La distinción social en 1810

La sociedad del Nuevo Reino de Granada en el año 1810 estaba fundada en los privilegios y en la distinción social. Todos los grupos habían tramitado ante las instituciones del Estado monárquico sus peculiares privilegios y habían aceptado sus prohibiciones. La idea de la igualdad de las personas al nacer, el corazón del movimiento revolucionario, les era ajena por completo.

Para empezar, la sociedad distinguía dos repúblicas: la de los españoles, encarnada en los cabildos de las ciudades y las villas, y la de los indios, encarnada en los cabildos de los pueblos de naturales. Españoles e indios pertenecían a comunidades de vecinos y se definían como naturales de ellas y, en consecuencia, como vasallos de un rey de la Casa de los Borbones españoles. Como la jurisdicción de los cabildos de las ciudades y villas era muy extensa, se reconocían en ella parroquias de naturales subordinados, que apenas podían tener un alcalde partidario. Ser vecino, natural y español, era ser cristiano. En consecuencia, el poder estatal prestaba el brazo poderoso de su justicia a los hombres de la Iglesia para el control social de quienes mantenían relaciones íntimas por fuera del sacramento del matrimonio.

Existían esclavos traídos del África, y sus descendientes: las castas de todos los colores. Aunque los esclavos no tenían libertad personal, las castas eran libres. En esa abigarrada colección de castas, genéricamente llamadas pardas, se distinguían mulatos, zambos, lobos, saltapatrás, tente en el aire, castizos y moriscos. Junto a ellos estaban los mestizos libres, la mayoría de la población, descendiente del gran cruce de anónimos españoles con anónimas indígenas. Pardos y mestizos eran libres, pero arrastraban tras de sí un prejuicio moral: la ilegitimidad de su nacimiento, el pecado de haber venido al mundo sin la autorización del sacramento del matrimonio. Los nombres de natural bastardo, espurio, adulterino o incestuoso marcaban de por vida una distinción social vergonzante.

Ya situados en las repúblicas de españoles, todas ellas eran desiguales: su antigüedad en los reales dominios y sus privilegios de nobleza y lealtad las distinguían. Santa Fe, capital del reino, y Cartagena, cabecera de una comandancia general, encabezaban la larga fila de la diferenciación política. Seguían las ciudades de Popayán, Santa Marta y Tunja, y bien atrás estaban las villas nuevas de San Gil y San José de Cúcuta. Y si entramos a cada una de ellas encontramos nuevas distinciones basadas en los privilegios ganados. La Orden de Predicadores, por ejemplo, tenía el privilegio para administrar la única universidad del Reino, así no diera una sola clase. El Consulado de Comercio administraba un fuero judicial especial para los comerciantes de Cartagena, como también existían fueros judiciales especiales para los militares, el clero y los catedráticos. Los caminos reales habían sido adjudicados mediante privilegios, y hasta para imprimir un libro su autor tenía que tramitar el real privilegio, y si versaba sobre temas religiosos requería además el Nihil Obstat de un obispo.

La disposición de las personas en una santa misa o en una procesión de la imagen del santo patrón de la parroquia exigía el orden de las jerarquías de los cargos y de los privilegios. Cualquier equivocación en ese orden generaba una trifulca con los palos de las cruces o una demanda penal por agravio. Por ejemplo, no usar el prefijo "don" antes de un nombre de pila podía llevar a un pleito por ofensa e injuria. Santa desigualdad natural: este era el principio de la diferenciación social de los vasallos del rey en este reino de segunda clase, si lo ponemos en comparación con los vecinos reinos de la Nueva España y del Perú.

En una población de cerca de un millón y medio de almas, en este Reino no existían en 1810 sino cerca de 200 abogados titulados y 12 médicos profesionales. Este minúsculo grupo tenía el privilegio de la ilustración, el uso del título de doctor, y por ello sus miembros fueron llamados a ejercer todos los empleos del antiguo Estado monárquico. Pero todo este orden social basado en la diferenciación por nacimiento, ilustración y moralidad, comenzó a derrumbarse en 1810. Una sola proposición sirvió para corroerla: "Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común". Quienes la leyeron en su original francés o en alguna traducción hecha clandestinamente supieron que transformaría la sociedad desde sus cimientos. En efecto, la igualdad de derechos como principio del orden social generó una sociedad nueva: la de los ciudadanos. Sólo que construirla a fondo es una tarea que puede tomar unos 200 años. Felizmente, nosotros ya la hicimos, casi sin darnos cuenta y a pesar de nosotros mismos. ¡Enhorabuena!