El fallido proyecto de ley orgánica de 1823. La impotencia estatal frente a la separación del departamento de Panamá. Respuesta a la ocupación de Leticia. Participación en la guerra de Corea. Apuntes sobre política naval.
El fallido proyecto de ley orgánica de 1823
El primer intento republicano de determinación de una política de marina de guerra se produjo en 1823, durante la corta existencia de la primera República de Colombia. Sus autores fueron dos hombres nacidos en la costa que mira hacia el mar Caribe: el general de división José Padilla López, natural de Riohacha y vecino de Cartagena de Colombia, quien había sido el artífice del triunfo definitivo de la Armada republicana en el Lago de Maracaibo; y Rafael del Castillo y Rada, natural de Cartagena y oficial mayor de la Secretaría de Marina.
Este último terminó de redactar en Bogotá, el 7 de junio de 1823, el Discurso con el que presentó ante la Comisión de Guerra y Marina el primer proyecto de Ley Orgánica de esta arma, pese a que su experiencia se limitaba, durante 23 años de servicio, al Ejército, con lo cual sus conocimientos sobre el servicio de Marina eran muy limitados. El debate que requería
el proyecto de Ley Orgánica de la Marina había comenzado el 30 de julio anterior en la Cámara de Representantes, lo cual significaba una severa reforma del régimen que se practicaba en el océano, derivado de las Ordenanzas de marina españolas. Ese proyecto de Ley Orgánica había sido redactado por una Comisión de Guerra y Marina, integrada por los representantes José Miguel de Unda, Miguel Palacio y Francisco Montoya.
Establecido en Bogotá, después de entregar el mando naval en Cartagena, el general Padilla expuso unas observaciones al proyecto de ley que expresaban muy bien su extenso conocimiento sobre el funcionamiento de los arsenales marítimos y sobre la navegación de buques. Para empezar, dijo que la gran extensión de las costas de la República requería un número suficiente de buques, en todas sus denominaciones tradicionales: navíos, fragatas, corbetas, bergantines, goletas, pailebotes, cañoneras y flecheras. Sus agrupaciones debían llamarse escuadras, divisiones y apostaderos, si bien las compras de estos buques dependerían de los presupuestos estatales. En su opinión, el proyecto de ley fallaba en su agrupación de buques, al clasificarlos en mayores (navíos, fragatas y corbetas), menores (bergantines y goletas) y fuerzas sutiles o guardacostas (pailebotes cañoneros y flecheras). Opinó también que podrían mantenerse en vigencia las Ordenanzas españolas, pero solo en todo lo que no contrariasen la constitución política de la Villa del Rosario, para conservar el vocabulario naval.
Conocedor de la experiencia del almirantazgo que había ejercido Luis Brión desde 1817, eliminado por los constituyentes de la Villa del Rosario en 1821, expuso su oposición a su restablecimiento, y aún más al proyecto de erección de cinco estados mayores departamentales de marina, mandados por sendos almirantes, como rezaba el sexto artículo del proyecto de ley. Argumentó que mientras la Armada nacional no llegase a un estado de poderío que exigiera el establecimiento de un almirantazgo, bastaba con un director general de marina (con grado de capitán general) que, de conformidad
con las atribuciones de la Ordenanza española, la dirigiera y determinase las funciones de los capitanes o comandantes generales de los departamentos de marina.¹ En cada uno de los departamentos de marina solo debería existir un tesorero de marina para la administración de los caudales, auxiliado por un cuerpo administrativo de contadores, integrado por jóvenes oficiales entendidos en la cuenta y razón, para no depender de extranjeros que ni hablaban bien el idioma castellano ni daban cuentas, con lo cual los pobres marineros no tenían quien les diese razón del día de su embarque, ni de su trasbordo, y así sufrían en sus ajustes de sueldos. Desde una sana administración de los departamentos de marina, estos no deberían depender de los intendentes de los departamentos político-administrativos, pues esta dependencia, por su desconocimiento, atrasaba con frecuencia el servicio naval, dificultando la habilitación y salida de los buques. Como la Comisión propuso una correspondencia de los grados de los oficiales de la marina con los del Ejército, en los que aparecían los grados de almirante, vicealmirante, contralmirante y comandantes de buques mayores y menores, propuso una alternativa de grados: capitán general, teniente general, jefe de escuadra, brigadier, capitanes (de navío y de fragata), tenientes (de navío y fragata) y alféreces (de navío y de fragata).
1 José Padilla. Manifestación que hace el comandante general del 3er Departamento de la Marina de la República de Colombia, general de brigada José Padilla, a la Honorable Cámara de Representantes, para que se dignen tenerla en consideración al establecer y sancionar la Ley orgánica de este Cuerpo, cuyo proyecto se dio al Público en 30 de Julio del año próximo pasado de 1822. Cartagena de Colombia, 30 de diciembre de 1823. AGN, Archivo Histórico Legislativo, Senado, Asuntos Varios, 1820-1823, tomo LXVII, folios 432r-446v. Esta oposición del general José Padilla a la introducción de un almirantazgo y de almirantes por cada departamento de marina es otra prueba más de que él mismo jamás ostentó el cargo de almirante durante su vida. El título de Gran Almirante le fue concedido post mortem, y recientemente, por la Armada colombiana
El general Padilla sostuvo también que era muy importante la introducción de muchos jóvenes en la ciencia de la navegación, porque la Marina carecía de oficiales de instrucción que mandasen los buques de la República. Había que fundar una escuela náutica para obtener oficiales instruidos en todos los ramos de marina y adelantar esos conocimientos con la práctica naval, con lo cual en poco tiempo no habría que "mendigar extranjeros" que desempeñasen unos empleos que deberían ser para los naturales colombianos. Los ascensos de grado serían los estímulos a la aplicación y disciplina de esos jóvenes en el servicio, así como a su valor en las acciones de guerra. Adicionalmente, el servicio de la Marina requería de cuerpos de infantería de marina. Como para el servicio de la milicia de marina la Comisión había destinado a todo "colombiano de ejercicio marinero o pescados entre los 18 y 40 años", Padilla replicó que se habían destinado los pueblos vecinos de la orilla del mar y de las riberas de los ríos navegables, pero de ellos deberían separarse los mejores hombres para marineros y los peores para soldados. También debían establecerse brigadas de artillería, pues este servicio en el mar era muy distinto que en la tierra.
