Referendos reeleccionistas y buen gobierno en la Colombia del 2009: entre las tradiciones liberales neogranadinas y las innovaciones políticas

Bucaramanga, Colombia

Actualización de la ponencia leída en los Terceros Diálogos Iberoamericanos del Bicentenario: "Democracia y Buen Gobierno en el Mundo Actual". Buenos Aires, Biblioteca Nacional, 27 de abril de 2009.

Resumen: La disolución de la Gran Colombia en 1830 y la constitución del Estado de la Nueva Granada en la circunstancia de la lucha de los liberales contra el legado bolivariano dejaron su impronta en el ideario neogranadino del siglo XIX, caracterizado por las ideas de gobierno alternativo y ejército permanente limitado al mínimo. Contra esta larga tradición de la política colombiana, el Congreso debate en el año 2009 dos proyectos de modificación de la carta fundamental que eventualmente harían posible la experiencia de reelección del presidente, de los gobernadores y de los alcaldes. Esta innovación política, fundada en las ideas de referendo democrático y de premio al buen gobierno, subvierte unas antiguas tradiciones políticas. Esa tensión tradición/innovación en este asunto es el tema de esta corta intervención.

Introducción

En sus primeros 200 años de vida republicana la experiencia colombiana solamente cuenta con tres golpes de estado que instauraron regímenes inconstitucionales: el del general José María Melo, dado contra el presidente Obando en 1854 y que no alcanzó a gobernar ni un año; el del vicepresidente José Manuel Marroquín contra el presidente Sanclemente, con el cual se abrió el siglo XX; y el del general Gustavo Rojas Pinilla, que no alcanzó a durar cuatro años. Se trata de excepciones de una larga tradición de gobiernos constitucionales y de una experiencia electoral muy rica y variada. Así que la exploración de la relación entre la democracia y el buen gobierno, a la luz de la experiencia colombiana, debe partir de esa larga tradición de orden constitucional y de su larga experiencia representativa y electoral que partió efectivamente del año 1810. Durante el último lustro, sin embargo, estamos asistiendo a una experiencia novedosa: la de la reelección del titular del poder ejecutivo nacional por voluntad de los electores y gracias a un referendo constitucional que eventualmente lo haría posible legalmente. La política de Seguridad Democrática aplicada por el presidente Uribe durante los últimos siete años, entendida como un buen gobierno que está resolviendo problemas crónicos de gobernabilidad y de seguridad social, motivó a cinco millones de ciudadanos a tramitar ante el Congreso un referendo popular para reelegirlo por segunda vez, una posibilidad histórica que aspira a obtener los votos de la cuarta parte del padrón electoral de país para producir una innovación en la democracia representativa que enfrenta la larga tradición de alternación que arranca de la carta constitucional de 1832. Por el interés que esta novedad política encierra, esta intervención se refiere a la resistencia que las tradiciones liberales le oponen en la actualidad.

Referendo constitucional para permitir la reelección del presidente Uribe

El 10 de septiembre de 2008 el doctor Luis Guillermo Giraldo y otros ciudadanos presentaron ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes el proyecto de ley 138 de 2008 "por medio del cual se convoca a un referendo constitucional y se somete a consideración del pueblo un proyecto de reforma constitucional". Su intención original era reformar el inciso 1º del artículo 197 de la Constitución Nacional para que en adelante rezara como sigue: "Quien haya ejercido la Presidencia de la República por dos períodos constitucionales, podrá ser elegido para otro período". El precepto vigente a reformar dice actualmente que "Nadie podrá ser elegido para ocupar la Presidencia de la República por más de dos períodos". Efectivamente, la Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el texto de reforma constitucional tal como fue presentado. Al pasar al Senado, una comisión de ponentes designada por su Mesa Directiva radicó la propuesta como proyecto de ley 242 de 2009 con una pequeña modificación al texto procedente de la Cámara: el inciso 1º del artículo 197 de la Constitución Política quedaría así: Quien haya sido elegido a la Presidencia de la República por dos períodos constitucionales, podrá ser elegido para otro período". El 15 de abril de 2009 la Comisión Primera del Senado lo aprobó con una limitación ("únicamente"), quedando para la Plenaria del Senado con el siguiente texto: "Quien haya sido elegido a la Presidencia de la República por dos períodos constitucionales, podrá ser elegido únicamente para otro período". La razón de la modificación del texto originalmente aprobado por la Cámara de Representantes fue expuesta por la misma comisión de ponentes del Senado: "En el año 2010... el presidente Álvaro Uribe Vélez no podría aspirar a ser reelegido porque su segundo período terminará el 7 de agosto del 2010, y las elecciones presidenciales deben realizarse antes, en el mes de mayo del mismo año". Resulta entonces que la intención de los 5 millones de ciudadanos que firmaron el proyecto de ley original entregado a la Cámara de Representantes quedaría desvirtuado por la manera como fue redactado originalmente, pues el único excluido sería precisamente el presidente Uribe. Usando entonces la facultad que le concede el artículo 15 de la Ley 134 de 1994, el Senado modificó el texto del proyecto original, "siempre y cuando se conserve la sustancia o identidad del mismo para no desconocer la voluntad popular". El 19 de mayo la Plenaria del Senado aprobó el nuevo texto de la reforma del artículo 197 por una mayoría de 65 votos contra 5, después del retiro de las bancadas del Partido Liberal y del Polo Democrático. Pero la diferencia entre el texto aprobado en la Cámara de Representantes y en el Senado obligó a una diligencia de concertación entre las dos cámaras legislativas, gestionada por dos comisiones escogidas, antes de su examen de control constitucional.

