al diputado Fernando Rodríguez, todos los demás aprobaron la declaración de independencia de Cundinamarca, pedida a gritos por los chisperos y la multitud anónima. Nariño se había empleado a fondo en el Colegio Electoral, pues algunos de sus miembros se resistían a firmar el decreto correspondiente, alegando varias razones y hasta la circunstancia de que aún no habían sido recibidos como diputados en ese cuerpo, dilatando tal diligencia.

El acta de la declaración de independencia de Cundinamarca fue firmada por 47 diputados del Colegio Revisor que habían debatido "el importante punto de si era llegado el caso de proclamar solemnemente nuestra absoluta y entera independencia de la Corona y Gobierno de España", dada la circunstancia de "emancipación en que naturalmente hemos quedado después de los acontecimientos y disolución de la Península y Gobierno de que dependíamos". Se decretó solemnemente que desde este día Cundinamarca sería un Estado libre e independiente, separado para siempre de la Corona y cualquier gobierno de España. El argumento que justificó esta decisión fue similar al que habían empleado los caraqueños dos años antes: la consideración del modo como los reyes Borbones habían desamparado la nación "pasándose a un país extranjero", abdicando sucesivamente la Corona a favor de Napoleón Bonaparte y facilitando la ocupación de la Península por tropas francesas, en donde ya reinaba una persona de esa misma nación. En esas circunstancias, las Américas habían tenido que proveer a su seguridad interior, dándose un gobierno provisional mientras el curso de los sucesos aconsejaba el partido definitivo a tomar. Habiendo transcurrido tres años de espera, en el que los españoles peninsulares habían tratado a los americanos como insurgentes, la aproximación de tropas enemigas mandadas por españoles obligaban a ejercer el "derecho incontestable e imprescriptible que tienen todos los pueblos de la tierra de proveer a su seguridad y de darse la forma de gobierno que crean más conveniente a labrar su felicidad".

La decisión, esperada por los asistentes, fue recibida con "mucha bulla, cohetes, músicas y repiques de campanas", así como "con grandes aclamaciones de alegría, palmoteos y vivas a la independencia y libertad".[8] Por la noche "se reunió una multitud de gente, sacaron en procesión el retrato de la América con faroles, música, y cohetes, y se hizo mucho alboroto. Iban pidiendo luminarias en las casas por donde pasaban, y en la de [Juan] Jurado hubo males de corazón, porque golpearon a la puerta, como lo hacían a las demás".[9] Una vez obtenido el decreto aprobado y firmado por el Colegio Revisor, con fecha del 16 de julio de 1813, Nariño ordenó a todas las autoridades y ciudadanos obedecerlo y presentarse el día 20 siguiente, tercer aniversario de "nuestra transformación política", a prestar el juramento debido, bajo la pena de que el que se negase a prestarlo quedaría "despojado de los derechos de ciudadano", y los que desaprobaran abiertamente "esta medida necesaria y saludable" serían desterrados. En la tarde del 19 de julio se publicó en las calles de Santa Fe la declaración de la independencia. Algunos jinetes acompañaron al presidente Nariño en su paseo por la Calle Real. Después de la lectura del bando, que se prolongó hasta pasadas las cinco de la tarde, el Colegio Electoral llevó en procesión la imagen de Santa Librada desde el templo de San Juan de Dios hasta la Catedral. El día 20 de julio, aniversario de la formación de la Junta Suprema de Santa Fe, se organizó un Tedéum "con el doble objeto de celebrar la independencia y el aniversario de la libertad".

La estrecha asociación de la declaración de independencia de Cundinamarca con los avances militares de los regentistas puede probarse con las noticias llegadas en el correo del Sur el mismo día en que se publicaba en Santa Fe: el coronel realista Juan Sámano había logrado entrar a Popayán, donde fue recibido "bajo de arcos triunfales"; muchas familias regentistas que habían emigrado regresaron, y con el "pretexto de desorden de la tropa han ahorcado a varios que se sospechaban patriotas, y les han robado a todo su gusto".[10] Aunque Sámano había garantizado las propiedades a los payaneses, lo acompañaban 600 pastusos decididamente realistas, 200 limeños fusileros y muchos lanceros.

La declaración de Antioquia[11]

El 11 de agosto de 1813, don Juan del Corral, dictador del Estado de Antioquia por la "unánime voluntad de la Representación Nacional", declaró solemnemente que ese Estado desconocía a Fernando VII como su rey, así como a cualquier otra autoridad que no emanara directamente del Pueblo o de sus representantes; "rompiendo enteramente la unión política de dependencia con la metrópoli y quedando separado para siempre de la Corona y Gobierno de España. En su opinión, a esa fecha nadie ignoraba los motivos ni los derechos que todas las provincias de la Nueva Granada habían tenido para proclamar su independencia absoluta. Ya eran varios "los pueblos hermanos" que se habían anticipado "a sacudir gloriosamente el yugo de la Monarquía española que hasta allí habían sufrido" y a publicarlo: Venezuela, Cartagena y Cundinamarca. Nada quedaba por añadir a las razones expuestas en esas declaraciones anteriores, ni nada más podría adelantarse para "convencer a los enemigos de la libertad que por malicia o estupidez han cerrado sus ojos y su corazón a la luz y a la justicia". Dado que el soberano Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada no había emitido una declaración de independencia "por todas las provincias en general", era preciso que los Estados de cada una de las provincias lo hicieran "en las críticas circunstancias que han puesto a la República en la necesidad de crearse un libertador a todo trance".

En consecuencia de su declaración, decretó que en todos los lugares de la República de Antioquia debía practicarse, por todas las autoridades y ciudadanos, el juramento de absoluta independencia el día 24 de agosto, bajo la pena de ser destierro a los que se negasen, y condenados a muerte los que desaprobándolo transformasen el orden social. Esta declaración se debe a la entereza de don Juan del Corral, quien pretendió con ello "comprometer a los pueblos, a fin de que sacudiendo el temor y respeto servil con que miraban a los reyes... se decidieran a morir combatiendo por la patria o ser libres e independientes".[12]

La declaración de Tunja[13]

El 10 de diciembre de 1813 procedieron los 79 electores del Colegio Electoral y Representativo de la Provincia de Tunja a firmar la solemne declaración, ante "la faz del Universo", de no reconocer ninguna subordinación a la Regencia, ni a las Cortes, ni a cualquier otro gobierno que se estableciera en España "en la sucesión de los siglos". En adelante sólo obedecerían al gobierno que esta provincia se había dado para su régimen interior y al gobierno general del Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, "en lo tocante a los intereses comunes y nacionales, bajo los principios establecidos en el acta de unión acordada en 27 de noviembre de 1811 por los representantes de las mismas provincias, y ratificada por sus mismos gobiernos o cuerpos representativos".

