Armando Martínez Garnica
Academia Colombiana de Historia
En su clásico ensayo de 1513, Il principe, Nicolás Maquiavelo dictaminó que todos los Estados, es decir, todos los “dominios que han tenido y tienen imperio sobre los hombres”, han sido, y son, o repúblicas o principados. En 1550 se asentó en la ciudad de Santa Fe un dominio que se propuso imperar sobre las provincias aborígenes y los transterrados de los reinos de España y de las costas africanas: el Tribunal de la Real Audiencia, con jurisdicción superior sobre las tempranas gobernaciones de Santa Marta, Cartagena, Popayán, San Juan y Nuevo Reino de Granada. Este gobierno superior también lo fue de todos los cabildos de las ciudades que habían sido fundadas por las huestes de conquista.
Reunidos en su real acuerdo, el 6 de abril de 1551, los primeros oidores de esta audiencia nombraron para fiscal de ese tribunal al Bachiller Venero. Sus funciones incluían las jurisdicciones civil, criminal y hacendística, así como la defensa de los indios ante los malos tratamientos de sus encomenderos. Al tomar posesión de este empleo estatal en las Indias, el Bachiller Venero juró “guardar e cumplir las ordenanzas de esta Real Audiencia y Chancillería, y las leyes, ordenanzas y pragmáticas de estos Reinos, y que no irá, ni vendrá contra ellas, e que seguirá y proseguirá las causas de Su Majestad, ansí civiles como criminales, y alegará y defenderá su justicia y en todas cosas servirá bien y lealmente e sin parcialidad, ni encubierta alguna, e defenderá los derechos reales y traerá para en prueba de la intimación de su merced e guarda de su derecho todas las probanzas y testimonios que pudiere haber, y que en todo mirará y procurará su servicio y justicia y real preeminencia”.
1 Real acuerdo del 6 de abril de 1551 realizado en la ciudad de Santa Fe, en Enrique Ortega Ricaurte (comp.), Libro de acuerdo del Audiencia Real del Nuevo Reyno de Granada, Editorial Antena/Archivo Nacional de Colombia, Bogotá, 1947, t. I, p. 3.
Este Estado de derecho, uno de los tantos que tuvieron bajo su imperio soberano los reyes de Castilla, tuvo al principado como su régimen original. Pero en 1810 comenzó en su jurisdicción un proceso revolucionario con la experiencia de la eclosión juntera, seguida de la experiencia de los colegios electorales que aprobaron cartas constitucionales particulares para cada uno de los Estados que formaron las antiguas provincias sujetas al real dominio. Dos conjuntos estatales se formaron entonces: el que agrupó las provincias centrales en el Estado de Cundinamarca, y la confederación de Estados provinciales de la Nueva Granada unidos por un pacto de federación. No hay que olvidar que otras provincias prefirieron jurar la obediencia a la constitución de Cádiz, con lo cual se dieron sus ayuntamientos constitucionales y se sintieron parte de la nación española de ambos hemisferios.
La restauración del orden monárquico por el Ejército Expedicionario de Tierra Firme, gracias al sitio de la plaza de Cartagena y a la victoria del páramo de Cachirí, se mantuvo por casi cuatro años con el régimen de comandancias y el regreso de Juan Sámano como nuevo virrey. Pero el sorprendente resultado de la batalla del campo de Boyacá hizo posible que el general Bolívar obtuviera del Congreso de Venezuela, reunido en Santo Tomás de Angostura, la emisión de la Ley fundamental de la República de Colombia: un nuevo Estado, de régimen republicano, imperaría sobre los antiguos vasallos que habían obedecido al virrey de Santafé y al capitán general de Venezuela. La paulatina conquista de todas las provincias de estos dos grandes gobiernos superiores, por los ejércitos colombianos, duró al menos tres años. La batalla de Maracaibo y el sitio de Puerto Cabello completaron, en 1823, el derecho al mar territorial que excluyó a la flota española de La Habana de sus operaciones sobre las costas de la Tierra Firme.
En la Villa del Rosario de Cúcuta se puso fin al gobierno militar que por dos años rigió todas las provincias conquistadas por los ejércitos colombianos. La instrucción dada por el general Bolívar había sido muy clara para iluminar la selección de las tareas de su primera agenda administrativa: “libertar el país de la dominación española a toda costa”. Esto significó fusilamientos de españoles y desertores, secuestro de bienes de los emigrados, destierros de ciudadanos, capitación general, empréstitos y donativos forzosos, conscripciones forzadas de reclutas, requisa de equinos, ganados y víveres, control de la prensa y purificación de los cleros. El vicepresidente de Cundinamarca introdujo la distinción entre los conceptos de libertad y de independencia, con lo cual pudo decir que primero que todo había que asegurar la independencia con un gobierno militar fuerte y vigoroso, con una autoridad única que englobara los ramos de guerra y hacienda, con un mando militar sin contradictores, capaz de tomar todos los recursos y ser obedecido sin excusa. Por ello los oficiales del ejército, acostumbrados a obedecer las órdenes de sus generales, eran los mejores jefes de las provincias en ese momento. La libertad de los ciudadanos podía esperar un tiempo, hasta que los granadinos y venezolanos dejasen de depender de los españoles, y poco a poco fuesen entrando en posesión de ella.