Paralelamente, un grupo de senadores de la bancada de Cambio Radical radicó en el Senado el proyecto de acto legislativo 19 de 2007 "por el cual se permite la reelección inmediata de gobernadores y alcaldes". Aunque avanza lentamente este proyecto, es claro que la aprobación de la reelección popular del presidente de la república es un argumento de peso para extender esa facultad de los electores a los alcaldes municipales y a los gobernadores de los departamentos.

La idea de referendo popular

El referendo es un procedimiento de participación política mediante el cual el pueblo aprueba o rechaza las decisiones normativas de las autoridades, expresadas en un texto ya elaborado. La Constitución Política de Colombia previó varias clases de referendo: para derogar una ley si el 10% del censo electoral lo solicita y el 25% lo aprueba, para derogar una reforma constitucional aprobada por el Congreso si versa sobre los derechos fundamentales, para convertir una región en entidad territorial, y el referendo constitucional para reformar la propia Constitución (artículo 378), por iniciativa del Gobierno o de los ciudadanos.

El referendo se funda en la idea de soberanía popular que introdujo la Constitución Política de 1991 y en la idea de la participación política de los ciudadanos en un régimen de democracia participativa. Hoy en día la Constitución Política puede ser reformada en Colombia por el Congreso, por una asamblea constituyente o por el Pueblo mediante referendo. No hay nada extraño en ello, pues desde 1991 la Constitución ya ha sido reformada por 27 actos legislativos, de los cuales 22 se originaron en el Gobierno y los otros 5 en el Congreso. El referendo popular del año 2003 apenas pudo reformar el artículo 122 de la Carta, referido a inhabilidad permanente, pues todos los demás no alcanzaron a obtener el 25% del censo electoral.

Razones de la oposición al referendo constitucional que eventualmente permitiría la reelección del presidente Uribe

Las voces opositoras a la segunda reelección presidencial han expresado en los medios de comunicación diversos argumentos, siendo los principales los listados a continuación:

1. La tradición histórica liberal de alternación en el poder ejecutivo como el mejor sistema constitucional.

2. Los temores: a los abusos del titular del Poder Ejecutivo contra sus opositores, a los abusos de los referendos, y a la alteración del equilibrio de los tres poderes.

3. Los consejos amables dados al presidente Uribe para que se retire voluntariamente de la contienda electoral.

4. Un supuesto garrafal error histórico.

Examinemos a continuación estos argumentos.

1. La tradición liberal de alternación en el poder ejecutivo

La Constitución política de 1832 definió en el artículo 12 del Título III que el Gobierno de la Nueva Granada sería "republicano, popular, representativo, electivo, alternativo y responsable". El texto definitivo de este artículo fue propuesto por el diputado de la provincia de Bogotá, Mariano Escobar, apoyado por el diputado de la provincia de Mompós, Manuel Cañarete. Como este atributo de alternación del gobierno se mantuvo en las Constituciones de 1843 y 1853, estamos entonces ante una tradición política de la Nueva Granada, como lo recordó don Ignacio Gutiérrez Vergara en 1858, cuando empezaba su brillante actuación como secretario de Hacienda de la Administración Ospina: "...un pueblo incipiente dominado por una imaginación fogosa, que ve en la alternabilidad de los partidos y de las personas la salvaguardia de su libertad..".[1]

