La experiencia de las ciudades confederadas del Valle del Cauca

En la ciudad de Santiago de Cali, el primero de febrero de 1811, fue instalada la Junta Provisional de Gobierno de las seis ciudades confederadas del Valle del Cauca. Se trataba de la junta de coordinación de las acciones armadas emprendidas por la ciudades de la jurisdicción de la antigua Gobernación de Popayán que, en la circunstancia del año anterior, habían asumido una postura independiente respecto del gobernador español que residía en la ciudad de Popayán, don Miguel Tacón: Cali, Cartago, Toro, Caloto, Anserma y Buga. El 10 de agosto de 1810, el doctor Joaquín de Caycedo y Cuero había proclamado en Cali el desconocimiento que el Cabildo de esta ciudad hacía de la autoridad del gobernador español, anunciando las acciones armadas pertinentes si fracasaba el esfuerzo de mediación encomendado a fray José Joaquín de Escobar. Como en efecto así ocurrió, pues Tacón no recibió la embajada, se pasó a la organización de la Junta Provisional que se ha mencionado con la presencia del Clero regular (los frailes dominicos, franciscanos, agustinos y hospitalarios de Cali) y secular (los párrocos), sí como de los diputados de las seis ciudades: Joaquín Fernández de Soto (Buga), Joaquín de Caycedo y Cuero (Cali), José María Cuero (Anserma), fray José Joaquín Meléndez (Cartago), fray José Joaquín de Escobar (Toro) y José María Cabal (Caloto). Estuvo presente el coronel Antonio Baraya, comandante de las tropas enviadas por la Junta Suprema de Santafé a liberar la provincia de Popayán.

Esta Junta Provisional, que desconoció la autoridad del Consejo de Regencia, tuvo como propósito principal la defensa militar contra los preparativos armados del gobernador Tacón, quien "no conociendo las justas miras de estos pueblos, y la necesidad de su independencia, la de librarse del yugo francés y conservarle estos dominios a nuestro legítimo soberano, el señor don Fernando Séptimo, sacrifican la patria común a miras individuales". Dos días después fueron elegidas las autoridades de la Junta: el vicepresidente (fray José Joaquín de Escobar), el secretario (Joaquín de Caycedo y Cuero) y el presidente: el coronel Antonio Baraya, vocal de la Suprema Junta de Santafé y comandante militar de las tropas que obraban contra Tacón.

Las medidas de defensa tomadas por la Junta Provisional incluyeron la recaudación de todas los ramos fiscales antiguos, la leva de soldados, la distribución de un donativo voluntario entre todo el vecindario y una suscripción voluntaria de caballos para las tropas, y el envío de destacamentos de vigilancia a los lugares estratégicos. A órdenes del presidente Baraya, las tropas emprendieron la marcha hacia Popayán. La batalla del río de Palacé (28 de marzo de 1811) se resolvió a favor de sus tropas, con lo cual Tacón emprendió la huida hacia el sur. La Junta Provisional dio entonces orden de "imprimir confianza al pueblo de Popayán, haciéndole ver... que estas ciudades jamás quisieron hacerle guerra ni daño ninguno, sino sólo remover a Tacón", y que seguían siendo fieles a la Religión Católica y al rey Fernando VII, "a quien a pesar de sus desgracias reconocemos y reconoceremos como a nuestro legítimo soberano". El 6 de abril siguiente, los vecinos de Popayán eligieron como nuevo gobernador político al doctor Manuel Santiago Vallecilla - primo del doctor Ignacio de Herrera, un caleño que había firmado el acta santafereña de 1810 y actuado como diputado de Nóvita ante el Primer Congreso General del Reino -, dado que los capitulares habían huido con Tacón. Una semana después, los vecinos de Pasto, reunidos en cabildo extraordinario, reconocieron la autoridad de la Junta Suprema de Santafé. La Real Casa de Moneda de Popayán había pasado al control de la Junta Provisional, así como la renta de correos de toda la provincia de Popayán.

El Estanco de Aguardientes, una de las principales rentas provinciales, había sido abolido por el gobernador Tacón desde el 18 de agosto de 1810 por instrucciones del Consejo de Regencia que le había entregado el comisionado Carlos Montúfar. Como los cabildos de las seis ciudades confederadas no acataban la autoridad del Consejo de Regencia, algunos consultaron con la Junta Suprema de Santafé lo que convenía hacer con esta renta, que los capitulares de Cartago juzgaban de "ninguna utilidad para el erario", mientras que la liberación de los aguardientes contribuiría a la riqueza de sus vecinos. La liberación que las seis ciudades hicieron de este ramo estimuló su comercio, y cada cabildo le impuso el real derecho de alcabalas por su venta, cobradas por el procedimiento de "encabezamiento" de comerciantes. Esta reforma fiscal produjo no solamente una "increíble rapidez del comercio de aguardiente", sino el establecimiento de muchos alambiques para su destilación, de tal suerte que "toda la gente pobre ha emprendido este tráfico para sostenerse", y el cabildo de Cartago mejoró sus ingresos fiscales por el ramo de alcabalas[1]. Pero esta reforma fiscal afectó a la Real Fábrica de Aguardientes que funcionaba en Cali, centro receptor de los caldos de miel de caña que remitían los trapicheros de la jurisdicción de las ciudades confederadas y principal proveedor de los vecindarios de las provincias de Nóvita y Citará. Su subsistencia obligaba a modificar el procedimiento de expendio de los aguardientes producidos y reducir su precio de venta al público, conforme con la circunstancia del libre comercio permitido. Siguiendo el consejo del administrador principal de la renta de aguardientes de Cali, Juan Antonio Dorronsoro, el contador general de la Renta de Aguardientes de Santafé propuso mantener en funcionamiento de la Real Fábrica de Cali por los beneficios fiscales que reportaría al Estado republicano. La Junta Suprema de Santafé aconsejó entonces al Cabildo de Cali decidir lo que "más se acomode al estado actual de las cosas para conciliar la riqueza del Erario con el alivio de los pueblos". Este negocio no era de poca monta, pues en 1809 la venta de 6.322 cántaras de aguardientes en esa Real Fábrica ascendieron a 56.409 pesos, dejando una utilidad de 17.062 pesos[2].

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[1] Carta del Cabildo de Cartago a la Junta Suprema de Santafé, 18 de febrero de 1811. En: Alfonso Zawadzky Colmenares. Las ciudades confederadas del Valle del Cauca. Cali: Centro de Estudios Históricos y Sociales, 1996, p. 247-249.

[2] Documentos sobre la renta de aguardientes de Cali, 1810. En: Alfonso Zawasdzky, ob. cit., p.277-285.