Argumentaron que esta decisión era un resultado de la visión ilustrada de todos los horrores cometidos por "la moribunda España" en "las colonias" que habían fundado los españoles desde finales del siglo XV en América: por una parte, sólo los peninsulares obtenían aquí "los empleos lucrativos, que se dotaban con crecidos sueldos", empobreciendo a los naturales y enriqueciendo a los aventureros que venían "a mantenerse de ajenas producciones", regresando luego "con los despojos al país de su origen". En segundo término, esos gobernantes peninsulares habían planeado un embrutecimiento de los americanos al no consentir la propagación de los conocimientos humanos entre ellos: no enseñaban en las escuelas sino "la filosofía de los Árabes, desterrada, hacía más de un siglo, de las naciones cultas"; no permitían el beneficio del hierro, obligando a los americanos a obtenerlo de mano de sus opresores y a precios excesivos, con lo cual se había limitado el cultivo de los campos y el beneficio de las minas. En tercer término, impusieron una protección comercial a su favor, obligando a cambiar "a vil precio los frutos coloniales contra los europeos, que se vendían por tres o cuatro tanto más de lo que hubieran valido en un mercado libre". Ese sistema de "usura pública y nacional" hacía pasar el numerario de las manos de los mineros a las de los monopolistas, "sin que sirviese a los adelantamientos del país que lo producía", y esa extracción continua del oro y la plata hacía languidecer el comercio interior del Nuevo Reino, ya castigado por la prohibición de hacerlo con las otras provincias americanas. En cuarto lugar, durante tres siglos no se había fundado ni una escuela pública de primeras letras para la enseñanza de la juventud en la provincia de Tunja, ni tampoco se había interesado el Gobierno "en dar salida a sus ricas producciones", reduciéndose el mercado al consumo interno de sus habitantes, caracterizados, en su mayoría, por una "miseria espantosa".

La "única tabla" de salvación que les quedaba a los tunjanos era la independencia, presentada como "la voluntad de los habitantes de la provincia, expresada por el órgano de sus legítimos representantes", la independencia declarada por Tunja fue puesta a circular en todos los pueblos de su provincia para que, "abriéndose registros nominales en cada uno de ellos, se reciba juramento a todos los ciudadanos, bajo del cual se obliguen a sostener su independencia contra cualquier enemigo que la ataque, con sujeción sólo a los ya dichos gobiernos, hasta derramar, si fuere necesario, en su defensa, la última gota de sangre".

La declaración de Neiva[14]

El 8 de febrero de 1814, los nueve diputados del Colegio Revisor de la Constitución de la Provincia libre de Neiva examinaron el artículo 1º del título 2º de su primera Constitución, aprobada el 3 de febrero de 1812. Constataron que en ella se había declarado a esa provincia "libre e independiente del Gobierno español y de cualquiera otra dominación", por los mismos motivos que ya se habían declarado independientes algunas "provincias ilustradas de la Nueva Granada y Confederación Venezolana". Dijeron que a pesar de ello aún no se había publicado este acto "por sí solo", como convenía hacerlo para que llegase a noticia de los pueblos de su comprensión, y para satisfacer a todas las provincias que ya habían abrazado la "santa causa de la libertad". Acordaron entonces que convenía que llegara a noticia todos que esta provincia había sido "una de las primeras que declaró su independencia y sacudió de su cerviz el yugo del tirano español que la oprimía", para lo cual de nuevo repetía y juraba que el Estado de Neiva desconocía por Rey a Fernando VII y a cualquier otro que fuese puesto en el trono de España, así como "a toda autoridad que no emane inmediatamente del pueblo o sus apoderados o representantes". Quedaba así totalmente rota su unión política con la Metrópoli y con "entera separación", lo cual sería publicado por bando solemne en todas las cabezas de partido y municipalidades.

La declaración de Popayán[15]

El 28 de mayo de 1814, el Serenísimo Colegio Electoral y Constituyente de la provincia de Popayán, presidido por Andrés Ordóñez y Cifuentes, decretó que esa provincia se declaraba independiente de cualquiera autoridad que no dimanara de los pueblos legítimamente representados, pues había proclamado el sistema general adoptado por las Provincias Unidas de la Nueva Granada "para el goce de sus derechos". Esos pueblos confederados, "a costa de su sangre y de otros grandes sacrificios", habían roto ya "las cadenas insoportables del despotismo con que los tiranos de la España han tratado al hijo de América por más de tres siglos".

En consecuencia, ordenó plantar el árbol de la libertad "en señal de la posesión de este don precioso e inestimable", destruir los retratos de los reyes y borrar "todos los signos del despotismo, para no dejar a las generaciones futuras ni aun la triste memoria de unos monumentos tan degradantes". La cucarda provincial llevaría la palabra "Jesús" y el mote: "En este signo vencerás". El día 30 de mayo debían concurrir los pueblos a solemnizar esos actos "deseados por los verdaderos amantes a la patria".

Efectos no calculados de las declaraciones de independencia

Don Agustín Gutiérrez Moreno confió a su hermano José Gregorio su primera impresión sobre el "mal parto de Cartagena y de su recién nacida independencia". Aunque el Argos Americano ya había anunciado que la Junta de Gobierno había "concebido el proyecto", seguramente para su realización por el Colegio Electoral y Constituyente que se reuniría en enero de 1812, "el Pueblo le dio un apretón que anticipó el parto". Lo que no informa el acta redactada el 11 de noviembre de 1811 fue el modo como fue insultado el presidente José María García de Toledo, y "la conmoción tan general, como horrorosa, y desfigurada en los Argos". Las peticiones referidas al alivio de la situación de la villa de Mompox, invadida por las tropas de Ayos y requisada, señalaban el "influjo de un [Gabriel Gutiérrez de] Piñeres para que aquella villa vuelva a jugar a Provincia". A ese enfrentamiento de los momposinos con su cabecera gubernativa antigua se unían las disputas internas en Cartagena, con la participación activa de los pardos del arrabal de Getsemaní, lo cual no prometía buenos augurios a la primera independencia declarada en el Nuevo Reino de Granada.[16]