Así fue desde la segunda elección presidencial de 1836, cuando el presidente Santander intentó influir en favor del general José María Obando, obteniendo una dura resistencia que llevó a la presidencia al doctor José Ignacio de Márquez. En estos comicios habían participado los doctores José Ignacio de Márquez, Vicente Azuero y Francisco Soto, así como el general Obando. Los tres últimos eran personas muy cercanas a los afectos del presidente Santander, por lo cual compitieron entre sí para obtener su aprobación. Éste descalificó inicialmente a Azuero y Soto, señalando como su sucesor al general Obando, "a pesar de sus defectos para magistrado, por necesidad también, porque los perturbadores de oficio le tienen miedo y porque los patriotas tenemos confianza en él".[2] Como el general Obando había proclamado su candidatura con un programa de gobierno emitido en Popayán (14 abril 1836), en el que ofrecía imitar al presidente Santander en su forma de gobernar, la resistencia al "continuismo" del gobierno se enconó, al punto que se divulgó la opinión que atribuía a Santander la pretensión de seguir gobernando a través del general Obando, para retornar así a la silla presidencial en 1841. Las elecciones primarias en las asambleas cantonales favorecieron al doctor Márquez (622 votos), seguido por Obando (555 votos) y Azuero (164 votos). Al no existir mayoría absoluta, le correspondió al Congreso de 1837 el perfeccionamiento de la elección. La primera votación de los 96 congresistas descartó a Obando, reduciéndose la elección a los doctores Márquez, quien había obtenido 58 votos, y Azuero, que contaba con 21 votos. En la segunda elección, la mayor parte de los partidarios de Obando votó por el doctor Azuero, quien había recibido el beneplácito final del presidente Santander, pero apenas pudo reunir 33 votos, frente a los 62 votos emitidos por el doctor Márquez, pues uno de los votos fue dado en blanco. En la cuarta votación éste pudo reunir al fin los 64 votos que requería para demostrar la mayoría de las dos terceras partes, con lo cual fue proclamado segundo presidente de la Nueva Granada.

Este triunfo del bando moderado de los liberales y de los antiguos bolivarianos, promotores de la candidatura del vicepresidente Márquez, cerró el paso al intento de iniciar una tradición de elección exitosa de los "candidatos de la Administración", formando en cambio la tradición granadina de los movimientos de resistencia política a "la imposición" y "la tiranía" de los presidentes. Las diferencias con la tradición mexicana, en la que el presidente saliente ungía a su sucesor con "el dedazo", son nítidas. Fue así como en los comicios "perfeccionadores" realizados en la Legislatura de 1837, en la circunstancia de la pugna de dos bandos políticos distintos, apenas nombrados con los vagos nombres de "exaltados" y "moderados", se impuso la tradición de alternación en la conducción del gobierno de la Nueva Granada.

En 1853, cuando finalmente pudo el general Obando alcanzar la posición presidencial, el vicepresidente Obaldía le recordó que su derrota de 1837 la había causado el propio presidente Santander:

Diez y siete años hace que una parte del pueblo granadino quiso traeros al elevado puesto que ocupais en este día. El primer hombre de estado de aquellos tiempos favorecía decididamente vuestra candidatura: ese hombre era el general Santander. Pero su misma elevación, y la circunstancia de hallarse gobernando la República, fueron hábilmente explotadas por vuestros adversarios políticos, y desde el centro de la Nueva Granada hasta sus más remotas extremidades esparciose una idea, engalanada con el ropaje seductor de la libertad, que entrañaba, no obstante, un germen de muerte para vuestra candidatura. Hízose creer que aquel ciudadano distinguido ensayaba sus fuerzas contra el libre sufragio del pueblo, que quería imponerle su libertad, y que, en darse un sucesor, abrigaba un designio siniestro[3].

En 1837 Santander no habría comprendido que "su injerencia en vuestra elevación iba a ser proyectil que la hiriese desde su cuna, y que la hiciese descender a medio vuelo", porque quiso transplantar a la Nueva Granada una práctica de los Estados Unidos, olvidando que "en la infancia de los pueblos, como en la adolescencia de los seres humanos, la susceptibilidad es una condición del organismo". Ese error, "nunca bien deplorado", había sido la causa de la derrota de la candidatura del general Obando. En su respuesta al discurso del vicepresidente, el general Obando reconoció que efectivamente había recibido de Santander "la ilimitada distinción de presentarme a la República como digno de sucederle en el mando supremo", para "dar arraigo a las instituciones republicanas que él había planteado en los cuatro años de su administración", pero este proyecto se había malogrado en la contienda electoral, tan "llena de peripecias que no se habrán olvidado".

A despecho de su derrota, los "continuistas" de 1837 intentaron subvertir la legitimidad de la elección del doctor Márquez al tenor de una interpretación del artículo 103 de la Carta constitucional, compartida por el presidente Santander, pero el Congreso confirmó la legalidad de la elección. El expresidente Santander pasó entonces a presentar una dura oposición a la Administración Márquez desde el periódico La Bandera Nacional. El doctor Eladio Urisarri, quizás el más decidido enemigo político de Santander, le enrostró en esta ocasión la inutilidad de sus esfuerzos para ostaculizar la alternación producida:

¿Qué habrá influido para que, contra los decididos esfuerzos y la terrible intriga de Usted fuese (Márquez) elevado a la silla presidencial con preferencia a tantos granadinos beneméritos?... Vuelva Ud. sobre sí, y a lo menos aprenda Ud. a ocultar mejor sus pasiones[4].