Los abogados santafereños que transitaron a la carrera de las armas en los ejércitos libertadores inventaron la expresión patria boba para descalificar a los hombres que iniciaron el proceso revolucionario y lo pagaron con la vida o la prisión, como Camilo Torres, Antonio Nariño, Jorge Tadeo Lozano o Manuel Benito de Castro. Fue una manera de justificar el autoritarismo de los jefes militares de las provincias durante el gobierno militar de 1819-1821, contraponiéndolo a las maneras menos autoritarias del tiempo de las primeras repúblicas provinciales. Antonio Morales, el protagonista del episodio violento de la mañana del 20 de julio de 1810 contra un comerciante peninsular partidario de la autoridad del virrey Amar —devenido coronel de los ejércitos libertadores y autor de muchos abusos en Charalá y en la provincia del Socorro—, fue uno de los primeros en emplear la expresión para descalificar al gobierno local de la provincia de Guayaquil. La expresión patria boba fue entonces un artefacto político usado como arma arrojadiza por algunos gobernadores comandantes de las provincias conquistadas para justificar los excesos del primer gobierno militar de la república en formación, sus medidas autoritarias, las exacciones de bienes agropecuarios y las persecuciones de “godos”, el término que desde 1811 designó a los partidarios del rey. José Eusebio Caro también la usaría en su periódico, El Granadino, para descalificar
la supuesta debilidad del presidente Márquez, y la adopción de este concepto espurio por alguna historiografía patriótica del siguiente siglo sirvió para ocultar los excesos de violencia con los que había comenzado la experiencia colombiana.
Un Congreso de diputados de 21 provincias del extinguido Virreinato de Santafé y de la moribunda Capitanía general de Venezuela se reunió en la Villa del Rosario de Cúcuta entre el 6 de mayo y el 14 de octubre de 1821. Fue a la vez constituyente y constitucional. Las urgencias de la formación de un nuevo Estado constitucional para poner fin a un gobierno militar y para resolver las tareas primarias de la integración social de una nueva nación de ciudadanos, así lo aconsejaron. Como congreso constituyente, debatió y aprobó, el 30 de agosto de 1821, la primera carta constitucional de la República de Colombia. Como congreso constitucional, debatió y aprobó 82 disposiciones legislativas: 38 leyes, 36 decretos y 8 resoluciones.
En la sesión del 11 de julio de 1821 presentó el diputado Vicente Azuero el texto que redactó con el título de Ley Fundamental de la Unión de los pueblos de Colombia. El siguiente día fue aprobada. El primer artículo unió a “los pueblos de la Nueva Granada y Venezuela” en un único cuerpo de Nación bajo el pacto de que su gobierno sería “ahora y siempre, Popular Representativo”. El territorio heredado se dividiría en unos siete departamentos y cuando existiesen posibilidades se levantaría una capital con el nombre de Ciudad Bolívar. Los debates del proyecto constitucional comenzaron durante la sesión del 3 de julio siguiente, empezando por el nombre que tendría el nuevo Estado republicano: ¿República de Colombia o Confederación de Estados Equinocciales? Se adoptó el primer nombre porque así ya era conocido el país “en el mundo civilizado”, gracias a la Ley fundamental que había aprobado el Congreso de Venezuela a finales de 1819. El artículo 40 de la carta constitucional aprobada en la Villa del Rosario estableció que el Congreso de Colombia estaría dividido en dos cámaras legislativas: la del Senado y la de Representantes. El decreto de designación de la ciudad de Bogotá como capital provisional de la República fue leído y aprobado por el Congreso en la sesión del 9 de octubre.
En la Villa de Rosario nació entonces la nación colombiana, que acogió el principio de que la soberanía residía esencialmente en ella y adoptó el régimen republicano para el Estado. Desde entonces, el Gobierno es “popular representativo” y se mantiene la división tripartita de las funciones estatales entre las administraciones, las legislaturas y las magistraturas. Cuando el Congreso de Venezuela aprobó, el 17 de diciembre de 1819, la Ley fundamental de la República de Colombia, Bolívar le expresó a Santander el significado que en ese momento tuvo esa decisión. Se trataba de la reunión de “dos naciones en una sola república”, que dejaba en el pasado “la multiplicidad de soberanos” que hasta entonces había existido, causa de “la indiferencia con que toda Europa, y aún nuestros hermanos del norte” había mirado “diez años de lucha y de trabajos indecibles”. Al unir las poblaciones y las riquezas de “las dos naciones”, el doble crédito haría que Francia, Inglaterra y los Estados Unidos viesen con interés esta nueva república, dotada de una mayor reputación, y así la respaldarían y concederían un empréstito para formar la nueva administración estatal. La figura central de este paso había sido Francisco Antonio Zea, vicepresidente del Congreso venezolano, a quien debería llamarse “el padre de esta República, porque él ha sido el principal autor de ella”, y quien de inmediato se puso en marcha hacia Europa para gestionar su reconocimiento y el empréstito.² El nuevo y único soberano estatal colombiano tendría que construir la nueva nación colombiana, entendida ya no en el sentido antiguo de natio, un grupo humano que compartía una misma naturaleza, sino en el sentido moderno de nación: una universalidad de ciudadanos libres e iguales ante las leyes. Construir la nueva nación colombiana significaba emprender una reforma de la sociedad del régimen
2 Cartas de Bolívar a Santander desde Angostura, 20 y 22 de diciembre de 1819, véase Cartas Santander-Bolívar, Fundación Francisco de Paula Santander, Bogotá, 1988, t. I, pp. 259-262.
anterior, para que todas las personas llegasen a ser ciudadanos, libres e iguales en derechos.
