La Experiencia de Conservación del Estado Indiano durante la Primera República

La fidelidad de Riohacha

La restauración de la Real Audiencia y del virrey en Panamá

La lucha por la restauración monárquica

La fidelidad de Riohacha

Los comerciantes de la ciudad de Riohacha tomaron desde 1810 el partido de la fidelidad al Consejo de Regencia y a las Cortes de Cádiz, tal como lo hicieron sus vecinos de la provincia de Santa Marta. Durante el mes de junio de 1811 regresó a Riohacha el coronel José de Medina Galindo para tomar posesión del empleo de gobernador, creando cierto malestar entre algunos de los miembros del cabildo conservador de los derechos de Fernando VII, dado su anterior destitución en este empleo por el propio virrey Amar y Borbón. Rodeado de un tumulto de indios goajiros y vecinos de Valledupar, presionó al cabildo a posesionarlo como gobernador el 6 de agosto de 1811. El cabildo nombró a don Antonio de Torres, yerno del coronel Medina, como diputado de esta provincia ante las Cortes de Cádiz. El virrey Pérez lo instruyó desde La Habana para que se entendiera con el gobernador de Santa Marta para auxiliarse mutuamente.

La restauración de la Real Audiencia y del virrey en Panamá

Benito Pérez Valdeomar, nombrado virrey del Nuevo Reino de Granada, comenzó a ejercer su empleo desde su llegada a La Habana. Allí lo acompañaron, desde 1811, los funcionarios de la Real Audiencia que habían huido de Santafé: el oidor Joaquín Carrión y Marfil, el fiscal de lo criminal Manuel Martín Mantilla, el coronel José del Castillo (subinspector general de las tropas del Nuevo Reino), el coronel Mateo González Manrique (sargento mayor de la plaza de Cartagena)

La lucha por la restauración monárquica

Manuel Rodríguez Torices, gobernador de la Provincia de Cartagena, fue quien primero puso al Congreso de la las Provincias Unidas en noticia[1] de la eventual restauración del Estado Indiano en la Nueva Granada. Al puerto de Cartagena llegaron primero las gacetas inglesas que informaban sobre la terminación de la guerra europea, el confinamiento de Napoléon en la isla de Elba y la restitución de Fernando VII al trono. En su opinión, la reconquista monárquica empezaría por Cartagena, no sólo por ser la puerta de entrada a la Nueva Granada, sino porque Santa Marta era el asilo de los enemigos de la experiencia republicana. Y, frente al peligro inminente, reconoció su impotencia militar y económica para impedir la entrada española hacia Santafé.

Durante el mes de julio de 1814 se intercambiaron comunicaciones entre Francisco de Montalvo, Toribio Montes, el presidente del Congreso de la Unión y el gobernador de Cartagena respecto a la posibilidad de una reanexión de las provincias granadinas a la Monarquía, una vez vuelto al trono Fernando VII. Francisco de Montalvo comenzó informándole, desde Santa Marta, el 15 de julio de 1814, al gobernador de Cartagena sobre las novedades de la restauración monárquica, pidiéndole "un nuevo modo de pensar y de obrar" para tomar el partido de la reconciliación de dicha provincia con la metrópoli, obedeciendo la constitución gaditana y la autoridad del monarca. Don Manuel Rodríguez Torices, el gobernador de Cartagena, le respondió que sólo al Congreso de las Provincias Unidas competía la decisión de revocar la independencia absoluta de su provincia. Montalvo pasó entonces a exigirle la restitución de la provincia "al estado en que estaba" antes del apresamiento de Fernando VII, pues ya había sabido que la constitución gaditana había sido abolida. En su opinión,

La América no tiene campo abierto para más reflexiones que la de resolverse cuanto antes a implorar, a los pies de S.M., la real clemencia de que ha dado tantas pruebas el rey nuestro señor, o prepararse a todos los males consecuentes a la reconquista que debe seguir inmediatamente a su resistencia[2].