Los méritos acumulados por el doctor Márquez al momento de su elección presidencial no dejaban duda sobre su capacidad: destacado jurista y catedrático de economía política, presidente del Senado, secretario de Estado, vicepresidente de la República y presidente del Consejo de Estado. Líder tradicional del bando "moderado" del liberalismo granadino, había atenuado las propuestas radicales del bando "exaltado" durante las sesiones del Congreso constituyente de 1831-1832 que produjeron la Carta fundamental de 1832. Si alguien merecía la dirección del Poder Ejecutivo por alternación, éste era sin duda el doctor Márquez, la figura más visible del liberalismo moderado y la contrapartida, en el seno del Consejo de Gobierno, de uno de los líderes del bando exaltado, el doctor Francisco Soto.

El debate electoral de 1848-1849 también contó con un "candidato de la administración": a veces el doctor Rufino Cuervo, a veces el general Joaquín María Barriga[5]. Los adversarios de la candidatura de este vicepresidente se esforzaron entonces por desprestigiar al gobierno Mosquera como medio para neutralizar este nuevo intento de formación de la tradición presidencial de designación del sucesor en el primer cargo del Poder Ejecutivo:

Mosquera pretende aún lo que Santander no pudo conseguir: quiere que el Congreso, dócil a sus órdenes, nombre al sucesor que él mismo ha elegido para continuar a su sombra la dictadura que ejerciera bajo las débiles administraciones de Márquez y Herrán. Él mismo ha dicho, con imprudente audacia, que no serán electos presidentes sino los individuos designados por él o por Herrán[6].

Frente a esas "intrigas palaciegas", los partidarios de la candidatura del general López convocaron al Congreso a perfeccionar la elección presidencial "en favor del ciudadano que más votos ha reunido" en las elecciones primarias, anunciando que si llegasen a escoger al que "entra en cántara en último lugar" (Cuervo) se produciría una guerra civil pues, dado que las mayorías gobernaban, se produciría una revolución allí donde quiera que "una minoría audaz quiere retener el poder que se le escapa de sus manos".

La consolidación de la tradición de alternación en la administración del Poder Ejecutivo es el supuesto de la formación de la tradición bipartidista en la acción política granadina. Como se sabe bien, la campaña presidencial de 1848 fue la circunstancia en la cual se formularon, de manera explícita, los programas de los partidos liberal y conservador, cuya existencia política formal cristalizó definitivamente el 7 de marzo de 1849. Los liberales de 1848 fueron conscientes en ese momento de la posibilidad de la alternación en la conducción de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. En la peculiar representación histórica que construyeron para justificar su acción política, sostuvieron que habían transcurrido doce años de su exclusión política del poder público, pero que al disponer ya de un sólido programa de gobierno, pertinente con las transformaciones sociales y políticas que habían ocurrido en Francia, sentían que les había llegado el turno de gobernar y de "redimir a los desterrados" que había dejado la Administración Herrán, empezando por "el gran perseguido": el "desgraciado general Obando".

Incluso los conservadores compartían con ellos la representación histórica relativa a la alternación partidista en el gobierno. Por ejemplo, José Eusebio Caro publicó en la entrega 17 de La civilización (29 noviembre 1849) un esquema histórico de la alternación partidista en el gobierno, según la cual "el partido de los rojos" había gobernado entre 1833 y 1837, pasando a la oposición entre 1837 y 1849, cuando había vuelto a gobernar desde "el 7 de marzo con sus puñales" y hasta "el tiempo que la Providencia lo permita". Por su parte, el partido que en 1848 se vio obligado a adoptar el nombre de Partido Conservador, pues antes de esa fecha había "vivido sin nombre", era el que había gobernado entre 1837 y 1849, pues incluso el general Mosquera podía ser considerado uno de los "miembros del partido conservador", así no le gustase a él este nombre.