Respecto de los esclavos legados por el régimen anterior, el procedimiento a seguir era triple: primero, abolir la importación de nuevos esclavos; segundo, declarar libres a los que ya habían nacido, pero manumitirlos solo al llegar a la edad de 18 años, para indemnizar sus dueños; y tercero, liberar anualmente a los que se pudiese con los recaudos de los fondos de manumisión. Respecto de los indígenas, había que abolir los servicios personales gratuitos y el pago de tributos, pero además se ordenó la abolición de la tenencia colectiva de tierras mediante su reparto en parcelas familiares privadas. Santander y José Manuel Restrepo sospechaban que esta igualación ordenada tardaría unas dos o tres generaciones, pero al final solo habitarían el territorio nacional hombres libres. El acceso a la instrucción primaria de los indígenas, e incluso a los colegios mayores, más su mestizaje con las razas europea y africana, resultaría en una tercera raza, “que según la experiencia no tiene los defectos de los indígenas”. Las antiguas castas, dado que ya eran libres, irían desapareciendo paulatinamente.³
Aunque muchas opiniones pronosticaron que la gradual extinción de la esclavitud produciría una reducción de la producción agropecuaria y de la minería, este mal se consideró menor que el de “vivir en algunas provincias sobre un volcán pronto siempre a hacer una terrible explosión”. Era entonces preferible una menor producción agrícola y minera que conservar la antigua servidumbre personal, combustible para un incendio social terrible. El mejoramiento de la condición social de los indígenas, mediante la instrucción y sus matrimonios con los no indígenas, al menos ocurriría después de varias generaciones. El Consejo de Gobierno realizado el 11 de marzo de 1822, por ejemplo, aprobó por unanimidad un proyecto de decreto presentado por el secretario del Interior, que ordenaba admitir en todos los colegios seminarios y en los colegios de Bogotá, Caracas y Quito a cuatro indígenas, y dos en los demás colegios. Para facilitarlo, a cada indígena se le darían diez pesos mensuales, de los fondos públicos, para su vestuario y gastos.
El hombre más distinguido de la aristocracia santafereña, José María Maldonado de Mendoza Lozano de Peralta y González Manrique, heredero del Marquesado de San Jorge y propietario del mayorazgo que administraba el vínculo de la dehesa de la sabana de Bogotá, conocida como El Novillero, adoptó la ciudadanía colombiana con mucho gusto y escogió un nuevo nombre en lengua muisca: Zay Bogotá. Durante el mes de agosto del año 1822 se presentó ante el intendente del departamento de Cundinamarca con este nombre y dijo no tener más parentesco que aquellos que se llamasen hombres de bien y lo fuesen, pues siendo ciudadano libre de Colombia no tenía más rango militar que el de granadero a caballo. El intendente sabía que su hermano Jorge Tadeo Lozano había sido fusilado en 1816 en la huerta de Jaime, y que algunos de sus sobrinos y nietos también habían ofrendado su vida a la patria durante la revolución. Se acabó el marqués y nació el ciudadano.
En la defensa parisina⁴ de su inocencia en el juicio que se le siguió por complicidad en la conspiración del 25 de septiembre de 1828, Santander hizo un breve balance de “los adelantamientos” que había hecho la República de Colombia entre 1821 y 1827, el tiempo en que podemos considerar que rigió el orden constitucional adoptado por el Congreso de Villa del Rosario de Cúcuta. En la dimensión de las relaciones exteriores, entre los años 1822 y 1825 fue reconocida Colombia por los gobiernos de Estados Unidos y la Gran Bretaña, mediante la celebración de tratados de amistad y comercio. También fueron firmados tratados de alianza con el emperador del Brasil, quien recibió a un ministro plenipotenciario de Colombia acreditado ante su gobierno. El rey de los Países Bajos despachó las patentes del cónsul general residente en Bogotá y las de los cónsules para los principales puertos de Colombia. El rey de Baviera nombró un cónsul para el puerto de la Guaira, mientras que Prusia, Suecia, Dinamarca, la Confederación Helvética y las ciudades hanseáticas
3 José Manuel Restrepo, “Memoria del secretario del Interior a la primera Legislatura constitucional de Colombia”, Bogotá, 22 de abril de 1823, en Academia Colombiana de Historia, Archivo Santander, Águila Negra, Bogotá, 1917, t. X, pp. 53-55.
4 Sobre el juicio de conspiración del 25 de septiembre contra el general Santander. París, 1º de abril de 1830, en Academia Colombiana de Historia, Archivo..., pp. 233-243.
manifestaron su disposición a entablar relaciones comerciales. El Estado Vaticano finalmente despachó las bulas que permitió contar con arzobispos en Bogotá y Caracas, así como con obispos en Quito, Santa Marta y Antioquia, acogiendo los nombres de los candidatos que el gobierno le había presentado.
En la dimensión de la vida política interior, la instrucción pública fue ampliado a niveles desconocidos en la historia granadina. El método de enseñanza mutua se difundió por las provincias y se establecieron escuelas primarias en casi todas las poblaciones. Se reformaron los antiguos colegios y seminarios de Bogotá, Popayán, Quito, Santa Marta, Panamá y Mérida, y se abrieron nuevos colegios en Cali, Ibagué, Antioquia, Tunja, San Gil, Pamplona, Guanare, Cumaná y Guayana. Se restauró el Colegio de Pinillos en Mompox y se fundaron casas de educación en Pasto, Buga, Honda, Vélez, El Socorro, Tocuyo, Valencia y Pore. Se aprobó el primer plan de estudios republicano, por el cual se fundó la Universidad Central de Bogotá, se reformaron las universidades de Quito y Caracas y se abrieron nuevas universidades en Tunja y Popayán, quedando proyectada la Universidad de Cartagena. La Real Biblioteca de Santafé fue convertida en la Biblioteca Nacional y recibió mejoras considerables. El Museo Nacional empezó a ofrecer lecciones de química, mineralogía y botánica; y se estableció la primera Academia Nacional de Colombia. Tanto el Protomedicato como la Academia de Abogados abrieron sus sesiones por vez primera.
La imprenta gozó de plena libertad para reclamar el cumplimiento de las leyes y para censurar la conducta de los titulares del Poder Ejecutivo.⁵ Cinco legislaturas constitucionales abrieron y cerraron sus sesiones entre 1823 y 1827, deliberando con entera libertad, gracias a que las cámaras provinciales eligieron libre y pacíficamente a sus representantes. Los tribunales de justicia funcionaron con independencia legal, y los tribunales de apelación se multiplicaron. Se trabajó en el texto del primer Código Criminal, que no pudo ser sancionado por el Congreso. Miles de fanegadas de tierras baldías fueron cedidas gratuitamente a varias compañías de ciudadanos nacionales y extranjeros, obligados a poblarlas y cultivarlas, como lo demostró la llegada a Caracas de un grupo de 200 colonos. Se intentó mejorar la navegación por los ríos Magdalena, Zulia y Orinoco mediante la concesión de privilegios a inversionistas para la introducción de buques de vapor. Se fomentó la apertura del camino que uniría a Cali con el puerto de Buenaventura, y el que unía a La Guaira con Caracas. Una ley de rentas municipales creó nuevos recaudos para atender a la policía de seguridad, salubridad y ornato de los pueblos.