Su experiencia en las operaciones hechas en el Lago de Maracaibo, en el mando del Tercer Departamento de Marina (Cartagena) y en el servicio hecho en la marinería desde sus primeros años le había enseñado que de nada servía construir o comprar buenos buques, armarlos y equiparlos, si se carecía de personal diestro y destinado exclusivamente a su manejo. Pero esta gente debía ser instruida en el arte de navegación y en su práctica, conseguida con trabajo disciplinado, con lo cual importaban más la vocación, la habilidad, el valor y el denuedo con que se miraba la muerte. Por ello tanto en el sitio de Cartagena como en las memorables acciones del Lago de Maracaibo había sido la Marina el arma que se había distinguido, arrebatando bajo el fuego enemigo los buques de las escuadras y fuerzas sutiles, combatiendo contra fuerzas superiores en número. A diferencia de la infantería, en la
que con pocas lecciones se aprendía el manejo de las armas, los marineros no solo debían estar habituados a navegar, sino además conocer la maniobra de cada buque con la destreza necesaria para ejecutar la voz del que mandaba y salvar los peligros, y eso requería mucho tiempo.
En Cartagena había que restablecer el antiguo arsenal que estuvo situado bajo las baterías de Barahona hasta el Reducto, pese a que la isla de Manga era mejor sitio por su capacidad, así como el muelle del arsenal y la máquina de grúa que permitía embarcar pesos extraordinarios. Las costas de la Isla de Manga, donde estaba situado el muelle, los grandes tendales y almacenes no eran apropiados para construir embarcaciones mayores, por no estar a cubierto de los enemigos, pues por Bocagrande o por Pasacaballos podían entrar las fuerzas sutiles enemigas y apoderarse del Arsenal con facilidad. A eso se debió que los españoles pudieran entrar y hacerse dueños de la parte exterior del puerto, pero él había sacado las lanchas y demás buques sutiles de estos debajo de las murallas. Opinó Padilla que la guerra contra los españoles no era igual a la que en otros tiempos se había hecho contra los ingleses y otras potencias extranjeras, cuando todos los cartageneros eran sus enemigos, pues los españoles tenían muchos partidarios apasionados y decididos por el "servilismo". Al frente del Pastelillo, y en la costa occidental del puerto, existía un muelle llamado la Machina, en el cual se podrían construir lanchas y establecer almacenes, aunque el inconveniente era la distancia de la Machina a la playa exterior, de 1.830 pies de Burgos.
Convenía contar en los arsenales con aprendices de carpinteros y de calafates, a los cuales se les asignaría un pequeñísimo jornal como estímulo y ayuda de vestuario, porque siendo pobres sus padres preferirían ponerlos a servir en cualquier parte donde tuviesen utilidad, y con el tiempo se harían obreros en la Marina. Aunque los maestros se hacían cargo de un muchacho sin darle nada a su padre, se encargaba de alimentarlo y vestirlo, y al cabo de algún tiempo se lo devolvía útil para el
oficio de cortar y ensamblar maderas, hilar estopa, ayudar a dar barrenos o a calafatear rumbos de embarcaciones pequeñas. Eran pues necesarios los aprendices para muchos trabajos del arsenal, como lo eran los peones o marineros para las pesadas faenas que de ordinario ocurrían. Era en el arsenal donde se ponía por obra la construcción de buques y cuanto había que fabricar en relación con ellos, no solo las piezas de madera sino todas las de herrería. Como en el territorio nacional había abundancia de cáñamo, debían formarse en las capitales de los departamentos de marina las máquinas para su hilado y tejido, así como menas de cables, guindalera, cabos de labor, meollar, vaivenes y piolas, tal como se hacía en los arsenales de los departamentos marítimos de España. Un arsenal debería ser una auténtica ciudadela de trabajos, donde debía encontrarse hasta lo más mínimo que tuviese relación con el apresto de los buques, y todo cuanto pudiese ser fabricado en él resultaría en utilidad del país, no solo por los conocimientos que se adquirían y por la continua ocupación de los hombres, sino por la utilidad que generaban en las ventas a los extranjeros.
Cada arsenal debía contar con un contador que mantuviese el orden, la economía y buena distribución de cuanto se invirtiera. Todos los maestros, oficiales y aprendices destinados al taller de la Marina deberían estar inscritos en una lista, para poder convocarlos a los trabajos cuando fuesen necesarios, con sujeción a las autoridades de las que dependían, pudiendo dedicarse a trabajos con particulares cuando no tuviesen ocupación en el servicio. Todo buque debería llevar su patente. Los nacionales serían arqueados al naturalizarse, y los extranjeros al ponerse en estado de salir al mar; por consiguiente, en sus patentes debían constar las toneladas que medían. Con respecto a la localización de los puertos, eran necesario contar en ellos con al menos diez prácticos. Para ello había que mantener dos pailebotes en el mar, alejados cuatro leguas, para que pudiesen ser entregados los prácticos a los buques que se dirigían hacia el puerto. Estos se concertarían con su capitán en lo que deberían ser pagados.
Ante semejante programa de política estratégica para la Armada republicana, primero y único durante la experiencia de una década de la primera República de Colombia, los abogados miembros de la Comisión que preparó el proyecto de ley reconocieron su falta de conocimientos sobre el tema, y fue entonces cuando solicitaron la asesoría de "un oficial de marina" que no lo era: el oficial mayor de la Secretaría de Marina, Rafael del Castillo y Rada. Pese a su inexperiencia, este redactó cinco proyectos de ley relativos a esta arma, motivado por su deseo de fomentarla: el que organizaba la oficialidad de la Marina introdujo los grados que Padilla consideraba inconvenientes en este momento de la historia (almirantes, vicealmirantes, contralmirantes, comandantes, capitanes, tenientes) y la clasificación de los buques en mayores y menores, algo que también rechazaba Padilla. Siguiendo la cultura castrense, introdujo estados mayores generales y departamentales para la Marina, algo que tampoco aceptaba Padilla.