Caro y Mariano Ospina, los dos ideólogos del naciente Partido Conservador, estaban dispuestos a demostrar que el partido llamado Liberal no era más liberal que el Conservador, pues cuando aquel había dirigido el Poder Ejecutivo (1833-1837) no había favorecido la libertad política de los ciudadanos tanto como en "los tres períodos administrativos siguientes, en los que había dominado el partido conservador". La diferencia entre los dos partidos no radicaba tanto en las ideas, todas ellas liberales, como en la distinción entre dos calidades de personas: de un parte, aquellas que sólo aspiraban a mejorar su condición "por los medios naturales y ordinarios de que ya disponen, por el desarrollo pacífico de la industria que ya ejercen o por la aplicación laboriosa de los capitales que ya poseen". De la otra, aquellas "descontentas con su posición (que), deseando mejorarla a todo trance y por cualesquiera medios, están naturalmente tentados a buscar en los trastornos políticos las comodidades, los goces, la dominación que les es difícil obtener bajo el imperio de las leyes, en la continuidad algo monótona de la paz pública, entre la rivalidad, entre la competencia de industria, de talentos, de virtudes que trae necesariamente consigo la seguridad general". La base social de los dos partidos era entonces la diferencia entre quienes se sentían establecidos y quienes se percibían a sí mismos como marginados, para usar la nomenclatura de Norbert Elias. Los primeros, que no querían ser molestados "ni en el ejercicio de su industria, ni en sus propiedades, ni en sus creencias", eran el núcleo del partido "moderado, juicioso, pacífico y religioso". Los segundos, inconformes con "los medios naturales ordinarios de mejora individual y social", que deseaban llegar "rápida y súbitamente a la posición a que aspiraban", eran el núcleo del partido liberal. El poder y la riqueza eran entonces los objetos del juego político que se libraba entre los dos partidos[7].

Pedro Neira Acevedo, el redactor de El Republicano, fue uno de los que convocó al Congreso de 1849 a derrotar las aspiraciones del candidato de la Administración Mosquera, el vicepresidente Rufino Cuervo, señalando "la injusticia" que su triunfo causaría:

el candidato de la administración es el más impopular, por cuya razón no hay motivos de temor; pero si llegase el caso en que despreciando la opinión pública, fuese electo presidente, la República entera se levantaría en masa protestando contra tan notoria injusticia. Si tal cosa sucediese, volvería a encenderse la guerra civil, veríamos correr la sangre a torrentes, y la corriente sería cien veces más encarnizada que lo fue en 1840[8].

Por su parte, Ricardo Vanegas publicó en La América (no. 5, 16 abril 1848) la cuenta de "cargo y data" de la Administración Mosquera, poniéndole a este gobierno los siguientes cargos: haberle declarado la guerra al Ecuador (1846) sólo porque su presidente no se había negado a concederle asilo al general Obando, haberse negado a disminuir drásticamente el pié de fuerza del ejército, haber invertido fondos de caminos en la adquisición de costosos uniformes militares importados de Europa, haber iniciado la costosa obra de construcción del Capitolio Nacional, haber diseñado una política educativa (decreto orgánico del 14 septiembre 1847) que pretendía obstaculizarle a la juventud el adelantamiento de "estudios especulativos", haberse negado a expulsar a los jesuitas, haber instalado legaciones diplomáticas inútiles (como en Honduras) y haber incrementado el déficit fiscal del Estado. La cuenta de data reconocía a la Administración la elaboración del plan de reforma de la Hacienda por el secretario Florentino González, haber proyectado la inmigración de europeos, haber dado pasos hacia la adopción del nuevo régimen municipal, haber creado la Escuela Militar, apoyado la navegación a vapor por el río Magdalena y mejorado el camino del Quindío, así como haber importado útiles para las escuelas públicas.

Sometida a crítica la Administración Mosquera y presentado "con espanto" su candidato presidencial, todos los periódicos liberales convocaron a la nación a votar por el general López, dueño de un largo prestigio militar y centro de las esperanzas de las reformas liberales que los sucesos europeos de 1848 parecían exigir. La alternación partidista cobró este año su expresión definitiva con la exposición de los dos programas, y el candidato de los liberales triunfó ampliamente en las asambleas electorales de los cantones: 735 votos frente a los 304 que obtuvo el candidato de la Administración Mosquera. Incluso el doctor Gori, candidato independiente, superó en ochenta votos a éste. La agitación política que se inició desde comienzos de 1849 tenía como único propósito detener la maniobra "perfeccionadora" del Congreso, mayoritariamente conservador, contra los resultados de las asambleas cantonales. La organización de los artesanos de Bogotá y la agitación en los colegios, así como la campaña periodística en las provincias, no tenía otro propósito que el de ratificar en el Congreso los resultados electorales de los cantones, es decir, la defensa del triunfo "popular" del general López. El Congreso de 1849 se convirtió entonces en el ojo de la tormenta, señalando a los verdaderos actores del drama: los militares y los abogados que ocupaban los asientos de la Cámara y del Senado.

Pero, ¿de dónde sacaron los legisladores granadinos esta idea de la alternación de los gobiernos? La respuesta no es difícil: del legado ideológico de la Revolución Francesa, pues la alternación fue una de las cualidades básicas de la forma republicana del gobierno, junto a la división de poderes, la elección de los gobernantes, la limitación legal de las facultades de la autoridad pública, y la responsabilidad del gobierno respecto de sus actos (rendición de cuentas y publicidad de su gestión). El artículo 12 de la Carta granadina de 1832 solo mencionó explícitamente tres cualidades de la forma republicana (electiva, alternativa y responsable), pero supuso las otras dos tras la limitación que el pueblo imponía a la autoridad gubernamental, así como el rasgo representativo suponía la división tripartita del poder público".