En la dimensión hacendística, se pagó tributo a la inexperiencia y al experimento fallido de un impuesto directo, aprobado por los constituyentes de la Villa del Rosario. Colombia se hizo cargo de los préstamos con particulares hechos entre 1816 y 1820 para la financiación de la guerra de independencia, de la deuda de casi todo el haber militar concedido desde 1817, de todos los sueldos públicos devengados entre 1819 y 1821. Se hizo el primer empréstito de 1822 en Europa, sin conocimiento del gobierno constitucional, solo para atender las necesidades de armamento, municiones y vestidos para el Ejército que hizo el trabajo de conquistar los departamentos del sur, pacificar a Coro, rendir a Puerto Cabello y sostener la administración. Un segundo empréstito se tomó en 1824, por una suma de 20 millones de pesos, para darle liquidez a la administración con el fin de atender a los gastos más urgentes, amortizar algunas deudas de particulares y pagar los intereses de toda la deuda extranjera hasta comienzos de 1826.
Se fomentaron algunos ramos de rentas, se adquirieron elementos de guerra y algunos buques para la escuadra naval, se prestaron algunas cantidades a los agricultores de Venezuela y se cubrieron algunas indemnizaciones por ilegales apresamientos marítimos de los corsos entre 1817 y 1818. Fue con esta liquidez que se prestaron al Perú las cantidades necesarias para su liberación en 1824. Se hicieron algunas mejoras en las casas de monedas de Popayán y Bogotá, se fomentó
5 Al finalizar la sesión del Consejo de Gobierno del lunes 10 de marzo de 1823, el vicepresidente hizo entrar al general Antonio Nariño, quien en Los toros de Fucha del 5 de marzo anterior había escrito que no existía libertad para escribir. Santander le preguntó si alguno de los ministros había estorbado con trabas la libertad de imprenta, para quitarlas de inmediato. Nariño respondió que esa entrega de Los toros de Fucha contendía con los redactores de El Patriota, “y que no juzgaba que el gobierno pusiera obstáculo alguno para la libertad de imprenta”. Al concederle el retiro, Santander le dijo que publicaría esta respuesta en la Gaceta de Colombia, para que no quedase duda alguna sobre el respeto a la libertad de imprenta en Colombia.
la renta del tabaco, beneficiando a los agricultores con el aumento del precio del género, y a los consumidores en la disminución del precio de venta por cuenta del gobierno. Se establecieron las vendutas, antes desconocidas, se arregló la renta del papel sellado, se arrendaron algunas minas de oro y de plata que estaban abandonadas, se procuró instalar una administración de aduanas, se protegió la renta decimal, se dictaron leyes benéficas para facilitar el comercio exterior y el interno. En síntesis, se hicieron cuantos ensayos podían hacerse bajo la guía de recaudar las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto anual del Estado, propósito que no pudo alcanzarse por las discordias internas. Se fundó la deuda nacional, se creó una comisión de crédito público y se fijaron los fondos destinados a este objeto.
En la dimensión de Guerra y Marina, fue reorganizado el ejército permanente colombiano y se le dotó de una administración de justicia criminal propia, acomodada al sistema liberal adoptado por la nación. La Marina militar, que comenzó solo con naves particulares amparadas en patentes de corso, en 1826 ya contaba con una flota propia. Al final de la primera República de Colombia ya contaba la Armada con diez instituciones: el Apostadero de Marina de Cartagena, con sus empleados militares y civiles; el Arsenal de Marina de Cartagena, la Escuela Náutica de Cartagena, seis capitanías de puerto que funcionaban en Cartagena, Panamá, Santa Marta, Riohacha, Portobelo y Candelaria; y una compañía de Infantería de Marina en Cartagena. Conforme a lo dispuesto por los constituyentes de la Villa del Rosario, se había suprimido el Almirantazgo venezolano y se habían experimentado cuatro departamentos de Marina, eliminados antes del fin de la experiencia colombiana. Este balance de realizaciones institucionales conjuntas del Ejecutivo y del Legislativo muestra, a las claras, los ingentes esfuerzos empeñados durante buena parte de la década de 1820 por el vicepresidente Santander y sus cuatro secretarios del Despacho Ejecutivo.
La existencia de un Estado nacional depende de la obediencia generalizada de los ciudadanos a los poderes públicos, y del respeto y acatamiento a su carta fundamental. Puede entonces decirse que el año 1826 fue fatal para la ambición de construcción de la nación colombiana, no solo por el impacto de la Cosiata en Valencia y Caracas, sino porque terminó con la renuncia de los generales Bolívar y Santander a sus respectivos empleos, formalizada ante la Legislatura de 1827. Como no fueron aceptadas por votación desigual de los legisladores, se pusieron en marcha dos réplicas políticas que fueron experimentadas ante el abandono, de hecho, de la constitución de 1821: la gran convención constituyente de Ocaña, pedida por el general Páez después de la Cosiata, y el poder dictatorial del Libertador presidente. Ninguna de ellas pudo mantener con vida a la nación colombiana, porque para ello se requería una “voluntad unánime, altamente pronunciada y firmemente decidida a sostener la obra creada”, como exigió Francisco Antonio Zea en su momento. A falta de consenso general, los sentimientos patrios impusieron la fuerza de tres voluntades distintas que hicieron tres nuevas naciones desde 1830.