Las diferencias de criterio de Rafael del Castillo y José Padilla eran muy grandes, en buena medida por la amplia diferencia de las experiencias que tenían los dos. El primero quiso llevar a la Marina las tradiciones culturales del Ejército, y el segundo quiso mostrar su amplia cultura en administración de arsenales, maestranzas, hombres y navíos. Era entonces imposible una conciliación, y por ello tanto la Comisión de Guerra y Marina, como las siguientes legislaturas constitucionales, abandonaron el proyecto de aprobación de alguna Ley Orgánica de la Marina. Castillo presentó renuncia al empleo de oficial mayor de la Secretaría de Marina en noviembre de 1825, y fue reemplazado por el capitán de fragata Juan Ignacio Pareja, quien había sido comandante interino del Cuarto Departamento de Marina. Pero las Legislaturas de 1826 y 1827 no se ocuparon del tema de la Marina, y en 1828 se desató la grave crisis política que comenzó en Ocaña y terminó con los fusilamientos de la plaza mayor de Bogotá y el destierro del general Santander. Todos los cleros, los diplomáticos acreditados y Nicolasa Ibáñez Arias lograron salvarle la vida al vicepresidente Santander,
pero los pocos jueces que defendieron la vida del general José Padilla no lograron la clemencia para él, y así fue fusilado y colgado en Bogotá el 2 de octubre de 1828. La pérdida para la política naval fue incalculable.
La injusta muerte del general José Padilla, maquinada por el general Rafael Urdaneta —el mismo que nos impuso la falsa versión sobre el intento de asesinato del Libertador en la noche del 25 de septiembre de 1828, pese a que el centenar de hombres que ingresó al Palacio de San Carlos solo pretendía capturarlo para seguirle un juicio político por su decreto de facultades extraordinarias—, dejó por un siglo a la nación colombiana, dueña de un territorio bañado por dos océanos, sin la formulación de una política naval militar.
Fue así como las políticas nacionales del primer siglo republicano solo versaron sobre los puertos marítimos y fluviales, y sobre las vías terrestres y férreas que los pondrían en comunicación con la capital del país. El ejemplo emblemático fue el proyecto de apertura del camino que comunicaría al puerto de Buenaventura con Cali, emprendido por la segunda administración Mosquera, quien obtuvo de la Convención de Rionegro la autorización para contratar en Londres un empréstito externo de 200.000 libras esterlinas para su apertura. Una compañía empresaria de este camino fue organizada para tal efecto, protegida por una renovación del privilegio que se le había concedido desde 1854 para tal obra. Este privilegio fue mantenido por el presidente —uno de los socios fundadores— incluso hasta los tiempos de su expulsión violenta de la escena política nacional (1867), y durante el viaje que hizo a Europa para tramitar los recursos que requería la agenda de progreso de su cuarta administración, cuando negoció la fallida compra de rieles de acero para la construcción de un ferrocarril por la ruta de este camino abierto.
En 1856 unos ingenieros norteamericanos, encabezados por el capitán Williamson, habían sido contratados para explorar la
mejor ruta de este camino. En octubre de 1864 se reiniciaron los trabajos de apertura del camino que habían sido suspendidos por la guerra civil, bajo la conducción del coronel español Mariano Moreno, quien continuó guiándose por los mapas de los primeros ingenieros y tuvo como compañero al ingeniero mecánico alemán Henrique Haeusler. Una avalancha del río Dagua, acaecida el 15 de noviembre de 1866, destruyó un puente y seis kilómetros del camino construido paralelamente a su ribera. A finales de 1856 llegó al Dagua un ingeniero norteamericano, Mr. Hopkins, enviado por el general Mosquera para hacerse cargo, pero falleció a los pocos meses de su llegada. Los superintendentes de la empresa —Julián Trujillo, Santiago Eder y Manuel W. Carvajal—, pese al celo que pusieron para vigilar la contabilidad de los gastos, no tenían capacidad para intervenir en la solución de los graves problemas de diseño que siempre tuvo esta obra. Adicionalmente, Mosquera firmó un contrato con un agente de la Casa William H. Cotterill para transferir los derechos que la compañía empresaria tenía a una parte de lo producido en las aduanas de Cartagena y Santa Marta, y a todo lo producido por las de Buenaventura y Tumaco, como garantía para el cumplimiento del pago del empréstito de 100.000 pesos que el Gobierno Nacional tomó con esa casa inglesa. Para entonces, un grupo más idóneo —el ingeniero Harrison Stiles y los contratistas Juan de Dios y Juan Jacobo Restrepo— resolvió los problemas técnicos y de diseño de la obra, que era simplemente un camino de herradura sólido y cómodo, de bajo costo y ajeno a las "quimeras" del general Mosquera.
Un balance del esfuerzo ferroviario emprendido por el país desde que comenzó la construcción del Ferrocarril del Istmo de Panamá muestra también que las políticas marítimas nacionales se reducían a los puertos marítimos y fluviales. En ese esfuerzo de desarrollo invirtieron sus capitales muchos extranjeros y nacionales, así como el Tesoro Nacional. El propósito principal de las administraciones fue conectar Bogotá con el principal puerto del Pacífico, Buenaventura, y con los puertos
de Santa Marta, Bocas de Ceniza y Cartagena, para atender las necesidades mercantiles y sociales. Pero la realidad, hasta 1920, no había satisfecho tan ambiciosas expectativas, porque el Tesoro de la nación y los capitales de los emprendedores nacionales y extranjeros interesados no daban para ese sueño de las comunicaciones modernas. La geografía nacional, una enmarañada combinación de tres cordilleras, valles interandinos y cañones de ríos, no ayudaba a la tarea de tendido de los rieles de acero. Lo que realmente se consiguió fueron 13 tramos férreos, que apenas sumaban 1.111 kilómetros, lejos de poder conectarse entre sí para formar las vías férreas ininterrumpidas entre Bogotá y las costas de los dos océanos: en la costa norte, los tres tramos Barranquilla-Puerto Colombia, Santa Marta-Fundación y Cartagena-Calamar. En la costa del Pacífico, solo el tramo Buenaventura-Palmira, y en los puertos del valle alto del río Magdalena, los tramos La Dorada-Beltrán, Girardot-Facatativá y Flandes-Ibagué.