Rodríguez Torices respondió, de nuevo, que cualquier decisión a tomar sólo estaba en manos del Congreso de la Unión. Efectivamente, Camilo Torres respondió a Rodríguez Torices dándole instrucciones para responder a las pretensiones de Montalvo, quien desde Santa Marta se había proclamado capitán general y jefe superior del reino, en forma enérgica. Argumentó el presidente del Congreso de las Provincias Unidas que la separación de América del "bárbaro yugo" español no debía considerarse ya como una consecuencia de los sucesos políticos de panínsula, sino de la comprensión a la que se había llegado sobre la necesidad histórica de la emancipación, vista la imposibilidad de que un gobierno distante tuviera la capacidad para gobernar la grandeza de América:

...sepan que la (resolución) de América es ser libre, y que la guerra y los males con que nos amenazan no nos intimidan...El que pelea en su casa por defenderse y por arrojar a un injusto invasor, usa del primero y más sagrado derecho que concedió Dios al hombre en su creación[3].

Por su parte, Toribio Montes, teniente general español, escribió al Congreso desde Quito, el 13 de junio de 1814, negando cualquier intención sanguinaria de su parte y recordando que la constitución gaditana había concedido a los americanos "cuanto podían desear en orden a los derechos que reclamaban", igualándolos a los españoles europeos "y constituyendo una misma familia, con unos mismos intereses y acciones". Que pese a ello, el ejército de Nariño había marchado sobre Popayán, derrotando las tropas realistas mandadas por Sámano, que se replegaron hacia Pasto. Allí finalmente fue apresado Nariño, lo que daba al Congreso la posibilidad de destruír las pretensiones centralistas de ese dictador de Cundinamarca, buscando en cambio la reconciliación con la monarquía, evitando más derramamientos de sangre.

Camilo Torres le dio respuesta recordándole los crímenes cometidos por los soldados españoles en Pasto y Popayán, advirtiendo sin embargo que

la América no es libre porque el gobierno español sea cruel...lo es porque ningún otro pueblo tiene derecho a hacerla esclava. Lo es porque quiere y debe ser gobernada por sí misma, lo es porque la naturaleza la ha separado de la dominación de España, lo es porque diez y seis millones de almas no pueden recibir la ley de ocho o diez que hay en la península...porque sus pueblos no se acomodan con el gobierno monárquico de España[4].

En consecuencia, ya era imposible la reconciliación: "España quiere la dependencia, el pupilaje, la eterna esclavitud de la América. América ha jurado su absoluta independencia y libertad: esto no tiene remedio". Por ello, el Congreso adhería a la respuesta que le había dado Nariño y no temía la invasión de las tropas de Aymerich.

Las noticias europeas convocaban a las provincias a fortalecer un poder ejecutivo general para repeler cualquier intento militar enviado por una eventual restauración de la corona española. La Legislatura de Antioquia propuso, el 27 de abril de 1814, la realizacón de una convención nacional capaz de erigir un poder ejecutivo general que centralizara la conducción de los asuntos de las defensa militar y la hacienda pública. El periódico santafereño Argos comenzó a divulgar, en las plumas de José Fernández Madrid y José María Castillo, la necesidad de fortalecer el poder real del Congreso de las Provincias Unidas. La idea se fortaleció con la posición favorable a dicha proyecto de la provincia del Socorro.

Ante la necesidad de ofrecer una defensa común contra la invasión española, el Congreso había expedido, el 22 de junio de 1814, una nueva ley sobre relaciones con Cundinamarca, invitándola a enviar sus diputados al Congreso para tomar las medidas defensivas requeridas y reformar lo que fuese necesario, preservándole su territorio y la propiedad sobre la Casa de Moneda. En carta que envió a Nariño, Camilo Torres le recordó la triste suerte corrida por el Ejército del Sur y el peligro que se cernía, conminándolo a la unión con todas las provincias neogranadinas. Jorge Tadeo Lozano fue escogido como diputado de Cundinamarca para las nuevas negociaciones con el Congreso, llegándose a la firma de un plan de reforma civil que permitiría a ese estado el ingreso a la Unión.