La hermenéutica del principio de la alternación en el gobierno pudo haber sido realizada por los juristas granadinos a partir de su lectura de las obras de Benjamin Constant (1767-1830), especialmente de las tituladas Sobre las reacciones políticas (1797), traducida al español por don Marcial Antonio López (Madrid: Imprenta de la Compañía, 1820), y Principios de política aplicables a todos los gobiernos (1815), que es un examen del Acta adicional a las constituciones del Imperio (proyecto constitucional liberal conocido como Benjamine). Don Manuel Ancízar fue uno de los lectores del Tratado sobre las reacciones políticas, pues incluso usó uno de sus párrafos como epígrafe de uno de sus editoriales del periódico El Neo-Granadino ("Sobre la necesidad de conservar el prestigio del gobierno"), cuando empezaba la Administración López. Fue entonces cuando recordó que "el sistema republicano alternativo es uno de los cánones democráticos", con unos efectos que tendrían que verse de inmediato bajo la nueva Administración López, cuya misión era, "en cierto modo, de rehabilitación para todo un gran partido": el que había estado fuera del gobierno durante los doce años anteriores. Así, la nueva mayoría triunfante en la elección del 7 de marzo de 1849 había "conquistado el derecho de gobernar con sus principios y sus hombres", pues "cuando una administración sucede a otra de principios enteramente opuestos, hay necesidad de cambiar casi todo el personal administrativo máxime cuando las circunstancias han sido tan adversas para los hombres de la mayoría que necesitan reorganizar su partido, creando entidades, y dando a sus hombres la práctica de los negocios y rehabilitándolos en la opinión"[9].

La alternación, en tanto "canon democrático" del régimen republicano, permitía desechar las pretensiones de algunos respecto de que el poder público era "hereditario de un solo partido", al punto que una vez desplazado por otro partido pasaban a la actitud de minar la buena opinión de la nueva administración pública, "a fuerza de repetir calumnias o de exagerar algunas difamaciones". Contra esos "opositores exagerados" había que defender el prestigio del gobierno, pues sin el respaldo de la opinión pública podría "zozobrar la sociedad y se desquicia al menor vaivén". En resumen, efectivamente existe una larga tradición liberal de oposición a la reelección presidencial en la Nueva Granada, heredada por la República de Colombia de nuestros días. El Partido Liberal es el heredero natural de esa tradición y por ello no debe sorprender a nadie su actual oposición al referendo reeleccionista, así el presidente Uribe provenga de sus tradicionales huestes antioqueñas.

2. Los temores

2.1. Abuso del poder estatal contra la oposición: La contienda electoral por la presidencia del poder ejecutivo permite la instalación de la sospecha cuando uno de los candidatos ya se encuentra ejerciendo el empleo: la de que usará su poder para abusar de él contra sus opositores. Por derivación, esa sospecha produce un temor entre los partidarios del candidato opositor: el de la desigualdad de los recursos humanos (empleados públicos) y financieros que serán empleados en sus respectivas campañas electorales. La demanda de garantías para los opositores al candidato supuestamente oficial puede llegar a paralizar el gasto público, como ya ocurrió en la primera reelección del presidente Uribe. En esa ocasión se demostró que este temor era infundado, y los problemas que ocasionó la suspensión temporal del gasto público antes de las elecciones no han sido evaluados. Los derechos de la oposición fueron ejercidos abiertamente en esa ocasión.

2.2. Desequilibrio de los pesos y contrapesos de los poderes públicos que se generaría con la permanencia prolongada de un presidente, al punto que algunas voces temerosas mencionan que ese supuesto desequilibrio podría generar una modificación sustancial de la Constitución porque "el presidente concentraría tantos poderes que la lucha política podría perder interés". El temor dice que los grupos políticos cercanos al presidente en funciones se enquistarían en su poder ya ganado y podrían constreñir la competencia política. También se agrega a esta argumentación la idea de que el segundo referendo privilegiaría el caudillismo, pese a la fuerte tradición anticaudillista del pueblo colombiano. Pero la realización efectiva de estos temores está por comprobarse. Para empezar, los regímenes democráticos pueden producir líderes de extensa aceptación social y carisma nítido, tal como ha ocurrido recientemente con el actual presidente de los Estados Unidos y como ocurre hasta el momento con el presidente Uribe. En este último caso, no se trata de algún culto a su personalidad, sino de la conveniencia política que supone mantener por más tiempo a un estadista que ha conducido la aspiración nacional a fortalecer un único poder soberano capaz de imponer el imperio de la Constitución y la ley, derrotando a todos los grupos criminales que tantas desgracias le causaron al país. En segundo lugar, Alfonso Monsalve evaluó el impacto posible de doce años de ejercicio de poder presidencial en manos del presidente Uribe sobre la junta directiva del Banco de la República, el poder jurisdiccional y los organismos de control público, dada su capacidad nominadora de funcionarios para ellos, y concluyó que con la excepción del Banco, en las demás instituciones su voluntad de control no las afectaría de un modo distinto a como ocurría hace siete años, de tal modo que ni el balance de los poderes ni el papel de los organismos de control sería modificado.[10] Sin embargo, recomendó legitimar la posible segunda reelección del presidente Uribe con un compromiso político que permita nombrar en los mecanismos de control a personas independientes.