Cuando finalizaba el siglo XIX, la República solo contaba con dos vapores de guerra denominados Crucero Córdoba y General Nariño. El 8 de noviembre de 1898, el presidente Manuel Antonio Sanclemente y su ministro de Guerra y Marina, Pedro Antonio Molina, expidieron el decreto ejecutivo número 215 que ordenaba venderlos en pública subasta, considerando que con esa medida de economía se restablecería el equilibrio fiscal, además de que no estaban prestando servicio alguno. El vapor Crucero Córdoba fue adjudicado en el remate a la firma Grell, Ellio & Compañía de Puerto España, que ofreció 5.000 francos.
La impotencia estatal frente a la separación del departamento de Panamá
El país solo volvió a mirar al mar cuando se produjo una emergencia nacional: la separación del Departamento de Panamá en 1903, cuando los senadores negaron en pleno su aprobación al Tratado Herrán-Hay y rompieron "el hilo que unía al istmo
de Panamá con el resto de la nación". Arthur M. Beaupré, secretario de la legación estadounidense en Bogotá, comunicó al ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Carlos Rico, la sentencia definitiva: "El Gobierno de los Estados Unidos declara que no solo está obligado por los tratados existentes, sino también por los intereses de la civilización, a procurar que el pacífico tráfico del mundo por el Istmo de Panamá no sea interrumpido ya más por una sucesión constante de innecesarias y asoladoras guerras civiles". No existía ni una sola embarcación de guerra colombiana para hacer presencia en las dos costas del Istmo con la misión de impedir la separación que fue aprobada el 3 de noviembre de 1903 por el Concejo municipal de Panamá. Para más inri, la experiencia de la Guerra de los Mil Días demostró la vulnerabilidad de la fuerza armada permanente: dado que con los primeros combates desaparecieron las tropas regulares que existían, los efectivos tuvieron que ser reemplazados de urgencia por los batallones de conscriptos que se formaron improvisadamente, trasladando oficiales de unos cuerpos a otros. Al campo de Palonegro acudieron en mayo de 1900 unos 27.000 combatientes de los dos bandos enfrentados, reclutados a los volandas en muchas provincias de seis departamentos, casi todos bisoños campesinos partidistas mandados por oficiales improvisados. Por ello, cuando el general conservador Manuel Casabianca, ministro de la Guerra, concedió a Jaime Fletcher Feijóo, durante el mes de julio de 1900, el despacho de ascenso al grado de capitán efectivo por sus servicios a la décima octava división en la citada batalla, este simplemente lo interpretó como su "carnet conservador". Para atender la campaña militar del río Magdalena, la administración Marroquín tuvo que acudir al arrendamiento de vapores comerciales de la Compañía Colombiana de Transportes, apoderada por Rufino Gutiérrez. Por lapsos de días varios de los meses de octubre de 1899 a marzo de 1901, esta Compañía puso a disposición de Gobierno nueve vapores en arrendamiento, seguramente para el transporte de soldados y armamentos.
La réplica ante la conmoción nacional de la Guerra de los Mil Días vino de la mano del presidente Rafael Reyes (1904-1909). La primera política naval consistió en abrir una Escuela Naval de Cadetes en Cartagena, simultáneamente con la apertura de la Escuela Militar de Bogotá. Una casualidad abrió el camino de su ejecución: el general Rafael Uribe Uribe, enviado plenipotenciario ante el Gobierno de Chile, tenía a sus dos hijos, Julián y Carlos Uribe Gaviria, admitidos como cadetes en la Escuela Militar chilena. El conocimiento que eso le dio, de primera mano, sobre la calidad y la disciplina militar en ese país, en buena medida legada por la influencia de las tradiciones militares prusianas, le permitió aconsejar al general Reyes la conveniencia de contratar una misión chilena para el propósito político. Esta fue integrada con los capitanes Arturo Ahumada y Diego Guillén, encargados de la organización de una nueva escuela militar de cadetes en Bogotá, y por el teniente de navío Alberto Asmussen Cortés, quien asumió la responsabilidad de fundar en Cartagena una escuela naval. Fue así como el 1° de junio de 1907 comenzaron las labores de la Escuela Militar de Cadetes en las instalaciones del viejo cuartel de San Agustín, creada por el Decreto 434 de 1907 como dependencia del Ministerio de Guerra. Por el otro lado, la Escuela Naval de Guardiamarinas fue creada por el Decreto 793 de 1907, bajo la dirección del teniente Asmussen y del coronel Guillermo Holguín Lloreda.
Esta Escuela Naval solo pudo formar una promoción de ocho guardiamarinas graduados, pero su impacto en la actividad naval fue contundente: Froilán Valenzuela, Pablo Emilio Nieto Martínez, Virgilio Mastrodoménico, José Antonio Noguera, Mario Caicedo, Luis María Galindo, Juan Federico Gerlein y Francisco de Paula Prieto. Enviados a las armadas de Chile y España para las prácticas profesionales, a su regreso al país comandaron toda de clase navíos y fueron los primeros llamados a filas cuando estalló el conflicto con el Perú por el puerto de Leticia. Su marca fue indeleble cuando finalmente se constituyó la Armada, bajo la administración Olaya Herrera: eran los chicos
experimentados del teniente Asmussen. Pero la definición de una política naval de guerra no les correspondía, porque la clausura de la Escuela Naval que los formó dejó a la nación sin ella, apenas reducida a las políticas fluviales de las flotillas que navegaban los ríos Amazonas, Putumayo y Magdalena, bajo la dependencia del Ministerio de Hacienda, es decir, al control de contrabandos. El desastre se consumó cuando el consejo de ministros ordenó vender los tres cruceros anclados en Cartagena (Marroquín, Próspero Pinzón y Cartagena) en pública subasta: las pujas solo llegaron a la irrisoria cifra de 27.000 pesos por las tres naves, y por esa cifra se vendieron unas 12.000 toneladas de material metálico al capitán Haynes. La desilusión fue tan grande que el capitán Pablo Emilio Nieto abandonó la actividad marinera. Solo continuaron navegando en el bajo río Magdalena, como flotilla fluvial de guerra desde 1923, el cañonero Hércules y la cañonera Colombia, ensamblada por la Junta de Canalización, transportando el correo oficial, conscriptos y reservistas del Ejército, comandadas por oficiales del Ejército. Eran movidas por calderas alimentadas con leña y contaban con su propia guarnición, suministrada periódicamente por el batallón de ingenieros Caldas.