La destrucción del orden constitucional aprobado en la Villa del Rosario comenzó efectivamente en 1826 con el acontecimiento de la Cosiata y con la propuesta de entregarle al Libertador presidente poderes dictatoriales, así como con la exigencia de convocar una convención constituyente que reformase la constitución antes de los diez años de experimentación preceptuados por la misma carta fundamental. El diputado de Imbabura en la convención constituyente que intentó en 1830 mantener la República de Colombia con vida concluyó que la disolución de este ente político había comenzado el 30 de abril de 1826, el infausto día en que los revolucionarios de Valencia juraron no obedecer más a los poderes públicos de Bogotá.⁶ Pero le faltó agregar otro ingrediente fatal: el regreso del Libertador a Colombia con una nueva ambición política, la Confederación de los Andes, un nuevo pacto de unión de Bolivia, Perú y Colombia, regido por algo similar a la constitución boliviana, modelada sobre
6 Carta del coronel Antonio Martínez Pallares, diputado de Imbabura, al general Juan José Flores. Bogotá, 15 de marzo de 1830, en Archivo Histórico del Banco Central del Ecuador, Archivo Jijón y Caamaño, Quito, t. 90, f. 44r. Resueltamente concluyó: “Es necesario convenir que la disolución de Colombia data desde el 30 de abril de 1826, y este infausto día para todos los buenos colombianos es el que quieren celebrar los revolucionarios en Valencia el 30 del mismo mes del año 1830, reuniendo allí la convención. ¡Bajo la palabra mágica de la Libertad y Soberanía se trata de cubrir el más horrendo de todos los crímenes!”.
la constitución francesa de 1799. Las resistencias de los constitucionalistas granadinos y venezolanos derribarían esta nueva ambición, responsable del abandono de la constitución de la Villa del Rosario de Cúcuta, mientras los venezolanos se negaban a regresar al seno de la nación colombiana. En conjunto, estos movimientos políticos hicieron del año 1826 el año en el que las tinieblas se cernieron sobre la nación colombiana, como dijo un agudo observador del momento.
“Semejante al viajero que descarriándose en su ruta viene a sorprenderlo la oscuridad de la noche, y envuelto en sus tinieblas no da un paso que no sea temblando, porque en cada paso teme sumergirse en un precipicio…”. Así comenzó su carta, en la Cartagena del 2 de octubre de 1826, el ciudadano Calixto D. Noguera. La había dirigido al vicepresidente Santander para repetirle la contradicción que había puesto de presente el Libertador presidente: después de que había jurado sostener con su espada una constitución que era intocable por diez años, de pronto se había aparecido en Cartagena un emisario suyo, Antonio Leocadio Guzmán, a anunciar “una mudanza absoluta” de la constitución antes de los diez años de su experimentación.⁷ Como los generales Mariano Montilla y José Padilla se habían apresurado a prestar su consentimiento a esta pretensión de Guzmán, la incertidumbre se había apoderado de los hombres que habían abrazado de buena fe las leyes de la Patria.
El enviado Guzmán había argumentado en casa del general José Padilla sobre la necesidad de investir al Libertador presidente con facultades omnímodas, y había dicho que con la constitución de Bolivia se pretendía pacificar la rebelión de Venezuela, pero también presentarla ante una convención constituyente que la adoptara en Colombia. José María del Real renunció al empleo de intendente del Magdalena y el general Montilla asumió la comandancia de armas. El cabildo de Cartagena convocó a todos los padres de familia, y reunidos estos había firmado un acta que entregaba al Libertador todo el mando supremo.⁸ Guzmán había visitado en su casa de Cartagena a Manuel María Núñez, acompañado por el general Padilla, y había dicho que tan pronto llegara el Libertador a Bogotá convocaría a una gran convención constituyente, en la cual propondría la organización de una confederación de seis grandes Estados, una vez reunidos los diputados de Bolivia, Perú y Colombia. Ante la perplejidad que le causó semejante noticia, este escribió al vicepresidente para pedirle orientación, pues en estas circunstancias cualquier error de cálculo político podría causarle daño a la república y atraerle futuras persecuciones.⁹
Ante las noticias relacionadas con la gestión de Guzmán, el vicepresidente Santander tuvo que calcular el nuevo escenario político que se instalaba. Estaba seguro de la imposibilidad de convocar a una nueva convención constituyente antes de 1831, pero sabía que con una creíble reinterpretación del artículo 191 de la constitución, propuesta en la Legislatura, sería posible abrirle camino. Sabía también que, si no era posible sostener la constitución de 1821 con fuerza moral y física contra los perturbadores, se abría el peligro de disolución de la unión colombiana, y se formarían tres nuevos Estados independientes: Venezuela, Nueva Granada y el Sur. Pero sería imposible que estos se unieran bajo algún régimen federal, pues habría que esperar todos los años una nueva conmoción en Quito o en Venezuela; y si se empleaba la fuerza se encendería una guerra de localidades. El régimen federal le parecía impracticable y peligroso, porque Cumaná, Maracaibo y Barinas tenían antigua rivalidad con Caracas; Cartagena y el Istmo la tenían con Bogotá; Cuenca y Guayaquil con Quito. Además, cualquier vicepresidente de un Estado federal contaba con recursos suficientes para alzarse
7 El vicepresidente Santander había hecho publicar en el periódico El Constitucional (29 de junio de 1826) la carta que desde Tulcán había dirigido el Libertador presidente, el 31 de diciembre de 1822, al Congreso de Colombia: “Por mi parte, fiel a mi juramento de obedecer la ley fundamental de la República, reitero por segunda vez a los legisladores de Colombia mi primera promesa de morir antes, la espada en la mano y a la cabeza del ejército de Colombia, que permitir que se holle el pacto de unión que ha presentado una nación al mundo, compuesta de Venezuela y Nueva Granada. La Constitución de Colombia es sagrada por diez años: no se violará impunemente mientras mi sangre corra por mis venas y estén a mis órdenes los libertadores”.
8 Carta al vicepresidente Santander de Calixto D. Noguera, sobre las novedades que trajo la presencia de Antonio Leocadio Guzmán, y sobre la intención de cambiar la constitución. Cartagena, 2 de octubre de 1826. Roberto Cortázar (comp.), Correspondencia dirigida al general Santander, Asociación Colombiana de Historiadores, Bogotá, 1967, t. IX, pp. 61-64.