Ya en la propia ciudad de Cartagena independiente, un mes después de la declaración, pudo don Agustín Gutiérrez precisar a su hermano los efectos de ella. Aunque, gracias a la petición del pueblo, se había declarado que se mantendrían buenas relaciones con Cundinamarca, pese a lo cual no se entregaron los fusiles importados para ella por don Pedro Lastra, el movimiento acaecido el 11 de noviembre anunciaba efectos políticamente funestos, "y que es muy de temer se repitan con frecuencia, y que la Plebe insolentada ya aprenda demasiado a poner en ejecución estas conmociones (de las que se han visto dos en este año), mucho más en circunstancias de estar el Gobierno cada día más débil, más desacreditado, y con menos recursos para sostenerse". Anticipaba don Agustín que, "con el pretexto de amor a la Patria se tratan de vengar odios, y satisfacer miras ocultas; veo desenrollarse las pasiones, sembrarse la discordia, y observo que todo lo tendrá Cartagena, menos prudencia, energía, dinero, ni alguna de las virtudes cívicas necesarias para elevar a un Pueblo al alto rango de independiente, y conservarse en él".[17]

Los impresos que circulaban en esa ciudad eran un muestra "de los ultrajes que mutuamente se hacen los magistrados, y que anuncian continuar de un modo más denigrativo, y sanguinario". Ese tono osado de los papeles públicos y de las conversaciones particulares contrastaba con el escaso interés en enfrentar a los regentistas del vecino puerto de Santa Marta, de tal suerte que el presidente de la Junta tenía que suplicar, y sufrir "repulsas y desazones, para tripular los buques que por fin han salido a ahuyentar a los corsarios de Santa Marta". El interés común de Cartagena no lograba entonces abrirse paso aún entre las "preocupaciones, y régimen antiguo, que son las que no dejan hacer cosa de provecho". Al identificar la causa inmediata del movimiento independentista del 11 de noviembre, don Agustín señaló que el verdadero héroe de esa jornada había sido el Pueblo de Cartagena. Relató que la Junta de Gobierno había encargado al mariscal Antonio de Narváez y La Torre, quien había sido elegido en 1809 diputado del Virreinato de Santa Fe ante la Junta Central, la redacción de un oficio, dirigido a los gobernantes regentistas de Santa Marta, para proponerles un arreglo de paz. Pero los términos usados en ese oficio fueron tan "indecorosos", y tan en contra de Santa Fe, que los "buenos patriotas" que vieron ese oficio se alarmaron y comenzaron a tomar medidas de seguridad. En su opinión, ese oficio había sido "la causa principal, y originaria, del movimiento del 11, y él será el monumento eterno que sincerando a Cundinamarca, llene de oprobio y execración a los gobernantes de Cartagena". Por otra parte, las "ruidosas desavenencias" entre el presidente García de Toledo y los hermanos Gutiérrez de Piñeres tuvieron un efecto imprevisto en las Sabanas de Tolú y el Sinú, donde se desató en 1812 un movimiento contrarrevolucionario de grandes proporciones.

El motivo inmediato que hizo estallar la contrarrevolución de las Sabanas de Tolú contra el Estado de Cartagena fue "el odio cuasi general que todos aquellos pueblos concibieron contra la persona del corregidor Ignacio Muñoz". ¿Cuál podría ser motivo del odio general contra una persona nombrada por el Gobierno de Cartagena que aún no había llegado a posesionarse de su cargo en las Sabanas? El doctor Ignacio Muñoz Jaraba estaba casado con María Teodora Romero, una de las hijas del líder de los lanceros de Getsemaní, quien fue una de las figuras protagónicas del movimiento del 11 de noviembre de 1811. Natural de la parroquia de Corozal, era primo de Gabriel Gutiérrez de Piñeres[18] y fue uno de los dos diputados que ingresaron a la sala de la Junta, por en medio de los pardos, para exponer las peticiones del pueblo amotinado. ¿Cuál era la relación entre ese doctor Muñoz y las gentes de las Sabanas? Ninguna hasta que fue nombrado su corregidor. Pero fray Joaquín Escobar reveló la fuente del odio aparentemente gratuito: todos sabían que el doctor Muñoz "había tenido mucha parte en la revolución del 11 de noviembre", cuya principal víctima política había sido José María García de Toledo, a quien "todos los habitantes de las Sabanas amaban y respetaban"[19]. En efecto, sabemos que este líder revolucionario tenía relaciones comerciales en el río Sinú con Don Agustín García y en las Sabanas y Ayapel con Don José Clemente Navarro, cura de la villa de San Benito Abad, y con Francisco Fernández, vecino del pueblo de Caimito[20]. Así las cosas, cuando el bando de los hermanos Piñeres se hizo con el control de la Junta de Cartagena mediante un acto de violencia, el doctor Muñoz fue percibido como "un enemigo y perseguidor de un sujeto en quien habían depositado su amor y su confianza"[21]. Esta situación empeoró al saberse que Muñoz asumiría como nuevo corregidor, de tal suerte que llegó a rumorarse que vendría "con la espada en la mano a reformar, a castigar, y que su carácter era inflexible y petulante". El miedo había comenzado su trabajo entre las gentes de las Sabanas.

Importa recordar que el vecindario de las Sabanas de Tolú había seguido a la facción toledista, la cual hasta el 11 de noviembre de 1811 había logrado controlar la Junta provincial de Cartagena, negándose a declararse independiente de la Regencia. Cuando la facción piñerista, aliada de los pardos de Getsemaní, se apoderó de la Junta y produjo la independencia absoluta, provocó la reacción del vecindario de las Sabanas y su giro hacia la plaza de Santa Marta, adonde se habían congregado los regentistas, los comerciantes españoles y los soldados del Regimiento de Albuera. Los movimientos del comandante José Guerrero en esa dirección fueron conocidos por fray Escobar desde su llegada a Corozal a comienzos de junio de 1812, gracias a José de Flórez, alcalde de dicho sitio. Como se ha expresado ya, éste seguía causa contra el comandante de armas del departamento, fundado en los oficios que le había remitido el alcalde de Sincé, llenos de noticias sobre los preparativos que aquel hacía para jurar fidelidad al rey Fernando VII con la cooperación de las autoridades de la villa de Tenerife, centro de la conspiración contra la nueva autoridad republicana de Cartagena.