En 1920, el organigrama del Ministerio de Guerra no contemplaba ninguna dependencia encargada de la Marina. Pese a ello, el ministro Jorge Roa defendió la necesidad de contar con una Marina de Guerra, dada la existencia de dos mares territoriales, y se comprometió a llevar a las cámaras legislativas un proyecto de ley que pudiera satisfacer esa necesidad, creando inicialmente una nueva escuela naval con la asesoría de una misión naval extranjera, y formar en el curso de unos
ocho años una escuadra de navíos marítimos. Nada se hizo, hasta que la súbita irrupción del conflicto con el Perú puso en marcha acelerada esos dos proyectos. En 1930 la flotilla del río Magdalena contaba con cuatro unidades fluviales: el cañonero General Mosquera y los tres cañoneros construidos por la Casa Yarrow & Compañía de Glasgow, con base en Barranquilla,
donde se creó el comando por Decreto 446 de marzo de este año, denominados Cartagena, Santa Marta y Barranquilla.
Respuesta a la ocupación de Leticia
Al amanecer del jueves 1° de septiembre de 1932 se produjo un acontecimiento que vino a cambiar radicalmente la política de defensa de la República: el ingreso de 46 invasores peruanos armados, liderados por el alférez Juan Francisco La Rosa y el ingeniero civil Óscar Ordóñez, al puerto de Leticia sobre el río Amazonas. Después de disparar sobre las casas de los colonos colombianos, aseguraron al intendente de Amazonas, Alfredo Villamil Fajardo, quien para prevenir derramamientos de sangre ordenó a los pocos agentes que tenía a su disposición rendirse. En solo quince minutos, los invasores peruanos tomaron prisioneros a 6 funcionarios y 19 colonos-policías colombianos. La noticia de esta toma de Leticia fue conocida en Bogotá durante el siguiente día, gracias a un radiograma del embajador colombiano en Lima.
Era presidente de Colombia Enrique Olaya Herrera, cuya alta talla, maneras majestuosas y ojos verdes le daban un carisma personal que pocos mandatarios han exhibido en la historia nacional. Si un infarto no detiene su vida en Roma, habría repetido mandato durante el período 1938-1942. Cuando el presidente llamó al capitán Carlos Uribe Gaviria al Ministerio de la Guerra, no existían embarcaciones marítimas propiamente dichas. Solo se contaba con dos flotillas fluviales: la del río Magdalena, que apenas se integraba por los cañoneros General Mosquera y Barranquilla, al mando del capitán Froilán Valenzuela, y la flotilla del río Putumayo, integrada por otros dos cañoneros, Santa Marta y Cartagena. En el océano Atlántico operaban los cañoneros guardacostas Boyacá y Pichincha, con base en Barranquilla, y los cañoneros Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, que habían llegado al país dos años antes. En el océano Pacífico solo operaba el cañonero guardacostas
Carabobo, con base en Buenaventura, encargado del servicio de enlace y abastecimientos del Destacamento del Pacífico.
La política de defensa ante la invasión del puerto sobre el río Amazonas fue expresada por el presidente: "el punto único y supremo de mi Administración es imponer respeto de la soberanía de Colombia en todo el territorio que le pertenece en el Amazonas". El fervor patriótico de los colombianos subió rápidamente de tono y, siguiendo el ejemplo del presidente y su esposa, cientos de parejas acudieron a donar sus alhajas, anillos y argollas matrimoniales para comprar aviones y navíos de guerra. Los bonos de un empréstito patriótico de diez millones de pesos fueron suscritos en menos de 15 días por particulares, bancos y entidades departamentales y municipales. Mientras la flotilla fluvial y el destacamento del Putumayo se encargaban de la reacción inmediata, el general Alfredo Vásquez Cobo negociaba la adquisición de dos navíos en Francia, el Presidente Mosquera y el General Córdoba. El plan de batalla concertado fue controlar el curso del río Putumayo, reconquistar Tarapacá, ocupar los fuertes peruanos de Güepí y Puerto Arturo, luego emprender operaciones en el río Napo con el apoyo de la aviación, neutralizar la base militar peruana en Iquitos y finalmente atacar a Leticia. Dos buques de transporte de soldados, un guardacostas artillado y un cañonero fluvial fueron movilizados hacia el teatro de la guerra.
Nunca hubo una declaración de guerra. Simplemente el general Vásquez Cobo ordenó a los navíos Barranquilla y Pichincha abrir fuego de artillería, en la mañana del 15 de febrero de 1933, sobre las trincheras peruanas de Tarapacá, haciendo huir a sus efectivos. El domingo 30 de abril de 1933, un joven peruano puso fin a la vida del presidente del Perú, Sánchez Cerro. Su sucesor en la Presidencia, el general Óscar Raimundo Benavides Larrea, aceptó la fórmula de la Sociedad de las Naciones para concluir pacíficamente el conflicto. Un nuevo intendente del Amazonas recibió el puerto de Leticia de manos de una comisión enviada por la Sociedad de las Naciones, y la firma
de un protocolo de amistad y cooperación en Rio de Janeiro trajo la paz entre los dos países en conflicto. Seis guardiamarinas de la Escuela Naval del teniente Asmussen acudieron a la cita en el río Putumayo (Luis María Galindo, Pablo E. Nieto, Mario Caicedo, Froilán Valenzuela, Virgilio Mastrodoménico y José Antonio Noguera) para cumplir su deber patriótico.