2.3. Abuso del procedimiento constitucional del referendo, dado que actualmente cursan otros proyectos de referendo relativos al uso del agua y a la condena perpetua para los violadores de niños. Los críticos alegan que este mecanismo de la democracia directa ejercida por el pueblo subvierte las atribuciones de los constituyentes de 1991 y las de sus representantes en el Congreso, pues la cadena perpetua nunca ha existido en la tradición constitucional colombiana ni la intervención popular a discreción en los recursos del subsuelo. Un matiz de este temor se expresa en el argumento de que la apelación a las mayorías no es una razón suficiente en una democracia moderna. Pero, como ha explicado Alfonso Monsalve Solórzano, la libertad negativa del ciudadano contra las mayorías electorales que conducen el Estado está garantizada en Colombia por los derechos fundamentales que fueron tutelados por la Constitución de 1991.

3. Los consejos amables al presidente Uribe para que se retire voluntariamente de la contienda electoral.

Haciendo gala de amabilidad, algunos críticos aconsejan públicamente al presidente Uribe abandonar cualquier intento de reelección saliendo ya "por la puerta grande", en el momento en que goza de muy altos niveles de reconocimiento social y favorabilidad en las encuestas. Otro de esos amables consejos fue ofrecido por una conocida feminista en una carta abierta a la esposa del presidente Uribe, publicada en el diario El Tiempo, en la que la convocó a que convenciera a su esposo para que abandonase sus ambiciones políticas y regresara a la paz de la casa familiar de Rionegro, donde podría cultivar rosales y leer novelas históricas, o para volver a hacer el amor lentamente en las calurosas tardes de su hacienda de Córdoba, excitándose con palabras dulces, muchas caricias, risitas y una copita de buen vino.

5. Un "garrafal error histórico"

El candidato presidencial Sergio Fajardo ha dicho en sus entrevistas a los medios que si el presidente Uribe elige reelegirse en la presidencia cometería "un error garrafal" para la democracia y para él mismo. El escritor peruano Mario Vargas Llosa afirmó lo mismo en un conversatorio entre intelectuales latinoamericanos realizado en Lima durante el mes de mayo de 2009: "la insistencia de Uribe en su reelección sería un grave error histórico". El ejemplo del tercer período presidencial de Alberto Fujimori en el Perú, cuando ocurrió su desgracia política, confirmaría este argumento. No obstante, los "errores históricos" solamente pueden ser evaluados por los historiadores a posteriori, ojala varios siglos después. Son recordadas las palabras del líder chino Chu En-lai cuando se le pidió en París evaluar políticamente a la Revolución Francesa de 1789: "Es muy pronto para hacerlo", habría contestado. Así que este argumento es apenas un vaticinio sobre un probable futuro, una simple opinión que tendría que esperar mucho tiempo para ser confirmado por los historiadores del futuro.

El problema central: la tradición liberal contra la innovación democrática

Dejando a un lado los temores infundados y los consejos amables, es la larga tradición liberal de la alternación política el principal argumento contra el proyecto de referendo reeleccionista que cursa actualmente ante la plenaria del Senado. Eduardo Posada Carbó ha resumido este argumento en sus columnas del periódico El Tiempo: los promotores del referendo "pretenden un verdadero revolcón... [que] enrumbaría al país, con pasos ahora definitivos, hacia tradiciones políticas ajenas a la historia nacional". En caso de su aprobación por la plenaria del Senado, el presidente Uribe tendría una permanencia en su cargo "sin precedentes en la historia colombiana". Aunque reconoce que toda sociedad puede modificar sus tradiciones políticas, advierte que "no es sabio hacerlo despreciando su propia historia". En el caso de la historia de la sociedad colombiana, se trata "del largo y dificultoso camino recorrido para construir una democracia liberal, llena aún de imperfecciones y vacíos". ¿Cuál es la innovación que podría traer el referendo y la posterior reelección del presidente Uribe en las urnas de mayo del 2010? "La personalización del poder", responde Posada, con eventuales efectos en "toda la ingeniería constitucional" basada en "los principios liberales de la división y el balance del poder".