El dictador de Cundinamarca, alarmado por las noticias del restablecimiento de Fernando VII en el trono español, comisionó a Jorge Tadeo Lozano para pactar con el congreso la unión. El 11 de agosto se firmaron los pactos que permitieron el ingreso de Cundinamarca a la Unión federal: los asuntos de guerra y hacienda se centralizaban en un poder ejecutivo general, mientras que los asuntos legislativos quedaban en el congreso, en tanto "cuerpo deliberante". Una alta corte de justicia centralizaría el poder judicial de la Unión. Los gobiernos de las provincias serían ejercidos por gobernadores, dependientes en asuntos de guerra y hacienda del Poder Ejecutivo, y las legislaturas provinciales reducirían su actuación a los asuntos económicos. Pero Manuel Bernardo Alvarez, presionado por los centralistas de Cundinamarca, se negó a ratificar los pactos, presentando a cambio un plan de "alianza íntima", que no fue aceptado por el Congreso. En opinión de este cuerpo, Cundinamarca quería ser una novena parte en asunto de cargas y la mitad en asuntos de gobierno general.

El Congreso interpretó las propuestas de Alvarez como un regreso al estado político prerrevolucionario, es decir, "que las provincias de la Nueva Granada deben someterse de nuevo a un virrey que resida en Santafé"[5], y decidió exponer públicamente su versión de la conducta "escandalosa y descarada" del dictador de Cundinamarca en contra de la Unión para repeler la invasión española. Fue así como al volver de Venezuela las tropas derrotadas comandadas Bolívar y Urdaneta, el Congreso resolvió enviarlas contra Cundinamarca, intentando anexarla por la fuerza a la Unión. Efectivamente, esta provincia fue tomada por la fuerza el 12 de diciembre siguiente. Alvarez se retiró a la vida privada, y el Congreso emprendió, el primero de enero del año siguiente, el camino hacia su nueva sede de Santafé.

Pese a la defección de Cundinamarca, el 5 de octubre de 1814 tomó posesión del Poder Ejecutivo[6] el triunvirato compuesto por José María del Castillo, Joaquín Camacho y José Fernández Madrid. En su primera proclama, llamaron a los gobiernos provinciales a obedecer las órdenes del nuevo gobierno general que se establecía para la defensa de todos ellos, divulgando el reglamento para el ejercicio de sus facultades y atribuciones[7]. Por su lectura sabemos que este "gobierno general" fue declarado "jefe supremo y permanente del estado" y de las fuerzas armadas, y "primer magistrado" en lo civil, político y judicial. Los triunviros se turnarían cada cuatro meses el puesto de presidente de la Unión, debiendo jurar que cumplirían el acta de la federación. Los gobernadores provinciales fueron declarados "agentes naturales y subalternos inmediatos del gobierno general", que incluso podía llegar a deponerlos por incumplimiento de órdenes. El Congreso creó para el Poder Ejecutivo tres plazas de oficial mayor y tres de amanuenses. El 28 de noviembre siguiente se posesionó Custodio García Rovira como triunviro, en reemplazo de Camacho.

El Poder ejecutivo general propuso a todas las legislaturas provinciales la aplicación de un plan de reforma política dirigido a simplificar y centralizar la administración del poder político para adecuarlo a los requerimientos de la defensa nacional. En Cartagena el gobierno provincial se redujo al gobernador, a un senado compuesto por solo tres personas, a una legislatura de siete miembros y a un tribunal de justicia de tres, incluído el fiscal. Se agregaba el diputado provincial ante el Congreso de la Unión. Todos ellos fueron elegidos por un colegio electoral.

El primer triunvirato efectivo se constituyó por Custodio García Rovira, Manuel Rodríguez Torices y José Miguel Pey.

Los diputados de Antioquia, Cartagena y Cundinamarca propusieron, en noviembre de 1815, concentrar el Poder Ejecutivo en una sola persona, en atención a la rapidez con que tendrían que ser tomadas las decisiones, eiminando el triunvirato. Esta persona llevaría el título de presidente de las Provincias Unidas y tendría un mandato de seis meses, pudiendo ser reelegido por el Congreso. Se acompañaría de un vicepresidente y de un Consejo de Estado. Manuel Rodríguez Torices ocupó el cargo de presidente. Adicionalmente se organizó un Consejo Supremo de la Guerra, cuya función sería proponerle al presidente planes acertados para la defensa de la Nueva Granada. Después de muchas discusiones, no hubo unaninimidad respecto a esta idea de concentración del poder en una persona, pero finalmente se tomó por mayoría este decisión.