De este conflicto surgió la nueva Armada colombiana, como lo expresó resueltamente José Joaquín Castro, ministro de Guerra en 1939: "por razones de defensa nacional el país tuvo que crear un servicio de marina de guerra, adquiriendo varias unidades, construyendo las bases navales y atendiendo a la preparación del personal de oficiales". Colombia había prescindido siempre de una marina de guerra que hiciera alguna tradición, hasta que el conflicto de 1932 obligó a adquirir barcos, fundar una escuela naval y proyectar la construcción de instalaciones navales. Además de dos flotillas fluviales de guerra y una flotilla marítima de guerra, el país consiguió una misión naval inglesa, encabezada por el capitán Basil Owen Bell-Salter, determinante para la apertura de tres escuelas navales y la expedición, al fin, de la Ley 105 (29 de abril) de 1936, orgánica de la Armada Nacional, precisada al detalle por los Decretos 50 (12 de enero) de 1937 y 351 (25 de febrero) de 1938. Finalmente apareció en el organigrama del Ministerio de Guerra un Departamento de Marina, creado por un decreto reservado del presidente Olaya con tres departamentos.
El capitán inglés Ralph Douglas Binney se encargó de formar las nuevas promociones de guardiamarinas graduados en la nueva Escuela Naval de Cartagena. Como alguna vez lo soñó el general José Padilla, se estableció la jerarquía de grados del mando naval profesionalizado: contraalmirante, capitán de navío, capitán de fragata, capitán de corbeta, teniente de navío, subteniente de navío, guardiamarina, alférez y cadete. La marinería tendría tres clases: marinero, grumete y sirviente. El Decreto 2122 de 1936 estableció la antigüedad del primer escalafón de oficiales de la nueva Marina Nacional. En las viejas
instalaciones del muelle de madera de la Machina, destruidas en 1931 por un incendio, quedó establecida desde 1935 la base naval MC Bolívar. A partir de 1947 usó la las letras ARC, iniciales de la Armada de la República de Colombia, por orden del contralmirante Luis A. Baquero Herrera.
En 1939 llegó a Cartagena la nueva misión naval estadounidense, presidida por el capitán de navío Lawrence Fairfax Reifsnider. Era el anuncio de un cambio de la política del presidente Santos, una respuesta al ascenso del Partido Nazi en Alemania, caracterizada por el alinderamiento estratégico con los Estados Unidos contra el eje fascista. La defensa del Atlántico y de las costas obligó a crear la Infantería de Marina. El primer día de septiembre de 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial, y la administración Roosevelt confirmó su neutralidad, pero convocó a una reunión de consulta en la ciudad de Panamá para crear una zona de seguridad del continente americano, defendida por 80 destructores que fueron asignados.
Tras la invasión alemana de Holanda, Bélgica y Francia, así como de la entrada de Italia a la guerra, Roosevelt convocó a una nueva reunión de consulta en La Habana (julio de 1940), donde fue aprobado una resolución sobre la política de asistencia recíproca y cooperación defensiva. La política exterior colombiana quedó estrechamente ligada a la solidaridad americana y al sistema de defensa estadounidense contra una eventual agresión de las potencias militares del Eje. Una reunión de los estados mayores en Bogotá (10 a 26 de septiembre
de 1940) comprometió a las fuerzas armadas colombianas en la tarea de prevenir acciones dentro de su territorio, o en el Canal de Panamá, contra los intereses de los Estados Unidos.
El ataque de los aviones japoneses a Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, puso fin a la política de neutralidad en América. La reunión de cancilleres americanos en Rio de Janeiro (15 a 28 de enero de 1942) logró que todos los estados americanos (excepto Chile y Argentina) rompieran relaciones con las tres potencias del Eje. El alineamiento con las políticas estadounidenses marcó en adelante la política del gobierno colombiano, pues la administración Santos sostuvo que la defensa exterior tendría que hacerla el gobierno de los Estados Unidos, reservándose el país la defensa interior con muchos puestos y destacamentos de observación de las costas oceánicas y de las fronteras terrestres. Había terminado súbitamente la política de neutralidad por el compromiso de solidaridad panamericana con los Estados Unidos. Como Colombia había dejado de ser nación neutral en la guerra, el 23 de junio de 1942 un submarino alemán hundió la goleta colombiana Resolute, navío comercial de 52 toneladas que navegaba de Cartagena hacia la isla de San Andrés, a 35 millas de la isla de Providencia, después de ametrallar a sus pasajeros. Cuando fueron tres las goletas atacadas por submarinos alemanes, el gobierno colombiano declaró el estado de beligerancia con Alemania.
El presidente López Pumarejo suscribió la adhesión de Colombia a la Carta del Atlántico, firmada originalmente, el 14 de agosto de 1941, por el presidente Franklin D. Roosevelt y Winston Churchill. Eran ocho principios orientadores del nuevo orden mundial que surgiría tras la derrota del Tercer Reich respecto a la autodeterminación de las naciones y renuncia al uso de la fuerza contra otras naciones, estableciendo un nuevo sistema de seguridad general permanente. Sobre esta base, 26 Estados suscribieron el 1° de enero de 1942 la Declaración de las Naciones Unidas. Colombia adhirió a este embrión de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1943, cuando el presidente López la firmó sobre el escritorio del presidente Roosevelt en el despacho oval de la Casa Blanca, acompañado por el nuevo embajador, Gabriel Turbay.
Participación en la guerra de Corea
En 1948 se produjo una reforma administrativa de todo el personal naval, al tenor de la Ley 92, reorgánica de la Armada Nacional, que fue puesta bajo la dependencia del Estado Mayor General. Vino entonces un hecho imprevisto, el traspaso del Paralelo 38 por el Ejército de Corea del Norte, en la madrugada del 25 de junio de 1950. Como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pidió a todos los países prestar asistencia militar a Corea del Sur, la administración estadounidense convocó a todos los gobiernos latinoamericanos a responder. Pero solo Colombia, durante las administraciones Ospina Pérez y Gómez Castro, respondió al llamamiento en Latinoamérica. Las negociaciones redujeron la participación inicial a solo dos unidades: el Batallón de infantería No. 1 Colombia, que con 1.060 hombres fueron embarcados en el puerto de Buenaventura, y la fragata ARC "Almirante Padilla", que patrullaría las aguas de Corea bajo el comando de el capitán de corbeta Julio César Reyes Canal y, como segundo comandante, el teniente de navío Jaime Parra Ramírez. En los siguientes tres años fueron agregadas la fragata ARC "Capitán Tono", bajo el mando del
capitán de corbeta Hernando Berón Victoria, y la fragata ARC "Almirante Brión", bajo el mando del capitán de corbeta Carlos Prieto Silva.