9 Carta al vicepresidente Santander de Manuel María Núñez. Cartagena, 2 de octubre de 1826. Roberto Cortázar (comp.), Correspondencia dirigida..., pp. 69-71.
contra el gobierno general. El orden colombiano centralizado había sido el más adecuado porque los cuatro departamentos del centro de Colombia (Cundinamarca, Boyacá, Magdalena y Cauca) contaban con cerca de un millón y medio de habitantes y eran “pueblos patriotas, pacíficos, obedientes, industriosos y tienen pocas castas”. En cambio, los departamentos del sur eran “inconstantes, quejumbrosos y fanáticos”.¹⁰ Esta opinión la repitió Santander al general Montilla, a quien le aseguró que, si la constitución no era sostenida, y se emprendían reformas prematuras, la mejor opción sería que Venezuela y Nueva Granada recuperaran su independencia absoluta, y entre ellas firmaran tratados de amistad, como se harían con México y Perú.¹¹
Abiertamente, Santander finalmente le dijo al Libertador que la mejor opción era sostener la constitución de la Villa del Rosario hasta 1831, conforme lo había establecido el artículo 191 de la carta.¹² Por defectuosas que fuesen las instituciones aprobadas, era preferibles sostenerlas con vigor, antes que experimentar federaciones con la constitución norteamericana, códigos bolivianos o imperios. La república no se había disociado, el gobierno nacional era respetado y obedecido por más de las dos terceras partes de las provincias, y además era reconocido por los gobiernos extranjeros. El Libertador debía hacerse superior a sus deseos de ver adoptado el código boliviano, impidiendo una convocatoria precipitada de la gran convención, sosteniendo la constitución de la Villa del Rosario. En caso extremo, si no era posible esperar los diez años prescritos, había que esperar la reunión de la Legislatura de 1827 para que este cuerpo hiciera una interpretación del artículo 121 constitucional, capaz de permitir la convocatoria a la gran convención, y entonces sí se podría pasarse a adoptar el código boliviano con reformas, o cualquier otro sistema elegido por los pueblos. Si no se seguía un camino legítimo de reformas de la constitución habría que esperar la disolución de la Unión colombiana, y los granadinos trabajarían por restablecer la República de la Nueva Granada que había existido en 1815, convencidos de que “más vale solos que mal acompañados”. Ellos no pudieron imaginar en 1819 o en 1821 que las leyes fundamentales serían atacadas alguna vez “del modo infame que las han atacado los perturbadores de Venezuela y los versátiles promovedores de las actas de Guayaquil y Quito”.¹³
Desde Filadelfia, Alejandro Vélez le confió a su amigo Rufino Cuervo sus temores por el abandono prematuro de la constitución de 1821. Si seguían porfiando en reunir una convención de diputados para echarla por tierra, convenía que Santander se retirara de la vida política, “porque pueblo que se contradice y es tan versátil, y tan loco, no merece los servicios de un patriota tan benemérito”. En su opinión, Santander era la esperanza de los granadinos, “porque a la corta o a la larga nosotros tenemos que pensar en vivir separados”. Era notorio que “los venezolanos nos aborrecen, y para vivir como perros y gatos, más vale que cada uno busque modo de existir por su lado”.¹⁴ Cinco meses después, Vicente Azuero le dijo a Rufino Cuervo que iba a decir abiertamente en su periódico, El Conductor, “que nos separamos de Venezuela y nos organicemos por nosotros mismos”. Aunque no se hiciera, quería “tener el consuelo de haber dado abiertamente mis más íntimos consejos a mis compatriotas”.¹⁵
La Gran Convención de Ocaña fue un desastre total: su disolución despojó a la nación de su carta de navegación de 1821, mientras el Libertador presidente se proponía gobernar con el auxilio del decreto orgánico del 27 de agosto de 1828, es decir, como jefe supremo del Estado y con el apoyo de dos Consejos: el de sus ministros y el de
10 Carta de Francisco de Paula Santander a Simón Bolívar. Bogotá, 20 de septiembre de 1826, en Roberto Cortázar (comp.), Cartas y mensajes de Santander, Academia Colombiana de la Historia, Bogotá, 1954, t. VI, pp. 424-425.
11 Carta de Francisco de Paula Santander al general Mariano Montilla. Bogotá, 14 de octubre de 1826, en Roberto Cortázar (comp.), Cartas y mensajes..., pp. 440-441.
12 “Artículo 191. Cuando ya libre toda o la mayor parte de aquel territorio de la República que hoy está bajo del poder español, pueda concurrir con sus representantes a perfeccionar el edificio de su felicidad, y después de una práctica de diez o más años haya descubierto todos los inconvenientes o ventaja de la presente constitución, se convocará por el Congreso una Gran Convención de Colombia, autorizada para examinarla o reformarla en su totalidad”.
13 Carta de Francisco de Paula Santander a Bolívar. Bogotá, 18 de octubre de 1826, en Roberto Cortázar (comp.), Cartas y mensajes..., pp. 449-454.
14 Carta de Alejandro Vélez a Rufino Cuervo. Filadelfia, 24 de febrero de 1827, en Luis Augusto Cuervo, Epistolario del doctor Rufino Cuervo, Academia Colombiana de Historia, Bogotá, 1918, p. 25.
15 Carta de Vicente Azuero a Rufino Cuervo. Bogotá, 19 de julio de 1827, en Luis Augusto Cuervo, Epistolario del doctor..., p. 54.