Las negociaciones realizadas entre el gobierno de Cartagena, el comisionado Marimón y Bolívar, que llevaron al exilio de este hacia Jamaica y el traspaso del mando del ejército de la Unión en el general Palacios, provocaron una crisis política en el seno del Congreso de las Provincias Unidas. Uno de los triunviros, Custodio García Rovira, renunció a su cargo. En opinión de José María del Castillo, esta renuncia era el resultado de la defección de Bolívar, pues era público que García Rovira siempre había apoyado sin reservas al libertador, combatiendo en cambio a Manuel del Castillo y al gobierno de Cartagena:

"...la nueva dirección que han tomado los negocios (en el Congreso) después de la salida de García Rovira. Ya se piensa de otro modo, ya se calcula, ya se ven las cosas en grande, ya no hay un espíritu de partido, ya no existe la prevención que antes hubo contra ese gobierno (de Cartagena), contra tí (Manuel del Castillo), contra la provincia y contra todos sus hijos; y en favor de los destructores de la patria...el maldito libertador (Bolívar)...[8].

Por otra parte, el ex-diputado Joaquín Camacho reconoció que había sido un "error capital" el sitio puesto a Cartagena por Bolívar, lo que le había obligado a cambiar de opinión respecto de la conducta de dicho general:

"Yo te confieso que era uno de los más apasionados de este hombre, y que creía ser el único de los nuestros capaces de desalojar a los enemigos de Santa Marta. Estoy tan perfectamente desengañado, que sentiré todos los días de mi vida haber así juzgado de un loco"[9].

Los conflictos por esta salida de García Rovira del triunvirato debieron agudizarse en Santafé. A la sazón era gobernador de la provincia de Cundinamarca Manuel Xavier García Hevia, socorrano como su teniente de gobernador. Un auto de buen gobierno proveído por García Hevia fue replicado por una hoja mandada a imprimir bajo el título de "Bando publicado en la ciudad de Chilampia" por dos opositores de origen cartagenero, Valoco e Isidro Maestre, resultando este último apresado por ello. A esta resistencia se sumaba la del grupo de los piringos, encabezados por Urreta y Somoyar, quienes fueron fustigados por los partidarios del gobernador con un pasquín que fue clavado en sus puertas durante la noche:

"Vivan los intrépidos libertadores, leales socorreños. Mueran los infames enemigos y revoltosos santafereños, con el gobierno general, detestable triunvirato. Morir o vencer, con dictador o gobierno militar"[10].

De cualquier manera, la inminencia de la invasión de tropas españolas ya había obligado al Congreso, que antes se había negado, a crear un Poder Ejecutivo de la Unión, encargado del gobierno político, civil y militar de las provincias unidas: "su primer y más sagrado deber es la defensa de la patria amenazada". Las funciones militares y de hacienda de los gobernadores de las provincias unidas quedaron bajo la dependencia de ese Poder Ejecutivo.

Como se sabe, el Ejército Expedicionario de Tierra Firme puso sitio a Cartagena, tomándola por hambre, pasando luego a ocupar el territorio interior. Fue entonces cuando pudieron brillar las dos provincias neogranadinas que durante la Patria Boba habían permanecido leales a la Corona, probablemente porque así mantenían incólumes sus fueros provinciales antiguos frente a las pretensiones anexadoras de Cartagena y Popayán: se trata de las antiguas provincias de Santa Marta y Pasto.