Contra los críticos de la participación colombiana en la guerra de Corea, la política de participación de la Armada y del Batallón Colombia le había dejado a la nación colombiana una primera presencia internacional de importancia, bajo el manto legal de las Naciones Unidas, y una demostración de que el Estado nacional honraba sus compromisos militares en las experiencias bélicas multinacionales. A la Armada Nacional le había dejado dos nuevas unidades navales de guerra, las fragatas ARC "Almirante Brión" y ARC "Capitán Tono", obtenidas a muy bajo costo; un entrenamiento de nivel internacional en
todas las operaciones requeridas por una unidad militar de guerra, y una experiencia logística y de mantenimiento en operaciones navales realizadas a gran distancia de la base. Posteriormente, ya en 1960, el Gobierno de los Estados Unidos cedió al de Colombia cuatro unidades a flote más: el destructor tipo Fletcher USS Hale, renombrado ARC "Antioquia"; el remolcador marítimo USS Choctaw, renombrado ARC "Pedro de Heredia"; el dique flotante USS ARD-28, renombrado ARC "Capitán Rodríguez Zamora"; y el bongo YFND6. Se agregó en 1962 la barcaza-taller antigua USN YR-66, también cedida por la Armada de los Estados Unidos, renombrada ARC "Capitán Eloy Mantilla". En 1963 se agregaron el transporte marítimo antiguo USN-YFR-443, renombrado ARC "Quindío", y un remolcador de bahía antiguo USN-YTL-231, renombrado ARC "Teniente Ricardo Sorzano". Todavía en 1965 se estaban adscribiendo a la Armada unidades a flote cedidas por la Armada estadounidense: el destructor transporte antiguo USS Tollberg APD-103, renombrado ARC "Almirante Padilla" DT-03.
A los oficiales y tripulaciones les había dejado un fuerte espíritu de cuerpo, elevado sentimiento moral, experiencias profesionales de nivel internacional, conocimiento del mundo y un sentimiento de valía ante los ojos de otras armadas del mundo. No hay que perder de vista que los oficiales del Ejército y de la Armada que acumularon experiencias en Corea fueron llamados en las décadas siguientes a los más altos mandos de las Fuerzas Militares y del Ministerio de Guerra. Como la logística de la campaña de Corea demostró la importancia del Arma Naval en el mundo que siguió, el vicealmirante Eduardo Wills Olaya, quien fue segundo comandante de la fragata ARC "Almirante Brión", durante dos años de experiencia en Corea, concluyó que la historia de la Armada colombiana se divide en dos grandes épocas: "antes y después de Corea". Lo mismo afirmó el general Gabriel Puyana García respecto del Ejército.
Esta experiencia internacional también le dejó al país unas políticas de cooperación defensiva interamericanas. Para empezar,
con la Junta Interamericana de Defensa que se instaló en Washington desde 1942, y después con el Colegio Interamericano de Defensa, organismo bajo su dependencia, instaurado en el Fort Lesley J. McNair. Adicionalmente, la adhesión a las políticas de la Guerra Fría, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética y los partidos comunistas que obedecían al Comintern eran el gran peligro de las democracias occidentales, claramente amenazadas en los países de Europa Central y Oriental. A la vista de la invasión soviética a Hungría, el presidente Harry S. Truman declaró ante el Congreso de los Estados Unidos (marzo de 1947) que, en lo sucesivo, su política apoyaría "a los pueblos libres que se resisten a los intentos de subyugación de minorías armadas o presiones externas". Esta Doctrina Truman de la guerra fría contra la Unión Soviética fue ganando cada vez más a la opinión estadounidense respecto de la responsabilidad, ante el "mundo libre", de liderar la lucha contra el comunismo soviético.
A despecho de los compromisos de la política de Guerra Fría, tras la disolución de la Unión Soviética y el derrumbe del muro de Berlín, la administración Lleras Camargo contribuyó decididamente a construir el sistema interamericano de la OEA comprometido con el principio de la resolución pacífica de los conflictos, la defensa común contra las agresiones de otros Estados y el principio de la no intervención en los asuntos internos de los Estados. El sistema interamericano no era una evolución de la Doctrina Monroe, sino un esfuerzo de sustituirla y abrogarla. La misión de la OEA era impedir que en América existieran guerras de agresión, gracias a sus convenciones firmadas para someter al hemisferio a la ley internacional y a la proscripción de la guerra. La vigencia de la postura de Lleras Camargo en nuestros días es innegable. En el mes de abril de 1958 se realizó en Ginebra una Conferencia de las Naciones Unidas sobre la plataforma continental, a la cual asistieron dos plenipotenciarios colombianos. El 29 de abril firmaron la Convención sobre la plataforma continental, instrumento que dio a Colombia unos derechos distintos a los que tenía sobre el
mar territorial ganado por el general José Padilla en la Batalla de Maracaibo de 1823. El concepto de plataforma continental designó, en esa Convención, al lecho del mar y el subsuelo de las zonas submarinas adyacentes a las costas nacionales pero situadas fuera de la zona del mar territorial, hasta una profundidad de 200 metros, y además al lecho del mar y el subsuelo de las regiones submarinas análogas, adyacentes a las costas de islas. El 23 de julio de 1959, el presidente Lleras Camargo aprobó esta Convención y la sometió a la consideración del Congreso. Este la examinó y aprobó el 8 de febrero de 1961, quedando sancionada la ley con fecha del 13 de marzo de 1961, de suerte que las disposiciones sobre plataforma continental se considerarían en adelante parte integrante del derecho interno colombiano.