La Junta de Cartagena había ordenado, desde noviembre de 1811, a todos los pueblos de las Sabanas que jurasen públicamente la independencia absoluta. Esta orden puso en marcha la resistencia: el presbítero Pedro Martín Vásquez aseguró que la orden había sido cumplida con mucha "repugnancia" y que "generalmente manifestaron la mayor parte de los pueblos su disgusto". Relató que cuando el alcalde del pueblo de Sampués, donde era cura, ordenó al alcalde pedáneo indio que juntase a todos los vecinos para proceder a prestar el juramento solemne, éste, en vez de obedecer, se había ausentado del poblado junto con todos aquellos que supieron de la orden, "así los indios como los de las otras castas". De esta forma, cuando el mencionado alcalde ordinario llegó al pueblo tuvo que enviar comisionados a las labranzas para poder reunir un corto número de vecinos, a quienes obligó a jurar la independencia absoluta y a prestar subordinación al "detestable gobierno" de Cartagena, que si ya había sido "odioso en su principio, les fue mucho más repugnante por sus posteriores procedimientos". Se refería, por supuesto, a la orden de recibir los pagos de sus aguardientes y mercancías en papel moneda y en chinas de cobre.[22]

En septiembre de 1812 se reunieron todos los elementos del estallido social: la inminente llegada del corregidor Ignacio Muñoz "con la espada en mano a reformar y castigar", la negativa del vecindario a aceptar el papel moneda como medio de pago, la causa seguida al comandante de armas José Guerrero y la noticia de que el alcalde de Corozal estaba acompañado por fray Escobar para prenderlo, y finalmente la agitación de los curas en sus vecindarios. El movimiento contrarrevolucionario fue acelerado por un incidente menor: la retención en Sampués de una saca de 200 cerdos gordos que un Simón Abad conducía para el abasto de Cartagena. La piara fue detenida por un sargento voluntario en unión de una multitud de indios que insistían en que no debía permitirse más el aprovisionamiento de la capital provincial ni dilatarse la proclamación de fidelidad al rey Fernando VII. De este modo, los líderes locales se vieron en la obligación de poner en marcha el plan contrarrevolucionario que venían preparando.

Durante la noche del 16 de septiembre de 1812, "con universal júbilo de hombres y mujeres, así de indios como de las demás castas", fue jurada en la parroquia de Sampués, ante su párroco Pedro Martín Vásquez, la fidelidad al rey Fernando VII y la defensa de la religión católica. Fue enarbolada una bandera con la inscripción "Viva Fernando VII", redoblaron dos tambores de guerra, repicaron las campanas y se hizo salva de dos escopetas, "únicas armas de fuego que existían". Este párroco fue elegido por su feligresado como primer comandante de milicias, secundado por otros dos apellidados Charry y Aguilar, este último descrito como "muy leal y tiene influjo con los indios".[23] En la mañana del día siguiente fue jurado el rey en la parroquia de Chinú, tal como había sido convenido, así como en San Andrés.

Cuatro días después, se realizó la jura del rey por el vecindario de San José de Corozal, una vez destituido el alcalde Flórez, bajo las órdenes de José Guerrero y Cavero, y del "representante" de ese pueblo, el Dr. Pedro Antonio Gómez. En este sitio actuaron decisivamente a favor de la movilización, bajo el grito de "Viva el rey y muera el Gobierno de Cartagena", los ya nombrados y don Vicente Ulloa, don Ángel Pinillos y don Juan Bautista Vergara. Éstos confesaron que aquel vecindario, como los de los pueblos de Sincelejo, Sampués, Chinú, San Andrés, Sahagún y todo el partido de Lorica, estaba arrepentido de "haber seguido las máximas de la corrompida y detestable doctrina del gobierno de Cartagena".[24] Por ello, determinaron destituir de sus empleos a ciertas personas sospechosas de "ser jacobinos y desafectos a la sagrada autoridad de nuestro soberano". El 21 de septiembre entró a Corozal una partida de los indios del pueblo de Sampués, capitaneada por el alcalde pedáneo Felipe Martínez y enviada por el padre Vásquez. Al día siguiente ya estaban en este pueblo más de 500 indios de los pueblos de Sampués y San Andrés, todos a las órdenes de su cura. En Los Corralitos se reunieron con los 200 hombres que había traído Paternina de Sincelejo. Cuando el 28 de septiembre siguiente entró el ejército de Chinú, encabezado por Manuel de Jesús Betín, se pudo ver la magnitud de la rebelión. El 26 de septiembre se informó que también habían jurado fidelidad al rey los vecindarios de Chimá, Sahagún, Morroa, Sincé, Magangué, Caimito, Jegua, Tacamocho, Charco del Monte, Galápago, Tetón y el de la villa de San Benito Abad. Un total de 17 vecindarios se habían sumado ya a la revolución.

Lo cierto es que los curas que agitaron a los pardos y a los indios predicaron contra los "jacobinos" de Cartagena y contra las siniestras intenciones del corregidor Muñoz, diciendo que "iba a castigarlos sin misericordia y a reducir a cenizas sus habitaciones". El padre Vásquez dijo estas palabras a los sincelejanos que depusieron al alcalde Díaz, ansiosos por la suerte que correrían a la llegada del corregidor, agregando que no les quedaba más recurso que "implorar el auxilio de las armas de Santa Marta, y que él estaba cierto se les prestaría". La predicación a los indios se centró en la carga del tributo: se les informó que las Cortes de Cádiz les había hecho la gracia de liberarlos para siempre del pago de esta antigua contribución para el rey, y que en cambio el Gobierno de Cartagena les exigía el pago de hasta el medio tributo del año de 1811. El cura Vásquez les ofreció que al volver a ser gobernados por España al menos no pagarían la deuda del último medio tercio que estaba ordenado pagar, calculando que con este alivio los indios abrazarían con fervor la defensa de "la causa justa que tenemos meditada". En la ceremonia del Te Deum Láudamus que el padre Vásquez cantó en la iglesia de Corozal tras su toma, una vez reunidas todas las fuerzas de los pueblos rebelados, para agradecer a la Divinidad el éxito de su empresa, el sacerdote insistió una vez más en la defensa de la religión contra los jacobinos de Cartagena.