En la provincia de Santa Marta se había producido, desde el 22 de diciembre de 1810, una contraemancipación triunfante, encabezada por el gobernador español Tomás de Acosta. Convertida en santuario de los funcionarios españoles exilados, resistió militarmente todos los intentos realizados por los cartageneros y momposinos para someterla. Al comenzar el año 1813 un destacado dirigente momposino, Pantaleón Germán Ribón, informaba al Congreso que las tropas de Mompós habían logrado infringir una derrota a las de la provincia de Santa Marta, "enemigo de eterna ignominia", en octubre del año anterior. Anunciaba que "los bárbaros catalanes" no hallarían en adelante "ni camino, ni misericordia". Frente a esos excesos verbales contra una provincia neogranadina, Frutos Joaquín Gutiérrez giró instrucciones[11] al gobernador de Cartagena para que en adelante fuese usado un lenguaje conciliador con el cabildo samario, pues en vez de hablar de una "conquista" de Santa Marta debería hablarse de una "liberación". Por otra parte, desaprobó el procedimiento de obligar a los samarios a obedecer la constitución de Cartagena, en vez de haberles propuesto una adopción provisional de ellamientras la propia provincia de Santa Marta organizaba un gobierno local propio. Recordó que "los pueblos no sufren hoy ninguna idea de subyugación ni de conquista de sus mismos hermanos y, antes bien, padecerían gustosos un yugo extranjero por no sufrir otro doméstico". En consecuencia, estaba bien poner en Santa Marta un comandante militar prudente, pero el gobierno político tendría que recaer en un samario adherido a la causa republicana.

Camilo Torres envió una comunicación[12], el 25 de abril de 1913, al ayuntamiento de Santa Marta, sobre las desaveniencias de esta provincia con la de Cartagena. Recriminó al cabildo samario su adhesión a la autoridad española, chocando con el sistema general de la Nueva Granada. Acompañándoles una alocución dirigida a los habitantes de la provincia, y ejemplares impresos del acta federal, pidió comprensión para "la voluntad general" y "los principios liberales sobre que está formado el nuevo gobierno", invitándolos a ingresar a la unión federal.

Como la expedición militar de Cartagena contra Santa Marta sufrió un revés, el Congreso instruyó[13] al gobernador de Cartagena sobre las medidas urgentes que debería tomar. En primer lugar, había que borrar la impresión de los samarios respecto a una anexión de su provincia a la de Cartagena, publicando entre ellos que "jamás pensó en enseñorearse de ella ni defraudarla en sus derechos: que es y debe ser tan libre como cualquiera de las demás de la Nueva Granada, para darse sus leyes, su gobierno y su constitución particular". Por otra parte, advirtió que la defección de Santa Marta respecto de la causa nacional "parece que han vuelto a despertar en el ánimo del presidente de Cundinamarca (Antonio Nariño) ideas adormecidas".

El hecho es que la defensa de los fueros provinciales samarios contra la pretensión cartagenera de anexar esa provincia antigua a su autoridad optó por el camino de mantenerse adherida a la Corona, garantía plena de su autonomía frente a las ambiciones de los cartageneros. Fue así como la provincia de Santa Marta se convirtió en el fortín de la resistencia realista contra la autoridad de Cartagena y del Congreso de la Unión. Allí estableció su sede don Benito Pérez, "pretendido virrey", y "bandadas de los malcontentos que han emigrado de todas las provincias del interior". De allí se enviaban mensajes y emisarios a la Habana, Puerto Rico y Maracaibo solicitando ayuda militar contra el Congreso. El Congreso decidió bloquear desde 1811 la introducción de mercancías por ese puerto, ordenando a las demás provincias el decomiso de las que por allí entraran. Una vez tomada Santafé, Bolívar fue enviado a la campaña contra Santa Marta, Riohacha y Maracaibo, en la idea de liberar toda la costa atlántica para repeler cualquier expedición enviada desde España. El Congreso ordenó a Cartagena contribuír con hombres y pertrechos a este objetivo. Como se sabe, las pugnas de Cartagena con Bolívar y los momposinos frustró toda colaboración para lograrlo, permaneciendo Santa Marta como bastión regalista hasta el fin de la Patria Boba.