A finales de 1965, durante la administración Valencia, se realizó la transición del Ministerio de Guerra al Ministerio de Defensa, bajo la conducción del general Gabriel Revéiz Pizarro. En vez de calcular los riesgos de una guerra exterior, los cálculos se dirigieron en adelante hacia la guerra interior con los grupos guerrilleros. Cuando las declaraciones de Punta del Este y de la Alianza para el Progreso representaron a la Revolución Cubana como enemiga del sistema interamericano, dada la opinión general de que estaba entregada al sistema comunista y a la "exportación" de guerrillas, la Junta Interamericana de Defensa tuvo que elaborar una doctrina militar contra el enemigo que había aparecido en el Caribe. Esa doctrina convocaba a la contención del comunismo internacional y a la defensa del "mundo libre".
Apuntes sobre política naval
Ya bajo la administración Lleras Restrepo, el Ministerio de Defensa Nacional le pidió al almirante Jaime Parra Ramírez la formulación de la nueva política naval militar. Este terminó, el 5 de octubre de 1967, sus Apuntes sobre política naval de
Colombia. Presentados ante el Comando General de las Fuerzas Militares, desde 1968 se convirtieron en la guía explícita de las decisiones que fueron tomadas durante los seis años en que este almirante actuó como comandante de la Armada. Convencido de que el arma submarina había cobrado la mayor importancia en los mares del mundo, puso en marcha el esfuerzo que dotó a la Armada de los dos primeros submarinos fabricados en Kiel y bautizados ARC "Pijao" y ARC "Tayrona", complementados por dos submarinos tácticos modelo SX 506, y cuatro lanchas Charriots modelo CE2F/X60, con sus respectivos accesorios. Adicionalmente, se adquirieron dos buques tanques petroleros y una división de comandos de la flotilla de submarinos, dotada con lanchas submarinas tipo CE2F/X60, que permitían operaciones de asalto costero.
La política estratégica del almirante Parra Ramírez expuso claramente la voluntad de empoderamiento de la Armada para asumir la conducción de operaciones de disputa del dominio del mar Caribe, garantizando la protección del tráfico marítimo, de acuerdo a sus capacidades. Ante la guerra irregular que libraba el Ejército con las guerrillas, la Armada también estaba obligada a apoyar sus acciones y a impedir el ingreso de armamentos de contrabando por sus puertos. Sostuvo que la Armada requería de mejores medios para realizar su concepto estratégico y empoderarse en todas las operaciones de guerra en el mar y en los ríos. El valor de la Marina era su movilidad y eso dependía de contar con un mayor presupuesto para sus unidades a flote en los mares. En estos había que distinguir sus capacidades de superficie respecto de su capacidad submarina, aérea y anfibia. Tendría que mejorar sus flotillas fluviales (río Magdalena, Llanos Orientales, Sur), sus bases marítimas (Cartagena, Barranquilla, Buenaventura, San Andrés) y fluviales (Puerto Leguízamo). Tendría que contar con un velero de entrenamiento de cadetes, que finalmente fue el buque escuela ARC "Gloria", con un servicio oceanográfico, un servicio de faros y boyas, buques tanqueros y de logística, servicios de rescate y acción cívica naval. Había que contar
con todas las instituciones de selección y formación de su personal en todas las especialidades, así como para sus retiros, bienestar y distinciones. La política naval formulada por el almirante Jaime Parra Ramírez tuvo un gran impacto en el arma naval, pues en adelante se volvió una tradición que los comandantes de la Armada formularan las políticas navales de sus tiempos de mando.
Hasta el final de los dos gobiernos militares (1953-1958), las políticas de la Armada apuntaban, en general, a la defensa de la soberanía colombiana en los azules océanos. En los términos más modernos, la Armada solo defendía "el azul de la bandera nacional". Pero durante los 16 años de la experiencia del Frente Nacional (1958-1974), la Marina fue empujada, como las otras dos fuerzas militares, a defender el poder soberano del Estado contra todos los grupos que se declararon en insurgencia armada, siguiendo las ilusiones políticas de las experiencias soviética, china y cubana. Vinieron entonces las nuevas políticas contrainsurgentes en el contexto de la Guerra Fría y de la pugna entre los dos campos en que se dividieron los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. La participación en el conflicto armado interno obligó a diseñar políticas pertinentes de defensa del Estado de derecho con la fuerza legítima frente a las violencias guerrilleras. Y después del Frente Nacional se instalaron en las entrañas de la sociedad los nuevos grupos de narcotraficantes, inicialmente al servicio del mercado estadounidense de las drogas ilícitas, que con sus ganancias introdujeron armas para resolver violentamente sus diferencias.
La política de seguridad democrática de las dos administraciones Uribe Vélez (2002-2010) comprometió la gestión de la Armada con las operaciones contra las organizaciones guerrilleras, tanto contra las organizaciones narcotraficantes. Como ejemplo, los Montes de María fueron teatro de una contundente acción conjunta de unidades de la Armada y de la Fuerza conjunta de Acción Decisiva que permitió el regreso de la población desplazada y nuevos proyectos de emprendimiento
económico. Fue liberado un exministro secuestrado, se desarticularon los frentes 35 y 37 de las FARC y se neutralizaron cerca de 4.500 guerrilleros. En el año 2002 comenzó la estrategia de cerrar espacios al tráfico de las drogas e incautaciones. Se conformó un Centro Marítimo Internacional contra el narcotráfico y se creó la Escuela internacional de Guardacostas. Las operaciones conjuntas con la FAC, el Ejército, la Policía, la Fiscalía, el DAS y las unidades estadounidenses tuvieron mayor contundencia contra los carteles de las drogas.
Las dimensiones de la acción de los hombres de la Armada se ampliaron: a la política original de defensa de la soberanía nacional contra los enemigos externos se agregó la política contrainsurgente contra más de una decena de grupos armados que se formaron desde 1962 y prometieron derribar el Estado de derecho. Y vino después la política internacional de interdicción de las drogas ilícitas y sus precursores químicos. Como respuesta a tantas amenazas, la Armada no cesó de preparar todas las respuestas: incremento de los medios más pertinentes, profesionalización de su personal propio y auxiliar, sofisticación de sus políticas y de su capacidad de inteligencia, alianzas estratégicas con los poderes técnicos de otras naciones amigas. Fue así como se convirtió en una Armada mediana que acumuló en su haber unas 671 unidades marítimas y fluviales, incluyendo cuatro submarinos.
De la colección personal de Armando Martínez Garnica.