Estado. El territorio nacional fue dividido en prefecturas, mandados por jefes superiores políticos y agentes naturales del jefe de la Administración. Dos días después fue publicado en Bogotá este decreto orgánico y, antes de terminar el día, Florentino González y Juan Nepomuceno Azuero sostuvieron una larga conversación crítica sobre este documento, de la cual resultó la resolución de acometer la arriesgada empresa de deponer al presidente y restablecer la constitución de 1821. En la noche, González fue a buscar la complicidad de sus amigos Agustín Horment, Wenceslao Zuláibar y Benito Santamaría, quienes manifestaron su voluntad de llevar a cabo la empresa, o pagar el precio. El proyecto fue extendido al comandante Pedro Carujo y al coronel Ramón Nonato Guerra. Fue así como el 4 de septiembre siguiente tuvieron una primera junta de conjurados, que encargó a un consejo de siete personas la dirección del golpe. Florentino González pasó a la casa del general Santander para exponerle el plan, pero este se negó a cooperar porque le pareció una acción prematura, “a causa de que el pueblo no estaba todavía perfectamente convencido de los pérfidos designios del general Bolívar, y del inmenso partido que este tenía entre los militares, interesados todos en sostenerlo”. Propuso, a cambio, la organización de sociedades republicanas que, meditando bien la situación política, elegirían el momento oportuno para restablecer el imperio de las leyes “sin los azares de un movimiento a mano armada”. Por lo menos, debían esperar hasta que él se hubiera marchado a los Estados Unidos, para que sus calumniadores no pudieran decir que la revolución había sido obra de sus intrigas. Pese a ello, los conjurados confiaron la dirección del golpe a Horment, Carujo y González.¹⁶
Fue así como, al rayar la medianoche del 25 de septiembre de 1828, diez ciudadanos al mando de Agustín Horment y 16 soldados mandados por Carujo asaltaron el palacio de gobierno y sorprendieron la guardia. Lograron llegar a la habitación donde dormía el Libertador, pero para entonces ya este había escapado por una ventana que daba a la calle. La improvisación y la mala ejecución había frustrado el proyectado golpe, que fue seguido de inmediato con el encarcelamiento y la aplicación de la pena de muerte a varios conjurados, así como del destierro del general Santander. El Libertador asumió la dictadura y las persecuciones a los publicistas liberales se desataron.
Mientras Santander marchaba hacia el exilio europeo, el diseño del destino de Colombia quedó en manos del Consejo de Ministros, presidido por José María del Castillo Rada e integrado por los ministros de Relaciones Exteriores (Estanislao Vergara), Guerra y Marina (general Rafael Urdaneta), Interior (José Manuel Restrepo) y Hacienda (Nicolás María Tanco). Si Santander estuvo “sentido” con Bolívar cuando este le pidió que dejase de escribirle en adelante, su más grande “sentimiento” fue tener conocimiento de las gestiones que se hicieron en el Consejo de Ministros, durante el mes de septiembre de 1829, para la adopción de un régimen monárquico constitucional. Por ello se esforzó por reunir los documentos que le permitirían intentar probar, algún día, que Bolívar estuvo detrás del espectro que fue preparado contra el régimen constitucional de la Villa del Rosario.¹⁷
En su Autobiografía, el general José Antonio Páez identificó a los hombres que en la primera República de Colombia fueron simpatizantes de un régimen monárquico constitucional: en el Sur, los generales Juan José Flores y Antonio José de Sucre; en Venezuela, los generales Rafael Urdaneta, Mariano Montilla, Diego Ibarra y Pedro Briceño Méndez, así como el arzobispo Ramón Ignacio Méndez, Martín Tovar y algunos mantuanos de Caracas; en la Nueva Granada, José María del Castillo y Rada, José Manuel Restrepo, Juan García del Río y Estanislao Vergara. Todo comenzó con una carta que el secretario general del Libertador envió a José María del Castillo, presidente del Consejo de Ministros, el 6 de julio de 1829, en respuesta a la
16 Conjuración del 25 de septiembre de 1828. Relación de un testigo ocular, en Causas y memorias de los conjurados del 25 de septiembre de 1828, Fundación Santander, Bogotá, 1990, t. II, 55-59. Atribuido al doctor Mariano Ospina Rodríguez por Laureano García Ortiz en Apuntes para la historia del 25 de septiembre. Relato de un criado, reminiscencias de un caballero y comentarios despreocupados. Causas y memorias de los conjurados del 25 de septiembre de 1828, Fundación Francisco de Paula Santander, Bogotá, 1990, t. III, p. 303.
17 Las copias de los siete documentos de septiembre de 1829 reunidos por Santander, sobre el asunto del proyecto de monarquía constitucional concebido por el Consejo de Ministros, fueron publicadas por Academia Colombiana de Historia, Archivo Santander..., pp. 134-154.
comunicación de este del 25 de mayo anterior, relacionada con las gestiones hechas ante los diplomáticos de los Estados Unidos y el Reino Unido para obtener una mediación que resolviera un conflicto entre el Perú y Colombia. La incertidumbre del Libertador por el futuro de Hispanoamérica era grande en ese momento: pese a la inminente amenaza de una nueva expedición militar que enviaría la Monarquía española, los nuevos gobiernos hispanoamericanos desconocían el Derecho de Gentes, iban a la guerra contra las naciones limítrofes, las discordias civiles no cesaban, la maledicencia contra el proyecto de la federación de los Andes se había exaltado y las tareas propuestas por el Congreso Anfictiónico de Panamá fueron desdeñadas por las naciones que firmaron sus convenios. Como la anarquía parecía estar devorando a Hispanoamérica, pese a la amenaza española que se cernía, el Libertador había llegado a la convicción de “la América necesita de un regulador” que mediara, influyera y protegiera; y este tendría que proceder de “una nación poderosa del antiguo continente”. Este personaje debería ejercer “un poder bastante para que, en caso de ser desatendida e insuficiente su política, emplee la fuerza y haga oír la voz del deber”, con cualquier nombre.