El regalismo a ultranza de la provincia de Pasto, celosa de que las tropas de Cundinamarca exterminaran su soberanía, en favor de las pretensiones de Popayán, es uno de los sucesos que los centralistas de todos los tiempos no le perdonan a los pastusos[14]. Una muestra de dicho regalismo es la orden dada por don Toribio Montes, presidente de Quito, para que el tesorero del Ejército Real entregara al cabildo de Pasto unos cabos de bayeta que una señora Vicuña, de Quito, había donado a las mujeres de Pasto, "en premio de la defensa que hicieron contra el rebelde don Antonio Nariño". Una vez recibidos, el cabildo de Pasto ordenó -el 9 de noviembre de 1815- a su procurador y mayordomo que hicieran una lista completa de

"las mujeres viudas de los milicianos y paisanos que rindieron sus vidas en la gloriosa defensa que ha ocasionado esta remuneración, digna de la mayor gratitud y que labra una de las mayores distinciones de honor a esta fidelísima ciudad"[15], informando de tal cosa al rey, con el fin de que quedase como "monumento" capaz de esclarecer el mérito de la ciudad de Pasto desde el año 1809, pues en opinión de los capitulares, esta ciudad se convirtió en "el refugio y el asilo, tanto de nuestras tropas derrotadas", como de las del rey.

Como ya se mostró, la posición realenga de Pasto puede ser interpretada como una defensa a ultranza de su aspiración a la autonomía de su "patria", frente al proyecto de Cundinamarca a reanexarla por la fuerza a la provincia "suprema" de Popayán, en manos de los republicanos. La intensidad de la defensa de sus fueros locales fue una consecuencia de su posición de honor, enfrentada a la "tiranía" de quienes intentaron invadir su territorio. El duelo de honor que el cabildo de Pasto ofreció a Antonio Nariño, "a lo largo del río Juananbú", fue ganado en franca lid. Al enviarlo preso a Quito, los pastusos estaban convencidos de haber cumplido los deberes con su patria provincial.

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[1]Comunicación de Manuel Rodríguez Torices al presidente de la Unión. Cartagena, 18 de junio de 1814. En: Congreso de las Provincias Unidas, 1989, II, pp. 4-8.

[2]Comunicación de Francisco Montalvo al gobernador de Cartagena. Santa Marta, 5 de agosto de 1814. AR, vol. 1, f. 181.

[3]Carta de Camilo Torres al gobernador de Cartagena, instruyendo sobre la manera de responderle a Francisco de Montalvo. Tunja, 6 de septiembre de 1814. AR, vol. 1, f. 189v-190.

[4]Respuesta de Camilo Torres a Toribio Montes. Tunja, 9 de julio de 1814. AR, vol. 1, f. 195v.

[5]Exposición del Congreso de la Unión. Tunja, 6 de octubre de 1814. En: Congreso..., 1989, II, p. 32.

[6]La Cámara de Representantes de Cartagena había invitado desde el 10 de junio de 1813 a las provincias de la Unión a constituír un Poder Ejecutivo general, capaz de fortalecer la resistencia contra el enemigo común y de atraer a Cundinamarca a ella.

[7]Decreto del gobierno general de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Tunja, 21 de octubre de 1814. En: Congreso...1989, II, pp. 35-42.

[8]Carta de José María del Castillo a su hermano Manuel del Castillo. Santafé, 19 de agosto de 1815. AR, vol. 1, f. 486.

[9]Carta de Joaquín Camacho a José María García. Santafé, 9 de septiembre de 1815. AR, vol. 1, f. 510r-v.

[10]Carta dirigida a José María del Castillo y Alarcón por su hermano. Santafé, 29 de agosto de 1815. AR, vol. 1, f. 498r-v.

[11]Comunicación de Frutos Joaquín Gutiérrez al gobernador de Cartagena. Tunja, 26 de abril de 1813. En: Ibid, I, pp. 153-154.

[12]Comunicación de Camilo Torres al ayuntamiento de Santa Marta. Tunja, 25 abril de 1813. En: Congreso de..., 1989, I. p. 152.

[13]Comunicación de Francisco Javier Cuevas al gobernador de Cartagena. Tunja, 14 de junio de 1813. En: Ibid, I, pp. 154-156.

[14]La provincia de Pasto sufre hasta hoy el castigo presidencial de llevar el nombre de "Nariño", es decir, del general cundinamarqués que capturaron y entregaron a los oficiales españoles.

[15]Cfr. Archivo Histórico de Pasto, fondo cabildo de Pasto, Independencia, caja 10, ff. 94-95. Agradezco a Dora María Chamorro su colaboración para localizar este documento.