Otro Te Deum de acción de gracias fue realizado en la villa de Ayapel el 24 de septiembre, después de la jura de fidelidad al rey por su vecindario. El cura de esta villa aseguró entonces que nunca había jurado la independencia ordenada por Cartagena y que había logrado mantenerse firme en el juramento anteriormente prestado al rey y a las Cortes de Cádiz. Manuel Guillermo Benítez, Domingo Reynalt y José María Benítez presidieron allí la jura de fidelidad: se repitió el grito "Villa de Ayapel, partido de Sabanas y de Tolú, por nuestro rey Don Fernando" en cada una de las esquinas del tablado que se instaló, fueron lanzadas monedas al aire y se hicieron bailes y otras demostraciones de alegría.[25] Allí se organizó de inmediato una compañía fija de la villa de San Jerónimo del Monte y Sabanas de Ayapel al servicio de Fernando VII, titulada "Unión al Soberano", integrada por 110 soldados de todos los colores y puesta bajo la comandancia del español Domingo Reynalt.

Los auxilios pedidos a la villa de Tenerife desde el comienzo de la rebelión fueron enviados finalmente por Pedro Domínguez. Se trataba de unos 60 soldados armados de fusiles -50 del Regimiento de Albuera y 10 del de Fernando VII- con 10 milicianos de Santa Marta y Panamá, bajo el mando de Antonio Fernández Rebustillo, ayudante mayor del Regimiento de Fijo de Cartagena. El militar, que había migrado anteriormente a Santa Marta, fue recibido en Corozal el 24 de septiembre, con los mayores júbilos y aclamaciones, por las milicias allí reunidas. El 13 de octubre siguiente fue despachado en Santa Marta su nombramiento como juez mayor y jefe militar de todos los pueblos que habían jurado obediencia al rey, así como lugarteniente del coronel José del Castillo Calderón de la Barca, a la sazón gobernador y comandante general interino de Santa Marta. Fernández Rebustillo fue autorizado para nombrar y posesionar nuevos jueces en los pueblos que habían declarado su fidelidad al rey, conforme a lo nuevamente establecido por la Constitución de la Nación Española, prefiriendo para ello a los que se hubieran distinguido en las acciones de adhesión a su gobierno soberano. Designó a los párrocos como comandantes de sus respectivos curatos y le ofreció a Diego de Castro, comandante del departamento de Lorica, mantenerlo en su empleo y honores si se pasaba al bando del rey, tal como ocurrió. Juan Bautista Vergara obligó al vecindario a aportar maíz para fabricar bollos para el mantenimiento de las tropas, algodón para hilar mechas, hierro para fabricar lanzas y machetes, ganados para raciones y dineros. Fray Escobar calculó que con la actividad de estos dos funcionarios pudo reunir Fernández Rebustillo 19.000 pesos, una suma que fue enviada a Santa Marta para su defensa y no invertida en la de las Sabanas, como era de esperarse.

El 26 de septiembre, Rebustillo convocó en Corozal una junta de notables para examinar el problema del papel moneda emitido por el Gobierno de Cartagena que estaba en poder de los vecinos de las Sabanas, dado que los menos pudientes exigían su abolición por considerarlo "infame y gravoso". Después del debate se acordó decretar la extinción de este papel moneda, con la expresa comisión dada al jefe militar para representar tanto al virrey Pérez como al gobierno de Santa Marta, para que les fuese reintegrada de las reales cajas su valor en metálico, en premio a su lealtad.[26] Durante diez días recorrió todos los pueblos rebelados en las Sabanas de Tolú y en el río Sinú, hasta la bahía de Cispatá. En todas partes fue recibido con Te Deum, capas de coro y repique de campanas. Regresó por la costa del mar en barco hasta el puerto de Tolú, donde concertó con el comandante español Silvestre Pinzón la orden de asaltar toda embarcación o propiedad de esa costa perteneciente al vecindario de la plaza de Cartagena, y regresó al centro de sus operaciones, la comandancia de Corozal.

En la madrugada del 18 de septiembre puedo llegar fray Joaquín de Escobar a la parroquia de El Carmen, logrando huir de los sincelejanos que habían salido a capturarlo. Desde ese lugar envió un chasqui al presidente de Cartagena, dándole cuenta de la revolución que se había iniciado ya en las Sabanas. Allí se hizo fuerte con el comandante del destacamento y pudo reunir entre su vecindario 120 hombres armados de fusiles, tomando medidas para cerrar los caminos que comunicaban a Cartagena con las Sabanas. Comprometió en su auxilio a los alcaldes de San Jacinto, San Juan, El Guamo, el puerto de Barranca y El Yucal. Mientras tanto, los rebeldes habían entrado en posesión de las baterías de Yatí y Sapote, así como de una lancha cañonera que estaba surta en la Bahía de Cispatá con 40 quintales de pólvora, 20 cañones y un número considerable de fusiles. Todo ello sin un solo disparo, pues fueron entregados por sus responsables a petición de Fernández Rebustillo. De este modo, las gentes de la bahía de Cispatá también juraron obediencia al rey.[27]

El Gobierno de Cartagena comisionó la pacificación de las Sabanas y del río Sinú a dos oficiales que acababan de llegar de Caracas emigrados, en compañía del coronel Simón Bolívar. Se trataba del teniente coronel Manuel Cortés Campomanes, español y ferviente republicano,[28] y del coronel Miguel Carabaño, quien se acompañó de su hermano Fernando. Al primero se le pidió que organizara el asalto por la vía terrestre, entrando por Mahates, y al segundo por el mar, navegando hacia el puerto de Tolú. El 17 de octubre de 1812 llegó Cortés Campomanes a la parroquia de San Juan con los soldados que hasta entonces había reclutado en dos compañías de línea, y allí se reunió con los dos cañones y la gente que había congregado fray Escobar, quien los esperaba para conducirlos hasta El Carmen, cuyo cura Florentino Ferrer había mantenido a su feligresado fiel al gobierno de Cartagena.