Las mayorías electorales de la democracia tienen dos retos en el presente de Colombia: el inmediato pende de la aprobación legal del referendo constitucional aprobado por el Congreso en la Corte Constitucional, pues entonces tendrían que obtener un mínimo de la cuarta parte de los votos del padrón electoral, cerca de 7,2 millones de votos. El siguiente reto será en las urnas de mayo del 2010, cuando el presidente Uribe debe medir sus fuerzas contra todo el abanico de candidatos que lo enfrente desde otros proyectos y agrupaciones políticas. En consecuencia, la democracia colombiana se encuentra por primera vez situada en una encrucijada inédita entre sus viejas tradiciones liberales de alternación presidencial y la innovación de la reelección de sus presidentes, gobernadores y alcaldes. En este sentido, no se diferencia de las experiencias actuales de buena parte de sus vecinos en los países andinos.

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[1] Exposición del secretario de Hacienda al Congreso de 1858. GO, 2.218 (18 febrero 1858).

[2] Carta del presidente Santander a Vicente Azuero, 1836. Citado por Abel Cruz Santos: Cinco hombres en la historia de Colombia. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1982, p. 104. En una carta que este presidente envió al coronel Tomás Herrera, el 7 de agosto de 1835, le dijo: "aquí estamos decididos por el general José María Obando" (para futuro presidente. Hábleme usted francamente, porque es cuestión importantísima". Herrera le contestó el 17 de octubre siguiente diciendo que el candidato del Istmo era también el general Obando, gran amigo y confidente suyo. Santander le ratificó entonces, en la carta del 18 de diciembre siguiente, que para todos los patriotas de Bogotá estaban de acuerdo en que el general Obando era la garantía de la "conservación del orden actual", de la cual dependían la existencia y seguridad de la Patria. A comienzos de enero de 1836 le dijo que se estaba ganando bastante opinión en las provincias a favor de Obando, "para futuro presidente". Cfr. Correspondencia del general Herrera, 1928, I, pp. 111, 115 y 119. En esos momentos acababa de acontecer el levantamiento de los rebeldes venezolanos que depusieron al gobierno constitucional el 8 de julio, y estaba ardiendo la guerra civil en el territorio de Venezuela. Santander le dijo al coronel Herrera que esa experiencia ajena confirmaba la actitud vigilante de su Administración, que había ajusticiado a "los revoltosos de profesión" (Sardá y cómplices) para "preservarse de nuevas revoluciones", pero también había mostrado "nuestra debilidad, que un día puede ser funesta al país".

[3] Discurso del vicepresidente en el acto de la Casa de Gobierno, 1 abril 1853. GO, 1496 (2 abril 1853).

[4] Eladio Urisarri: Carta primera (17 diciembre 1837). En: Cartas contra Santander. Bogotá: Planeta, 2000, p. 27.

[5] A comienzos de 1848, el presidente Ospina le confió al coronel Herrera que los candidatos más populares eran el general Barriga y el doctor Cuervo. Pero el general Barriga le confió al mismo, gobernador de Panamá, donde obtuvo la mayoría de los votos, que el general Mosquera realmente apoyaba al doctor Cuervo, y que ello, unido a su condición de vicepresidente, le quitaba posibilidades. Sin embargo, un poco antes de los comicios (6 de julio de 1848) Mosquera le pidió a Herrera hacer que el Istmo sufragara por Barriga, con lo cual estaría en la terna, "y entonces él será el presidente y el que yo deseo de todo corazón". En esta ocasión, con "franqueza" opinó que Barriga y Florentino González eran "los únicos que harán marchar al país", pues Cuervo era "estacionario y hostil; Gori, fatal bajo todos aspectos; y López, ignorante y no hará sino perseguir". Cfr. Correspondencia del general Tomás Herrera, 1928, I, pp. 348 y 363.

[6] La guerra civil. Bogotá, 28 febrero 1849. Imprenta de J.A. Cualla. AR, rollo 97, f. 326.

[7] Prospecto de El Nacional citado.

[8] El Congreso de 1849. En: El Republicano, 1 (14 enero 1849).

[9] Manuel Ancízar: Remociones (1848). En: Editoriales del Neo-Granadino. Bogotá: Universidad Sergio Arboleda, 1998, pp. 115-116.

[10] Alfonso Monsalve Solórzano: "La segunda reelección de Uribe". En Porqué sí volver a reelegir al Presidente. Bogotá: Oveja Negra, Quintero editores, 2009; pp. 71-74.