Tenía entonces razón Santander cuando caviló que la iniciativa de la monarquía constitucional provenía del Libertador, pero no por las razones de su ambición personal, sino las de su impotencia y frustración, pues solo anhelaba salvar a la Hispanoamérica independiente de su “anarquía” y del riesgo que corría delante de su antigua metrópoli. En respuesta a su carta, se organizó en Bogotá una junta de personas notables y de altos cargos para tratar la propuesta de la posible adopción del sistema monárquico constitucional. Como resultado, el 3 de septiembre de 1829 fue leída en el Consejo de Ministros la carta de Buijó, tras lo que siguió un largo debate para “escogitar u medio decoroso, y que en nada sea contrario a la independencia nacional”, para conseguir lo que quería el Libertador: atraer a Colombia el apoyo y auxilios de alguna, o algunas de las grandes naciones”.
Estanislao Vergara fue quien gestionó el proyecto ante Francia y la Gran Bretaña. Se dirigió a Charles Bresson (1788-1847), comisionado del rey Carlos X de Francia en Bogotá, y al coronel Patrick Campbell, encargado de negocios de la Gran Bretaña. Les dijo que el Consejo de Ministros estaba persuadido de que un gobierno electivo ya no era el que convenía a Colombia, como lo probaba la Cosiata de 1826, “una consecuencia de la reelección del vicepresidente Santander”, neutralizada solo por el regreso del Libertador. La disolución de la Convención de Ocaña, desastrosa para los santanderistas, realmente había sido benéfica, porque había mostrado “la voluntad de los pueblos”: un gobierno fuerte, vigoroso y enérgico, con el Libertador a su frente. Las “teorías republicanas” no habían sido del “gusto nacional”, y los “verdaderos patriotas” se habían convencido de la necesidad de “mudar la forma de gobierno”. Con el título de Libertador, el general Bolívar debería gobernar hasta su muerte, pero después de su ocurrencia, su sucesor debería ser una príncipe de una casa monárquica de Francia, con “quien por mil motivos conviene a Colombia estrechar sus relaciones”. Este era el proyecto político unánimemente formulado por el Consejo de Ministros, que no había contado con “la opinión precisa del Libertador”, fundado en el derecho que tenía Colombia para darse libremente las instituciones que le acomodaren mejor, y en la creencia de que el Gobierno de los Estados Unidos se opondría a su realización, por considerarlo contrario a sus intereses. Por ello se les quería consultar: primero, si su Gobierno aprobaría el establecimiento de un gobierno monárquico constitucional en Colombia. Segundo, si podría intervenir eficazmente en el planteamiento y el éxito de las instituciones monárquica.¹⁸
La gestión de los diplomáticos colombianos que fueron encargados por el secretario Vergara no tuvo éxito alguno. El rey Carlos X de Francia envió al Duque de Montebello ante el primer ministro, el Duque de Polignac, pero este no quiso oír nada del asunto, dando como pretexto sus ocupaciones, pero la verdad era que su política no era la de instalar un príncipe francés en Colombia, sino la de facilitar su reincorporación a la Corona de España, un propósito que compartía con el vizconde de Chateaubriand. Pero también hay que tener en cuenta que la Revolución de Julio de 1830 derrocó a Carlos
18 Cartas de Estanislao Vergara a Monsieur Charles Bresson y a Patrick Campbell. Bogotá, 5 de septiembre de 1829, Academia Colombiana de Historia, Archivo Santander..., pp. 138-143.
X y elevó al trono a Luis Felipe I, apoyado por la burguesía liberal, con la consiguiente modificación de la política exterior francesa. Pronto se supo que el coronel José Leandro Palacios, agente de Vergara en París, había pedido audiencia al Duque de Polignac y que este se había negado a concederla.
Esta aventura monárquica terminó el 22 de noviembre de 1829, cuando el Libertador escribió a Estanislao Vergara para decirle que se había “adelantado demasiado” en un asunto tan delicado, con lo cual sería el Congreso constituyente, como árbitro de Colombia, quien “obrará en el sentido de la voluntad nacional, a la cual debe estar todo sometido”.¹⁹ Solo cuatro meses largos había durado este proyecto, que el Libertador cortó en seco, y muy lejos estuvo la Convención constituyente de 1830 de mencionar esta opción política. Por supuesto, gran indignación produjo en el Consejo de Ministros esta última carta del Libertador, cuyos miembros juzgaron que este debió evitarles los riesgos y sinsabores que experimentaron si hubiese hablado claramente desde el principio contra esa difícil empresa, pues desde el mes de mayo le habían hablado del proyecto, es decir, cuatro meses antes de la reunión del 3 de septiembre que puso en marcha las consultas europeas. Fue así como, burlados por el Libertador, los ministros abandonaron para siempre el proyecto monárquico y solo pensaron en su renuncia.²⁰
Don Edmundo O’Gorman examinó en su obra clásica, La supervivencia política Novo-Hispana (1969), las dos posibilidades históricas que había barajado México: mantener la tradición del virreinato en una monarquía constitucional o construir una república. Aunque al final se inclinó por la república en su ser político, no por ello dejó de experimentar varias veces una monarquía constitucional. El subsuelo ideológico de la revolución en la Nueva España tuvo aquí sus vacilaciones, oscilaciones y pugnas. En contraste, podemos decir que en Colombia no hubo más que la posibilidad republicana, porque la opción monárquica fue efímera y vergonzante, quizás porque su subsuelo político fue el de un virreinato de segundo orden.
19 Carta de Simón Bolívar a Estanislao Vergara. Popayán, 22 de noviembre de 1829, Simón Bolívar, Obras Completas, FICA, Bucaramanga, 2008, t. IX, p. 265.
20 Efectivamente, tras las renuncias de los ministros que habían participado en la gestión del proyecto monárquico fueron reemplazados, tan pronto llegó el Libertador a Bogotá, por Alejandro Osorio (Interior), el general Domingo Caicedo (Relaciones Exteriores), el general Pedro Alcántara Herrán (Guerra y Marina) y Nicolás Tanco (Hacienda). Solo Castillo y Rada continuó como presidente del Consejo de Ministros y del Consejo de Estado.
De la colección personal de Armando Martínez Garnica.