Para entonces ya todos los curas párrocos de las Sabanas se habían puesto al frente de sus feligreses, como comandantes de armas, para repeler la invasión de las tropas cartageneras: entre ellos el presbítero Andrés Rus, cura de Colosó; el presbítero José Saturnino Sotomayor, cura de La Concepción y capellán del ejército titulado real; el capuchino lego José de Murcia, médico cirujano del mismo ejército; y el presbítero Pedro Martín Vásquez, cura de Sampués, titulado "Generalísimo de las Sabanas". En Corozal se hizo el acuartelamiento y los ejercicios de disciplinamiento de las milicias reunidas por todos los pueblos. Los vecindarios abastecían gratuitamente las raciones de carnes y bollos, y de los estancos se daba un trago diario de aguardiente "por cuenta del rey". El cura Vásquez daba de su bolsillo tabacos y jabón a sus milicianos. La avanzada fue trasladada después al pueblo de Oveja, cuyo alcalde Norberto de la Rosa entregó una carta que le había remitido fray Escobar, amenazándolo con destruir sus miserables chozas si no entregaba sus hombres a la causa de Cartagena. Este pueblo fue fortalecido bajo la dirección del comandante Pedro Mateo con un terraplén sobre estacas de maderas y varias baterías, y en sus alrededores se clavaron estacas y edificaron casas para albergue de los soldados de infantería y de caballería. El número de soldados reunidos en Oveja para la defensa fue de 1.200, pero sólo 200 disponían de fusiles o escopetas.

El 25 de octubre llegaron a la parroquia de El Carmen todas las fuerzas reunidas por Cortés Campomanes entre Mahates y otros pueblos: dos compañías de infantería de línea, con un total de 220 soldados armados de fusiles, a órdenes de los capitanes Antepara y Gallardo; una compañía de caballería reunida en San Juan, San Jacinto y El Carmen, que apenas llegaba a 20 jinetes; dos cañones montados y armados, con dos más llevados en hombros. Allí se reunió una tercera compañía de infantería de cuarta, con 130 hombres reclutados en San Juan y San Jacinto, y una más con 140 más de hombres de El Carmen. Se aumentó la compañía de caballería con 90 vecinos y se arregló un cañón que estaba allí clavado por quienes lo abandonaron. Por 15 días fueron disciplinados y adiestrados estos hombres, que disponían de 4 cargas de cajones de cartuchos y algo más de parque.

El 4 de noviembre llegó a Oveja el comandante en jefe de Tenerife, Pedro Domínguez, acompañado del capitán de las tropas del Magdalena, José Pío de Gracia. Después de conferenciar con Fernández Rebustillo se fueron a Corozal y dejaron a cargo de la avanzada al teniente Pedro Mateos y al padre Vásquez. El 11 de noviembre salieron los cuerpos armados al servicio de Cartagena en busca de las milicias de los pueblos de las Sabanas y de los soldados del Regimiento de Albuera que los esperaban en el pueblo de Oveja. Entre las 4 de la tarde y las 7 de la noche del día siguiente, pasado el arroyo grande de Mancomojan, se realizó el combate entre los dos ejércitos. Uno de los cañones montados y las descargas de la fusilería de las dos compañías de línea enviadas de Cartagena hicieron la diferencia. Al caer la noche del día 12 de noviembre de 1812 cesaron los disparos y sólo con la luz del día siguiente pudo ver fray Escobar "el grande estrago que nuestras armas habían hecho en los enemigos, a pesar de que las orillas del camino estaban sembradas de cadáveres que nos habían ocultado las tinieblas".[29]

Las ventajas de esta victoria del gobierno republicano de Cartagena sobre los pueblos regentistas de las Sabanas de Tolú fueron identificadas por fray Escobar: la seguridad de la plaza de Cartagena, de una parte, y de la otra la garantía del abastecimiento de granos, carnes saladas, cerdos y vacunos provenientes de las dos despensas de las Sabanas y del Sinú. Los vencidos quemaron los ranchos de Oveja en su retirada y abandonaron las piaras de cerdos, que de inmediato fueron sacrificados por los vencedores para racionar las tropas. Los soldados españoles del Regimiento de Albuera, su comandante y los curas caudillos se marcharon de las Sabanas, quemando el pueblo de Zambrano en su retirada hacia Tenerife. De allí siguieron para Santa Marta. El cura Vásquez terminó embarcándose para Portobelo, donde redactó el informe sobre lo acontecido que dirigió al comandante general de esa plaza, don José Álvarez, comisionado para el efecto por el virrey Benito Pérez.

Las gentes se dispersaron por los montes o regresaron a sus pueblos. El alcalde de Corozal y dos de los regidores fueron al campamento enemigo a pedir perdón e implorar misericordia para sus vecinos. El 15 de noviembre entró la expedición de Cartagena a la plaza de Corozal, a cuya vanguardia iban dos oficiales de caballería extranjeros: el alemán José Barón de Schambourg y el capitán norteamericano Moses Smith.[30] Hasta allí llegaron los alcaldes pedáneos de los pueblos de Sincelejo y Chinú para "pedir perdón e implorar misericordia de su yerro". Sucesivamente fueron viniendo los demás alcaldes pedáneos de los otros pueblos pero ninguno de sus curas, una prueba para fray Escobar de que éstos "no aman nuestra causa, y que siempre que puedan emplearán su autoridad y su ascendencia contra ella". Fue este fraile quien nombró los curas que llegaron para actuar como nuevos pastores de esos feligresados. Todos los empleados civiles y militares de las Sabanas y del Sinú fueron suspendidos de sus empleos, pues se tenía la certeza de que "casi todos estaban comprendidos en la rebelión".

Sólo los pueblos del Sinú se mantuvieron en rebeldía contra la expedición de Cartagena, bajo la dirección de Diego de Castro, porfiando en su resistencia, aún sin el auxilio de los soldados españoles. Esta tozudez produjo "el grande estrago que sucedió a la conquista" de Cispatá y los grandes castigos aplicados a los vecinos de Lorica, que fueron vencidos con las armas en la mano por el coronel Arévalo, al frente de 150 soldados de infantería y 20 de caballería. Silvestre Pinzón, el comandante español del puerto de Tolú, protegió el embarque y fuga de los soldados de Albuera y de su comandante, así como de los curas comandantes, hasta que fue capturado por la expedición marítima comandada por Miguel Carabaño. Fue este oficial quien el 26 de noviembre atacó el fuerte de Cispatá por mar y tierra, tomándolo por asalto, después de una obstinada resistencia de los rebeldes.

Los principales líderes de la revolución -Pedro José y Javier Paternina, Manuel de Jesús Betín, el padre Vásquez, Teodoro Vergara- estaban fugitivos "maquinando nuevos alborotos", pese a las órdenes de captura libradas inútilmente contra ellos. En cambio, fueron fusilados en Sincelejo cuatro de los amotinados por el coronel Arévalo, dos en Corozal por orden de Cortés Campomanes (uno de ellos era Diego de Castro), 17 en Lorica y otros en Tolú, que fray Escobar se esmeró por dejar en el anonimato: "yo quiero echar un velo sobre estas escenas de sangre y dejar a los pueblos que las mediten en el silencio con las demás consecuencias de su revolución". La magnitud de la mortandad que dejó el combate librado el 12 de noviembre de 1812 en Mancomojan también lo dejó en las penumbras de esa noche. Los embargos de bienes de vecinos comprometidos con la revolución se realizaron en Corozal, Chinú y Tolú, afectando a los curas comandantes. El teniente coronel Cortés de Campomanes impuso una conscripción forzada a los pueblos de las Sabanas, y efectivamente sacó cerca de 800 soldados que llevó a la plaza de Cartagena para emplearlos contra Santa Marta.

Epílogo: La declaración de Panamá[31]

Convocadas por el Cabildo, el 28 de noviembre de 1821 se juntaron todas las corporaciones civiles, militares y eclesiásticas de la ciudad de Panamá, treinta personas en total, y ante "un numeroso pueblo" y después de "las más detenidas discusiones bajo el mayor orden y concordia", acordaron que de modo espontáneo y "conforme al voto general de los pueblos de su comprensión", se declaraban libres e independiente del Gobierno español. Por tal motivo, decidieron que el territorio de las provincias del Istmo pertenecería en adelante al Estado republicano de Colombia, a cuyo Congreso enviarían su diputado. En consecuencia, los soldados de la tropa que guarnecía esa plaza quedaban en la absoluta libertad de tomar el partido que les conviniese. En el caso que quisieran volver a España, se les prestarían los auxilios necesarios para su transporte hasta la isla de Cuba; y a los que quisieran servir bajo el nuevo Gobierno colombiano en los castillos de los puertos de Chagre o Portobelo, se les guardarían los honores de la guerra, siempre y cuando se obligasen, bajo juramento, a no tomar las armas contra los estados independientes de América.

El nuevo jefe superior del Istmo sería don José de Fábrega, ex coronel de los Ejércitos españoles. Quedarían en el mismo pie en que estaban todas las corporaciones y autoridades así civiles como eclesiásticas. Todas las autoridades debían prestar inmediatamente el juramento de la independencia, que el domingo siguiente sería publicada con la debida solemnidad. Por medio de sus representantes, el Istmo formaría los reglamentos económicos convenientes para su gobierno interior; y mientras tanto sería gobernado por las leyes vigentes en todo lo que contradijesen el nuevo estado. Para los gastos indispensables, el jefe político abriría un empréstito que sería reconocido como parte de la deuda pública.

Esta última declaración de independencia fue el resultado del hecho político de la constitución de la República de Colombia, cuya Ley Fundamental del 12 de julio de 1821 había proclamado que los pueblos de la Nueva Granada y Venezuela se reunirían en un solo cuerpo de nación que sería, "para siempre e irrevocablemente", libre e independiente de la Monarquía española. Dado que la antigua audiencia de Panamá había sido extinguida en el siglo XVIII y el Istmo puesto bajo la jurisdicción del Virreinato de Santa Fe, los panameños de 1821 sabían que la aplicación del principio uti possidetis iuris los pondría en el teatro de la guerra libertadora colombiana contra la Monarquía española. Puestos a escoger, optaron por la opción republicana de Colombia, y en ello jugó un decisivo papel el coronel José de Fábrega, tal como Bolívar reconoció siempre.

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[1] "Congreso General de Venezuela", en Gaceta de Caracas, 5 de marzo de 1811.

[2] Publicada por Restrepo, Historia de la Revolución, CD de documentos importantes, no. 15.

[3] Este Manifiesto fue publicado por entregas en la Gaceta de Caracas (9 de agosto a 6 de septiembre de 1811), firmado por Juan Antonio Rodríguez Domínguez, quien presidía el Congreso en ese momento, y por Francisco Isnardi, su secretario. Algunos historiadores, como Parra Pérez , Historia de la Primera República, tomo II, p. 55, atribuyeron su autoría al diputado José María Ramírez, dado que el 5 de julio, cuando fue declarada la Independencia, presidía el Congreso; pero la historiografía posterior la concedió a Juan Germán Roscio, teniendo en cuenta su brillante ilustración. Sin embargo, como tanto en Montenegro y Colón, Historia de Venezuela, como Blanco y Azpúrua Documentos fue publicado el Manifiesto con las dos firmas originales, la reciente historiografía mantiene la autoría de Rodríguez e Isnardi. Agradezco a la doctora Inés Quintero Montiel, de la Universidad Central de Venezuela, la información precisa que me suministró sobre el primer Congreso de las Provincias Unidas de Venezuela.

[4] La Declaración de la independencia absoluta de Cartagena de Indias ha sido publicada muchas veces. Por ejemplo, Corrales, Documentos, pp. 351-356; Arciniegas, Colombia, pp. 84-89; Arrazola, Documentos, pp. 185-191; Porras Troconis, Documental, pp. 77-83.

[5] "Crónica de la revolución del lunes 11 de noviembre de 1811 en Cartagena", en Gaceta Ministerial de Cundinamarca, Bogotá, no. 16 (5 de diciembre de 1811), p. 55-56.

[6] La Declaración de independencia de Cundinamarca se ha publicado muchas veces, entre ellas Arciniegas, Colombia, pp. 90-94; Ruiz Martínez, Los hombres, pp. 472-475.

[7] Copia de la acta que contiene la discusión que precedió en el Serenísimo Colegio Revisor y Electoral a la Declaratoria de la absoluta independencia hecha por este Soberano Cuerpo. Santa Fe, 15 de julio de 1813. Publicada por Vanegas, Plenitud, tomo II, pp. 107-117.

[8] Caballero, Libro, Santa Fe, 11 de septiembre de 1813, p. 139.

[9] Carta de José Gregorio Gutiérrez a su hermano Agustín, en la cual le da detalles de los preparativos de la expedición al Sur y de la celebración de la declaratoria de independencia absoluta. Bogotá, 9 de julio de 1813. Epistolario de José Gregorio Gutiérrez Moreno, Casa Museo del Veinte de Julio, tomo 3223, f. 203. En Vanegas. Dos vidas.

[10] La misma carta de José Gregorio Gutiérrez a su hermano Agustín, ya citada, del 19 de julio de 1813.

[11] La solemne declaración de independencia del Estado de Antioquia ha sido publicada varias veces, entre ellas Arciniegas, Colombia, p. 96-97; y por El Repertorio Histórico, nos. 5 a 8 (agosto de 1913), pp.384-386, con el programa para la proclamación de la independencia absoluta de la República de Antioquia, pp. 386-392.

[12] Restrepo, Historia de la Revolución, tomo I, p. 242.

[13] La declaración de independencia de la República de Tunja fue publicada por primera vez en el Argos de la Nueva Granada, Tunja, 30 de diciembre de 1813, p. 34-35. Fue publicada también por fray Andrés Mesanza, O.P., en el Boletín de Historia y Antigüedades, vol. 8, No. 95 (abril 1913), p. 706-710, y en Correa, Historia, Tomo II, p. 161-164.

[14] La declaración de independencia de la provincia de Neiva fue publicada en el Boletín de Historia y Antigüedades, vol. 1, no. 3 (noviembre de 1902), p. 142-143.

[15] "Aurora de Popayán. Declaratoria de Independencia", en El Mensajero de Cartagena de Indias, no. 21, Julio 1 de 1814. Publicada por Vanegas, Plenitud, tomo II, p. 147-148.

[16] Carta de Agustín Gutiérrez Moreno a su hermano José Gregorio. Soledad, 25 de noviembre de 1811. Incluida por Vanegas, Dos vidas.

[17] Carta reservada de Agustín Gutiérrez Moreno a su hermano José Gregorio. Cartagena, 18 de diciembre de 1811. Incluida por Vanegas, Dos vidas.

[18] Meisel Roca y Aguilera, Tres siglos, p. 37.

[19] Escobar, Memorias, incluidas por Martínez y Gutiérrez en La contrarrevolución. La información sobre este acontecimiento proviene de este libro, escrito conjuntamente con el Dr. Daniel Gutiérrez Ardila.

[20] García de Toledo, Defensa, p. 21.

[21] Al frente de la Junta de Cartagena, el doctor García de Toledo se opuso el 11 de noviembre de 1811 a la declaración de independencia, argumentando que esa decisión no debería tomarla la Junta, por su defectuosa representación interina de las gentes de toda la provincia, sino por el Colegio Electoral y Constituyente que estaba convocado para el 21 de enero siguiente. Esta oposición irritó al tumulto y fue entonces cuando Gabriel Gutiérrez de Piñeres e Ignacio Muñoz agraviaron a García de Toledo, maltratándolo de palabra y obra. Ver Gabriel Jiménez Molinares: "Dr. José María García de Toledo y Madariaga", en Linajes, p. 37.

[22] Informe de Pedro Martín Antonio Vásquez, cura de Sampués, sobre la revolución acaecida en las Sabanas de Tolú. Portobelo, febrero 7 de 1813. Archivo José Manuel Restrepo, Fondo I, vol. 14, ff. 34-45. Incluido por Martínez y Gutiérrez en La contrarrevolución.

[23] Aviso del cura de Sampués, Pedro Martín Antonio Vásquez, al comandante en jefe de la Expedición del Magdalena sobre haberse realizado en esa parroquia la jura de Fernando VII. Sampués, 16 de septiembre de 1812. Archivo Restrepo, Fondo I, vol. 14, ff. 146-147.

[24] El comandante en jefe del sitio de Corozal, José Guerrero y Cavero, y el representante de dicho pueblo, Pedro Antonio Gómez, avisan al comandante de la villa de Tenerife haberse efectuado la jura de Fernando VII. Archivo Restrepo, Fondo I, vol. 14, ff. 162-164.

[25] Papeles relativos a la jura de Fernando VII en la villa de Ayapel. Archivo Restrepo, Fondo I, vol. 14, ff. 132-137.

[26] Carta de Antonio Fernández Rebustillo al comandante de la Expedición del Magdalena sobre la determinación de abolir el papel moneda en las Sabanas. Corozal, 26 de septiembre de 1812. Archivo Restrepo, Fondo I, vol. 14, ff. 166-169.

[27] Informes sobre la jura de Fernando VII en Cispatá. Archivo Restrepo, Fondo I, vol. 14, ff. 182-183.

[28] Miembro del Real Colegio de Pajes, participó en Madrid en la conspiración de Juan Bautista Picornell que se propuso dar un golpe de estado al rey Carlos IV el 3 de febrero de 1796, para instaurar un régimen republicano como el de Francia. Condenado a muerte, le fue conmutada la pena por el destierro al castillo de La Guaira. Allí se vinculó a la fallida conspiración de Gual y España, y al ser descubierta se escapó a Curaçao. Oficial del ejército y edecán a órdenes de Francisco Miranda, fue herido en 1811 en la batalla contra Valencia. Junto con Bolívar fue uno de los jóvenes oficiales que apresaron a Miranda la noche anterior a su fuga hacia Jamaica.

[29] Escobar, Memorias, p. 60.

[30] José de Schambourg llegó a Cartagena procedente de las Antillas y alcanzó a la expedición de Cortés Campomanes cuando se aprestaba al combate final. El capitán Moses Smith era en 1806 un joven imberbe embarcado en el navío Leandro que condujo a Venezuela la expedición de Francisco de Miranda. Schambourg pasó luego a Santa Fe y se enlistó en la Campaña del Sur que condujo Antonio Nariño. En La Plata se emborrachó y amenazó de muerte a Nariño, por lo cual fue expulsado de la expedición. Rodrigo de J. García Estrada: "La participación extranjera en la independencia de la Nueva Granada, 1810-1830", en Rodríguez (coord.), Historia, p. 181.

[31] La declaración de independencia de Popayán fue originalmente publicada en la Gaceta de Colombia, no. 14 (20 de enero de 1822).

Ex libris de Armando Martínez Garnica: las tres plumas del Príncipe de Gales sobre una corona, con el lema «Ich Dien» y su nombre manuscrito.
Del archivo personal de Armando Martínez Garnica.